Las excavadoras cumplen la orden de desalojo instada por el propietario del Cortijo El Uno, donde hasta ahora vivían decenas de trabajadores, mientras el ayuntamiento ignora al Defensor del Pueblo y se desentiende del problema.
Al otro lado de la valla, Brahim observa cómo sacan lo que queda de lo que hasta ayer fue su casa, y la de unas 60 personas más. Un terreno seco, yermo, enclavado en el mar de plástico de Níjar (Almería), sobre el que se levantan un par de almacenes, un depósito y algunas chabolas adosadas. Sobre la pared de cemento alguien ha escrito en los últimos días una llamada a la resistencia: “No al desalojo del Cortijo El Uno”. También hay una denuncia por la colaboración necesaria de los patronos del campo almeriense en las condiciones de vida de estos trabajadores de sus provechosos invernaderos: “Coexphal, mafia patronal”.
Al filo de las 10 de la mañana, la comitiva judicial enviada por el juzgado se ha adentrado en el cortijo para supervisar las labores de desalojo. Antes se había desplegado la Guardia Civil, agentes de Policía Local, alguna excavadora, algún camión con volquete y un par de cuadrillas de trabajadores que han hecho su trabajo con diligencia: arrojando a una pila colchones, neveras, garrafas de plástico y demás material que no había sido salvado de la purga antes de esta mañana.
No han servido para nada las peticiones de las entidades sociales que trabajan con estas personas (el Servicio Jesuita a Migrantes, Almería Acoge, la Plataforma Derecho a Techo), que llevan días alertando de que se iba a poner en la calle, sin alternativa, a más de 60 personas, entre ellas nueve niños.
Tampoco, una carta de nueve páginas enviada por el Defensor del Pueblo de urgencia el lunes por la mañana al alcalde de Níjar. Allí, Jesús Meztu recuerda al regidor José Francisco Garrido (PP) los “deberes legales” que tiene, en particular en materia de vivienda y servicios sociales y con los menores que viven en su municipio. También le recomienda que valore la vulnerabilidad de las familias de El Uno, que se coordine con otras administraciones para evitar que queden en la calle y que trabaje con las asociaciones para ayudar a las familias.
Pero el ayuntamiento se ha mantenido firme al rechazar que sea de su incumbencia el hecho de que estas personas se queden en la calle: es un asunto privado entre el propietario y los habitantes de El Uno, insiste, y de ahí no se ha movido.
La sentencia ordenando desalojar las “construcciones del terreno” data de 13 de febrero de 2024, hace un año, pero no se había instado la ejecución hasta hace unas semanas.
Esas construcciones, donde vivían hasta ayer 60 personas, entre ellas nueve niños, son descritas así en el documento judicial: “granja garaje, almacén con porche y 12 marraneras chiqueras”.
72 viviendas vacías pendientes de estrenar
“Llevo tres años viviendo aquí; diez en España”, asegura Brahim. Cada día llevaba el agua que necesitaba en garrafas que transporta en patinete o bicicleta, y dice que el dinero no le da para mucho más que para comer. Más tarde, muestra su pesar por las bolsas de congelados que, aún dentro del congelador, se van calentando al sol del mediodía. Al menos ayer pudo sacar sus cosas y llevarlas a casa de su amigo Driss, y esta noche podrá marcharse con su mujer a la chabola de su hermano en otro asentamiento parecido a este, quién sabe hasta cuándo.
Otros, como Jalal (cinco años en El Uno) dormirán en la calle. Mientras, a su lado, un tercero dice que se marchará a Zaragoza. Parece más relajado, menos cansado, más ligero: lleva quince días en el asentamiento y estaba de paso. Algunas familias con niños han sido realojadas en casas gestionadas por el Servicio Jesuita a Migrantes. Otros van camino de Huelva. Y muchos, quizá la mayoría, se desperdigará en los próximos días por algún asentamiento parecido, para seguir una vida parecida.
El fin del Cortijo El Uno, ordenado por un juzgado a petición del propietario del terreno, es el aldabonazo que resuena cada año, cada dos años, cuando decenas o cientos de inmigrantes, trabajadores del campo almeriense, se ven de un día para otro en la calle, o en otro asentamiento similar. Así pasó en El Walili hace ahora dos años, y ha ocurrido nuevamente este martes.
Mientras, 72 viviendas aguardan ya terminadas, a estrenar, en Los Grillos, a pocoas de un kilómetro. Se construyeron hace dos años para alojar a personas como estas, y el ayuntamiento lleva años anunciando su puesta en uso inmediata. Pero siguen vacías y ahora el Consistorio acaba de negarse a que el Servicio Jesuita a Migrantes las gestione para dar techo temporal a los desalojados de El Uno.
Salario de cinco euros por hora
“¿Cuánto cobras, Brahim?”. “Cuarenta euros al día. Cinco euros cada hora”, replica. “Pero la ley dice que eso no puede ser…”. “La ley… mierda”, zanja el joven, como quien despacha un asunto que aquí no viene a cuento porque no tiene relevancia en su vida y, por tanto, en esta conversación.
Media decena de trabajadores de El Uno consultados dan la misma respuesta: cinco euros la hora, 40 euros al día. Algunos no tienen papeles, otros sí. A algunos los contratan, a otros no. “Hay jefes que pagan 4,80. Y algunos buenos, que pagan a seis”, dice uno. El salario mínimo, prorrateado por horas, es de 9,07 euros. Y ahora, además, hay poco trabajo para ellos: apenas tres meses con la campaña de la sandía, y con suerte dos o tres para recoger calabacines. “A veces contratan a 20 personas, diez con alta y diez no”. Así no hay quien pague una casa en San Isidro, a 400 o 450 euros al mes.
“25 años después de El Ejido [los disturbios violentos xenófobas tras la muerte violenta de dos personas a manos de dos inmigrantes marroquíes], los trabajadores viven hacinados peor que animales, y ahora en la calle sin derechos”, protesta José García Cuevas, portavoz del SAT en Almería, integrada a su vez en la Plataforma Derecho a Techo. Por entonces, igual que hace pocos años, la patronal y las administraciones se comprometieron a desarrollar planes de vivienda que dieran alojamiento digno a los miles de inmigrantes que nutren de mano de obra los invernaderos de Almería. “Pero nos encontramos que lo único que ofrecen a los trabajadores es ponerlos en la calle sin alojamiento alternativo”.
El sindicalista recuerda que muchas de las empresas tienen certificados bio, certificaciones y hacen gala de responsabilidad social, especialmente desde que algunas grandes cadenas de supermercado europeas exigen estos compromisos. “Pero cuando rascamos un poco encontramos más de lo mismo: explotación, infravivienda y explotación de miles de trabajadores”. “¿Por qué atacan los asentamientos?”, se pregunta el sindicalista: “Porque Europa está tomando posición, y pedimos a los consumidores conscientes que tomen nota”.
Tras el desalojo, media docena de jóvenes pasan las horas del mediodía sentados en un colchón. No saben dónde irán, ni qué harán. “Ya veremos”. A tres o cuatro kilómetros está Atochares, el más grande y simbólico de los asentamientos que, por decenas, siguen desperdigados entre las lonas de plástico del campo almeriense. Aunque ya no exista El Uno.