El fracaso de la paz total del gobierno del cambio es una verdad a todas luces. No se tienen que hacer mayores esfuerzos para afirmar que se dilapidaron cuatro años en promesas, expectativas y esperanzas que hoy se esfumaron entre el aumento de la confrontación de los diversos grupos armados en el territorio nacional, sin que ello pueda detener el espiral de su accionar. La paz total está más armada que la guerra misma.
El proyecto de la seguridad humana se cae de su peso, ya no se puede ennoblecer la política de guerra contrainsurgente readaptada de la seguridad democrática que el Aureliano de la Casa de Nariño ha desarrollado en su método de dialogar para golpear, bajo la premisa de hacer la paz para preparar los tiempos de guerra.
Ahora que el fracaso está a la vista de todos, el Petro de la paz pasa a la fase de la guerra total, su versión de termidor se imposta desde una justificación de acción legitima del Estado para conjurar abiertamente los mecanismos paramilitares de presión que están operando soterradamente en el territorio nacional. Sin duda, nada de esto está por fuera del espectáculo mediático prelectoral.
Escalamiento del conflicto como medidor electoral
Los lamentables hechos ocurridos en Cali, el pasado 21 de agosto no están por fuera de la coyuntura que ha sido creada para fortalecer la retoma del proyecto de la seguridad democrática 2.0 en el marco de la discusión programática hacia las elecciones presidenciales del 2026.
El terrorismo como estrategia electoral no es nuevo en el panorama político colombiano. Ya se han tenido experiencias recientes a finales de las décadas de los años ochenta y comienzo de los noventa de la combinación de las formas de lucha y participación de las fuerzas paramilitares y agentes del establecimiento en el asesinato, conspiración, tortura, persecución, secuestro y hostigamiento a lideres sociales, políticos que en periodos electorales se vuelven objetivos de alto valor para desequilibrar la balanza en la competencia hacia las altas dignidades del Estado.
Si bien lo de Cali tiende a ser una vez más el costoso desenlace de una serie de errores político militares, en el marco de acciones no calculadas en el desarrollo de la guerra urbana insurgente, sobre todo cuando se trata de espacios habitados por la población civil, donde también se encuentran instalaciones militares que deberían estar por fuera de los cascos urbanos, como bien reza el Derecho Internacional Humanitario (DIH), no se debe confundir que una cosa es el terrorismo como método de acción política y otra es una equivocación táctico operativa en el marco de la determinación de los efectos colaterales que son difíciles de contener y de sostener, sobre todo a la hora de justificar la muerte de inocentes en el marco de la confrontación armada que vive el país. Errores son errores y deben asumirse a la hora de encarar las acciones de la lucha revolucionaria.
No obstante, lo que si está al orden del día es el aumento de las acciones armadas en el país. Petro parece hacer tomado la decisión de clausurar el fin de la solución política dialogada en el cierre de su periodo presidencial y darle el giro definitivo a lo que ha sido desde el comienzo su posición ideológica con relación a la acción insurgente: un desmovilizador, acusador, estigmatizador y claudicante que ha matizado en su discurso filantrópico y pacifista, para construir una narrativa del fin de la historia de la lucha revolucionaria, para ajusticiar a todo aquel que se atreva a desafiar el establecimiento.
Petro el termidor ha decidido prender nuevamente la guerra. Va a ser un año de la operación PERSEO en el cañón del Micay, en la que se prometió con bombos y platillos que la presencia del Estado con la fuerza pública y las acciones sociales y económicas iban a cambiar la realidad de la guerra por una política de paz que desterraría de una vez por toda la violencia del territorio.
Eso no pasó de ser propaganda del establecimiento, contrario a ello, el desenlace ha sido más desprotección para la población, estigmatización y una crisis humanitaria que se hace permanente sin que el Estado resuelva nada aun con su presencia en la zona, que anuncia la continuidad reforzada de dicha operación, sin resultado loables justificables para tales decisiones.
Como si fuera poco, a raíz de las reacciones por la muerte de Miguel Uribe, las presiones del bloque de poder dominante están centradas en retomar la agenda de la seguridad como el principal elemento de la contienda y Petro no tiene de otra que actuar en esa dirección ante el fracaso de su política de paz total.
Su debilidad ante el establecimiento no hace más que abrir el boquete para que los sectores militaristas tomen poco a poco el control del país y se retorne nuevamente a la dinámica de confrontación armada. El legado del progresismo será dejar un país en llamas, asediado por la guerra y dirigido por una camarilla militarista que quiere gobernar con el terror.
Terrorismo de Estado en la guerra contrainsurgente
Ahora en medio de la ofensiva de la guerra total del gobierno progresista, se están desarrollando métodos de persecución del terrorismo de Estado que están centradas en la vieja táctica de quitarle el agua al pez.
Perseguir, asediar, hostigar, secuestrar e incluso asesinar lideres sociales, políticos y populares bajo la idea de homologar las organizaciones y procesos a la relación con los grupos armados insurgentes, es la dinámica que se reactivado con las licencias que el gobierno nacional ha dado a sus grupos mercenarios que dentro y fuera de las fuerzas militares actúan en los territorios, para presionar a la población civil en la consecución de los resultados de guerra que no parecen serles tan rentables en la confrontación directa con los combatientes.
Ahora la dinámica también se centra en convertir en botín de guerra los familiares de los combatientes. En aras de convertir la guerra en una modalidad de venganza personal, se ha establecido como mecanismo de presión el ataque familiar para doblar la moral de quienes están en confrontación con el Estado, mientras se rompen todas las distinciones y protocolos que establecen los tratados internacionales en cuanto a las relaciones entre combatientes y no combatientes.
Petro el termidor, ha cruzado una línea ético-política para congraciarse con el establecimiento y ha puesto una nueva dinámica de descomposición de la confrontación: la política de una guerra de destrucción sin medir consecuencias en sus modos y formas de acción.
Paradójicamente el gobierno que se reclamaba como parte de un discurso humanista y conciliador, ha pasado a la otra cara, su rostro de perseguidor y auspiciador de la guerra y sus vejámenes que serán imposibles de contener una vez se hayan cruzado los límites entre la barbarie y la descomposición.
Petro terminó al final coincidiendo con Turbay, el ex presidente del Estatuto de seguridad con el cual asoló al otrora insurgente M-19, el abuelo del recientemente desaparecido Miguel Uribe. Ahora igual que él, está conjurando sus métodos y exorcizando sus males. Razón tenía Borges cuando decía: “Hay que tener cuidado al elegir a los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos.”
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