“Colombia le exige a Uribe que diga quién dio la orden de matar”

“El hecho de que se empiece a levantar la sábana sobre los crímenes de Estado tan graves implica necesariamente un compromiso: El país le exige a Uribe que diga quién dio la orden de matar a más de 6.000 personas”. Así se expresa Javier Orozco, veterano sindicalista colombiano residente en Asturias y director del Programa Asturiano de Derechos Humanos, al referirse a la histórica condena en primera instancia del expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno a testigos y fraude procesal.

La sentencia, dictada por la jueza Sandra Heredia esta semana en Bogotá, convierte a Uribe en el primer exmandatario colombiano en ser condenado por la justicia ordinaria. Heredia lo señaló como “determinador” de un entramado de manipulación de testigos, a través del abogado Diego Cadena, en un caso que se originó en 2012, cuando el propio Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuesta fabricación de pruebas en su contra. La Corte, sin embargo, no solo desestimó investigar a Cepeda, sino que abrió un proceso contra Uribe. Trece años después, el juicio culmina con una condena de entre cuatro y ocho años de cárcel, posiblemente en prisión domiciliaria.

Para Orozco, esta condena “es un hecho histórico que rompe el efecto teflón con el que han contado las élites políticas y económicas del país. Nunca antes se había condenado a un expresidente, pese a que ha habido otros involucrados en delitos graves, desde corrupción hasta vínculos con el narcotráfico y violaciones a los derechos humanos”.

En su opinión, se trata de un “golpe estructural a la impunidad” que marca un antes y un después no solo en el sistema judicial, sino también en el equilibrio político colombiano. “Ayuda a la reconstrucción del Estado de derecho, que había sido destruido por el descaro con el que han robado, asesinado, desplazado y desaparecido a miles de personas”, afirma.

El sindicalista destaca también el simbolismo de que la justicia haya fallado contra Uribe precisamente en un intento por desacreditar al senador Iván Cepeda. “Fue ilegalmente judicializado por Uribe. Y en esa maniobra, la justicia descubre que quien realmente estaba faltando era el expresidente y no Cepeda”, subraya.

Más allá del fallo: verdad, memoria y paz

Orozco advierte que el impacto de la condena trasciende lo penal. “Que lo sancionen por fraude procesal es de poca monta frente a las 6.402 ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron bajo su gobierno. En un país sin pena de muerte, los civiles fueron presentados como guerrilleros muertos en combate”. Estas ejecuciones, conocidas como “falsos positivos”, fueron una práctica sistemática documentada por organismos internacionales.

Por eso, cree que el fallo lanza un llamado contundente a Uribe para que comparezca ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como le pidió públicamente el presidente Gustavo Petro. “El país le exige que diga quién dio la orden de matar, de desaparecer, de despojar casi 9 millones de hectáreas de tierra. La JEP no impone cárcel, busca la verdad. Pero a eso es a lo que más le temen Uribe y las élites: a que se descubra que en Colombia se ha acumulado capital mediante el despojo y poder político mediante el asesinato del opositor”. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el tribunal creado tras los acuerdos de paz de 2016 para juzgar crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano.

Para Orozco, una comparecencia de Uribe ante la JEP tendría efectos sísmicos en el establecimiento. “Caería todo, desde su vicepresidente Francisco Santos —señalado de haber creado el Bloque Capital narcoparamilitar— hasta las empresas multinacionales que supuestamente se beneficiaron del terror, como Chiquita Brands o la United Fruit Company. Eso no lo quieren permitir. Por eso es probable que no comparezca”.

Represalias contra la memoria

Pero el dirigente humanitario también teme represalias contra quienes trabajan por la memoria histórica. “Ya lo están haciendo. Desde antes del fallo han prohibido que los informes de la Comisión de la Verdad lleguen a universidades y colegios. Un país que intenta superar un conflicto armado no puede hacerlo si no conoce la verdad de lo que pasó”.

Desde su exilio en España, Orozco lanza un paralelismo incómodo: “Aquí nunca hubo comisión de la verdad, ni tribunales. Todavía hay gente botada en las cunetas. En Colombia tenemos esa oportunidad y es necesario defenderla”.

Sobre Estados Unidos, Orozco denuncia la hipocresía y la intromisión de su política exterior. “Es tan grave que no se hubiera sancionado a Uribe como que Estados Unidos, a través del senador Marco Rubio, haya emitido una comunicación infame acusando a la jueza del caso de radical. Esa declaración, que viene del Departamento de Estado del Gobierno de Trump, representa un ataque directo a la independencia judicial en Colombia“. Para Orozco, esta reacción revela que “a los Estados Unidos les dolió que se condene a delincuentes de cuello blanco”. Además, denunció el doble rasero de Washington: “quieren devolver a los colombianos desde EE.UU. esposados y amarrados, y no aceptan que Colombia responda de igual forma con sus ciudadanos en situación irregular”.

En cuanto a Europa, Orozco es más cauto, pero no por ello menos crítico. Considera que los gobiernos europeos “actúan como potencias subordinadas a Estados Unidos” y que, aunque en público digan que respetan la justicia colombiana, “en privado dudarán del fallo porque les incomoda que se toque a sus aliados ideológicos y económicos”. Recuerda también que Uribe era muy cercano a líderes conservadores como Aznar y Rajoy, defensores de políticas de “mano dura” y privatizaciones, y advierte que “las élites europeas que se benefician del modelo colombiano van a intentar deslegitimar la sentencia, como lo han hecho con la verdad en otros conflictos, como el de Palestina”.

Justicia que impulsa la paz

Orozco insiste en que esta condena puede ser una palanca para destrabar procesos de paz estancados. “La justicia puede contribuir a eso. Por ejemplo, está anunciado que la Nueva Marquetalia —una disidencia de las FARC— entregará más de 13 toneladas de armamento como gesto de paz. Eso no es gratuito. Es porque hay un impulso nacional hacia la justicia y la reconciliación”.

También subraya el efecto político de la condena de cara a las elecciones de 2026. “Álvaro Uribe ya no podrá ser candidato, ni siquiera como vicepresidente, como algunos querían promover. Sus derechos políticos están en riesgo, y lo que viene puede ser incluso más grave. Esto afecta a toda la estructura de poder”. Uribe ha sido durante dos décadas el referente de la derecha colombiana y el mentor de expresidentes como Iván Duque.

No duda en señalar que la polarización que aún persiste está siendo azuzada por los medios, pero que no cala igual entre las nuevas generaciones. “La juventud colombiana no está polarizada. Quiere un cambio. Está ilusionada con un proyecto político que le ofrece educación gratuita, y la posibilidad de protestar sin que le disparen a los ojos, como pasó durante las marchas contra Duque”.

Para Orozco, “esta es una piedra de toque para quienes tienen rabo de paja (expresión colombiana que significa tener culpas ocultas o antecedentes comprometedores). Y para nosotros, los que estamos del lado de la democracia y los derechos humanos, es un rayo de esperanza”.

Fuente: https://www.nortes.me/2025/07/30/condena-uribe-entrevista-javier-orozco/