El tema ha salido a la luz pública a partir del discurso del candidato de izquierda Iván Cepeda en una concentración en el Parque de Berrío de Medellín, el 12 de febrero de 2026. Luego de reconocer el aporte económico y cultural de Antioquia en la historia nacional, Cepeda señaló que esa región había sido cuna del paramilitarismo y del narcotráfico[1]…y ahí fue troya.
Sectores de la élite antioqueña se indignaron y por medio de sus voceros en la Asamblea Departamental, 14 de 26 diputados, aprobaron un comunicado en el que
“Declara persona no grata en el departamento de Antioquia al señor Iván Cepeda Castro, candidato presidencial del Pacto Histórico, en razón de sus expresiones generalizantes que, a juicio de esta corporación, estigmatizan de manera injusta al departamento y sus habitantes”[2].
Ese sector de la élite antioqueña ha perdido el sentido de la realidad. Grupos de limpieza social existían en Medellín desde, por lo menos, la década de 1970. A delincuentes, habitantes de calle, prostitutas y homosexuales, “les daban el paseo”: procedimiento clandestino por medio del cual los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, “presuntamente”, torturaban y asesinaban impunemente, adoptando nombres como “Amor por Medellín” o “Majaca” (Muerte a jaladores de carros). La prensa local tiene innumerables registros al respecto.
Pero hablando de paramilitarismo y narcotráfico, fue en Medellín, a comienzos de 1982, que un grupo de narcos fundó la temida organización “Muerte a Secuestradores – MAS”, nombre que se convirtió en franquicia por todo el país. En el segundo lustro de la década de 1980, regiones de Antioquia y su capital fueron estremecidos por una oleada de masacres y asesinatos selectivos. La lista ocuparía varias cuartillas, pero cayeron jueces, sindicalistas, líderes de izquierda, senadores, diputados, concejales, un ex alcalde Medellín, un gobernador de Antioquia, un Procurador General de la Nación; campesinos, obreros y pobladores fueron asesinados por docenas en cada episodio. El mundialmente conocido “Cartel de Medellín” no tuvo su asiento en otra ciudad, Pablo Escobar su líder y los más temidos jefes paramilitares, los hermanos Castaño Gil, todos antioqueños.
Reputadas entidades que han estudiado el conflicto colombiano, como el Centro Nacional de Memoria Histórica, Indepaz, el portal Verdad Abierta, entre muchos, coinciden en que Antioquia ocupa el primer lugar en masacres, desaparecidos, falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales), entre otros. Pero la hipocresía y doble moral de ese sector de la élite antioqueña se empeña en mostrar una imagen que no es cierta. Pierden la objetividad, es algo que está de moda, Benjamín Netanyahu considera a su ejército “el más moral del mundo”.
El 28 de marzo Cepeda volvió a Medellín y ante una multitud mayor que la del 12 de febrero, esta vez en el Parque San Antonio, ratificó lo dicho. Pero, cuáles son las raíces de ese particular comportamiento de algunas élites antioqueñas, hay que buscarlas en la historia. Al respecto, en diciembre de 2024, escribí un artículo que cae como anillo al dedo. Fue publicado en la revista “Derecho y Realidad” de la UPTC. Lo dejo para ilustrar el debate.
PAZ TOTAL, ÉLITES Y GRUPOS ARMADOS EN ANTIOQUIA
Por: Jaime Jiménez – diciembre de 2024
La Paz Total como política pública del actual Presidente Gustavo Petro ha sido uno de sus propósitos más loables. Estableció sus lineamientos en la Ley 2272, del 4 de noviembre de 2022, la cual “[…] define la política de Paz de Estado, se crea el Servicio Social para la Paz, y se dictan otras disposiciones”. El art. 3 dice: “El Estado propenderá por el establecimiento de un orden social justo que asegure la convivencia pacífica, la protección de la naturaleza y de los derechos y libertades de las personas, con enfoque diferencial y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados, tendientes a lograr condiciones de igualdad real y a proveer a todos de las mismas oportunidades para su adecuado desarrollo, el de su familia y su grupo social”.
La Paz Total de Petro ha tenido que sortear poderosos opositores, debido a que hay sectores interesados en prolongar el conflicto indefinidamente: se enriquecen con la guerra y la debilidad del Estado. En Antioquia, una buena parte de sus élites entorpecen y hasta sabotean el proyecto de gobierno del actual presidente. Es pertinente hacer una breve reseña para entender las profundas raíces culturales y económicas que determinan la actual postura de los paisas adversos a Petro.
- La élite conservadora antioqueña: sinuosa y tramposa desde los orígenes
La anterior aseveración no es exclusiva de la élite antioqueña, podría decirse que la totalidad de las clases dominantes en Colombia cumplen esa caracterización, sólo que en este caso se pondrá la lupa en los que han mandado en ese trozo de los andes colombianos.
Desde los primeros años de la república la élite antioqueña fue protagónica en la vida política nacional. Durante la Independencia apoyó la campaña libertadora más que el resto de los adinerados de otras regiones, por ejemplo, en 1823 el gobierno necesitaba 500.000 pesos y solicitó a los comerciantes de Bogotá un préstamo por 40.000 pesos: los bogotanos facilitaron 3.000 pesos, mientras que una sola firma antioqueña, Arrubla&Montoya, facilitó 50.000 pesos[3].
Reacia a acatar las reglas de juego del proyecto centralizador bolivariano, participó activamente en la Conspiración Septembrina en 1828; parte de los que no fueron detenidos después del intento de magnicidio al Libertador se fugaron a Antioquia, entre ellos el cundinamarqués Mariano Ospina Rodríguez, proto conservador artífice de levantamientos subversivos y violaciones a la Constitución desde los altos cargos que ostentó. A Francisco de Paula Santander, uno de los autores intelectuales de la Conspiración, Bolívar le perdonó la vida y lo condenó al destierro; estando en Nueva York recibió dinero para su manutención de parte de los exgobernadores de Antioquia Francisco y José Manuel Montoya[4].
Ospina se opuso violentamente a la abolición de la esclavitud en la Guerra Civil de 1851, la norma abolicionista había sido ordenada por la Constitución de 1821. Siendo presidente de la Confederación Granadina (nombre de Colombia en aquel entonces) en 1859 desconoció el talante autonomista-federal de la Carta de 1858 al sancionar una ley electoral que le permitía influir los comicios de los Estados soberanos, además de crear unas intendencias que le posibilitaba fiscalizar las aduanas de las regiones. Ello desencadenó la sublevación de los liberales caucanos liderados por Tomás Cipriano de Mosquera en 1860[5].
A pesar de haber sido derrotados por Mosquera los conservadores antioqueños dieron un golpe de estado al gobernador de su departamento, el liberal Pascual Bravo y recuperaron el poder en 1864; muy hábilmente, escudándose en el precepto constitucional de no intervención de Bogotá en los Estados, construyeron un baluarte conservador en medio del proyecto federal de los liberales[6].
Fue en Antioquia que se encendió la chispa para la guerra civil de 1876, la llamada “Guerra de las escuelas o de los curas”, motivados inicialmente en una reforma educativa que separaba la Iglesia del Estado. Pero la perfidia de los conservadores antioqueños se hizo evidente durante la Guerra de los Mil Días (1899-1902); agrupados en una corriente denominada “históricos”, supuestamente estaban en contra de los excesos de los conservadores “nacionalistas” bogotanos, los cuales amasaron las famosas “fortunas de la Regeneración” con base en las emisiones de papel moneda. Resulta que los “históricos” aupaban a los liberales a que se levantasen en armas con la promesa de que los apoyarían en tan trascendental decisión, pero llegada la hora se hicieron al lado de sus copartidarios conservadores[7].
Derrotados los liberales definitivamente y con una Constitución, la de 1886, “autoritaria, centralista y católica”, los vencedores gobernaron “casi sin problemas” durante 30 años, fue la conocida “hegemonía conservadora” hasta 1930. Durante este período se consolidó en el país el modelo industrial de “sustitución de importaciones” financiado con las exportaciones del café y la minería. Antioquia sobresalió colonizando tierras y fundando empresas medianas de alimentos, textiles, etc.
Durante el siglo XX la economía antioqueña y sus élites se fortalecían sin muchos contratiempos, sortearon la crisis de 1929, se opusieron a las reformas de la “república liberal” (1930-1946), durante la “época de la Violencia” (1946-1958) sus ganancias y su poder no se vieron afectados y en el período del Frente Nacional (1958-1974) siguieron disfrutando del ejercicio del poder público y de sus negocios como si fuera una misma cosa.
- Crisis de modelo industrial y narcotráfico: reacomodo de las élites
El modelo de sustitución de importaciones cabalgó sobre la singular crisis que produjo en las metrópolis imperiales tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Una vez superados estos conflictos los países industrializados recuperaron su fortaleza y, con sus bienes y servicios más baratos, fueron desbancando la industria nacional. Además, la liberalización de los precios del café hizo que la economía colombiana se resintiera fuertemente.
Es en ese contexto que apareció en la década de 1970 un negocio al margen de la ley que producía geométricas ganancias: el narcotráfico. Tímidamente al comienzo sectores de la clase media, empresarios y hasta banqueros se fueron arrimando a una actividad en la que los sicarios y el lumpen tenían la voz cantante, aparentemente. Uno de los ejemplos de esa imbricación se visibilizó a partir de la crisis de Inversiones Furatena en la década de 1980, empresa presidida por Félix Correa:
“En escasos nueve años, ese hombre enigmático, de pelo blanco y anteojos oscuros, se había convertido en lo que muchos consideraban el cuarto hombre más poderoso del sector privado colombiano. Su ascenso coincidió con la irrupción en la economía colombiana de nuevas sumas de dinero que dieron origen a grandes fortunas, las cuales, a su vez, entraron a disputarse el control de los sectores claves de la economía colombiana por medio de prácticas poco ortodoxas. Fue la época de los famosos «capitales emergentes» [eufemismo con el que se denominaban los dineros del narcotráfico][8].
El tráfico de drogas se rige por las más puras leyes de la oferta y la demanda, además de que sus códigos están por fuera del control estatal y sus astronómicos beneficios atraen a cualquiera.
Por el volumen de capitales y por la ideología que subyace en estos comerciantes, ellos fueron reclamando un espacio dentro de las élites dominantes. Lo primero que hicieron fue exterminar a aquellos funcionarios, jueces, policías o intelectuales que castigaban o cuestionaban sus crímenes.
La lista es larga, pero sobresalen el director de la Aerocivil, el medellinense Fernando Uribe Senior en 1980; el Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984; el Procurador General de la Nación Carlos Mauro Hoyos, antioqueño, asesinado en 1986, en Medellín; el director del diario El Espectador Guillermo Cano en 1986, de familia antioqueña; el atentado en el que murió el gobernador de Antioquia Antonio Roldán, pocos días después, en similares circunstancias asesinaron al director de la Policía Antioquia Valdemar Franklin Quintero, en 1989 en Medellín. En la misma ciudad los jueces Ana Cecilia Cartagena en 1980, Gustavo Zuluaga Serna, asesinado en 1986 por orden de Pablo Escobar, quien tres años antes había pedido la detención del mafioso, lo que sirvió de base para que perdiera su investidura parlamentaria, y el magistrado del Tribunal Superior de Medellín José Héctor Jiménez Rodríguez en 1989; y políticos de la talla de Luis Carlos Galán, muy seguro presidente, en 1989 y el ex alcalde de Medellín Pablo Peláez González, quien, en abril de 1986, dijo en un foro sobre el Estatuto Nacional de Estupefacientes que había que incautar los bienes del narcotráfico para doblegarlos, lo asesinaron en 1989[9].
A nombre de los “Extraditables” explotaron carrobombas en Medellín y Bogotá, con centenares de muertos y heridos como saldo, luego secuestraron a los miembros de las familias más tradicionales del país: Andrés Pastrana, hijo de expresidente quien luego sería presidente de la república; Francisco Santos, nieto de expresidente y años después vicepresidente; Maruja Pachón, perteneciente a una aristocrática familia bogotana; sin olvidar a la periodista Diana Turbay asesinada por sus captores en 1991. Vale la pena mencionar que no siempre fueron asesinatos, hubo métodos de ablandamiento como el que le aplicaron al presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Fabio Echeverri Correa, a quien le quemaron la finca en 1986[10].
En todo este maremágnum de bombas y atentados sicariales sobresalió un personaje que por su virulencia en últimas no le agachó la cabeza al Estado: Pablo Escobar. Este dejó una huella indeleble asesinando adversarios, colegas del negocio que lo traicionaron, policías, políticos, jueces, periodistas, hasta el punto de desafió al Estado mismo cuando se fugó de la cárcel que habían construido a su medida. Era “un fuera de serie” que no le convenía a muchos: los Estados Unidos, el gobierno colombiano, la élite tradicional, el Cartel de Cali (sus enemigos) y al grupo de narcos adversarios de Escobar autodenominados “Perseguidos por Pablo Escobar” (PEPES).
Es interesante ilustrar la articulación de algunas familias tradicionales antioqueñas con el narcotráfico. Recuérdese a Mariano Ospina Rodríguez, el primigenio conservador organizando guerras civiles en el siglo XIX, su hijo menor Pedro Nel Ospina fue presidente de Colombia (1922-1926); un sobrino de Pedro Nel y nieto del viejo Ospina Rodríguez fue presidente en plena Época de la Violencia (1946-1950), se trata de Mariano Ospina Pérez; un hijo de este último, Mariano Ospina Hernández tuvo siete hijos, cinco varones y dos mujeres. Algunos de sus hijos se metieron al “negocio”. Mariano Ospina Baraya fue condenado a diez años en Estados Unidos por lavado de activos, de los cuales pagó tres debido a un acuerdo con la justicia norteamericana. Rodolfo, el más “emprendedor” de los hermanos tuvo “intercambios” con Pablo Escobar, pero aparecieron diferencias, hasta el punto que el 20 de junio de 1987 Escobar mandó a emboscar a Rodolfo, a varios de sus hermanos y a su abuela Berta Hernández de Ospina Pérez en un restaurante cerca a Bogotá. Cinco años después el hermano menor de los Ospina Baraya, Lisandro, fue secuestrado por Pablo Escobar a fines de 1992 con el propósito de presionar a Rodolfo para que se retractara de lo que había declarado ante la DEA y la Fiscalía, en el sentido de Pablo Escobar había asesinado a integrantes de la familia Moncada y Galeano en la prisión donde estaba recluido, la famosa Catedral; un año después, en el intento de rescatar a Lisandro, éste fue asesinado por sus captores, quienes también murieron en el cruce de disparos[11].
Una vez ejecutado Escobar en diciembre de 1993 se fue consolidando una red de negocios e intereses entre los comerciantes de cocaína y ganaderos, comerciantes y empresarios de todo tipo, quienes entendieron que una vez acabado Pablo tenían un oponente formidable al que debían acabar: la insurgencia y el movimiento social.
- Neoliberalismo, corrupción y paramilitarismo: un modelo vigente
En el escenario de una industria nacional en decadencia y de una apertura económica ineludible la apropiación de lo público se convirtió en una de las alternativas para la reproducción de los beneficios de las élites. Al mismo tiempo la lucha contra la guerrilla trajo beneficios adicionales: miles de hectáreas de tierras se conseguían gratis o a un ridículo precio luego de que los campesinos salieran despavoridos huyendo de las masacres que les había tocado presenciar, y, de otro lado, el aniquilamiento del movimiento sindical y popular pavimentó el camino para aumentar la explotación laboral e implementar proyectos económicos que arrasaban comunidades enteras.
El empequeñecimiento de un “Estado ineficiente” fue el argumento para privatizarlo subrepticiamente desmoronando las empresas estatales vía corrupción, para venderlas luego a particulares; y el paramilitarismo, por medio de los grupos de autodefensa o de simples bandas criminales, con la complicidad o participación directa de entidades del Estado, se encargaron de teñir de sangre campos y ciudades para garantizar la “seguridad en las inversiones”.
El artífice visible de todo este entramado ha sido Álvaro Uribe Vélez. Hijo de Alberto Uribe Sierra testaferro de los Ochoa. Desde su puesto en la Aerocivil otorgando licencias para avionetas y pistas de aterrizaje, pasando por el senado, luego como gobernador de Antioquia (1995-1997) y posteriormente presidente de la república por dos períodos (2002-2010), Uribe se convirtió en el ladrillo central de este complejo arco en el que magnates, corporaciones, organizaciones políticas y grupos paramilitares mantienen a las élites oprimiendo al pueblo colombiano a pesar de que en estos momentos hayan perdido el control del poder ejecutivo central con Gustavo Petro en la presidencia.
Un caso emblemático de esa metamorfosis de las élites fundadoras de empresas a corruptos sin escrúpulos lo representa Fabio Echeverri Correa, el casi eterno presidente de la ANDI. Fue jefe de campaña en las dos elecciones de Uribe como presidente, la indignación de ver su finca quemada por los mafiosos en 1986 se le olvidó, fue asesor de confianza del alto mandatario y estuvo implicado en un mayúsculo caso de corrupción, el de la construcción de una refinería de petróleo (Reficar) en el que se calculan fueron robados 17 billones de pesos[12]. El hijo de Fabio, Luis Guillermo Echeverri, coincidencialmente en su gestión dentro de la junta directiva de Ecopetrol, se ha visto envuelto en una compleja trama de corrupción en la que miles de barriles del crudo fueron extraídos y vendidos ilegalmente, lo cual ha sido denunciada por el actual gobierno[13].
- Grupos armados en Antioquia: el clandestino brazo militar de las élites
Álvaro Uribe Vélez, recién iniciado su mandato y en un intento de limpiar su imagen, concretó un proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia en el año 2005. El marco jurídico para dichos acuerdos fue la Ley 975, de 25 de julio de 2005, comúnmente llamada de Justicia y Paz: “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.
Los principales jefes paramilitares fueron concentrados en diversas cárceles y sorpresivamente extraditados a los Estados Unidos a cumplir condenas por narcotráfico. “Las extradiciones de jefes paramilitares demoraron los procesos de esclarecimiento e investigación de la trama política y económica detrás de sus estructuras”[14].
Algunos de estos mandos estaban brindando información sobre empresas y personas de la élite que les habían colaborado activamente. Eso había que frenarlo y enviarlos a Norteamérica fue una jugada maestra.
En el citado proceso de paz se desmovilizaron, en teoría, más de 30.000 paramilitares, no obstante, un grueso número no se acogió y de los desmovilizados algunos regresaron a sus antiguas actividades. Lo que sí quedó claro es quién mandaba en ese oscuro mundo: Álvaro Uribe Vélez.
Viejos grupos con novedosos nombres o simplemente bandas recién fundadas se fueron extendiendo por la geografía nacional. El Clan del Golfo, el más poderos, pasó a llamarse Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
- ¿Es posible la Paz Total en Antioquia?
Como acabamos de ver en esta breve reseña, las acciones criminales hacen parte del establecimiento antioqueño. Para muestra un botón. Gustavo Villegas, Secretario de Seguridad en la primera alcaldía de Federico Gutiérrez en Medellín, fue condenado a 33 meses en 2018 luego de llegar a un arreglo, ello porque
“Según la acusación de la Fiscalía, y lo que explicó en la audiencia de imputación por concierto para delinquir, Villegas filtró la publicación del cartel de los más buscados de Medellín a la Oficina [de Envigado, organización criminal] y se reunía con capos de la Oficina para coordinar capturas que luego eran presentadas como logros por la Alcaldía, incluyendo la captura de unos fleteros que transmitió en redes en vivo el alcalde.
“Además, señaló que Villegas sostenía contactos con ‘Pichi’ y ‘El Viejo’, miembros de la Oficina, y que estaba ayudando a redactar un proyecto de ley para el sometimiento de bandas criminales que les habría ayudado”[15].
La alianza de las élites con los paramilitares se hizo evidente después de que fuera detenido el líder de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia: Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel; ello ocurrió el 23 de octubre de 2021. Éste empezó a darle información a la justicia sobre sus cómplices, entregó una lista de 63 nombres de la élite a la justicia colombiana. El 1° de mayo de 2022 se conocieron los nombres:
“Inició con el “candidato presidencial Luis Pérez Gutiérrez [ex alcalde de Medellín y ex gobernador de Antioquia], pero este 1 de mayo se conoció la que sería la lista completa.
“De acuerdo con la Revista Cambio, el listado que hoy está siendo investigado lo integran 63 nombres y en la investigación del mecanismo de justicia transicional se señala que los mencionados podrían estar relacionado con “hechos de corrupción que presumen un acuerdo de cualquier clase, sin expresa facultad legal, con un grupo específico de justicia privada, paramilitar y de autodefensa”.
“Dentro de los primeros nombres aparecenel hoy senador del Partido Liberal, Miguel Ángel Pinto; los excongresistas Milton Rodríguez Sarmiento, Jorge Camilo Abril Tarache y Carlos Cárdenas Ortiz; el exministro de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega; el exdirector del DAS, Jorge Noguera, y el subdirector de esta misma entidad, Orlando Rivas Tovar. Además, aparecen los exgobernadores de Casanare: William Hernán Peláez, Miguel Ángel Pérez Suárez, y Óscar Raúl Iván Flórez.
“En la declaración, el otrora comandante del Clan del Golfo aseguró que las alcaldías de Casanare pagaban a los grupos criminales una clase de tarifa a los grupos relacionados con el Clan de Golfo: “Sí había un impuesto que tenían que pagar las alcaldías o contratistas daban el 5 % a la organización de los contratos que salieron en los municipios o en la gobernación”.
Además de los funcionarios y exfuncionarios, se mencionó a algunas corporaciones y centro de estudio del país: la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad de Cartagena y Ecopetrol”[16]. [negrilla en el original]
Pero Otoniel, como le ocurrió a los líderes de las AUC cuando estaban colaborando a la justicia informando sobre sus auxiliadores políticos y empresarios, fue extraditado por el gobierno uribista de Iván Duque (2018-2022) tres días después de revelarse la lista: el 4 de mayo de 2022[17].
Existe un vacío enorme, tanto en lo que ha sido el sistema de Justicia y Paz de 2005 como en la actual Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es lo referido a los terceros civiles partícipes o colaboradores de los grupos paramilitares. Se trata de centenares, siendo muy moderado en la cifra, de personas y empresas que tuvieron relación directa con estas organizaciones. Ha afirmado Salvatore Mancuso ante la JEP “que Postobón [fábrica de refrescos] debía pagarles en el año 2000 unos 10 millones de pesos mensuales (cerca de 2.500 dólares), y que el acuerdo con Bavaria era pagar 1.000 pesos (0,25 dólares) por cada caja de cerveza vendida en los territorios donde ellos operaban”. La justicia norteamericana condenó a la multinacional Chiquita Brands, en junio de 2024, al pago de una multa millonaria por su colaboración a los grupos paramilitares en Colombia[18].
La alianza de sectores de las élites, sean empresariales o desde poderes públicos con organizaciones criminales, en Antioquia, es algo común desde hace décadas. Lo peor es que se ha incubado una cultura mafiosa en importantes sectores de la ciudadanía en donde el enriquecimiento ilícito, sea por corrupción o por inequívocas acciones criminales, es bien visto.
Organizaciones con nombres menos conocidos, como la banda de los “Pachelly”, la del “Mesa” y otras más famosas, como la “Oficina de Envigado”, manejan ingentes recursos, están copando territorios enteros, sea con la producción y comercialización de todo tipo de estupefacientes, tanto en el extranjero como en Colombia, como con negocios legales a gran escala y una red de sicarios que los hace casi “invencibles”. No se trata de aquellos bandoleros hijos de la Violencia, tales como Chispas o Efraín González, que fueron aniquilados cortándoles sus fuentes de apoyo o de financiación, estas son verdaderas empresas con unos ingresos extraordinarios, las cuales están aliadas con el poder político de la derecha, además de organizaciones y corporaciones empresariales nacionales y extranjeras.
Alcanzar
la Paz Total en Antioquia es desvertebrar lo más retardatario de la extrema
derecha en Colombia. Objetivo difícil de alcanzar con un Estado débil como el
que dirige el actual Presidente Petro. No obstante, la enorme incautación de
cocaína a estas organizaciones criminales les ha afectado sus ingresos, es un
buen comienzo. Pero la absolución en primera instancia de Santiago Uribe Vélez
por delitos tan aberrantes como los cometidos por el grupo paramilitar “los
doce apóstoles” es apenas una muestra de lo sometida que se encuentra la
sociedad colombiana. Sin embargo, los colombianos no podemos renunciar a
nuestro sueño de alcanzar una sociedad en la que la equidad y la democracia
política descansen en el respeto a las reglas de juego, lo que sería la base
para una paz estable y duradera.
[1] https://www.youtube.com/watch?v=xegTCZs0zeo
[2] https://x.com/asambleadeant/status/2034022924882001998/photo/3
[3] Palacios, Marco y Safford, Frank. “Colombia país fragmentado, sociedad dividida”. Bogotá: Norma, 2002. Pg. 340
[4] Uribe, María Teresa. La política en Medellín 1820-1845. Entre conspiraciones, levantamientos y patíbulos. Medellín: Liliana María López, editores. Pg. 70-72
[5] España, Gonzalo. “El país que se hizo a tiros”. Cota: Debate, 2013 Pg. 121, 122
[6] España. Ibid, 131, 132, 135
[7] España. Ibid, 228, 232
[8] Semana. “Crisis financiera ¿Qué pasó?” 9-08-1982 https://www.semana.com/economia/articulo/crisis-financiera-que-paso/559-3/ Web. 15-11-2024
[9] El Colombiano. “El alcalde pidió expropiación de bienes a los narcotraficantes”, 10-04-1986, pg. 6D y Murió un idealista de la paz, 12-09-1989 Pg. 13 A y 14 A
[10] El Colombiano. “Incendiada la finca del presidente de la Andi”, 29-08-1986 Pg. 6B (Sección Seguridad)
[11] Semana. “La familia Ospina Baraya ha sido simultáneamente protagonista y víctima del huracán de la violencia en Colombia”. 4-12-93 https://www.semana.com/nacion/articulo/en-el-ojo-de-la-tormenta/19578-3/ y El Tiempo. “Captores mataron a Lisandro Ospina B” 1-4-1993 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-90933 Web. 15-11-2024
[12] El Tiempo. “Caso Reficar: abren proceso por pérdidas de 17 billones”. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16840733
[13] Castañeda, Carlos. “El paso de Luigi Echeverri por la junta de Ecopetrol, lleno de escándalos”. 8-5-2024 https://prensamercosur.org/2024/05/08/colombia-revelaciones-y-controversias-el-paso-de-luigi-echeverri-por-la-junta-directiva-de-ecopetrol-lleno-de-escandalos/ Web. 15-11-2024
[14] Comisión de la Verdad. “Extradición de los jefes paramilitares – La verdad que buscan las víctimas”. https://www.comisiondelaverdad.co/extradicion-de-los-jefes-paramilitares Web. 14-11-2024
[15] Echeverry, María José. “Secretario de Fico fue acusado, no condenado, por ser aliado de banda criminal”. La Silla Vacía. 24-05-2022 https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/secretario-de-fico-fue-acusado-no-condenado-por-ser-aliado-de-banda-criminal/ Web. 15-11-2024
[16] Infobae. “La lista completa de funcionarios y políticos salpicados por ‘Otoniel’ en sus declaraciones ante la JEP”. https://www.infobae.com/america/colombia/2022/05/01/la-lista-completa-de-funcionarios-y-politicos-salpicados-por-otoniel-en-sus-declaraciones-ante-la-jep/ Web. 15-11-2024
[17] RTVE. “Colombia extradita a Otoniel, líder del Clan del Golfo, a Estados Unidos”. 5-5-2022 https://www.rtve.es/noticias/20220505/colombia-extradita-otoniel-clan-del-golfo-estados-unidos/2346629.shtml Web. 17-11-2024
[18] Parada, Valentina. “La fiscal pone un acelerador al punto ciego de la justicia transicional: los terceros civiles en el conflicto armado”. El País. 24-07-2024 https://elpais.com/america-colombia/2024-07-24/la-fiscal-pone-un-acelerador-al-punto-ciego-de-la-justicia-transicional-los-terceros-civiles-en-el-conflicto-armado.html Web. 17-11-2024
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.