Lo que se ha observado en los dos últimos años es que los sectores capitalistas tienen el poder para imponerle al gobierno el sostenimiento de esos subsidios mediante la presión mediática (salud, gas), a través de paros (camioneros, y motociclistas), e incluso por la vía de las altas Cortes, como acaba de suceder en el sector salud.
En el momento en que abordamos la tarea de valorar la situación del país acababa de reventar la crisis ministerial tras el Consejo de Ministros televisado, y desde el cual se han renovado las fuertes presiones contra el actual gobierno. Inicialmente aquí se considera la situación de relativa estabilidad económica con bajo crecimiento y la fuerte presión que ejercen los gremios capitalistas a partir de la cual identificamos un proceso de gobernabilidad atado al esquema de “presión y acuerdos”; luego se considera la situación política a partir de señalar lo que se considera son las estrategias aplicadas en contra del gobierno y de las que éste se ha valido, las que señalan un desgaste importante que desfavorece las fuerzas por el cambio. Sobre estas bases y a modo de resaltaciones, se identifican unas tendencias que potencialmente podrían estar afectando las luchas futuras.
No sobra recordar que un análisis de situación siempre se realiza con miras a identificar cómo se están desenvolviendo las contradicciones que constituyen la sociedad capitalista para tratar de desentrañar sus principales tendencias, y consecuentemente ajustar los planes y líneas de acción del movimiento social, tarea que debe ser abordada mediante una reflexión colectiva, de allí que el documento apenas abre la pregunta sobre cómo encarar los potenciales cambios venideros.
1. ¿Estabilidad económica?
El resultado del crecimiento en el PIB para 2024 fue de 1,7%, cifra baja en referencia a la década anterior, y sobre todo cuando se considera una posible senda que siquiera amortigüe las condiciones de pobreza de la mayoría de la población en las próximas décadas. Al mediocre 1,7% se le suma la expectativa de un crecimiento esperado del 2,6% en 2025, cifras bajas, pero que curiosamente no deslucen en el horizonte mundial de bajo crecimiento. En resumen, podría pintarse como un panorama de relativa estabilidad con bajo crecimiento.
Ahora bien, si los datos se consideran sólo para los últimos cinco años, la imagen es la de una economía que, a pesar de que le cuesta, tiende a recuperarse tras las fuertes variaciones de 2019 y 2021 y presenta una tendencia al alza. Sin embargo, las tendencias estadísticas de mediano plazo apenas señalan un leve amortiguamiento de la sostenida tendencia a la caída del PIB, la que proviene de 2008-2009, tras la crisis mundial. Esa tendencia está directamente relacionada con la baja sistemática de la inversión agregada (Formación Bruta de Capital), como lo refleja el gráfico No 1, variable que, como se sabe, en el mediano y largo plazo tiende a deprimirse cuando la tasa de ganancia está cayendo, aspecto que ha sido demostrado por estudios recientes.
En todo caso, la inversión modificó la grave tendencia a caer que presentó en el periodo 2007-2023, al presentar un crecimiento favorable del 7,6% y quebrar la tendencia antecedente, resultado que seguramente está asociado a la reducción de la tasa de interés de referencia del Banco de la República-BR, que fue reducida del 13% al 9,5% entre enero de 2024 y 2025. El alto nivel anterior de los tipos de interés fue establecido por la Junta Directiva de esa entidad como medio para disciplinar a la sociedad en el objetivo de controlar la inflación, por lo que en la medida que ese indicador cedió terreno la decisión fue la de empezar a relajar la base monetaria, variable que dejó de contraerse y presentó tasas de crecimiento positivas durante el año. A pesar del alto costo social que se la ha impuesto a la sociedad -por medio de estas políticas monetaristas- para controlar la inflación, sigue por fuera del rango de meta (3%) debido a que en enero de 2025 fue del 5.22%, de acuerdo a la variación del IPC.
Estos resultados agridulces son la fuente de ciertas contradicciones entre los directivos de la nueva Junta Directiva del BR. De un lado están los que insisten en las posturas monetaristas –o neoliberales- a fin de continuar su ataque contra la inflación en tanto juzgan que hace más incierto el horizonte con el que se evalúa la tasa futura de ganancia, de modo que se privilegia ese objetivo por sobre los costos en crecimiento y bienestar. Del otro, una fracción de nuevos directivos, en su mayoría nombrados por el gobierno, que ven con buenos ojos un mayor relajamiento de la oferta monetaria y permitir que la tasa de interés ceda más terreno con el fin de reanimar la inversión y el crecimiento económico. Esto señala que la lucha política se interioriza al interior de esa entidad, que estuvo dominada plenamente desde inicios de los pasados noventa por la tendencia monetarista o neoliberal, implicando también un leve incremento de incertidumbre en los horizontes de decisión para los capitalistas.
Al mirar los movimientos en el sector externo, se podría inferir que el capital valora la situación presente como de estabilidad relativa, ya que la inversión directa extranjera presenta un ciclo favorable desde fines de 2021, con promedios trimestrales del orden de los 3.200 millones de dólares, flujo que ahora se acompaña de una entrada récord por concepto de remesas del exterior, cercana a los doce mil millones de dólares anuales. A ellas se agrega un ciclo extraordinario de precios favorables para los productos básicos que componen la canasta exportadora como petróleo, carbón, cocaína, café y cacao. Ese conjunto permite que la tasa de cambio haya presentado un cambio hacia el fortalecimiento del peso, desde fines de noviembre, lo que amortigua efectos cambiarios y sobre la inflación. Sin embargo, el ciclo favorable de precios puede invertirse en cualquier momento próximo, tal como puede ser esperable en los precios del petróleo debido a los anuncios del gobierno de los EEUU de potenciar la producción petrolera y por el eventual acuerdo de la guerra en Ucrania, que liberaría el petróleo ruso de las sanciones. De ser así, la tasa de cambio podría devaluarse y transmitir sus efectos sobre los costos e inflación interna.
Una de las dificultades más importantes que se presentaron durante 2024 es la situación fiscal del gobierno. La referencia anterior es el agudo déficit en 2019-2020 al acercarse al 8% del PIB con la pandemia, momento en que la tendencia fue corregir la profunda situación deficitaria y por eso a fines de 2023 se había logrado reducir a -4,26 puntos del PIB. No obstante, el 7 de febrero, en la presentación del Plan Financiero del Gobierno Nacional para 2025, se evidenció que 2024 reportó una situación de déficit que se acercó a la del año de pandemia, con -6,8% respecto del PIB, resultado causado por una fuerte caída de la recaudación de 18,5 billones respecto del año anterior, significando que los ingresos cayeron en 1,9 puntos respecto del PIB mientras los gastos crecieron en un punto; a su vez el pago de deuda se elevó a 79,8 billones de pesos, para un 4,6% del PIB, con un incremento que se relaciona con la deuda adquirida en los cuatro años anteriores.
Ese incremento del déficit fiscal también se relaciona con la derrota política del gobierno en su nueva iniciativa de reforma tributaria, a lo que se agregó la decisión de la Corte de cercenar la que fue aprobada a inicios del actual periodo presidencial, decisiones que recortaron las potenciales fuentes de ingresos. En consecuencia el gobierno se vio forzado a ajustar a la baja sus expectativas en el Presupuesto Nacional para 2025 en un monto de 28,4 billones de pesos, valor que sigue siendo criticado por varios analistas cercanos al gobierno, quienes afirman que el monto necesario a recortar es de 40 billones a fin de que no se vuelva a romper la regla fiscal, situación ante la cual el actual Ministro de Hacienda, Diego Molano, ha vuelto a reafirmar la voluntad del gobierno de presentar otra iniciativa de reforma tributaria con la que esperarían recaudar 12 billones de pesos, lo que parece aún insuficiente.
Esta difícil situación fiscal implica que la derecha ha logrado quitarle uno de los elementos que jugaron a favor del actual gobierno en su inicio. Para ese momento podía contar con el incremento de recursos provenientes de última la reforma tributaria aprobada en el gobierno Duque, con la que se le aprobó en su entrada y con los ingresos favorables de Ecopetrol, que en 2022 llegaron a 34,7 billones, mientras para 2024 sólo se esperan 15 billones, representando una importante fuente en la caída de los ingresos del gobierno. Este cambio de la situación fiscal, junto con el recorte del presupuesto, afecta el principal medio de concertación que ha esgrimido el actual gobierno frente a algunas ramas capitalistas y con los sectores populares, que se han movilizado en función de acceder a recursos. En este sentido se puede afirmar que la estrategia de la derecha y ultraderecha dirigida a rodear y asfixiar al gobierno a fin de desgastarlo e inmovilizarlo rinde sus frutos, en tanto desde el legislativo y la Corte le impiden contar con una cartera financiera holgada, debiendo por el contrario enfrentar la deuda y los abultados intereses de la deuda que se creó en el gobierno Duque.
Así las cosas, es esperable que las contradicciones y escaramuzas, que se presentaron con los gremios capitalistas en 2024, se tornen más difíciles de regular entre 2025 y 2026. Tal situación es previsible cuando se considera que la pugna por acceder a subsidios estatales es causada porque a través de ellos sostienen la actividad comercial y por tanto la tasa de ganancia, monto que para 2023 -y por encima- se podrían valorar cercano a los cuarenta billones (transporte de carga 3.5, gas doméstico 1.2, energía eléctrica 4.0, agropecuario 2.8, vivienda 3.1, gasolina y diésel 18.9, educación superior 5,6 billones de pesos). Lo interesante, de los ácidos debates y las pugnas del último año y medio, es que han desnudado el hecho de que una buena parte de la producción interna se mantiene en pie debido a que los capitalistas acceden a los recursos estatales, lo que evidencia tanto las debilidades propias de la estructura productiva colombiana, como una de las explicaciones sobre por qué y cómo la corrupción es estructural y sistemática a este endeble capitalismo.
Lo que se ha observado en los dos últimos años es que los sectores capitalistas tienen el poder para imponerle al gobierno el sostenimiento de esos subsidios mediante la presión mediática (salud, gas), a través de paros (camioneros, y motociclistas), e incluso por la vía de las altas Cortes, como acaba de suceder en el sector salud. Lo anterior implica un proceso de gobernabilidad atado al esquema de “presión y acuerdos”, donde el gobierno pareciera comprometerse a lograr un “equilibrio” temporal a través del cual sostiene parte de la oferta de bienes y servicios que requiere la población proletaria y demás sectores sociales. En ese tipo de “concertación a dos bandas”, el presupuesto público se utiliza como una especie de pegamento que debe suturar temporalmente las contradicciones sociales. Esa forma de gobernar fue característica en periodos anteriores y sometida a crítica desde los años ochenta por las Comisiones del gasto público –de factura más bien neoliberal- en tanto se juzga que la ejecución presupuestal se torna menos controlable y en consecuencia los gastos y el déficit público se cargan de una tendencia a crecer, por tanto, es también fuente de inestabilidad –de mediano plazo- al presionar las variables monetarias y enturbiar el horizonte de previsualización de la tasa de ganancia.
Esto es, que según la racionalidad de los capitalistas, esa manera de administrar el presupuesto público genera inestabilidad e incertidumbre y a la larga deprime las decisiones de inversión y profundiza los factores estructurales de la crisis capitalista. Pero, lo deseable choca de frente con las debilidades y necesidades inmediatas de diversos sectores capitalistas, los que son débiles y muy poco competitivos, de modo que si no acceden a los recursos públicos en verdad pueden verse enfrentados a la quiebra, cantata de moda que se escucha en todas las emisiones de noticias del país desde hace un año y medio.
Y efectivamente esas contradicciones sólo se agitan y demandan mayor choque de fuerzas sociales en la medida que las propuestas de cambio social se conciben como mero remiendo, mero paño de agua a las causas estructurales de la crisis, de allí que se tornen insostenibles y no conduzcan a ningún lugar, porque la burguesía mantiene su poder -algo aminorado- pero una vez se adapta a las nuevas circunstancias, logra pasar el chaparrón e imponerse a la larga. Y, mientras esa opereta se sucede, la población trabajadora y sobrante para el capital es la que sufre la agudización de las dificultades, al ver afectadas en forma negativa sus condiciones de vida, precarización que los torna proclives a prestar sus oídos al discurso reaccionario de la ultraderecha que a diario vende el caos debido a la falta de energía electica, gas o salud, por eso termina siendo presa manipulable por las dos fracciones manipuladoras (Derecha + ultraderecha vs progresismo), sin que en medio de ese desgastante camino pueda fijar un propósito que realmente pudiese justificar el mayor sacrificio que le es impuesto a diario. Concisamente, el proletariado y demás clases populares son usadas por las fracciones partidarias y con ello se inhibe o impide asumir un camino alternativo autónomo en pro de avanzar en un programa político proletario y popular.
Luego, en resumen, la mediocre tasa de crecimiento señala que las dificultades para acumular capital continúan presentes, que el gobierno logra una precaria estabilidad, pero desde el campo fiscal y desde la salud de algunos sectores –vivienda, salud, electricidad- se pueden identificar fuerzas y contradicciones que pudiesen dar lugar a una nueva contracción de la economía, mientras en ese escenario el proletariado y demás sectores populares ven cómo sus condiciones de vida se siguen deteriorando.
2. ¿Crisis de gobernabilidad?
En el momento de preparar este escrito es muy evidente que la situación del país está muy marcada por la crisis ministerial que se generó tras el gabinete que se constituyó en un show de striptease televisivo. En ese evento, las notas destacadas fueron la aceptación de muy baja relación de avances respecto de las metas contenidas en el programa de gobierno, la clara disensión de una parte de los ministros por el nombramiento de Armando Benedetti en el alto cargo como jefe del despacho presidencial, así como la puesta en evidencia del fracaso de la paz total. Los desencuentros del tren ministerial con el Presidente aceleraron y ampliaron el cambio de gabinete que estaba siendo previsible de cara al periodo electoral, de modo que a la fecha han renunciado el director del DAPRE Jorge Rojas, la Ministra de Ambiente Susana Muhamad, la de Trabajo Gloria Inés Ramírez, el de Cultura Juan David Correa, el de Defensa Iván Velásquez, y el de Interior J. Fernando Cristo, todos ellos fichas importantes del gobierno, a los que se agrega una larga lista de renuncias protocolarias.
El Presidente Petro, en forma posterior, ha señalado que tal evento se generó buscando más transparencia sobre cómo se gobierna, y que los cambios administrativos recaen en aquellos que tienen aspiraciones electorales, las que chocarían con la misma función pública. Sin embargo, en principio, el show permitió evidenciar el personalismo de tipo caudillista con el que procede Petro (lo que es una característica de la gente del M-19), quien a la larga no prestó siquiera oídos a los reparos morales esgrimidos por sus compañeros de gobierno. Además, deja ver claramente que después de dos años aún no se consolida un equipo de gobierno, existiendo sólo una suma de personas que ejecutan funciones, tal vez orientadas por la colectividad política a que representan, de modo que se sostiene la forma inicial de conglomerado disperso de corrientes políticas que dieron lugar a la victoria electoral, aspecto que desde hace dos años señalamos como una debilidad estructural del gobierno.
Como es de conocimiento público, el show se antecedió por el fuerte pulso entre Trump y Petro a causa de los deportados, situación que colocó en grave peligro el mercado más importante para la burguesía colombiana, pues una tarifa del 25% de aranceles habría ahorcado varios sectores que dependen de las exportaciones. Es así que los dos eventos, al que le sigue inmediatamente una nueva acusación sobre la recepción de dineros de la mafia en la campaña presidencial (caso Papá Pitufo), funcionan como estrategias por las cuales se licua la imagen y legitimidad del actual gobierno, se amplía su cerco y se le va imponiendo cierta inmovilidad, en especial sobre la potencial insistencia en reformas con contenido social cierto. En medio de las dificultades, el ahora exministro Cristo procuró usarlas en su favor, tal vez para potenciar su propuesta de Acuerdo Nacional, llamando a conformar un nuevo gabinete, tal vez más a la derecha, pero por lo pronto el tiro no le salió bien y fue él quien terminó despachado.
Ampliando un poco la mirada, ésta sería la cuarta ocasión en que la actual administración se ve enfrentada a cambiar el tren de ministros, pero siendo con diferencia la de mayor impacto. Es claro que el gobierno ha enfrentado dos tipos de estrategias políticas: una que, mediante el acompañamiento permite su control desde la interioridad del mismo gobierno, la que es ejecutada debido a la alianza con el liberalismo y en especial el santismo; la otra, que lo desgasta y cerca desde los medios de comunicación y lo enfrenta desde las calles, dirigida por la ultraderecha. En realidad, es su combinación la que ha resultado muy exitosa para contener y cercenar las iniciativas reformistas y sobre todo para desgastar la imagen del gobierno, la que ha sido llevada a un punto donde su legitimidad parece estar a punto de quebrarse.
Frente a ellas la capacidad del gobierno para contener los embistes y mantener su camino hacia las reformas parece estar feneciendo. En general es notorio que la estrategia de Petro ha sido la de administrar las alianzas en función de sostener viva su ambiciosa agenda de reformas (pensional, salud, laboral, agraria, política, justicia, tributaria…), la que se complementa con amenazas de movilizar al pueblo, valiéndose del miedo de la burguesía a los ciclos de protestas, como ocurrió en 2019 y 2021. En forma evidente se privilegió el primer camino, y por tanto la alianza que ha primado es con los partidos que representan la burguesía, valiéndose de las formas burocráticas y con ello el cretinismo parlamentario. Y al circunscribirse en la dinámica que generan esas dos estrategias, es notorio que el gobierno ha desgastado las cartas con las que inició su mandato, por así decirlo.
Respecto de las reformas, hace buen rato que perdieron la poca punta transformadora con las que inicialmente se formularon, y que a inicios del gobierno pudieron alentar ilusiones entre los movimientos sociales de que ciertos cambios podían ser posibles. Pero más aún, ahora es constatable que los remedos que de ellas quedan, terminarán siendo ahogadas en el Congreso ante la falta de mayorías y sin contar con la credibilidad de la potencia popular en las calles para presionar y negociar algunos votos; todo esto luego de que fueran frenadas en la maraña de consultas con los gremios y partidos y mediante los vericuetos procedimentales que la ley les obliga a cursar. Incluso el balance de fuerzas resulta más que desfavorable para hacerlas avanzar, debido a la nueva situación de crisis ministerial -con serios ribetes de crisis de gobierno y gobernabilidad- y por la próxima apertura a las campañas de Congreso y presidencia, en medio de las cuales los políticos tenderán a alejarse más del actual gobierno, de donde se infiere que su discurso será más cáustico contra las iniciativas de reforma, el que se extenderá a todo lo que se denota como izquierda.
Además, el complemento estratégico del gobierno, fundado en la capacidad para presionar a la burguesía y los partidos que la representan mediante la amenaza de la movilización popular generalizada, también fue desgastado. En un comienzo Petro trató de mantener la tensión social, tal como lo lograron hacer algunos otros gobiernos de Latino América, pero rápidamente las masas populares se fueron cansando de sus zigzagueantes llamados, los que pronto se evidenciaron como puramente instrumentalistas, razón por la cual unas veces se convocó a promover asambleas populares, otras se especuló y más bien jugó con la posibilidad de una constituyente y finalmente sólo le ha quedado el tono frenético ante el supuesto plan de golpe de la ultraderecha. Puede que aún el gobierno tenga la capacidad de impulsar las movilizaciones de calle, pero lo constatable es que éstas ya no tienen la fuerza suficiente como para generar presión creíble en los partidos de derecha y ultraderecha, tal que los fuerce a mover sus posiciones y estrategias.
A los elementos anteriores se suma el importante cambio que se ha dado en los balances de fuerzas políticas a nivel internacional, con el inicio del gobierno de la ultraderecha nacionalista y reaccionaria que comandan Elon Musk y Trump. Vale recordar que el gobierno Biden no sólo apoyó las iniciativas de Petro, en particular la de paz total y en el manejo de drogas, sino que incluso por medio de su embajador le dio espaldarazos en momentos de dificultades. Las cosas con el gobierno Trump serán tensas y de esto ya se ha presentado un primer pulso, que por cierto el Presidente Petro manejó con poco tacto, siendo más bien su equipo internacional el que le sacó de las dificultades, unas que fácilmente lo podían haber enviado a casa antes del 7 de agosto de 2026.
En resumen, podemos señalar que las dos estrategias de la derecha y ultraderecha han avanzado en limitar, frenar, desgastar y deslegitimar al gobierno, casi al punto de inmovilizarle sus estrategias y sus intenciones reformistas. Por su parte, cabía la posibilidad de que el gobierno, al sentirse desgastado y saber que sus cartas y chances se diluían, girase hacia el lado del pueblo, pero es constatable que por el contrario terminó pesando la lógica legalista y burocrática en la que el cretinismo parlamentario y el oportunismo fraccional y personal tienden a prosperar, los que a medida que avanzan debilitan en mayor escala el endeble poder que tiene la coalición que administra el ejecutivo. De allí que el año y medio que le resta en la Casa de Nariño pueden resultar más difíciles y turbulentos de lo que ya han sido.
3. ¡Adiós a la paz total!
Sobre este aspecto no vamos a ampliar, en cuanto consideramos que ya se han levantado balances, pudiéndose recomendar el artículo “Crisis de la Paz Total: reorientación de la estrategia de seguridad y nuevo quiebre del gobierno progresista”, de G. Bermúdez, publicado en la página digital del Centro Praxis, limitándonos a plantear una rápida mirada de más largo aliento a partir de las estrategias de defensa de los gobiernos anteriores.
Durante la década de los noventa la guerrilla, en especial de las FARC, creció en número de tropas y a ese tenor la cantidad de combates y bajas en el marco de la guerra se extendió por la geografía del país. El gobierno de Pastrana usó la carta de los diálogos y el despeje, que le dio confianza a esa guerrilla, mientras a la vez preparaba y sumaba el Plan Colombia, con el cual se modificó el proceder del ejército al fortalecer su lado aéreo, logrando propinarle golpes importantes a la guerrilla, una vez se rompieron los diálogos. Esa perspectiva fue profundizada por el gobierno Uribe, que se concentró en aprovechar la ventaja de la fuerza, pero sumó una cierta fascistización de la sociedad (muy en correspondencia con lo que hacía G. W Bush en el mundo) que le dio rienda suelta a los paramilitares y con la cual se legitimó y legalizó el traspaso de todas las líneas legales y constitucionales (la reelección que se pagó con corrupción, el asesinato de miles de jóvenes como falsos positivos,…) así como todo tipo de persecución y encarcelamiento contra el movimiento social.
Luego, en el gobierno Santos, ministro de defensa de Uribe, el balance fue que las guerrillas estaban debilitadas, habían cedido importante terreno y tenían serios problemas internos por su asociación al negocio de las drogas. Pero eso mismo las había llevado a las antiguas formas de grupos pequeños que se desplazan en áreas retiradas y amplias, condiciones en las que la aviación ya no era tan efectiva. Por eso, su estrategia se centró en desmovilizar primero a las FARC, el grupo más grande, esperando el efecto dominó en los demás, por lo cual privilegió el diálogo para la desmovilización, acompañando de filtración disruptiva al interior de los grupos objetivo. Como Santos lo acaba de enfatizar, pudo anotarse una gran victoria militar al desmovilizar a más de trece mil tropas de las FARC, mientras el ELN estaba muy debilitado y las disidencias sólo eran grupos marginales.
El gobierno de I. Duque implicó una ruptura con la estrategia de Santos, procuró volver a la guerra total de Uribe y para ello no sólo atacó los acuerdos de paz, sino que obstruyó y liquidó los diálogos con el ELN. En esa dirección estableció el concepto de Grupos Armados Organizados-GAOS entendidos como bandas que se dedican a actividades delictivas como el narcotráfico, la extorsión o el secuestro. En ese sentido la ley 1908 de 2018 estableció como estrategia el uso de la fuerza militar con miras al sometimiento por desmovilización, es decir hizo primar la fuerza, pero sin éxito, de modo que se posibilitó un auge de los diferentes grupos, en particular de los paramilitares y la ex FARC, que con el ELN pasaron a disputarse parte de las áreas que dejaron de ser ocupadas.
El gobierno Petro y sus cercanos criticaron la paz lograda por Santos al definirla como una paz chiquita, en dos sentidos, no desmovilizó al resto de actores armados y menos aún sentó bases sólidas de reforma social que permitiesen la reinserción social. Por eso su Paz Total es bastante ambiciosa porque, presupone el logro de reformas sociales profundas que den lugar a un nuevo pacto social lo suficientemente incluyente como para que el oficio de la guerra deje de ser una especie de opción de vida. De aquí las dificultades, porque como se ha anotado, los capitalistas y sus partidos de derecha se han negado a asumir los costos de las reformas, muy a pesar de que durante las protestas sociales de 2019 y 2021 se comprometieran a ello; y, además, al tratar de negociar al mismo tiempo con todos los grupos, no precisó un objetivo realista y por tanto alcanzable, como por ejemplo sí lo hizo Santos. Es decir, al caerse las reformas sociales se dificulta ganar la voluntad de los diversos grupos, en especial porque algunos sólo son empresas criminales, y los diversos ceses bilaterales permitieron que pudiesen concentrarse en sus guerras cruzadas.
De allí el fracaso total de la paz total, mientras lo que reina es una creciente violencia, que en particular se centra en algunas regiones muy retiradas y coqueras, pero que además es creciente en las grandes ciudades. Ese fenómeno que ahora se presenta como nuevo, se relaciona con el hecho de que las bandas paramilitares coordinan con empresas criminales de menor tamaño, y esos vínculos se sostienen con el pleno conocimiento, y muchas veces la anuencia de los organismos de seguridad del Estado, un método bastante antiguo para ejercer control sobre una población cuya mitad vive en la pobreza. A partir de esas condiciones la imagen que se levanta es la de una guerra con múltiples y cruzados actores e intereses, con lo cual tanto el Estado, el gobierno, las fuerzas militares y los capitalistas aparecen sólo como víctimas de ambiciones desmedidas que ejercen ciertos actores crueles.
4. ¿Qué del movimiento social?
La cresta de la oleada de protestas iniciada desde la primera década de este siglo aún mantiene cierto dinamismo. Por ejemplo, los datos del Cinep dan cuenta de 1.200 en 2020; 4.000 en 2021; 2.800 en 2022; 1.900 en 2023 y 2.100 en 2024, lo que implicaría una dinámica más o menos sostenida, tanto que la derecha y sus medios se quejan amargamente de que se vive en “el país de las protestas”. Con la misma fuente, en 2023 las protestas se dividirían en 24% en relación a razones económicas, por motivaciones políticas 20%, 35% en relación a derechos sociales y humanos, y 12% a temas ambientales. Lo destacable es que las protestas, en parte, se asociaron a la agenda de reformas que marcó el gobierno, fuese para apoyarlas o para limitarlas; en ese sentido, también hay que resaltar que esas formas de acción política han sido desplegadas por partidos o gremios de la derecha a fin de contener o desgastar al gobierno. Además, es evidente que la gran mayoría son locales y en función de acceder a recursos del presupuesto público, con lo cual se suelen desconectar de una perspectiva coherente por empujar cambios generales en el país.
Aquí es importante recordar lo que antes hemos descrito como esquema de concertación a dos bandas, con los capitalistas a través de sus gremios, y con los “sectores populares” a través de los movimientos sociales, en donde la presión busca impactar en el presupuesto público. Y ese contexto puede ayudar a explicar la iniciativa con la cual el exministro J. F. Cristo buscó fortalecer los poderes regionales mediante el Acto Legislativo de Autonomía Territorial del 2 de diciembre de 2024, que se dirige a incrementar gradualmente las transferencias a las entidades territoriales en un plazo máximo de 12 años, en hasta el 39,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación, iniciando en 2027. Una vez aprobado presurosamente por los congresistas queda pendiente reformular la Ley de Competencias, mediante la cual se supone se entregarán más responsabilidades a las regiones.
El Acto legislativo, inicialmente, se puede interpretar en el sentido de que fortalecerá los poderes ya constituidos en las regiones, mientras guarda la apariencia de congraciarse con las demandas de los movimientos sociales, que suelen reclamar más recursos para cada una de ellas. Por lo pronto el contenido real de ese nuevo paso en la descentralización administrativa queda dependiendo en cómo se defina la Ley de Competencias, pues por ese medio el ejecutivo nacional se podría descargar de responsabilidades fundamentales, como ya sucedió en 1986, 1993 y 2002. En todo caso, esa tendencia a la descentralización promueve la fragmentación y freno del movimiento social como un todo nacional, aumenta el poder de los políticos y empresas regionales, alienta la rampante corrupción y a la vez debilita la posibilidad de un ejercicio de gobierno con mirada nacional. Y esto sucede en un escenario mundial donde el peso del capital centralizado es tal que ejerce como “gobierno de facto”, debilitando la gobernabilidad de los mismos estados nacionales y convirtiendo a los gobiernos regionales y locales en piezas susceptibles de endeudamiento, el que a la larga se pagará con más impuestos sobre los trabajadores.
5. Las tendencias identificables
Por último, queremos destacar algunas tendencias globales que consideramos deben ser de constante seguimiento a fin de ajustar en forma oportuna los posibles planes y acciones de los movimientos sociales.
5.1. La gobernabilidad está comprometida
El risible show de striptease en televisión, que siguió al serio incidente con los EEUU y la crisis ministerial abren una tendencia a que se produzca una crisis en el gobierno que, de enfrentarse mediante los mismos procedimientos que le vienen caracterizando, fácilmente podría traducirse en crisis de gobernabilidad. El personalismo de tipo caudillista de Petro imposibilita la construcción de un equipo de gobierno o de fuerzas más amplias, cerrándose la posibilidad que existió desde hace dos años de que ante la presión de la ultraderecha la fuerza del progresismo se fuese decantando, ampliando y consolidando. Pero aquello no sucedió y en cambio, la nueva forma de Partido progresista, que surgió el pasado diciembre, vuelve a ser una colcha de retazos pegados con mucho voluntarismo, agregándose la separación de siete pequeños partidos que se han aglomerado en Unitarios.
A estas situaciones se agrega que la actual crisis ministerial en lo público ha sido enfrentada como si se tratara de un asunto menor al reducirlo a un mero cambio de ministros, que por demás pareciera responder tanto a apetitos electorales como a nuevas repartijas entre partidos “aliados”.
No obstante, los reacomodamientos se pueden valorar mejor si se toma en cuenta el quiebre político que marcó Petro respecto de lo que es la izquierda electoral y reformista, la que pretendió barrer del espectro político. Sus valoraciones y expresiones peyorativas y violentas pasan por menospreciar su capacidad lectoral al abrogarse un 90% de los votos y dejarles a aquellas sólo un 10%, agregando que no son fuerzas que se unten de pueblo, tal como sí lo harían junto con su mejor amigo el señor Benedetti, razón por la cual ni siquiera serían merecedoras el calificativo de popular y menos de izquierda. Más aún, a aquello agregó una seria grieta dentro de sus propias filas al rotular, al casi afirmar que no habría progresismo sin petrismo, y denostar a un campo de los progresistas como insumisos y sectarios por oponerse a funcionar como subordinados de las fuerzas liberales como el santismo. Esto lo que indica es un serio giro hacia la derecha en el que pareciera que la figura de Benedetti intermediaria en un fortalecimiento de las relaciones con partidos como de la U, Conservador, liberal y hasta algunos miembros del Cambio Radical, probablemente facilitado mediante cuotas burocráticas y ministeriales. En resumen, meter en cintura a las corrientes de izquierda, en especial aquellas que en varios espacios han pretendido ampliar y profundizar la intensión reformista de cambio, consolidar una alianza con los partidos representantes del capital, todo ello a fin de ganar en sostenibilidad hasta agosto de 2026.
La dificultad en que los partidos de la derecha se muestren sensibles a forjar nuevos acuerdos, y, consecuencia, sin un partido unificado y decidido será más difícil enfrentar los duros retos del periodo final de gobierno, que de seguro será más tormentoso porque los políticos de derecha y ultraderecha pretenderán barrer y trapear el piso con el gobierno, por eso, la gobernabilidad misma puede resultar cada vez más difícil y errática.
5.2. ¿Tumbarán al gobierno?
Una de las preocupaciones que brotó apenas al iniciar el nuevo periodo presidencial fue la posibilidad de que la ultraderecha pudiese empujar su salida debido a que ante la poca experiencia de los nuevos cuadros en el gobierno se podía producir una crisis administrativa que comprometiera su gobernabilidad. Contra esa posibilidad argumentamos, en su momento, que, si bien esa intención existía en la fracción más reaccionaria de la ultraderecha, que por demás efectivamente puso en juego mediante grandes movilizaciones de masas en las calles, era también claro que para la gran burguesía ese tipo de salida no era muy atractiva debido a los altos costos económicos que implica la inestabilidad política que ella contiene. Además, se argumentó que por entonces el gobierno tenía su legitimidad social, los amplios recursos económicos que daban las tributarias mediante los cuales podía generar ciertas “concertaciones” por medio de asignaciones acomodaticias del presupuesto, a lo cual se agregaba el arma de la movilización de las masas, que era temida por la burguesía en tanto conocedora de que en otras experiencias inmediatas la radicalización social funcionó en favor de consolidar a los gobiernos “progresistas” (Chávez, Evo, Correa, Lula).
Pero las cosas han cambiado, el gobierno está muy debilitado y por eso un golpe de calle bien orquestado desde la derecha lo podría defenestrar. Incluso, ahora es factible que algunos sectores de la burguesía pudieran sumarse a esa apuesta en la medida que consideren que puedan volverse a presentar choques frontales con el gobierno Trump, lo que implica incertidumbre y potencialidad de pérdidas económicas serias. Sin embargo, contra esa tendencia juegan dos cosas, que la ultraderecha también ha perdido la fuerza de la movilización de calle, y en particular que las fuerzas políticas tienden a decantarse y dejar que las contradicciones se regulen por el cauce institucional que significa el proceso electoral. En resumen, a la burguesía le es más racional aguantar un año y medio que lanzarse a la aventura de tumbar al gobierno, porque allí permanece la potencialidad de ensalzar los pocos lazos que conectan al gobierno con el “pueblo” y por ello darle nuevos bríos.
Por su parte, Petro muestra una tendencia a perder la capacidad del equilibrio necesario que requiere el gobernar en medio de las turbulencias, de allí sus dramáticas salidas en falso, donde sus petradas son más frecuentes y problemáticas. Por eso, quien parece más interesado en que se promueva un golpe de Estado es el mismo gobierno, porque podría renovar sus fuerzas en medio de esa situación extraordinaria. Eso lo que dejó translucir Petro en su comunicado a Trump, donde le incitaba a tumbarlo mientras a la vez se auto describía como una especie de ídolo y mártir del pueblo colombiano. En este sentido, las formas exaltadas, zigzagueantes y casi que irascibles del Presidente parecen indicar su deseo de que la ultraderecha se atreva a generar un escenario de conflicto abierto, porque una vez abierto podría agitar el sentimiento nacional de las masas a fin de remozar sus fuerzas. Una situación de ese tipo sería altamente riesgosa y podría resultar caro a los sectores proletario-populares dada la actual correlación de fuerzas. En particular porque se trataría de un enfrentamiento abierto en donde seguramente primaria el mero enardecimiento “partidista” que suele significar muchos costos en vidas. Por tanto, ese tipo de escenario extraordinario sólo se reduce a un aventurerismo que ni siquiera se acompaña de un objetivo mínimo bien definido y factiblemente alcanzable, a no ser el de abrir brechas para ver luego qué sucede.
5.3. Deslegitimación de la protesta social como medio para empujar los cambios
En otros escritos hemos argumentado que el acumulado de varias décadas de lucha y en particular de la oleada de protestas de 2019 y 2021 fue encausado y aprovechado inteligentemente por Petro y compañía, lo que fue posible debido a las propias limitaciones programáticas y organizativas que aún presentaba el movimiento social en ese momento. Sobre ese activo social hizo posible su victoria electoral. Sin embargo, la forma errática y utilitaria con la que el gobierno ha usado la movilización de calle, junto a la forma oportunista y dispersa con la que el movimiento social ha implementado su presión para acceder a recursos del presupuesto, vienen generando un desgaste y cansancio entre la población, que es aprovechado por las empresas de comunicación del gran capital para deslegitimar ese mecanismo de acción política.
En consecuencia, a los sectores proletarios y populares los empieza a ensombrecer la pregunta del para qué sirvió toda esa movilización y en consecuencia ya presentan serios signos de descreimiento y desmotivación, con lo cual podría suceder que el ciclo de protestas esté tocando su techo. De resultar cierta esta tendencia, sería alta la probabilidad de que sucediera un fuerte cambio en la correlación de fuerzas, tal que podría invertir los signos políticos del periodo, cerrándose con resultados magros para el campo proletario-popular. Así las cosas, un balance temprano del gobierno es que repetiría la función que han cumplido otros gobiernos reformistas de la región latinoamericana, en el sentido de que parte de la cabeza del movimiento social se institucionaliza y se presta para prácticas oportunistas y transaccionales, donde prima el localismo e inmediatismo y en consecuencia se debilita y hasta se pierde el horizonte de transformación que en su momento las conectaron y le dieron un sentido práctico en lo nacional, el que, dicho sea de paso, aún distaba de constituirse como un programa de transformaciones para ir más allá del capitalismo. Y en esto, hay que recordar que en el país los hitos de protestas capaces de perturbar o cuestionar las relaciones constituyentes de la sociedad se suceden con la distancia de tres a cuatro décadas: 1948, 1977 y 2019-2021.
Insistiendo, el gobierno liberal de izquierda, es decir progresista, permite que se institucionalice, desmotive y desactiven las luchas populares, reduciéndolas a instrumento. Esto es, les corta la proyección y punta transformadora que alcanzaron a tener y las limita al cretinismo parlamentario, al legalismo, y por vía inversa fortalece las tendencias que justifican la propaganda que realiza las empresas capitalistas de comunicación para empujar la salida política por ultraderecha. Y no hay que perder de vista la marcada tendencia bajo la cual ese espectro político viene ganando demasiado terreno a nivel internacional, por eso la potencialidad de los cambios comentados deben ser considerados en forma muy cuidadosa.
5.4. ¿Se podría presentar la tendencia a que pendulen gobiernos de ultraderecha y progresismo en la Colombia venidera?
Desde inicios de siglo se ha consolidado una tendencia a la iteración entre gobiernos progresistas y de ultraderecha en países como Brasil, Argentina y más recientemente en México, posibilidad que acaba de abrirse en Ecuador, con el avance de la candidata del correismo. Sin embargo, en Colombia esa opción se presenta muy débil y es difícil previsualizar que suceda, debido al éxito que viene presentando la estrategia combinada de la derecha y la ultraderecha para desgastar y deslegitimar al actual gobierno y al conglomerado de partidos cercanos, peso que también está recayendo sobre todo en el conjunto del movimiento social, y en especial sobre su acción política mediante la protesta de calle. A ello se agrega la evidente falta de tacto del actual gobierno para enfrentar las tormentas que él mismo genera y las que le imponen sus detractores, de modo que sus arrebatadas respuestas sean fácilmente conducidas al límite del puro ridículo. Es por ello que en el proceso electoral para elegir nuevo presidente en 2026 cobre mayor fuerza una opción de derecha, en cierta medida en compañía de la ultraderecha.
En todo caso, la posibilidad de que el “progresismo” pueda regresar al poder del gobierno parece abierta, la que incluso le parecerá factible a quienes decantan sus análisis e ilusiones en las encuestas, donde todavía el gobierno mantiene una opinión favorable del 40%. Pero para que se torne cierta se requeriría o bien de un nuevo momento de fortaleza del movimiento social -del tipo 2021-, o un partido al menos programáticamente unificado que pueda disputar posiciones a futuro. Y como lo acabamos de argumentar, esas dos opciones vienen siendo limadas, incluso por el mismo gobierno de turno. A estas condiciones se suma que la burguesía suele votar –puertas adentro y con sus recursos- por gobiernos que se ajusten a los ciclos de mando en los EEUU, en tanto eso facilita los lazos políticos y comerciales, lo que jala las condiciones en favor de la ultraderecha, aunque, por fortuna el uribismo también se ha desgastado bastante.
5.5. ¡La democracia funciona!
Una de las razones, a las que con frecuencia acudió la izquierda (reformista) en Colombia desde hace siete décadas, consistía en el cierre a las opciones políticas que no representan a la élite y su poder establecido, argumentándose que ese “fallo de la democracia” justificaba su acción. Con la nueva situación, la burguesía puede mostrar que la institucionalidad creada funciona a cabalidad, y esto en dos sentidos: i) en que permite el libre juego de fuerzas partidarias sin importar su “ideología”, y, ii) en que el sistema de contrapesos y de instituciones que garantizan la democracia y las libertades funciona a cabalidad (división de poderes, controles desde instancias legales y en especial desde los medios de prensa), en especial ante el riesgo de que pretenda ser destruido desde su interioridad y convertido en algún tipo de absolutismo o dictadura. En resumen, la forma que significa la democracia liberal le ha funcionado muy bien a la burguesía, en el sentido que desde ella no sólo deslegitima al “primer gobierno de izquierda radical en el país”, sino que también y por sobre todo logra obturar, al menos por un periodo de mediano plazo, una salida de talante realmente transformadora, logro que en la práctica se cumple por intermediación de actual gobierno, el que está desgastando lo que con gran dificultad y sacrificio acumuló el pueblo colombiano durante varias décadas de lucha.
5.6. ¿Incremento de la violencia “sin perspectiva”?
Las estadísticas oficiales señalan el incremento de los efectos de las “violencias”, el número de áreas regionales en conflicto y en especial el incremento de combatientes asociados a los diferentes grupos armados no estatales. Lo que muestran los datos es que, a pesar de los varios acuerdos de paz y desmovilizaciones, la guerra en sus diferentes formas no cesa, mientras los gobiernos de distinto talante fracasan sistemáticamente en alcanzar ese objetivo, ello muy a pesar de algunos éxitos siempre parciales, tal como se indicó en la sección 3. Lo importante es notar que al explicar la violencia del país como si se tratara de una enfermedad endémica asociada a múltiples causas, lo que se está haciendo es lavarle la cara al capital y su Estado, los que por demás, mediante un acto de inversión discursiva, son presentados como víctimas, tendencia notoria y que vuelve a consolidarse a partir de algunos de los ensayos sobre los informes de la Comisión de la Verdad.
| Algunos indicadores oficiales de violencia en Colombia | |||
| Indicador | 2022 | 2023 | 2024 |
| Homicidios Totales | 12,221 | 13,073 | 13,500 |
| Tasa de Homicidios | 26.08 por 100,000 habitantes | 27.50 por 100,000 habitantes | 28.00 por 100,000 habitantes |
| Masacres Verificadas | 92 | 123 | 130 |
| Defensores de DD.HH | 116 asesinados | 233 asesinados | 240 asesinados |
| Reclutamiento Infantil | 115 casos | 130 casos | 140 casos |
| Violencia de Género | 1,500 casos | 1,700 casos | 1,800 casos |
| Miembros de diversos grupos | 10,000 – 15,000 | 11,000 – 16,000 | 12,000 – 17,000 |
| Enfrentamientos | 2,500 | 2,800 | 3,000 |
Además, argumentar que la violencia es endémica y brota de múltiples y entrecruzadas causas sólo conduce a que “en realidad” no tenga causa, y sin causa visible cualquier acción política resulta un despropósito. Mediante tal proceder, lo que se justifica es que a la violencia se le ataque por medios estrictamente militares, posición defendida por los partidos de la derecha y ultraderecha, que no han dudado en usar al ejército oficial y a los paramilitares para asesinar al proletariado y los sectores populares, tal como lo acaba de volver a evidenciar los hallazgos de la Escombrera en Antioquia, y que ha dado lugar a la campaña “Las cuchas tenían razón”. Muy a pesar de todas estas evidencias, esa tendencia vuelve a asomar su monstruoso rostro de mil cabezas mediante las situaciones álgidas y dolorosas que se están presentando en áreas como el Catatumbo, Cauca y Chocó, donde la guerra aparece como un enfrentamiento entre organizaciones no estatales y por eso ajena al capital y su Estado.
El paramilitarismo y sus diversas versiones sigue siendo hoy, no solo un actor central del genocidio y amenaza de los liderazgos sociales en el país, sino que ha mutado a establecerse como una alternativa de control territorial por medio de la atención a necesidades básicas y proyectos económicos dirigidos hacia la población más vulnerable, situación que le ha permitido ampliar su presencia en varias regiones del territorio nacional. En particular, es clara su expansión sobre el oriente antioqueño, el Magdalena Medio, Casanare, Meta, y el Alto Baudó en el Chocó.
Su consolidación obedece en parte al cambio de estrategia de crear organizaciones sociales que representan sus intereses, y paralelamente copar espacios institucionales como Juntas de Acción Comunal, que otrora fueron escenarios propios de los movimientos sociales organizados. Es clara que la funcionalidad del paramilitarismo y las nuevas formas que ha adoptado, está anclada a posibilitar la acumulación de capital a partir de proyectos extractivos principalmente mineros y acuíferos, el copamiento de territorios para la expansión del narcotráfico, y el desarrollo de proyectos agroindustriales que benefician a los terratenientes y propulsa la acumulación de capital.
5.7. Algo que aprender
Hace ya bastante tiempo que el concepto de izquierda en política resulta bastante ambiguo para describir el “mapa” de movimientos y organizaciones sociales y políticas que orientan su actividad a promover cambios en la sociedad. Por esto mismo las corrientes y tendencias sobre cómo enfrentar la lucha frente al Estado y su forma republicana y democrática genera distancias y desencuentros. Desde allí se pueden identificar fuerzas que generan procesos de atracción y repulsión entre las organizaciones que hacen parte del amplio conglomerado de Pacto Histórico, la que es una de las formas concretas en que se materializa el progresismo característico desde hace dos décadas en Latinoamérica.
En ese contexto es que aquí se identifican tanto la tendencia al legalismo y el oportunismo que debilita la iniciativa del movimiento proletario-popular, facilitándole a la burguesía el objetivo de frenar la potencialidad de una salida realmente transformadora, la que aún bajo las movilizaciones de 2021 no se consolidaba como un programa colectivo para ir más allá del capital. Este tipo de tendencias y resultados son fácilmente verificables mediante ejercicios comparativos, tal como pasó en Grecia en el periodo de fuerte incremento y radicalización de las luchas entre 2008-2015, para luego ser fundido una vez la “izquierda” asumió el gobierno con el partido Siryza; otro tanto aconteció con las masivas movilizaciones de los indignados en el Estado español entre 2011 y 2014, momento en que esa fuerza es hábilmente usada para catapultar el partido Podemos, que luego entró a ser parte del gobierno, perspectiva por la cual se desactivaron las luchas de calle; igualmente es fácil mostrar cómo se han sucedido ciclos similares en los casos de Argentina y Bolivia. En resumen, lo que esta tendencia, más general, señala es que la fuerza acumulada por el movimiento proletario-popular puede no sólo ser desactivada, sino incluso manipulada y hasta usada en su contra, siempre que la tarea transformadora se “delegue” en terceros, de modo que si la perspectiva es por una transformación real de la sociedad siempre será necesario forjar un movimiento y una organización dotada programáticamente de líneas claras, entre las cuales prime la orientación proletaria, proceso que puede ser facilitado mediante el desarrollo de las asambleas populares con miras a lograr una llamado a Asamblea Nacional Popular.
6. ¿Cómo enfrentar la coyuntura?
Las contradicciones y estrategias identificadas en medio de la actual situación del país son las que permiten identificar unas tendencias predominantes que probablemente afectarán los movimientos de reacomodo de las fuerzas sociales y políticas. Desde el movimiento social, una muy importante es qué actitud asumir frente al actual gobierno, considerando su importante el desgaste, las campañas electorales de 2026 a Congreso y Presidencia, así como el giro hacia la ultraderecha que coquetea abiertamente con las formas neofascistas. La resolución de esta interrogante demanda la sabiduría y el talento colectivo de las fuerzas proletario-populares que desde hace varias décadas laboran arduamente por un cambio que permita superar la mera democracia formal y representativa y con ellas la misma división social sobre que alimenta y reproduce el poder del capital. Pero, en este punto dejamos el espacio a la palabra asamblearia y colectiva.
Notas
1. Otras cifras relevantes para la economía del 2024 son: crecimiento del PIB importante en agricultura 8,1%, y actividades de entretenimiento 8,1%, mientras que minas y canteras decreció en -5,2, e industria manufacturera continúo descendiendo con un -2,1%.
2. Por ejemplo, C. A. Duque (2022) “Ciclos económicos, inversión y rentabilidad del capital en Colombia: un análisis de series de tiempo”, o, en Centro-Praxis “Industria y empleo en Colombia”, en revista Proletaria, centropraxis.co.
3. Todas las variables comentadas se toman del Boletín de indicadores económicos del Banco de la República con fecha del 10 de febrero de 2025, archivo de Excel al que se puede acceder en su página electrónica.
4. En términos bastante esquemáticos la junta se divide en monetaristas: Leonardo Villar (Gerente General), Roberto Steiner, Bibiana Taboada, Jaime Jaramillo-Vallejo, Mauricio Villamizar; pro-keynesianos: Olga Lucía Acosta Navarro, Laura Carla Moisá Elicabide, César Augusto Giraldo Giraldo
5. Hay que considerar que progresismo refiere a una respuesta liberal al conservadurismo bajo la lógica del progreso, esto es, progreso en tanto se responda a los requerimientos del capital.
6. https://www.centropraxis.co/profile/dc4b4da3-7807-42dd-8f1a-bd926362509e/profile
7. https://www.youtube.com/watch?v=snX3EH7jHZg
8. Los datos son capturados a través de la IA qwen, en referencia al CINEP, pero difieren de los que puede capturar Copilot.
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