La plataforma València pels Drets de les persones Immigrades, integrada por más de 40 organizaciones y colectivos, ha convocado una manifestación en Valencia, el 18 de diciembre, para reivindicar tres derechos básicos: vivienda, padrón y regularización; la marcha llegará hasta el CIE de Zapadores, donde la Campaña por el Cierre de los CIE en Valencia organiza -el último martes de cada mes, desde hace más de una década- una concentración para exigir su cierre.
La situación de la ciudad aparece reflejada en el tercer balance anual Discriminación cotidiana por racismo y xenofobia en Valencia, presentado el 9 de diciembre en la Facultad de Derecho de la Universitat de València (UV); el informe, que da cuenta de las prácticas institucionales que marginan a las personas migrantes, fue elaborado por la Campaña CIE No; CEAR-PV; Convive Fundación Cepaim; Elche Acoge; Movimiento Por la Paz; Regularización Ya; Unidad Móvil de Atención a Personas Migrantes; AIPHYC; Asociación Rumiñahui y València Acull.
“El padrón es uno de los ámbitos de mayor discriminación institucional”, subraya el informe de las ONG; este registro administrativo permite acceder a la escolarización de la infancia, a prestaciones sociales, la tarjeta sanitaria o acreditar el periodo de residencia en el estado español para regularizar la situación administrativa.
En el caso de las personas migrantes, principalmente las que se hallan en exclusión residencial, “el procedimiento para poder empadronarse acaba convirtiéndose en una continua odisea de abusos y vulneraciones”, critican las ONG; se imputa la responsabilidad de que esto ocurra a la Administración, que incumple los Protocolos, o en ocasiones “los Protocolos constituyen en sí una vulneración”; asimismo, se responsabiliza a quienes cobran sumas elevadas por empadronar a personas migrantes en viviendas hacinadas y con deficientes condiciones de habitabilidad.
Las organizaciones recuerdan que, en septiembre de 2024, debido a la presión de los colectivos, el Síndic de Greuges (defensor del pueblo) del País Valenciano inició una investigación de oficio al Ayuntamiento de Valencia por la denegación del alta en el Padrón Municipal a personas afectadas por situaciones de infravivienda o el sinhogarismo.
Precisamente otro apartado del informe está dedicado a la exclusión residencial y personas sin techo; las organizaciones destacan la responsabilidad del Ayuntamiento de Valencia -gobernado por el PP en coalición con Vox- en la expulsión, el pasado 11 de mayo, de personas sin techo que malvivían en los jardines del río Turia (el 25 de marzo falleció una persona sin techo que pernoctaba en los asentamientos de los citados jardines); en junio, una investigación del Síndic de Greuges concluyó que se daba una grave carencia de plazas en los albergues municipales.
En el mismo capítulo, el balance resalta los abusos de derechos hacia las personas migrantes perpetrado por empresas de desocupación de viviendas, como Nación8Desokupa; “llegó a obligar a dos hombres senegaleses de avanzada edad a enseñarles su documentación y firmar un acuerdo de salida de la vivienda bajo amenazas”, denuncian los colectivos.
Entre las barreras a las que se enfrenta la población migrante, se halla el acceso al procedimiento de asilo; una parte de las dificultades radica en las citas, tanto para solicitar asilo como para renovar los permisos de trabajo y residencia; destacan, en este apartado, problemas como el colapso de la página Web o la existencia de un mercado ilegal de citas (se puede llegar al pago de más de 1.000 euros).
Además, la falta de disponibilidad de citas puede dar lugar a otros impedimentos, constatados en la práctica por las ONG; como la suspensión temporal de un contrato laboral por parte de la empresa (con la consiguiente pérdida de ingresos del trabajador), porque la persona empleada no ha podido renovar la documentación; trabajadores de la hostelería informaron de las advertencias de despido por el empleador, si no se presentaba una tarjeta de residencia renovada.
Las malas prácticas de la policía ocupan, asimismo, un lugar en el informe; el reporte señala denuncias por “abusos y arbitrariedades contra la población migrante; tenemos constancia de situaciones en que las víctimas -sobre todo si están en situación administrativa irregular- no se han atrevido a denunciar por temor a represalias y porque son conscientes de que prevalece la versión de la policía”.
Uno de los casos reportados tuvo lugar el pasado 17 de mayo, en Valencia; miembros de una familia colombiana fueron objeto de una agresión policial: una mujer por negarse a la identificación y el resto de personas cuando acudieron a preguntar qué ocurría; se denunciaron golpes -también en la comisaría-, detenciones e insultos racistas por parte de los efectivos policiales; cerca de 60 colectivos sociales condenaron la “brutal” acometida.
Otra de las irregularidades policiales señaladas hace referencia al procedimiento de asilo; y, en concreto, a la práctica policial de “estampar” en el pasaporte de personas migrantes -que han visto denegada su demanda de asilo- la obligación de abandonar el estado español en 15 días.
Sin embargo, añade el balance de las ONG, de esta manera se elude la posibilidad de interponer un recurso administrativo de reposición “solicitando medida cautelar y de esta forma se mantienen los derechos como solicitante de asilo y, consecuentemente, pueden continuar en el país”.
Además de exhortar a una mayor formación de las fuerzas policiales en materia de Derechos Humanos, el informe Discriminación cotidiana por racismo y xenofobia se aproxima a la situación del CIE de Zapadores, definido como una “cárcel racista”.
El primer cuestionamiento remite a la coherencia entre los fines y medios de estos centros de reclusión; el Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de los CIE, de 2014, establece que el objetivo de los CIE es garantizar la expulsión, devolución o regreso de las personas migrantes en función de lo previsto por la Ley de Extranjería.
Pero las organizaciones sociales recuerdan que -entre 2021 y 2024, según fuentes oficiales- sólo el 11% de las expulsiones/devoluciones en el estado español se ejecutaron desde los CIE.
“Todas las personas encerradas en Zapadores siguen sufriendo deficiencias en los servicios (mala alimentación, atención médica limitada, inexistencia de atención psicológica) y, a menudo, un trato deshumanizado por parte de la policía”, concluye el documento, que se aproxima también a la discriminación por racismo en la sanidad, el ámbito laboral, la educación o con motivo de la DANA.
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