Por último, expresaron que “ante el escenario de crisis climática, ecológica y de contaminación, es incomprensible la actitud del gobierno y sus autoridades, en donde se actúa haciendo caso omiso de las graves consecuencias a las que se ve expuesta la población”. El país no necesita menos fiscalización ni más extractivismo, sino más democracia ambiental, justicia ecológica y resguardo de los derechos humanos, de la naturaleza y los animales”.
261 organizaciones socioambientales rechazan la decisión del TC y acusan al Gobierno de impulsar una agenda legislativa que vulnera derechos humanos y ambientales.
A través de una declaración pública, la Asamblea Ecologista de Chile y otras 261 organizaciones socioambientales expresaron su rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de no acoger a tramitación el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por 42 diputadas y diputados, liderados por Daniel Melo, en contra del proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.
Dicha resolución fue tomada este martes 22 de julio por los ministros María Pía Silva Gallinato, Miguel Ángel Fernández, Raúl Mera Muñoz, Héctor Mery Romero y Marcela Peredo Rojas, con el voto en contra de Daniela Marzi Muñoz, Nancy Yáñez Fuenzalida, Catalina Lagos Tschorne y Alejandra Precht Rorris.
De acuerdo con el documento publicado por la Asamblea Ecologista, “el TC evitó pronunciarse sobre el fondo del requerimiento, renunciando a su función de asegurar la protección de derechos fundamentales garantizados por la Constitución como el acceso a un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la salud y el derecho a un debido procedimiento administrativo racional y justo”.
“Esta decisión representa una grave omisión institucional frente a una norma que debilita profundamente los mecanismos de control de actividades que pueden poner en riesgo la vida, la salud y la integridad de las personas y de los ecosistemas”, argumentaron.
Asimismo, precisaron que “Esta decisión deja en indefensión a las comunidades en temas clave como la protección de su salud y de los lugares donde viven, trabajan y cohabitan, como también su calidad de vida”. No solo se afecta a los ecosistemas, sino también a las condiciones materiales de existencia de millones de personas, en un país que se jacta de su “riqueza natural”, pero que no la protege cuando está en juego el interés empresarial”.
Críticas a la Ley Marco de Permisos Sectoriales y al Gobierno
Recordaron que “La ley en cuestión permite la aprobación de proyectos mediante “silencios administrativos’, “declaraciones juradas” o simples ‘avisos’, eliminando instancias indispensables de revisión técnica y ambiental”. Esto solo favorece a sectores empresariales, dejando a las comunidades y ecosistemas en una situación de alta vulnerabilidad y desprotección”.
Las organizaciones socioambientales firmantes expresaron que “mediante esta ley se vulneran principios reconocidos en la legislación y el derecho internacional, como el principio de no regresión, el principio de prevención, el principio de precaución y la participación ciudadana”.
Y que además, “se altera el rol de instituciones como la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), introduciendo criterios de inversión que contradicen su mandato y afectan directamente los derechos de los pueblos indígenas garantizados por tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT”.
Por otra parte, también criticaron el rol del Gobierno pues “promovió activamente esta ley junto a sectores empresariales, presionando su aprobación y contradiciendo su compromiso declarado de ser un «gobierno ecológico». Con esta acción, no solo se aleja de las promesas hechas a los movimientos socioambientales, sino que contraviene el Acuerdo de Escazú firmado por el propio presidente y contribuye a consolidar un modelo que subordina los derechos de las personas y la protección de la naturaleza a la ganancia y especulación de los inversionistas”.
“Tenemos que seguir haciendo tejido entre las y los que luchan”
Finalizando la carta, manifestaron que ante la decisión del TC, que para ellos representa un grave precedente de desregulación ambiental pues traerá impactos en las comunidades, ecosistemas y salud de la población, reafirman “la necesidad de seguir articulando luchas y resistencias desde los territorios, no solo respecto de esta ley sino de todos los proyectos de ley que se están viendo en el Congreso y apuntan en la misma dirección de desproteger la naturaleza”.
Por último, expresaron que “ante el escenario de crisis climática, ecológica y de contaminación, es incomprensible la actitud del gobierno y sus autoridades, en donde se actúa haciendo caso omiso de las graves consecuencias a las que se ve expuesta la población”. El país no necesita menos fiscalización ni más extractivismo, sino más democracia ambiental, justicia ecológica y resguardo de los derechos humanos, de la naturaleza y los animales”.
Enlace para ver las firmas y la declaración completa.
https://drive.google.com/file/d/10kMXXtgdDNhwXFpqjGxvDrl_ceHX3Ofx/view?usp=sharing
Imagen, Pixabay