Defiende la Reforma del Impuesto a las Grandes Fortunas, aumentar la progresividad en los tipos a las rentas del capital y una tributación mínima del 20% al resultado contable de las empresas
¿Cómo evoluciona la fortuna de los multimillonarios del estado español? Su patrimonio aumentó un 21,5% en 2025, hasta alcanzar los 213.100 millones de dólares, detalla el informe Billionaire Ambitions-2025 del banco suizo UBS; el número de ultrarricos españoles ha pasado de ocho a 32; entre los capitales que crecieron, figura el del principal accionista de la multinacional Inditex, Amancio Ortega.
El informe Las brechas salariales de las grandes empresas, publicado por OXFAM Intermón, apunta que en 2024 el primer ejecutivo del Banco Santander ganó 367 veces el salario medio de la entidad financiera; 347 veces en el caso de CIE Automotive y 196 veces en Inditex; el promedio de las 40 empresas analizadas es de 89 veces.
Además, la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (febrero de 2026) señala que el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social se situó en el 25,7% en 2025; en Andalucía se alcanzó el 34,7%, en Castilla-La Mancha el 34% y el 32,5% en Murcia. Se da la circunstancia que, en el caso de los menores de 16 años, el dato de riesgo de pobreza o exclusión social se acerca al 34%.
Son tal vez algunas coordenadas en las que podrían ubicarse las Propuestas para una reforma fiscal justa, presentadas por Izquierda Unida (IU) con el subtítulo de Hacia la suficiencia, la equidad y la lucha contra el fraude.
El conjunto de medidas permitiría recaudar anualmente, según Izquierda Unida, 111.000 millones de euros adicionales (el 7% del PIB); la propuesta fue presentada en noviembre por el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, y el doctor en Economía y miembro de la organización, Carlos Sánchez Mato.
El documento subraya la necesidad “urgente” de una reforma fiscal; entre otras razones, por los datos comparativos de la presión fiscal detallados en la estadística de Eurostat: 41,2% del PIB en la Eurozona entre 2019 y 2024, frente al 37,1% en el estado español durante el mismo periodo.
“Si España hubiese recaudado durante los últimos 25 años el 40,6% del PIB como la media de la Eurozona, se habrían obtenido 1,46 billones de euros adicionales, un 16% más”, argumenta IU (la presión fiscal en 2024 en Dinamarca, Francia y Bélgica fue superior al 45% del PIB).
Otro punto destacado en el diagnóstico es el peso de los diferentes tributos; según los datos de la Agencia Tributaria, la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) aumentó un 77,8% entre 2007 y 2024; la del IVA, un 62% durante el mismo periodo, mientras que la recaudación por la vía del Impuesto de Sociedades -que grava los beneficios de las empresas- se redujo un 12,8%.
La recaudación tributaria en el estado español por IRPF en 2024 sumó 133.443 millones de euros; 90.541 millones en concepto de IVA y 39.096 millones por el Impuesto de Sociedades.
Además, el tipo medio efectivo del Impuesto de Sociedades sobre resultado contable positivo pasó del 22% en 2000 al 10,8% en 2024.
En apartado de las alternativas, el documento de IU plantea la reforma de una parte de la tributación existente; el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas grava sólo los patrimonios netos que superen los 3 millones de euros; en 2024, recaudó cerca de 40 millones de euros.
La reforma del Impuesto a las Grandes Fortunas obligaría a su presentación a los patrimonios netos (descontadas deudas) superiores a 1 millón de euros; la aplicación de una escala progresiva en este impuesto produciría una recaudación adicional de 11.415 millones de euros a las arcas públicas.
Otra de las propuestas es la modificación del tipo impositivo actual sobre los depósitos bancarios, del 0,03%, que llegaría al 1%.
Por otra parte, además de eliminar los topes máximos de cotización a la Seguridad Social, también para aumentar la recaudación, se plantea en el IRPF un aumento de la progresividad de las rentas del trabajo: entre 200.000 y 300.000 euros se gravarían a un tipo marginal del 26%; además, en el tramo 300.000-600.000 euros estaría gravado a un tipo marginal estatal del 28% (actualmente se halla en el 24,5%); y a partir de los 600.000 euros, el tipo marginal estatal se situaría en el 30%.
Asimismo IU propone un incremento de la progresividad en los tipos para las rentas del capital; por ejemplo, en los rendimientos superiores a los 300.000 euros anuales, el promedio en la escala estatal pasaría del 14% al 20%.
Otro punto relevante del documento es la eliminación de las deducciones a los planes de pensiones privados; se trata de deducciones regresivas: “Mientras que los ciudadanos con una renta inferior a los 30.000 euros se benefician del 29,3% de las reducciones fiscales, los que ganan a partir de 60.000 euros disfrutan del 70,7% de las mismas”.
En cuanto al Impuesto de Sociedades, se ha producido una caída notable de la recaudación -en relación con la riqueza, medida en términos de PIB- desde 2007; el tipo efectivo medio de las 26 multinacionales españolas que menos porcentaje pagaron en 2021 fue el 2,9%; entre las propuestas del informe figura la implantación de una tributación mínima del 20% del resultado contable de las empresas, y no de la base imponible.
A ello se agregarían medidas como la eliminación de beneficios fiscales a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), sociedades de alquiler de viviendas y sociedades de inversión.
Asimismo, en línea con la propuesta del economista James Tobin -seguida por colectivos como ATTAC-, Izquierda Unida aboga por fortalecer la imposición a las transacciones financieras; en concreto, “gravar no sólo la compra de acciones, sino también los derivados financieros con un 0,3%”.
Uno de los apartados destacados del informe es el dedicado a las nuevas figuras tributarias; así, en relación con la fiscalidad ecológica, Izquierda Unida plantea un Impuesto sobre Actividades Extractivas Mineras, que podría recaudar más de 470 millones de euros anuales; un Impuesto sobre el Carbono; y la reforma de la imposición sobre hidrocarburos, con la igualación de los tipos para la gasolina y el diésel.
La propuesta de reforma fiscal incluye un Impuesto a las Grandes Herencias -“con un esquema similar al de las grandes fortunas”-, que impida las exenciones a herencias y donaciones por encima de 1 millón de euros; asimismo, formula la idea de un mínimo y máximo estatal de las deducciones, bonificaciones y exenciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con el fin de evitar la competencia fiscal entre autonomías; a este gravamen se añadiría otro, a las Grandes Propiedades Inmobiliarias.
Las medidas mencionadas tendrían que complementarse, según el documento de IU, con la lucha contra el fraude; el Estado español dejó de recaudar 30.000 millones de euros entre 2016 y 2021 por la elusión fiscal de las grandes corporaciones, según el informe State of Tax Justice-2025 de la organización Tax Justice Network.
En este contexto, una de las iniciativas planteadas es equiparar en seis años la plantilla de la Agencia Tributaria estatal a la media de los países europeos; asimismo, igualar el plazo de prescripción tributaria y penal a cinco años (en el caso de los delitos fiscales agravados la prescripción se produce a los 10 años); IU defiende también al coordinación entre la Agencia Tributaria estatal y las administraciones tributarias autonómicas.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.