NO es una novedad, pero el Ecuador va a las urnas… de nuevo (se nota que para ciertas pretensiones del poder siempre hay recursos). Esta vez el tema central es la convocatoria a una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución. En apoyo a esa convocatoria, hay voces –con aliento oligárquico– argumentando que la Constitución de Montecristi es un lastre para la economía. Como ejemplo, casi caricaturesco, hay quienes plantean que el Ecuador no recibe inversión privada debido a los 444 artículos de su Constitución actual.
NO podemos dudar de la “genialidad” de quienes defienden semejante tesis, pues han descubierto un nuevo factor que influye en el crecimiento económico de un país. Sin embargo, las dudas abundan. ¿Será que estos individuos siquiera han leído la Constitución? ¿Acaso existe un número económicamente “óptimo” de artículos? ¿Cómo puede frenarse la economía por culpa de una Constitución que ni siquiera se respeta? ¿Acaso los grupos oligopólicos, el narcotráfico y el crimen organizado dejarán de hacer negocios con una nueva Constitución?
NO tenemos respuestas definitivas a estas y otras dudas. Sin embargo, usando un poco de lógica y memoria –bienes escasos en tiempos de TikTok y cartón– podemos ilustrar cuán contradictorio puede ser el argumento de que la Constitución frena a la economía…
NO olvidemos que, más allá de la Constitución de Montecristi, el Ecuador ha sufrido de todo: (a) respondió como pudo a la crisis financiera internacional de 2008-2009; (b) vivió un boom petrolero –embriagado con deuda externa china– entre 2010 y 2013; (c) se puso a merced de buitres financieros vía bonos de deuda (anti)soberanos desde 2014-2015 debido a la caída de los precios del petróleo y a un desperdicio acumulado de recursos públicos; (d) en 2019 se inició una nueva etapa de austericidio con la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI); (e) sufrimos la peor tragedia de la historia reciente durante la pandemia del coronavirus (casi 100 mil ecuatorianos fallecidos asociados a la pandemia e infamemente olvidados) a la par que se priorizó el pago y la renegociación de la deuda externa; (f) el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 9,25% entre 2019-2020; (g) en 2022 se completaron los desembolsos del acuerdo con el FMI (reestructurado en 2020); (h) en 2024 la economía volvió a caer en 2% entre apagones y un gobierno apurado por alcanzar un nuevo acuerdo con el FMI, enfocado primordialmente en otorgar recursos para que pueda pagarse al propio fondo la deuda del primer acuerdo y al resto de acreedores (así la serpiente empezó a morderse su propia cola…)
NO podemos marginar de esta historia a los narcodólares, los cuales son parte de la columna vertebral de la dolarización y se han regado por toda la economía de este pequeño país andino. Ni las exportaciones bananeras se salvan, como indican los varios cargamentos contaminados con droga que han llegado a diferentes puertos del mundo. Y mientras que el narco y el crimen organizado imponen sus normas e institucionalidad, diversas élites políticas y empresariales se frotan las manos –manchadas de sangre…– pues son cómplices en esta dinámica, ¿o acaso los millones de narcodólares que circulan en el Ecuador se guardan en colchones?
NO, no se guardan en colchones… Basta con preguntar a la gran banca privada, para la cual la actual Constitución en ningún momento ha impedido que acumule millones de dólares en utilidades año tras año: solo en 2024 fueron 660 millones. O en términos de inversión extranjera, puede preguntarse a las múltiples mineras transnacionales que siguen consolidando sus negocios en el país al punto de alcanzar exportaciones récord: en 2024 las exportaciones mineras llegaron a más de 3 mil millones de dólares, con exiguos ingresos estatales, sin considerar los enormes impactos ecológicos y sociales que provocan esas actividades extractivistas. Y ni caigamos en la ingenuidad de creer que el vínculo entre minería y crimen organizado solo se da a nivel “informal”.
NO solo que estos y muchos otros sectores económicos han ganado millones en tiempos de la Constitución de Montecristi. También han manejado el poder político de una u otra forma. ¿O acaso la Constitución actual fue impedimento para tener primero a un presidente banquero y ahora a un presidente bananero? Y si vamos más atrás en el tiempo, la Constitución para nada impidió que en el correísmo –entonces en el poder– los grandes grupos económicos igualmente amasaran fortunas de forma abierta o tras bambalinas.
NO conformes con estos hechos, recordemos que el propio presidente Daniel Noboa anunció que la economía seguía creciendo y “no se detiene”, pese a las protestas vividas en septiembre y octubre de 2025 (como resultado de un torpe manejo político de la eliminación del subsidio al diésel). Asimismo, el Banco Central del Ecuador estima un crecimiento del PIB de 3,8% en 2025. De volverse real ese escenario “optimista”, se tendría una recuperación luego del desastre económico durante el oscuro año 2024 en el cual el PIB decreció. Es decir, con Constitución y todo, el discurso oficial es que la economía sigue creciendo…
NO hay consistencia en los mensajes, ¿verdad? Por un lado, dicen que la Constitución frena la economía, pero, por otro lado, dicen que la economía no se ha detenido y que seguirá expandiéndose en 2025. Por un lado, dicen que la Constitución frena la inversión, pero, por otro lado, olvidan que este país jamás ha sido atractivo para la inversión extranjera directa en general: entre 2000 y 2024 dicha inversión nunca ha representado más de 3% del PIB.
NO toda inversión se desmotiva, por cierto. Los capitales transnacionales –y sus serviles recaderos– buscan libertinaje total en sectores estratégicos (p.ej. minería, petróleo, energía, telecomunicaciones, puertos, en los que ya hay inversiones extranjeras) para transformar al país en un gran enclave minero y acceder a todos los yacimientos petroleros, como en su momento se intentó con el campo Sacha. Esos mismos personajes plantean, por ejemplo, que la declaración de “sectores estratégicos” es problemática, olvidando que estos sectores fueron incorporados en la Constitución de 1978 y serían desmontados en la Constitución neoliberal de 1998… Aquella Constitución que abrió la puerta al salvataje bancario. Además, si bien en la actual Constitución el Estado se reserva la explotación económica en sectores estratégicos (artículo 313), también se permite la delegación excepcional a empresas privadas (artículo 316); excepcionalidad que se transformó en la norma, cabría anotar… En todo caso, al menos la Constitución de Montecristi veta esa afrenta a la soberanía nacional disfrazada de arbitraje internacional, que además crea un desbalance en perjuicio de los empresarios nacionales.
NO demos más rodeos. A los contradictores de la Constitución de Montecristi no les interesa “la economía” en términos amplios. Lo que les interesa es “su economía”, lo cual es muy diferente. Lo que buscan es construir una suerte de país empresarial: económicamente liberalizado y aperturista a ultranza para hacer y deshacer como les venga en gana; privatizando todo lo posible, incluyendo la salud pública; con una seguridad jurídica empresarial que asegure el funcionamiento de esa economía y que permita mantener un Estado subsidiario, que sea el garante de la “paz” reprimiendo las expresiones de protesta.
NO es que la Constitución frene la economía, sino que frena –al menos parcialmente– las ambiciones extractivistas y privatizadoras, que aspiran a desmontar sus disposiciones sobre consultas ambientales e incluso populares. De perderse esas disposiciones, la inalienabilidad, inembargabilidad e indivisibilidad de los territorios indígenas pueden ser gravemente golpeadas, al igual que la administración y conservación de los recursos naturales, los páramos, las selvas y las fuentes de agua. El manejo de la tierra y del agua, cuyo acaparamiento se prohíbe en la Constitución de Montecristi (aunque ese tema ha sido irrespetado en todos los gobiernos) también puede ser serruchado en este empeño restaurador. Igualmente, muchas amenazas se ciernen sobre la economía popular y solidaria, especialmente en el mundo del cooperativismo.
NO estamos exagerando. Basta con ver cómo los actuales detractores de la Constitución pretenden derribar aquellas “barreras constitucionales” (derechos y garantías), que limitan su capacidad de firmar tratados de libre comercio a la maldita sea, sin importar los Derechos de la Naturaleza ni los derechos laborales (p.ej. reintroduciendo el trabajo por horas). Asimismo, estos personajes se han lanzado a cuestionar una serie de garantías como, por ejemplo, la gratuidad de la educación superior. Quien ha estudiado en una universidad pública sabe cuán importante es este tema al momento de buscarse una vida estable y con dignidad. Si se pierde ese derecho, ¿cuántas personas abandonarán sus estudios –y su futuro– quizá para siempre? Incluso pende como una espada de Damocles la amenaza de privatización de la seguridad social.
NO… no podemos poner en riesgo lo poco o mucho que se ha alcanzado desde que la Constitución de 2008 se aprobó en las urnas. Una Constitución que no surgió gracias a algún individuo en particular, sino que fue el resultado acumulado en especial de las luchas sociales posteriores al atraco bancario y al desastre neoliberal que expulsó a miles de ecuatorianos al exterior a inicios de los años 2000. Una Constitución que propone un proyecto de vida en común fundamentado en la justicia social y ecológica, hoy amenazado por varios grupos de poder que enfilan sus baterías en su contra y ahora buscan pescar a río revuelto, en medio de un giro autoritario que se extiende por diversas latitudes del mundo.
En
síntesis, NO podemos borrar aquello que
se consiguió desde el dolor y la lucha social… NO podemos regresar al
pasado…
Alberto Acosta – John Cajas-Guijarro: Economistas ecuatorianos; presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi y profesor universitario, respectivamente.
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