El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informado que durante 2024 se registraron 1.955 denuncias por delitos de odio en el estado español, realizadas por 1.800 personas (cifras provisionales), informó Europa Press el 24 de marzo; los datos incluyen -entre otras- las víctimas de racismo, ataques por orientación sexual o identidad de género, islamofobia y antisemitismo.
El 25 de junio se celebró en Valencia, en la sede de la Audiencia Provincial, el juicio contra el excomisario de la Policía Nacional en la capital valenciana, Ricardo Ferris; el motivo del enjuiciamiento son las palabras pronunciadas por el policía durante un acto organizado en Valencia por el partido de ultraderecha Vox y la Fundación para la Defensa de la Nación Española, en las que asimilaba las personas migrantes a la delincuencia.
Celebrado en octubre de 2022, el acto público tuvo un importante eco en las redes sociales; en su intervención, Ferris hizo las siguientes afirmaciones:
“Todos los fenómenos delincuenciales (…) están protagonizados (…) prácticamente en su totalidad por extranjeros”; “absolutamente todas las violaciones (…) en España están siendo cometidas por gente que viene de fuera”; o “los españoles somos un pueblo pacífico (…), vamos a tener que dejar de serlo”.
Ante las injurias y amenazas del excomisario, tanto la Fiscalía como las dos ONG que desempeñan la acción popular -València Acull y CIM (Colaboración con la Infancia y la Mujer) Burkina Faso- han pedido una condena a tres años de cárcel por delitos de odio; además de una multa de 12 meses y la inhabilitación para empleo/cargo público y profesión educativa durante seis años.
En octubre de 2022, el Ministerio del Interior destituyó al también Inspector Jefe y responsable de la Comisaría Centro de Valencia; pero en su cuenta de X -a nombre de Ricardo Ferris León en las Calles– continúa lanzando mensajes de las mismas características; por otra parte, el día antes del juicio Ferris escribió: “En estos momentos en que las hienas de la desinformación y la corrupción parecen rodearnos, da gusto saber que mañana el león no luchará solo”.
Las ONG se movilizaron frente al discurso del funcionario policial; así, el 2 de noviembre de 2022, cerca de 30 organizaciones de personas migrantes y defensa de los derechos humanos formalizaron una denuncia por delito de odio -contra el policía- ante la Sección de Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación de la Fiscalía de Valencia.
Además, en enero de 2023 los colectivos ampliaron la citada denuncia, “al comprobar que el inspector jefe continuaba difundiendo su delito de odio”.
En cuanto a la Fiscalía, tras iniciar una investigación solicitó el procesamiento del excomisario, y tres años de prisión por “el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión” evidenciado en la conferencia -y en las redes sociales- hacia el colectivo migrante (expresiones como “todos los que vienen en patera son expresidiarios”; o “siempre son los mismos: o son argelinos o marroquíes o sudamericanos”).
En mayo de 2024, València Acull remitió al Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia el escrito en el que solicitaba la apertura de juicio oral a Ferris; dentro de las 11 páginas, en el apartado de conclusiones, se recogen declaraciones del policía, como la siguiente:
“Hace unos años tuvimos en Valencia nuestra propia Ceuta. El barrio de Ruzafa estaba totalmente perdido, era un barrio que se había convertido en un barrio musulmán totalmente repleto de traficantes de drogas (…)”.
En el texto dirigido al Juzgado, València Acull informa del currículum con el que el inspector fue presentado en la jornada del 14 octubre, en el Ateneo Mercantil de Valencia; además de comisario jefe, Ricardo Ferris se desempeñó en la Brigada de Información contra ETA en San Sebastián; y también como asesor en materia de Seguridad Ciudadana con tres Delegaciones del Gobierno.
La segunda ONG que se personó como acusación popular, CIM Burkina, recordó -en el escrito al Juzgado de Instrucción- el contexto en el que se dio la ponencia: Mesa de seguridad ciudadana (según los carteles de la convocatoria); además se recogen fragmentos de la perorata policial:
“Ya hace casi cinco años que no trabajamos con delincuentes nacionales… Cuando hago un detenido español, siempre hago la misma broma: este en vez de al juzgado lo vamos a pasar al centro de especies reservadas de El Saler porque es que ya no existen…”.
Tal vez la ponencia de Ricardo Ferris contraste con algunas prácticas a las que se ven sometidas las personas migrantes, en situación oficialmente considerada irregular; en abril de 2024, València Acull recordó que las personas sin papeles están expuestas a multas o expulsiones cuando -en una comisaría- tratan de denunciar un delito, o realizar un trámite administrativo.
La ONG destacó que la Defensoría del Pueblo española lleva años denunciando esta circunstancia de “indefensión jurídica” (en la citada fecha el defensor estaba investigando los casos ocurridos en las comisarías de Valencia, Castellón, Sagunto y Xirivella).
Además en diciembre de 2024, Movimiento por la Paz, València Acull, asociación Rumiñahui, ACCEM, CEAR-País Valencià, fundación Cepaim, Campaña por el cierre de los CIE y Elche Acoge presentaron el informe Discriminació quotidiana per racisme i xenofòbia en València; el reporte dedica un apartado a los malos métodos policiales.
Por ejemplo, en 2023 “la práctica policial de parar, identificar y cachear en plena calle sólo a las personas extranjeras con aspecto no europeo sigue siendo algo cotidiano, a pesar de los desmentidos oficiales; de las recomendaciones de instituciones internacionales y nacionales (…), y de incluso la normativa interna de la policía”.
Las organizaciones sociales han dado cuenta de la transgresión de derechos; en diciembre de 2022, València Acull se hizo eco de la denuncia interpuesta en el Juzgado de Guardia por un joven hondureño, al que funcionarios policiales le empujaron y propinaron un puñetazo en el estómago en el municipio de Burjassot.
El pasado 23 de mayo, cerca de 60 colectivos y ONG del País Valenciano condenaron -en un comunicado- la “brutal agresión policial” de la que fue objeto en Valencia una familia afrodescendiente colombiano-española; la acometida se produjo después que la mujer recriminara a la policía los abusos hacia dos jóvenes, a los que acababan de detener.
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