Ubicado a orillas del rio Guaviare, Mapiripán es un municipio del departamento del Meta, distante de Villavicencio por 324 km, y de Bogotá, por 417 km. Con un área de 11.938 km², Mapiripán fue fundado el 10 de julio de 1963, por personas que, atraídas por la explotación de caucho, en sucesivas olas migratorias arribaron a la región. En un comienzo, el poblado tuvo un nombre distinto (Puerto Guaviare), aunque, posteriormente, adoptó el que tiene ahora, derivado de la hacienda Mapiripana, sobre cuyos terrenos se levantó el caserío.
La historia de Mapiripán reprodujo dinámicas similares a las de otros municipios ubicados en zonas de colonización del Meta y Guaviare. Erigirse sobre lugares distantes, determinó el curso de procesos sociales y económicos en los que la ausencia del Estado puso a los habitantes en manos de circuitos económicos extractivistas y actores armados que alentaron el estigma de la población. Que Mapiripán haya entrado en la memoria de ese otro país (el de las grandes ciudades), a raíz de un hecho violento que ocupó, durante algunos días, titulares de prensa, es una manifestación del costo de la representación que la doctrina del “enemigo interno” elaboró de los mapiripenses.
Entre el 15 y 20 de julio de 1997, paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, en contubernio con el Ejercito Nacional, ejecutaron una masacre en el municipio que marcó la vida de sus pobladores. Investigaciones posteriores permitieron saber que el 12 de julio de 1997, dos aviones con paramilitares traídos desde el Urabá, aterrizaron en el aeropuerto de San José del Guaviare, que también servía de base a la policía antinarcóticos. El 15 de julio, los armados arribaron a Mapiripán, en donde, con motosierras y machetes, asesinaron con sevicia a por lo menos 30 personas, cuyos cuerpos fueron arrojados al rio. En un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de Colombia admitió que miembros de sus fuerzas militares participaron en la masacre, por omisión.
Los conflictos por la tierra también hicieron lo suyo, agudizando la tranquilidad de los pobladores del municipio. Tiempo después de la masacre, arribó a la región la multinacional Poligrow, haciéndose a la posesión de un número considerable de hectáreas que fueron destinadas al monocultivo de palma africana, con lo cual se modificaron los estilos de vida asociados al uso de la tierra. Como lo indica un informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (2021), “(…) Las comunidades Sikuani vieron restringido el derecho al territorio, la empresa Poligrow con respaldo institucional, prohibió recorridos sobre los lugares tradicionales, aparecieron letreros que impedían el tránsito, la pesca, y caza…”.
La acumulación de tierras de la multinacional, según informes elaborados a partir de denuncias, tomó un rumbo ilegal al hacerse indebidamente a UAFs (Unidad Agrícola Familiar), a través de la compra de una hacienda de nombre Macondo (5.577 hectáreas). En el 2017, un informe de la Contraloría señaló que la empresa palmera, presuntamente, obtuvo más de 5.000 hectáreas de origen baldío de manera anómala, solicitando a la Fiscalía y a la Procuraduría la investigación para determinar posibles responsabilidades penales y/o disciplinarias. En la misma dirección, la organización Tierra en Disputa, manifestó que durante 2016 y 2017, hubo un proceso judicial por enriquecimiento ilícito y fraude procesal por adquirir varios predios en el territorio, en contra del representante de la empresa Poligrow (2023).
En contravía de las dinámicas violentas de expropiación de la tierra que han marcado la historia contemporánea de Mapiripán, es oportuno destacar las acciones que, desde el Gobierno nacional, se ejecutan allí para restaurar derechos y dignificar la vida de familias campesinas. En días pasados, precisamente, la Agencia Nacional de Tierras entregó 8.700 hectáreas de tierra a 11 familias campesinas de Mapiripán, con los debidos títulos de propiedad, los cuales esperaban desde hace más de 12 años. Adicionalmente, la entidad inauguró la Casa del Campesino y realizó una jornada de ingreso al Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO), con la finalidad de identificar las necesidades de las comunidades del lugar en materia de tierras. Con los títulos a la mano, las familias beneficiarias podrán consolidar proyectos de siembra de alimentos en condición de propietarios, al tener seguridad jurídica y acceso a créditos. “La Casa del Campesino es un canal directo entre la Agencia Nacional de Tierras y la comunidad, la abrimos porque a las personas de este municipio les queda muy difícil ir hasta Villavicencio, que es la oficina más cercana de este lugar, a 11 horas en vehículo. Entonces, lo que queremos es acercarles las soluciones a los pobladores”, indicó Jhon Wilmer Beltrán, quien, a nombre de la ANT, lideró las actividades que se refieren.
Claudia Mora, una de las beneficiarias, destacó que han sido muchos años de lucha, “de ilusiones, de situaciones en las que nos quisieron engañar, ha sido un proceso bien difícil, pero estamos muy contentos porque ya es un hecho. Quedamos muy agradecidos con la Agencia Nacional de Tierras por darnos la oportunidad de tener un título”. De otro lado, Robi Soria, campesino del lugar, manifestó: “Estoy muy contento con la Agencia Nacional de Tierras porque vino hasta la vereda. Nos permitió inscribirnos en su plataforma, para que podamos iniciar el proceso de legalización de nuestros predios. El municipio ha sido víctima de la violencia y hemos sido olvidados por muchos gobiernos anteriores. Vemos que aquí la Reforma Agraria avanza”
La entrega de tierras y sus respectivos títulos de propiedad a familias campesinas, ratifica la disposición del Gobierno nacional de garantizar justicia y reconocer el papel esencial del campesinado en la producción agroalimentaria y la construcción de paz. Reafirma, además, la decisión de avanzar en la reforma agraria que, según lo ha señalado por el director de la ANT, Felipe Harman, “no puede seguir siendo una promesa aplazada, sino que debe ser un propósito construido desde los territorios, con la participación y liderazgo de las comunidades que siempre han habitado el campo colombiano”.
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