En las últimas semanas el Cauca ha vuelto a ser el centro de la renovada política de seguridad democrática del gobierno progresista. La ofensiva no tiene otro propósito que lograr resultados creíbles y efectivos ante el fracaso de la paz total y los reveses que en materia de sus temas más estratégicos se han visto obstaculizados por los escándalos, la improvisación y la inestabilidad que es característico de este gobierno.
Crear un escenario bélico en el país no es una simple respuesta inmediatista a la necesidad de mostrar resultados ante la opinión pública del país, sino también una clara concesión del presidente Petro a los sectores militaristas del establecimiento que han ido copando poco a poco los espacios del gobierno en las áreas de seguridad y defensa, especialmente.
La presión del bloque de poder contrainsurgente ha servido para retomar con fuerza la idea de la solución militar al conflicto armado y construir una nueva reorientación de los objetivos, zonas y acciones de la ofensiva estatal y para estatal que poco a poco se ha ido acoplando en los diversos territorios del orden nacional.
El triángulo contrainsurgente progresista
La etapa que se está atravesando actualmente en el país, es la de una expansión del proceso contrainsurgente que se está desarrollando articuladamente entre la alianza paramilitar, la acción de la fuerza pública y la colaboración de grupos que se autodenominan revolucionarios pero que en la práctica están al servicio del estado bajo el mercenarismo se ha construido como parte de la política de la paz total.
El triángulo operativo de los cuadros bélicos que se están desarrollando por cuenta de la política de la seguridad democrática renovada del progresismo, ubica una suerte de áreas que pretenden construir como un cinturón que abarque las zonas fronterizas desde el Catatumbo hasta el Ecuador, asegurando los afluentes y proyectos minero energéticos transnacionales estratégicos en desarrollo entre la cordillera occidental, parte del valle del Magdalena, el sur pacífico y del macizo que garantice la movilidad por las rutas de abastecimiento que en tiempo, modo y lugar optimicen la dinámica de acumulación de capital legal e ilegal que está en despliegue.
La expansión del proceso bélico no tiene nada de improvisado, el bloque de poder contrainsurgente está reacomodando las piezas de la dinámica de acumulación por despojo que se han abierto a raíz de las posibilidades que el gobierno del cambio ha permitido con su política de capitalismo verde.
El nuevo incremento de las acciones bélicas no está centrado solamente por el monopolio de las zonas cocaleras y las rentas que se desprenden de este, también está la inserción violenta de la gran transformación minero-energética que combina acción de contrainsurgencia con inversión transnacional sobre los territorios.
Esta distribución de las actividades y operaciones contrainsurgentes están leyendo las nuevas rutas de las dinámica de acumulación capitalista que se están acelerando con el despliegue comercial del pacifico, las conexiones entre mega proyectos hídricos, la explotación aurífera, el alto valor de uso de la tierra se está reconcentrando en nuevos monopolios producto de la acumulación violenta y por despojo, fortaleciéndose con la lógica de reordenamiento geoestratégico de la nueva fase del imperialismo que se está abriendo paso con las alianzas transnacionales de las potencias emergentes.
El sur estratégico de la acumulación verde del capital
De alguna manera, la combinación del modo legal e ilegal de la acción contrainsurgente que se ha puesto con la política de la paz total tiene un sustento en el interés geoestratégico de la acumulación capitalista. La concentración de riqueza a través del supuesto capitalismo verde no tiene otro interés que hacerse al control territorial de las fuentes hídricas, las zonas de explotación minero- energéticas en las que a raíz del incremento del valor de las tierras raras y los minerales que hay bajo estos territorios, se proyecta una gran posibilidad de explotación y unas jugosas partidas en todo el aparataje que económico que trae consigo la inserción de la transición energética.
El sur de país ha cobrado un significado de alto valor estratégico en esta dirección, dada la gran potencia hídrica, aurífera, su conexión con el amazonas, el pacífico y las zonas de la complejidad del macizo andino que le dan las posibilidades de interconectar diversidades de fauna y flora, pero también de climas que hacen de ella un rico territorio fértil para ser la despensa alimentaria del país, lo que la convierte en un botín de guerra esencial para cualquier proyecto que se pretenda ser hegemónico de la conquista, control o sostenimiento del poder.
Es por esto que los objetivos que la actual fase de acumulación del capital denominada “verde”, se justifica bajo el sustento ideológico que el actual gobierno del cambio ha tomado como bandera para moldear una suerte de operación de reestructuración económica y política transnacional con la participación de los actores estatales y para estatales que se expanden por todo el territorio caucano para ejecutar desde allí, un nuevo enclave mega minero- energético, hídrico, capaz de aumentar la explotación y el lucro sobre vastos territorios que consideran estratégicos para la fase actual de lucha por los monopolios de los recursos naturales a nivel planetario.
Prender la chispa de conflictividad social, económica y política en el Cauca no está fuera de un plan de expansión contrainsurgente, contrario a ello, lo que se está haciendo es crear el escenario bélico bajo una política de “legítima defensa” del Estado, para activar toda la estructura de respuesta que permita justificar los golpes, acciones y operativos militares y paramilitares sobre el territorio.
La operación Perseo, iniciada a octubre del año pasado sobre el Plateado y extendida hacia las zonas del Cañón del Micay, no es una simple coincidencia, es también la puesta en práctica de un plan piloto de articulación transnacional, estatal y paraestatal, combinada con otros actores armados, para copar el territorio como parte de la fase de consolidación del proceso de acumulación por despojo del capitalismo verde.
La guerra total de la paz total
Ha iniciado una política de guerra total bajo la paz total. En este proceso de contrainsurgencia que se ha activado en el país, se ha puesto en práctica la criminalización de la sociedad civil, a través de la estigmatización y señalamiento como colaboradores de los grupos armados insurgentes en el territorio. Así mismo, se ha establecido una política de persecución contra sus dirigentes y las organizaciones sociales en las que participan.
La idea de la no vinculación de los civiles en los conflictos armados y el respeto al Derecho Internacional Humanitario, ha quedado rota en las dinámicas de la actual política de guerra total que se ejerce en el Cauca por parte de la fuerza pública en función de desarrollar la política de la paz total. En una serie de combinación de formas de lucha, mientras el ejército legaliza de manera pública sus operaciones contra lideres y organizaciones campesinas, sociales, políticas y de derechos humanos, por otro lado, los grupos paramilitares y de supuestos grupos mercenarios que se autodenominan revolucionarios, actúan conjuntamente para ajusticiar selectivamente los liderazgos populares del territorio.
Sin duda, el plan de contrainsurgencia está activado para golpear la dinámica social de organización y resistencia que está luchando por la necesidad de una paz verdadera en los territorios azotados por la guerra. Bajo una campaña de despolitización de las organizaciones sociales, la fuerza pública crea un margen de acusaciones sobre los procesos organizados, los incrimina y señala, les crea un espacio de distanciamiento social bajo la lógica de amigo- enemigo del establecimiento y con el uso repetido de la información en redes sociales y programas noticiosos, abre paso a la justificación de la lapidación social.
Una vez el plan de terror sicológico del enemigo inoculado socialmente dentro de la sociedad civil se establece, viene la operación de judicialización, la creación de la sospecha y la activación de las formas de persecución para que finalmente, se creen las condiciones de la eliminación física de los liderazgos acusados públicamente de colaboradores.
Toda una contrainsurgencia social activa está en desarrollo en el plan piloto que opera en el Cauca y que se hace parte del plan del mercenarismo corporativo estatal y para estatal que se está creando en la nueva modalidad de guerra de expansión de la acumulación por despojo para garantizar la creación de riquezas el capitalismo verde.
El país se aleja cada vez más de la paz y la solución política dialogada al conflicto armado. Al parecer entramos en una nueva etapa de guerra bajo la supuesta pretensión de la paz total del actual gobierno nacional. El Cauca es el epicentro de una política de contrainsurgencia activa que combina una alianza transnacional, con el mercenarismo corporativo estatal y para estatal que ha sido cooptado por el bloque de poder contrainsurgente que está cada vez más retomando su iniciativa en el control del aparato burocrático político del que fue lánguidamente desplazado por una nueva burocracia incapaz, débil ideológica y políticamente para entender que no podía ceder a las pretensiones militarista del establecimiento.
Hoy cuando el país esperaba la paz, nuevas guerras se avecinan. La frustración del cambio podrá traer una repetición que quizás pueda salir más dolorosa que en los últimos cincuenta años. Esperemos que así no sea.
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