El ex negociador de Paz Camilo Gonzales Posso, cuya corta biografía pero larga carrera personal se puede consultar en https://es.wikipedia.org/wiki/Camilo_Gonz%C3%A1lez_Posso , alejado ya hace 4 meses de la consejería de paz del gobierno Petro, escribió recientemente un análisis sobre el momento actual del conflicto interno colombiano en su ONG Indepaz, que se puede consultar en https://indepaz.org.co/las-bombas-no-sirven-a-la-paz-ni-a-la-guerra/ y que dado su prestigio fue reproducida en varios portales de izquierda con la pretensión clara de servir como insumo a un debate o discusión seria sobre el momento actual del llamado conflicto colombiano.
En los nostálgicos años 70 en la Universidad Nacional, escuché los emotivos discursos que Camilo Gonzales Posso, nos daba a los estudiantes de “la base” a nombre de la corriente Trotskista que decía representar, sobre el movimiento estudiantil de la época enfrentado al gobierno represivo de Misael Pastrana impuesto fraudulentamente por Lleras Restrepo sobre Rojas Pinilla, y cuya argumentación “socialista” era rebatir los análisis que hacía la Juventud Comunista Juco, considerada demasiado tímida, cautelosa o “mamerta” ” ¡Ay! de la monja voladora y de la actual académica, cum laude, Cristinita de la Torre, que le hacían el coro griego.
Después en mi carrera profesional como médico en el ministerio de salud, cuando Navarro el comandante del M 19, lo nombró como ministro de salud (entre octubre de 1990 a 1992 durante el gobierno de Cesar Gaviria), todos allí supimos que había sido (como lo dice la biografía en internet) un merecido reconocimiento a su trabajo como “asesor del comandante Carlos Pizarro en el proceso de paz de 1990 y por su desempeño en la negociación del acuerdo sobre la Constituyente de 1991”. Más que merecido, digo yo, para ser ministro y todavía más que ingeniero para hacerle la re-ingeniería a la salud de los colombianos.
Desde mediados de los años 80 y después de quema del Palacio de Justicia en Bogotá, se sabía del origen Rojaspinillista del grupo armado M19, se rumoraba sobre la financiación de Pablo Escobar sobre la terrible parrillada que lesionó fatalmente el gobierno pacifista de Belisario Betancur, pero no se conocía todavía en forma clara el neoliberalismo embozado del M19, ni su claro giro anticomunista hacia la moderna contrainsurgencia.
Mi cabello se lo llevó el viento del trabajo, y, según lo leído, Camilo continuó su carrera como “negociador eficiente de conflictos”, prestando sus altos servicios al Estado en los varios intentos de paz o mejor de solución al complejo conflicto interno colombiano, hasta ser nombrado en julio de 2023 por el presidente Petro, como coordinador de la delegación del Gobierno en la mesa de negociación con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes post-Farc, conocidas como disidencias agrupadas por alias Calarcá; cargo al que renunció en julio de 2025, para regresar a sus labores en la ONG Indepaz que dirige, en donde ha escrito varios documentos analíticos, entre ellos, el citado arriba sobre las bombas que han puesto en evidencia la vieja tendencia de la guerra contrainsurgente y anticomunista predominante en Colombia, desatada con todo furor por los aparatos de Coerción del Estado desde la ruptura de la tregua de Belisario Betancur, la quema del Palacio de Justicia, el genocidio anticomunista de la Unión Patriótica, todo sepultado bajo el lodo de la avalancha de Armero y la constitución de 1991 negociada por el profesor Gonzales Posso. Artículo cuyos puntos centrales voy a comentar o acotar en extenso:
Primero El «dejá vu” (galicismo del profesor) para referirse a los bombardeos contrainsurgentes, de vieja data, sobre campamentos guerrilleros retomados por el gobierno de Petro, el más reciente en el Guaviare, para dar de baja o neutralizar a un objetivo de alto valor como Iván Lozada alias mordisco y que evaporó literalmente una docena de adolescentes, generando un escándalo en la opinión pública mundial. Descrito así:
…” El retorno a los bombardeos (justificados bajo narrativas de combate contra narcotraficantes armados) profundiza una tensión crítica: se niega la existencia de conflictos armados, pero al mismo tiempo se invoca el DIH para legitimar acciones que desconocen obligaciones. Además, hoy los grupos armados ya no operan como estructuras convencionales con campamentos estables, sino como estructuras tácticas, móviles y fragmentadas, que hacen uso de tecnología, comunicación digital y nuevas armas -incluidos drones- para evitar enfrentamientos directos y maximizar su capacidad de daño. En este escenario, los bombardeos no solo resultan desproporcionados, sino también ineficaces y contraproducentes, pues no responden a las dinámicas reales de la confrontación, a la imbricación de armados entre la población y a la presencia permanente de menores de 18 años en las unidades de los grupos armados” …
Segundo. El “galimatías” contrainsurgente, también de vieja data, del Consenso anticomunista del Estado, de pretender despojar (legalmente y por decretos) de cualquier connotación política a la larga resistencia popular contra el Terror del Estado, desatada con igual furor desde la ejecución extrajudicial de J E Gaitán en 1948, y que originó el conflicto interno colombiano. Tendencia analizada desde hace varios años y en múltiples ocasiones por profesores y politólogos como Francisco Tolosa, Sergio de Zubiría o Jairo Estada, que busca por todos los medios igualar a grupos estatales narco paramilitares con grupos guerrilleros que de alguna manera se enfrentan políticamente con el Estado, y, que ha llevado al presidente Petro en su babosa labia al extremo de decir públicamente que la guerrilla colombiana cambió la sotana del cura Camilo por el sombrero de Pablo Escobar:
…” Pero en la situación actual hay varias preguntas adicionales que muestran el galimatías que han formado quienes acuden al DIH para justificar bombardeos. Autoridades civiles y militares dicen en estos días que en Colombia ya no hay guerrillas y que todos los grupos armados persistentes son “traquetos”, instrumentos del narcotráfico y de carteles transnacionales.
En ocasiones los que meten todos los grupos armados en un mismo costal como narcotraficantes y crimen organizado han hecho extensiva esa calificación desde el Clan del Golfo a todas las disidencias, y al ELN.
En esos discursos no se ha aclarado si la política de seguridad y lucha contra GAOs se continúa alineando con la ley 2272/2022 que reconoce una situación de conflicto armado (o de conflictos armados subnacionales) en la cual persisten grupos armados organizados de diverso carácter, unos potenciales participantes de diálogos y acuerdos de paz y otros no políticos y posibles participantes en conversaciones de sometimiento a la ley. De unos y otros se dice en la ley y en sentencias de la Corte Constitucional que, “bajo la dirección de un mando responsable, ejercen sobre una parte de dicho territorio (dentro de un país o parte contratante) un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”.
Tercero: El Consenso institucional o estatal contrainsurgente sobre la NEGACIÓN del histórico conflicto social y armado colombiano, que busca voltear la guerra contrainsurgente reciclada y el caos controlado de enfrentamiento entre los diversos grupos armados con el fin de ahorrar tropa y evitar bajas dentro de las filas del ejército constitucional y sus narco paramilitares oficiales, convirtiéndola en la guerra contra las drogas continental “War on Drugs” que adelanta la potencia colonial estadounidense en recuperación, y que el profesor presenta maquillada de la siguiente manera: “En medio de tantos interrogantes quienes niegan que hay conflictos armados internos persistentes en Colombia se acercan a la definición de guerra contra el narcotráfico y sus apoyos nacionales y transnacionales. Y curiosamente guerra con uso de armas de alta capacidad de destrucción como las bombas”.
Cuarto: Sobre la estrategia militarista de dar de baja a objetivos guerrilleros de alto valor estratégico con armas de alto impacto (Ay de Raúl Reyes, Jojoy, Iván Ríos, Alfonso Cano, etc) y que constituye otro objetivo estratégico contrainsurgente que persiste como una rémora, impuesta desde el exterior, desde hace varios años dentro no solo del Estado sino también dentro del actual gobierno. El profesor dice lo siguiente: “la obsesión por los objetivos de alto valor y por mostrar “neutralizaciones” lleva a oscurecer los objetivos de la seguridad y a reencauchar con nuevos argumentos la fracasada “guerra contra el narcotráfico”, debilitando las estrategias para el desmonte de grupos armados irregulares y para un avance en la construcción de paz y superación de violencias”.
Quinto. Es destacable por lo novedoso; las menciones al DIH (derecho internacional humanitario), al desmantelamiento de grupos armados neo mafiosos, cuasi rebeldes y paramilitares, que no tienen nada que ver con el para-ejército narco paramilitar (la V división del ejército según Human Right Watch), o con los ejércitos guerrilleros que llegaron al Caguán, y muestra la evolución contrainsurgente, el fraccionamiento, la derrota y el reciclaje que se ha producido en las resistencias populares después del “conejo” o burla del Acuerdo de la Habana 2016:
…” Pero, más acá de estas elucubraciones sobre la utilización del DIH para justificar el uso de armas de alto impacto fatal contra personas armadas, que serían “combatientes” del narcotráfico, está la poca efectividad de los bombardeos para el desmantelamiento de grupos armados como los neo-mafiosos, post Farc y cuasi rebeldes que proliferan en regiones de Colombia.
No se trata de ejércitos paramilitares como los que existieron en el periodo crítico de guerras en Colombia, ni tampoco de ejércitos guerrilleros semejantes a lo que fueron las FARC. En su estructura y formas de acción esas organizaciones armadas han pasado a ser redes en su mayoría camufladas entre la población civil, que funcionan en pequeñas unidades, muchas operan por medio de sicarios para operaciones especiales de agresión a civiles y otras son más milicias o bandas articuladas. Solo una parte de esas organizaciones, y no precisamente en donde se encuentran los jefes y determinantes, actúan en unidades armadas desde campamentos estables.
Tampoco es propio de las neo-mafias, ni de las organizaciones post FARC hacer operaciones sostenidas o campañas contra la fuerza pública: su objetivo central no es la confrontación con las fuerzas armadas del Estado como camino para la toma del poder central. Las neo-mafias buscan incrustarse en las instituciones existentes y capturar unas o entronizar la corrupción. Los grupos híbridos post FARC y el ELN pretenden reproducirse en poderes subregionales, micro-paraestados, y en captura de rentas con varias fuentes de economías legales e ilegales. Se enfrentan entre sí o con la fuerza pública en la disputa por territorios, control de poblaciones y por fines de lucro. Para esos propósitos no necesitan estructuras de ejércitos ni similares a las guerrillas tradicionales” ….
Sexto El profesor Gonzales Posso, obviamente en todo su escrito evita tocar el tema esencial contrainsurgente y neoliberal de la Constitución del 91, que él personalmente ayudó no solo a consensuar sino a implementar desde los altos cargos de representación política en el Estado que ostentó, y que el gobierno de Petro prolonga como lastre , a pesar de su demagogia de la Paz total fracasada, de la cual el profesor Gonzales Posso se retira muy estratégicamente al ver su fracaso; presentándonos en el epílogo de su escrito una realidad del conflicto completamente pulverizada, caótica, despotizada, de neo mafias enfrentadas entre sí, a las que se debe doblegar por otros medios menos escandalosos que los bombardeos contra adolescentes refugiados y concentrados en campamentos guerrilleros, que constituyen el blanco ideal para evaporar y generar más terror estatal y más víctimas de las que se han producido hasta ahora. Realidad que, según su sugerencia, deberá resolver el próximo gobierno:
…” Estas sugerencias de interpretación de las características de los grupos armados irregulares persistentes en Colombia llevan a mostrar que los bombardeos no tienen eficacia en el combate que debe hacerles el Estado. En realidad, esos bombardeos tienen impactos negativos que desdibujan las intenciones de control territorial y de alianza con la población.
Llegar a territorio en situación crítica por presencia de grupos armados, como al Cauca, Nariño, Putumayo, áreas de la frontera amazónica, Catatumbo, Arauca, Guajira, Chocó o Antioquia con la amenaza de bombardeos o con la ejecución de algunos para la guerra sicológica, puede ser muy contraproducente por muchas razones que llevan a colocar a la población contra el gobierno. Han esperado los beneficios sociales, económicos y de seguridad de la Paz Total y en la recta final del gobierno del Cambio, cuando han sido parciales o insuficientes las transformaciones, la nueva receta es más ofensiva militar y noticias de bombas.
Esa obsesión por los objetivos de alto valor y por mostrar “neutralizaciones” lleva a oscurecer los objetivos de la seguridad, a reencauchar con nuevos argumentos la fracasada “guerra contra el narcotráfico”, a debilitar las estrategias para el desmonte de grupos armados irregulares y para un avance en la construcción de paz y superación de violencias”.
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