Hace 60 años, la Revolución Cubana consagró el derecho al aborto seguro y gratuito, una victoria pionera en la región.
El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo sigue generando algunos de los debates sociales y políticos más polarizadores de nuestra época. En América Latina y el Caribe, tan solo cinco países permiten que las mujeres interrumpan legalmente su embarazo si así lo deciden.
Tras décadas de lucha por parte de organizaciones de mujeres, a principios de 2022 la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció el acceso al aborto seguro como un componente esencial de la salud sexual y reproductiva, enmarcando su garantía como una cuestión de salud pública y de derechos humanos. La OMS califica este acceso como un pilar fundamental para la salud, el bienestar, la autonomía y la equidad de género, reconociéndolo así como un derecho crucial.
Sin embargo, en América Latina y el Caribe, la mayoría de los países mantienen fuertes restricciones a la autodeterminación de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos. Incluso naciones como República Dominicana, Nicaragua o Guatemala imponen una prohibición absoluta, incluso en casos de riesgo para la vida de la mujer o de violación.
La revolución dentro de la Revolución
En medio de este panorama complejo, Cuba fue el primer país de la región en garantizar el derecho al aborto hace 60 años, un derecho legalmente reconocido desde 1965. Su temprana legalización fue uno de los hitos de la Revolución Cubana, parte de un proceso social más amplio que incluyó la promoción de los derechos de la mujer, el acceso universal a la salud y la educación, así como el derecho a la planificación familiar.
En Cuba, el aborto se considera un derecho conquistado por las mujeres tras la Revolución y se realiza de manera gratuita en hospitales públicos. Esta garantía implica que cualquier mujer —mayor de edad, o menor con el consentimiento de sus padres— puede acudir a un hospital público, dirigirse al servicio correspondiente y solicitar la interrupción del embarazo sin más requisito que su propia decisión, como explica a Brasil de Fato la abogada y activista feminista Loren Alonso.
“La autodeterminación de las mujeres es un principio esencial”, enfatiza Loren, y señala que “la sociedad lo ha asumido como un derecho”. Aclara que “no es que esté completamente aceptado por todo el mundo; hay quienes, por motivos religiosos, por ejemplo, no estarían de acuerdo. Pero se trata de un derecho que las mujeres hemos ganado: el derecho a elegir sobre nosotras mismas, y no se cuestiona tanto esa decisión como en otros países, donde se generan muchos problemas”.
Actualmente, según datos de Naciones Unidas, se calcula que en América Latina y el Caribe mueren cada año unas 7.200 mujeres a causa de complicaciones relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio. Además, en los últimos 20 años, la región ha sido una de las que menos ha reducido la mortalidad materna.
Cuba, en cambio, mantiene una de las tasas de mortalidad materna más bajas de la región. No obstante, no siempre fue así. Antes de la Revolución de 1959, las mujeres cubanas presentaban altos índices de mortalidad. La falta de acceso a la educación sexual, la nula disponibilidad de métodos anticonceptivos y la inexistencia de procedimientos seguros condenaban a las mujeres de clases populares, especialmente en las zonas rurales, a enfrentar un alto riesgo de muerte prematura.
Fue
con el triunfo de la Revolución que se revirtió este terrible
flagelo. A través de un vasto despliegue de organizaciones
revolucionarias —formadas especialmente por mujeres— que llevaron
atención médica y educación a las comunidades más empobrecidas,
se sentaron las bases para la regulación formal del aborto. En un
principio, fue fundamentalmente una cuestión de salud pública,
guiada por un principio de la Revolución: poner la vida en el centro
del proyecto social.
Así, en 1961 el aborto fue
despenalizado y, en 1965, se creó el marco legal para que se
practicara dentro del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, aunque
existe un marco que regula su implementación —e incluso penaliza
severamente a quienes se niegan a realizar un aborto si una mujer lo
solicita o pretenden cobrar por él—, el aborto en Cuba no cuenta
con una ley específica.
La libertad de elegir
“Como mujer, me da paz vivir en un país donde tengo plena libertad para elegir sobre mi cuerpo, donde el Estado me acompaña y me proporciona los medios para hacerlo sin problemas”, señala Lorena, y agrega que se trata de un derecho del que carecen muchas mujeres en América Latina y el Caribe.
“Es un derecho que, en pleno 2025, está garantizado en muy pocos países, lo cual es muy lamentable. Por eso creo que, aunque a Cuba le falten algunas cosas, esta es una de las victorias más grandes que logró la Revolución y que se mantiene”.
La normativa establece que cualquier mujer puede abortar siempre que el procedimiento se realice en hospitales o dentro del sistema de salud —íntegramente público en Cuba— y bajo supervisión profesional. Se permite hasta las 12 semanas de gestación sin necesidad de justificar el motivo. Pasado ese plazo, solo se autoriza si la vida o la salud de la mujer están en peligro, o si se detectan malformaciones incompatibles con la vida del feto.
Pese a los enormes avances alcanzados, Lorena señala que aún existen “deudas con las mujeres”. La lucha contra el machismo —aún muy extendido en la sociedad—, así como la profundización y actualización de las perspectivas feministas en las estructuras políticas y estatales, forman parte de un “proceso revolucionario que debe seguir evolucionando”, afirma. Un proceso en el que las conquistas del pasado deben defenderse en el presente, pero también servir como impulso para nuevas conquistas.
Una amenaza a la libertad efectiva
Los derechos no son sólo una cuestión jurídica, sino también de aplicación efectiva. A pesar de las regulaciones existentes, como ocurre con cualquier derecho, su materialización depende de condiciones sociales que hagan posible su ejercicio real, señala la joven abogada y activista.
En los últimos años, Cuba ha enfrentado una grave crisis económica y social —en gran parte infringida por el persistente e ilegal bloqueo de EE. UU.— que ha provocado un deterioro en el sistema de salud. A pesar de los logros históricos y la extensión de la red pública, la isla atraviesa dificultades para adquirir medicamentos esenciales, incluidos los anticonceptivos.
Esta situación amenaza la efectividad del acceso al derecho al aborto. “En las condiciones actuales del país, sí han existido problemas para acceder a este derecho de manera efectiva”.
En este contexto, Lorena señala que “hay que seguir protegiendo las garantías para los derechos de las mujeres”. En tiempos de crisis, los derechos suelen sufrir fuertes retrocesos, y los de las mujeres y las disidencias sexuales —reflexiona— son los más amenazados.
Así, aunque el aborto está regulado por el Ministerio de Salud Pública, Lorena coincide con otras activistas y juristas en que es necesario transformar esa regulación en una ley que otorgue un mayor alcance jurídico al derecho.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.