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Activistas sociales intervinieron el 26 de junio en la Junta de Accionistas de la multinacional española

«Indra aumenta sus beneficios por la fabricación de armamento y la militarización de las fronteras»

Fuentes: Rebelión

La multinacional española Indra, especializada en sectores como la Defensa, aumentó su cotización en bolsa un 4,84% el 27 de junio, informó Europa Press; el incremento se debió, en parte, al respaldo en los análisis y valoraciones del banco de inversión estadounidense, Morgan Stanley. “Indra es el valor más alcista del Ibex 35 en lo que va de 2025”, subrayó la agencia informativa a partir de los datos del mercado.

El 26 de junio se celebró la Junta General de Accionistas de Indra, que -según la nota informativa de la compañía- “ha modificado su objeto social para permitir el desarrollo, fabricación y comercialización de vehículos militares terrestres, dispositivos o vehículos aéreos y espaciales, entre otros, de acuerdo con su Plan Estratégico”.  

En el acto organizado en Alcobendas (Madrid), el presidente de la empresa, Ángel Escribano, destacó la constitución de Indra Weapons & Ammunition,en relación con  los sistemas de armamento inteligente.

El presidente ejecutivo puso énfasis en promover capacidades de guiado, sistemas no tripulados (merodeadores, energía dirigida, y efectos láser) con alto valor tecnológico y “acelerar el negocio de los sistemas antidrón”.

La mayor parte del accionariado de Indra está controlado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el 28%; seguido de la familia Escribano (14,3%); la empresa vasca de defensa Sapa Placencia (7,9%);  el fondo de inversión Amber Capital, accionista principal del grupo Prisa, que edita el periódico El País (7,2%) y el fondo estadounidense David Shaw (3,5%).

Se da la circunstancia que las retribuciones a los consejeros en 2024 sumaron 5,8 millones de euros; las mayores retribuciones fueron las de los consejeros ejecutivos José Vicente de los Mozos (1,8 millones de euros); Luis Abril Mazuelas (1,4 millones); y Marc Thomas Murtra (633.000 euros). Entre los consejeros de Indra figura el exministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián.

En la Junta de Accionistas de la compañía española intervinieron miembros de la Campaña Desarmando Indra, respaldada por más de 40 organizaciones del estado español; los activistas denunciaron que Indra “continúa aumentando sus beneficios gracias a la producción de armamento y la militarización de fronteras” (Indra tuvo un beneficio de 278 millones de euros en 2024, lo que representa un 35% más que el año anterior).

Entre los colectivos promotores de la iniciativa, figuran Fundación Finanzas Éticas, Centre Delàs d’Estudis per la Pau; Alternativa Antimilitarista-MOC; WRI-IRG (Internacional de Resistentes a las Guerras); Ecologistas en Acción y Desarma Madrid.

En una nota informativa destacaron que, el mismo día, miembros de la Campaña desarrollaron una intervención artística ante la sede de Indra en Barcelona; se trataba de hacer visibles las implicaciones de la multinacional en el negocio bélico y el genocidio perpetrado en Gaza por el Estado de Israel.

Ante los accionistas de la empresa, el activista de la Campaña, Enrique Quintanilla, explicó el 26 de junio:

“Indra es parte fundamental del complejo militar-industrial español, una de las tres empresas -junto a Airbus y Navantia- que concentran el 73% de la producción militar nacional. Este negocio, altamente subsidiado por el Estado, contribuye a perpetuar un modelo de seguridad basado en la fuerza (…)”.

Quintanilla denunció, asimismo, la implicación de Indra en los contratos militares con empresas israelíes; por ejemplo, las alianzas de la compañía española con Israel Aerospace Industries, que trabaja en los drones Heron 1 y TP “utilizados en ataques sobre Gaza y Cisjordania”.

Además Indra toma parte en el desarrollo del lanzacohetes SILAM (Sistema Lanzador de Alta Movilidad) junto a la empresa de defensa israelí Elbit Systems; y ha participado en el sistema de peaje inteligente en la autopista Ayalon de Tel Aviv, “cuya implantación se da en un contexto de apartheid y colonización”.    

También Indra “se beneficia del creciente mercado de control fronterizo (…); sus tecnologías de vigilancia, control y detección -como radares, sensores o inteligencia artificial aplicada a fronteras y movilidad- forman parte de un modelo de militarización” de fronteras; un patrón que, además, no se fundamenta en los Derechos Humanos.

La potencia de la compañía se demostró, por ejemplo, en el Salón París Air Show celebrado entre el 16 y el 22 de junio; en la sala de exposición, Indra presentó el radar táctico de barrido electrónico MTR-10, que puede identificar con rapidez objetivos aéreos.

Y exhibió, entre otras tecnologías, el satélite de observación de la tierra Mini4EO, con capacidad de portar sensores de vigilancia para “reforzar la protección de fronteras”.

La Campaña Desarmando Indra señala la incompatibilidad de la industria de defensa -y las políticas de rearme- con las medidas globales frente a la emergencia climática; el informe Malos humos militares, editado en 2024 por el Centre Delàs y Ecologistes en Acció, apunta que una alianza militar como la OTAN emitió 233 millones de tCO2 en 2023, “el equivalente a las emisiones de 50,4 millones de automóviles”.

En cuanto al sistema militar español, emitió 5,14 millones de tCO2, también en 2023, “lo que equivale a la contaminación de 3 millones de automóviles”; la mayor parte de las emisiones corresponden a las Fuerzas Armadas (4 millones de tCO2 en 2023), mientras que algo más de 1 millón de tCO2 procede de la industria militar.  

El informe Malos humos militares, realizado por Pere Ortega, detalla los datos sobre Gases de Efecto Invernadero (GEI) emitidos en 2023 por la industria militar española; las nueve analizadas suman 921.048 tCO2e; en primer lugar se sitúa Navantia (567.899 tCO2e), seguido de Airbus (196.776) e Indra (81.724).

¿Se hallan ante una coyuntura próspera las empresas dedicadas a la fabricación de armamento? El 16 de junio Indra reunió en su sede madrileña a 150 empresas, pymes, startups, universidades, centros de investigación y de formación profesional para “aprovechar las oportunidades de crecimiento que ofrecen los planes industriales de defensa” en Europa y el estado español.

Titulado Efecto tractor en el ecosistema industrial de Defensa de España, en el encuentro participaron miembros destacados de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Industria, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.