“Todo el cielo está en completo caos, la situación es excelente”, diría el presidente Mao.
En una intervención por todos los medios de comunicación, el presidente Gustavo Petro ha hecho un anuncio trascendental al convocar la Consulta popular sobre un nuevo régimen laboral para recuperar y otorgar nuevos derechos a los trabajadores colombianos, afectados gravemente por el modelo neoliberal implantado en Colombia desde los años 90 por el ex presidente Cesar Gaviria y blindado a lo largo de 3 décadas con un sistema de gobierno violento que incorporó ejércitos paramilitares anticomunistas, ejecutores de una demencial campaña de asesinatos, masacres, despojo y desplazamiento de más de 10 millones de campesinos; escenario en que sobresalen el exterminio de la Unión Patriótica y la liquidación de miles de líderes sindicales, sociales y de los derechos humanos. Todo bajo el amparo de los gobiernos de Uribe Vélez, Pastrana, Santos e Ivan Duque que contaron siempre con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos.
La Consulta popular será citada mediante un decreto que se dará a conocer antes del 12 de junio en un acto público con la ciudadanía en Medellin o en Cali. Las votaciones de la misma podrán ocurrir a finales de julio o a mediados del mes de agosto.
Está previsto que la Corte Constitucional examine, una vez se haga la Consulta, la legalidad de la convocatoria para afianzar su pertinencia y legitimidad en la amplia jurisprudencia garantista, acumulada por tal institución desde su creación por la Asamblea Constituyente en 1991, con un desempeño ajustado a los principios del Estado social de derecho, con algunas excepciones por la infiltración de facciones de la ultraderecha y de las mafias jurídicas en su seno en años recientes provocando grandes escándalos y denuncias de corrientes democráticas radicales con fuerte incidencia en la esfera pública.
La audaz decisión del presidente Petro se da en una coyuntura compleja, de aguda confrontación de clases; en unas circunstancias en que, los adversarios de la ultraderecha fascista, promueven planes de asesinato y magnicidio del presidente, por ser hoy la persona más representativa del proceso de transformación profunda de la sociedad colombiana.
Las mafias fascistas están profundizando la confrontación, que se ha expresado en el bloqueo institucional, y que se propone saltar a la destrucción física del presidente Petro, involucrando segmentos militares y policiales degradados, presentes en eventos demenciales como el asesinato del presidente de Haití, las masacres de civiles pagadas por los Carteles mexicanos en Michoacán y en la guerra de Ucrania como mercenarios contratados por la Otan.
Así, el presidente ha dado un paso audaz que llevará la confrontación sociopolítica a nuevos niveles en el entendido de que solo la lucha permite conquistar los derechos de los trabajadores colombianos.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, con la compañía de otros voceros de la ultraderecha, han desatado una narrativa para insinuar golpes de estado y rupturas institucionales en la determinación del presidente, como lo hace el alcalde de Bogotá.
Lo cierto es que, como lo señala Montealegre: “Existen tres situaciones que viciaron el “procedimiento legislativo” (que hundió el tramite senatorial de la Consulta): (i) El hecho de que el presidente del Senado cerró abruptamente la votación, cuando una de las senadoras tenía la expectativa legítima de participar en la misma. Esta actuación le impidió a una parlamentaria -pro-consulta- ejercer el derecho a intervenir en la deliberación: se violaron los principios pro-democracia o pro-participación. (ii) El secretario general cambió el sentido de un voto por el sí, para volverlo no, cuando estaba cerrada la votación. La actuación del secretario fue un abierto desconocimiento del principio de preclusión que rige las etapas de un proceso legislativo. Violó la seguridad jurídica, valor con protección constitucional. Un acto arbitrario. Si bien el reglamento del Congreso permite sanear actos del trámite legislativo, él no era el competente para hacerlo. En este caso, el órgano era la plenaria. (iii) No se dio paso a la apelación que se hizo en forma inmediata ante estos vicios. Sin tramitar la impugnación, no se podía dar por finalizada la sesión. Quien debía decidir sobre la apelación, era la plenaria del Senado, no el presidente, quien, ni siquiera la tramitó” (Ver
Desde hoy, la victoria popular y progresista se dará en las calles en donde deberá construirse una nueva hegemonía en los Cabildos populares y las Asambleas comunitarias. La situación que atraviesa Colombia no admite vacilaciones, ni dudas, exige un cambio desde una política emancipadora radical; por lo que hay que redefinir al movimiento popular-indígena-campesino y afro como una fuerza social determinante.
Lo cierto es que la salida ya no está en la negociación paciente ni en los Acuerdos nacionales, con quien no lo quiere y lo sabotea con bloqueos de todo orden y en todas las instituciones, en una forma liberal democrática, en momentos en que la democracia colapsa y está cuestionada a nivel global por la emergencia de los populismos ultraderechistas que promueven el odio de clases.
Pero, al interior de la turbulencia política en auge por la convocatoria directa de la Consulta popular, desde la institución presidencial, lo que debemos asumir es que la lucha de clases va a implicar una lucha como crítica de la economía política, o sea la disputa por el reparto de los excedentes que producen millones de trabajadores de las ciudades y el campo.
Hay que plantear esta nueva lucha como una crítica a la economía política: no se pueden permitir el drenaje de descomunales partidas para subsidiar a los más ricos, a las vigencias futuras, a entregar millonarias partidas a las mafias de la corrupción (Regalias), a los poderosos dueños del transporte de carga, a las empresas de los servicios de luz y del gas. Hay que poner mano dura a esos privilegios y la demanda del presupuesto actual como lo ha exigido el presidente Petro va en la línea correcta.
Así, se pueden superar las brechas salariales, pensionales, en educación y en la salud; ejecutar una amplia política de vivienda que favorezca a los sectores más vulnerables; una reforma agraria con más inversión, tecnología, ampliación de mercados y de la frontera agrícola que beneficie a millones de campesinos. Solo por esta ruta, el campo popular dará rápidamente un nuevo impulso a las luchas sociales y aperturar el camino a un cambio político más profundo sobre la base de la unidad y la convergencia de los distintos sectores del bloque democrático popular.
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