“En el Instituto Nacional, uno de los establecimientos donde más se ha aplicado esta normativa, existen 60 casos con resultado de expulsión o cancelación de matrícula desde 2019. En el Liceo 7, en un solo día, se activaron 60 protocolos, cifra que podría aumentar”
La directiva del Centro de Madres, Padres y Apoderados del Liceo 7 de Ñuñoa presentó un recurso de protección, acusando falta de debido proceso, criterios inconsistentes y afectación grave a la integridad y trayectoria educativa de las y los estudiantes.
La directiva del Centro General de Madres, Padres y Apoderados (CGMPA) del Liceo 7 de Ñuñoa alertó sobre la aplicación masiva de más de 60 medidas de Aula Segura y Protocolo 2 a estudiantes del establecimiento, decisión adoptada por el equipo directivo y el sostenedor —la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa— tras los hechos ocurridos el pasado 18 de noviembre.
Según la información proporcionada en el Consejo Escolar Extraordinario del miércoles 19, las medidas fueron aplicadas a toda la masa estudiantil presente en el patio durante el ingreso de un grupo de encapuchados al establecimiento, bajo el argumento de “apoyo” o “encubrimiento”. Sin embargo, la directiva del CGMPA denuncia que no existen antecedentes que justifiquen la sanción en una parte importante de los casos, afectando incluso a estudiantes que no participaron de los hechos, que estaban en otras dependencias del liceo o que actuaron para proteger a compañeros o funcionarios.
“Nos preocupa profundamente que se aplique la herramienta más dura del sistema escolar sin un proceso de investigación serio, individualizado y con debido proceso para cada estudiante”, señaló la directiva del CGMPA.
“La mayoría de los jóvenes sancionados no actuó como cómplice ni encubridor: muchos solo observaron lo ocurrido o se protegieron del peligro. Esto no puede transformarse en una medida disuasiva o de amedrentamiento”, agregaron.
Las dirigentes recordaron que Aula Segura es una medida excepcional, cuya aplicación debe basarse en faltas gravísimas y en evidencias claras y directas. “En el Instituto Nacional, uno de los establecimientos donde más se ha aplicado esta normativa, existen 60 casos con resultado de expulsión o cancelación de matrícula desde 2019. En el Liceo 7, en un solo día, se activaron 60 protocolos, cifra que podría aumentar”, subrayaron.
Asimismo, denunciaron que la apertura de estas medidas tiene consecuencias graves, entre ellas el riesgo de cancelación de matrícula, expulsión, afectación del historial, lo que vuelve aún más urgente garantizar criterios rigurosos y transparentes.
La directiva del CGMPA aclaró que rechaza categóricamente los hechos de violencia ocurridos el martes 18 de noviembre, aunque cuestiona el modo en que el establecimiento respondió: “No se puede enfrentar la violencia con más violencia institucional. La respuesta debe ser educativa, proporcional y ajustada a derecho. Levantar Aula Segura sin fundamentos sólidos genera daño psicológico, estigmatización y quiebres comunitarios difíciles de reparar”, indicaron.
La directiva del CGMPA informó que este jueves ingresó un recurso de protección ante la Corte, buscando detener la aplicación irregular de Aula Segura, exigir el respeto del debido proceso y establecer criterios claros, formativos y no punitivos en los procedimientos internos del liceo.
Recordaron que ya en julio pasado presentaron una acción judicial similar, la cual fue declarada admisible por la Corte Suprema, sentando un precedente sobre el uso indebido de esta herramienta.
La directiva finalizó llamando a la autoridad educativa a revisar los protocolos, garantizar que toda medida se aplique de manera proporcional y fundada, y a abrir instancias de diálogo real con estudiantes, docentes y apoderados, para reconstruir la convivencia escolar desde un enfoque pedagógico y comunitario.
Centro General de Madres, Padres y Apoderados – Liceo 7 de Ñuñoa