Segunda Paradoja: Humanismo militarista
En el primer artículo de esta serie analizamos cómo el progresismo, lejos de erosionar el orden neoliberal, terminó por absorber la energía social que lo impulsó, estatizando la protesta en un proceso de revolución pasiva que neutraliza a los actores que antes operaban como contrapoder. Sin embargo, esa absorción estatal tiene un límite. Cuando el Estado se enfrenta a sectores de la población que no pueden ser incorporados mediante la gramática de los derechos y las reformas, emerge una segunda paradoja que se despliega en el plano territorial y securitario.
En ese terreno, la contradicción entre discurso y práctica alcanza niveles de crudeza difícilmente previsibles para quienes depositaron sus esperanzas en un gobierno que se presentaba como humanista y defensor de la vida. El diseño efectivo de la política territorial y de seguridad ha terminado respondiendo a una reactivación doctrinaria del orden contrainsurgente, articulada al imperialismo del dólar, a la gobernanza antidrogas y al régimen internacional de prohibición.
Operaciones como Perseo condensan esta tensión de manera ejemplar, lo que se anuncia como seguridad humana, protección de los territorios o recuperación integral se traduce, en la práctica, en la militarización de enclaves cocaleros, la reactivación de bombardeos incluso en contextos con presencia de menores, el reforzamiento de la gramática GAO y GAOR que despolitiza la conflictividad social, la excepcionalidad permanente y la subordinación a la agenda de contención regional estadounidense.
Esta es la paradoja que nos proponemos explorar en este segundo artículo, un humanismo que, al integrarse a la arquitectura securitaria, termina operando como humanismo armado; una política de la vida que se despliega mediante tecnologías de muerte selectiva.
La Política de la Vida como Tecnología de Muerte
La llamada Paz Total que aspiraba a abrir un ciclo de transformaciones mediante acuerdos territoriales y reformas graduales terminó atrapada en una trama de fuerzas que no solo la limitaron desde fuera sino que la reconfiguraron desde dentro. La arquitectura del dólar y la deuda estrecha el margen soberano de cualquier gobierno periférico y somete la política pública a una racionalidad financiera que tolera reformas siempre que no alteren la conducción de la acumulación, mientras la presión militar norteamericana recoloca a Colombia dentro de una gramática amigo enemigo que convierte la seguridad en principio rector de la gobernabilidad. A ello se suma el comportamiento de las élites locales que apoyaron la transición solo en la medida en que podían absorberla y neutralizar su potencial redistributivo. Sin embargo, estas constricciones no operan únicamente como imposiciones externas, pues el progresismo mismo termina asumiendo un papel activo como gestor del orden que prometía disputar, administrando el conflicto para estabilizar el modelo antes que desbordarlo, convirtiendo su legitimidad ética en un recurso para aplicar coerción con menor costo político y transformando el horizonte de la paz en una tecnología de gobierno del descontento.
Cuando estos vectores se articulan, la política progresista se desplaza hacia una lógica que Gramsci permitiría leer como guerra de movimiento desde arriba, con operaciones rápidas, golpes mediáticos, control de corredores estratégicos y ocupación territorial que buscan producir efectos de autoridad en ausencia de una hegemonía social transformadora. En lugar de modificar las bases materiales del conflicto, de intervenir las economías rurales precarizadas o de disputar la arquitectura financiera que reproduce la dependencia, el Estado opta por administrar el territorio mediante demostraciones de fuerza que sustituyen la política por la espectacularidad de la intervención militar. Se consolida así un modo de gobierno que actúa sobre el espacio sin gobernar realmente a las poblaciones que lo habitan, que coacciona sin dirigir un proyecto de vida colectiva, que ocupa sin transformar las condiciones que hacen del territorio un lugar de expulsión y muerte.
Esta dinámica quizá no pueda leerse solo como una deriva securitaria, pues la guerra cumple además una función productiva en la reconfiguración económica del espacio. La militarización no se limita a contener actores armados ilegales, sino que prepara el territorio para su inserción en circuitos legales de acumulación, ordena poblaciones, despeja corredores, disciplina formas de vida y vuelve compatibles regiones enteras con proyectos extractivos, infraestructurales y logísticos que requieren estabilidad armada para operar. La violencia no aparece entonces como una anomalía del sistema sino como una de sus condiciones de posibilidad, en la medida en que la pacificación entendida como control militar permanente permite la expansión de la economía legal al mismo tiempo que convive con economías ilegales que alimentan la reproducción del orden. La guerra deviene una tecnología de producción de espacio económico, una forma de ordenar geográficamente la vida y la muerte según su utilidad para la acumulación.
En este marco, el ejercicio de la soberanía adopta rasgos que pueden pensarse con categorías como la necropolítica, no solo porque el poder decide quién puede vivir y quién puede morir, sino porque distribuye diferencialmente la protección y el abandono según la posición territorial y social de los cuerpos. La muerte de jóvenes en contextos de bombardeo no es un exceso táctico ni un error de cálculo, sino la manifestación de una racionalidad que gestiona la letalidad como variable de gobierno y que convierte a las periferias en zonas donde la vida es siempre condicional. La naturalización pública de estas muertes no solo legitima la violencia, sino que educa la sensibilidad social para tolerar la eliminación de ciertos cuerpos como costo aceptable de la estabilidad, consolidando una ética diferencial de la compasión en la que algunas vidas merecen duelo y otras apenas registro estadístico.
Este humanismo securitario que dice proteger la vida mientras administra la muerte no es una contradicción accidental, sino la forma contemporánea del Estado contrainsurgente integral en el que consenso y coerción se ensamblan bajo la racionalidad de la deuda, la guerra contra las drogas y la estabilización territorial para la acumulación. En este punto, el Estado se vuelve paradójicamente más presente allí donde es políticamente más ausente, pues su presencia se expresa sobre todo como fuerza armada, control y ocupación, mientras su ausencia se manifiesta en la falta de proyectos sociales, de instituciones capaces de sostener la vida y de horizontes de futuro que no estén organizados por la guerra. Hay territorio controlado sin ciudadanía producida, hay presencia militar sin comunidad política, hay soberanía que se ejerce como violencia pero no como cuidado, y en esa fractura se reproduce una forma de gobernabilidad que necesita territorios pacificados sin necesidad de pueblos verdaderamente gobernados.
Esta segunda paradoja nos confronta con la necesidad de recurrir a categorías analíticas que desbordan el marco tradicional de la ciencia política para comprender fenómenos que esta no alcanza a nombrar. Quizá algunos de los conceptos necesiten un mayor grado de profundización y reflexión, sin embargo, quedan aquí puestos en escena para intentar dar algunas luces a posibles meditaciones.
Ahora, esta administración de la muerte no ocurre en el vacío geopolítico, sino que está determinada por las coordenadas que el imperio traza para sus satélites. Esa dimensión nos conduce a una tercera paradoja: la relación entre la autonomía discursiva y la subordinación real, el misterioso mecanismo por el cual la retórica antiimperialista termina alimentando los mismos dispositivos de dependencia que dice combatir. De ello nos ocuparemos en el próximo artículo.
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