Existe un viejo aforismo antifascista, nacido en la Italia partisana de los años 40, que sostiene una incompatibilidad matemática: inteligencia, honradez y fascismo no pueden coexistir en una misma persona. Quien apoya un proyecto fascista, decía el silogismo, sólo puede hacerlo siendo rico (y por tanto interesado), siendo malvado (y por tanto indiferente al sufrimiento ajeno), o siendo ignorante (y por tanto incapaz de ver lo que respalda). Las tres condiciones se excluyen entre sí, pero al menos una debe cumplirse.
Colombia acaba de pasar, este domingo 21 de junio, por una segunda vuelta presidencial que invita a poner ese viejo trilema a prueba, no a aceptarlo sin más. Conviene decirlo desde ya: el trilema no explica la totalidad del electorado que respaldó al candidato de derecha radical, Abelardo de la Espriella, y este artículo no pretende ubicar a cada uno de esos casi trece millones de votantes en una de sus tres casillas. Lo que sí tiene, como se verá, es una validez analítica real para entender una parte sustancial de ese electorado, siempre que se use con el cuidado de no convertir una herramienta de comprensión en una sentencia colectiva.
El choque de la realidad contra la estadística
Las encuestas previas fallaron en capturar la magnitud del fenómeno. El abogado y empresario Abelardo de la Espriella sacudió el tablero político colombiano al imponerse en la primera vuelta del 31 de mayo con más de 10 millones de votos, un 43,74% según los resultados divulgados por la Registraduría, dejando en segundo lugar al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, con cerca del 41%. En la segunda vuelta del 21 de junio, De la Espriella se impuso por un margen estrechísimo: según el conteo preliminar de la Registraduría, obtuvo el 49,66% de los votos (cerca de 12,96 millones) frente al 48,70% de Cepeda (unos 12,71 millones), una diferencia de apenas 250.000 sufragios, equivalente a menos de un punto porcentual. Cepeda reconoció el preconteo como un dato “aún no oficial ni vinculante” y anunció que su campaña impugnaría decenas de miles de mesas durante el escrutinio oficial, que al momento de escribir estas líneas sigue en curso. El presidente Gustavo Petro, por su parte, pidió impugnar las mesas cuyos formularios se habían cargado sin la firma de los jurados. El resultado, en suma, está prácticamente decidido en favor de De la Espriella, aunque la proclamación formal dependerá del escrutinio de los jueces.
Todo esto ocurre en un clima de polarización extrema que el propio presidente Petro alimentó al calificar públicamente el proyecto de De la Espriella como un “fascismo mafioso”, el mismo que, según el mandatario, gobernó el país durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010). El desenlace tuvo además una resonancia regional inmediata: el presidente argentino Javier Milei fue de los primeros en celebrar el resultado, proclamando que “el león y el tigre rugen en Latinoamérica”, mientras que el candidato colombiano contó durante la campaña con el respaldo explícito de Donald Trump.
Para la izquierda y los sectores liberales colombianos, el ascenso de esta nueva derecha radical, que desplazó incluso al uribismo tradicional como representante de la oposición a Petro, resulta difícil de digerir. ¿Cómo puede un proyecto con propuestas e ideas claramente fascistas conquistar a casi la mitad del electorado colombiano? El viejo aforismo italiano ofrece una tentación analítica inmediata. Pero, como toda tentación, merece ser examinada con cuidado antes de aceptarla.
Conviene además resistir una falsa equivalencia que ganó terreno durante la campaña en buena parte de la prensa y de los sectores de centro y de cierta academia complaciente, cuya neutralidad aparente no siempre es tan desinteresada como pretende: la de presentar esta segunda vuelta como un enfrentamiento entre dos extremos simétricos. No lo era. Cepeda representa un proyecto progresista dentro de los márgenes de la democracia constitucional colombiana; De la Espriella representa, con propuestas que incluyen la salida de Colombia de la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz y la construcción de cárceles aisladas inspiradas en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador, una derecha genuinamente extrema y de tendencias abiertamente antidemocráticas. Tratar ambas candidaturas como espejos uno del otro no es neutralidad: es, en la práctica, una forma de deshonestidad intelectual. Y aquí vale recordar una idea que el arzobispo sudafricano Desmond Tutu formuló en el contexto del apartheid: quien es neutral ante la injusticia ha elegido, de hecho, el lado del opresor. Buena parte de los sectores de centro e independientes colombianos optaron por una posición de aparente equidistancia frente a un proyecto autoritario, y esa equidistancia, lejos de ser un gesto de prudencia cívica, terminó funcionando como una forma de complicidad pasiva.
El desglose analítico: cuatro condiciones, un mismo voto
Adaptado a la coyuntura colombiana, el trilema (ampliado aquí con una cuarta categoría que la propia coyuntura exige) permite distinguir distintos perfiles dentro del electorado que llevó a De la Espriella a la Casa de Nariño.
El voto del “rico”: interés material y pragmatismo de élite. Aquí se ubican las élites económicas, los gremios corporativos y los sectores de mayores ingresos. Su respaldo a la derecha radical es racional y predecible: buscan seguridad jurídica, reducción de cargas fiscales y un freno a las reformas sociales del gobierno de Petro. Para este sector, el autoritarismo no es un defecto sino un costo aceptable para salvaguardar privilegios de clase. Es, en sus propios términos, un voto honesto: defienden exactamente lo que poseen.
Y lo que poseen es mucho. Según el más reciente Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Colombia es el tercer país más desigual del planeta por concentración de ingresos, sólo detrás de Sudáfrica y Namibia, con un coeficiente de Gini de 54,8. Esa concentración de la riqueza no es un dato abstracto: es la base material concreta sobre la que se sostiene el voto de élite. La teoría política comparada lleva décadas advirtiendo que, en sociedades muy desiguales, las élites temen la redistribución y a menudo prefieren resistirla antes que ceder ante ella, incluso a costa de la estabilidad democrática. Cuando una fracción tan reducida de la población controla una porción tan desproporcionada de los recursos del país, su capacidad de movilizar ese poder económico en favor de un proyecto político que le garantice continuidad es, sencillamente, enorme.
Pero conviene anotar algo que el propio voto de élite suele pasar por alto, y que también es parte del trilema: ese voto no es sólo interesado, también es clasista, y ese clasismo tiene un costo de oportunidad que raya en lo autodestructivo incluso para quienes lo sostienen. La teoría económica más elemental, desde Keynes hasta los estudios contemporáneos sobre demanda agregada, sostiene que el bienestar generalizado de una población (mayor poder de compra, mejor salud pública, más educación) termina beneficiando también a quienes producen y venden bienes y servicios, porque amplía el mercado interno del que ellos mismos dependen. Las propias cifras de la Superintendencia de Sociedades de Colombia lo confirman de manera incómoda para el discurso empresarial: durante el gobierno de Petro, las 1.000 empresas más grandes del país siguieron reportando ganancias multimillonarias, del orden de 99 billones de pesos en 2023 y cerca de 90 billones en 2024, cifras que no se diferencian sustancialmente de las que existían antes de su llegada al poder. La prosperidad de las élites colombianas, en otras palabras, no estuvo bajo amenaza real durante el primer gobierno de izquierda del país. Lo que defienden con tanto ardor no es, entonces, exclusivamente su billetera (que de cualquier modo siguió creciendo) sino una jerarquía social que perciben amenazada incluso cuando los datos sugieren que no lo estaba tanto.
El voto del “indolente”: castigo ideológico y revanchismo. Este sector conoce las alertas sobre posibles violaciones a los derechos humanos o el regreso de doctrinas de seguridad cuestionables, y decide ignorarlas. Prima en él la indolencia frente a una periferia colombiana históricamente azotada por la violencia. Prefiere el orden coercitivo sin que le importe demasiado el costo social o democrático para las minorías. Su prioridad no es construir sino aniquilar políticamente al adversario de izquierda, y para ello cualquier medio se justifica bajo el argumento de la seguridad nacional.
Este fenómeno tiene nombre en la literatura jurídica y criminológica: el “populismo punitivo”, concepto que designa la tendencia a legislar y votar movidos por el rédito emocional inmediato de la mano dura, antes que por un análisis riguroso de política criminal. Investigaciones sobre el caso colombiano han mostrado cómo este tipo de propuestas expanden el castigo penal sin reducir realmente la criminalidad, apelando a las actitudes punitivas de la ciudadanía en un país marcado por décadas de conflicto armado. La literatura regional ha ido más lejos todavía, señalando que el populismo punitivo y el llamado lawfare (el uso de las herramientas judiciales para anular al adversario político) funcionan en América Latina como dos caras de un mismo “momento punitivista” que recae con especial dureza sobre los sectores progresistas y sobre los más pobres. El detalle no es menor en un país cuyo presidente electo propone eliminar la jurisdicción de paz, y donde el derrotado Cepeda es hijo de un senador de la Unión Patriótica asesinado, hijo él mismo de la violencia política que el punitivismo tiende a perpetuar. La experiencia salvadoreña que De la Espriella cita como modelo es elocuente al respecto: el propio régimen de “mano dura” mostró éxitos iniciales en la reducción de homicidios que resultaron acompañados de denuncias sostenidas de abusos y de la erosión de garantías fundamentales. El voto indolente no es necesariamente irracional: calcula, con frialdad, que el costo en derechos humanos de terceros es un precio razonable a pagar por la promesa de una seguridad propia, así esa promesa tienda históricamente a incumplirse.
El voto del “ignorante”: desinformación y alienación cultural. El componente más delicado del trilema moderno, y conviene decirlo con precisión: hablar de desinformación no es llamar tontas a las personas que la padecen, sino describir un mecanismo estructural que opera sobre cualquiera, independientemente de su inteligencia individual, cuando está expuesto de manera sistemática a un ecosistema informativo distorsionado. Hecha esa aclaración, el fenómeno es real e innegable en la coyuntura colombiana: parte de los trabajadores informales, campesinos y ciudadanos golpeados por el desempleo terminan votando por una agenda que históricamente precariza los servicios públicos de los que dependen. Sometidos a la efectividad de las campañas en redes sociales, a la desinformación sobre un supuesto “peligro comunista” y al miedo al repunte de la delincuencia, entregan su respaldo a un proyecto que beneficia centralmente a las élites económicas descritas arriba. Es el reflejo casi de manual del concepto marxista de falsa conciencia de clase: el dominado defendiendo, sin saberlo, las cadenas de su propio dominador.
Esta alienación, además, no ocurre en un vacío informativo neutral. Un estudio reciente de la Universidad del Rosario confirma que cuatro familias (Sarmiento Angulo, Santo Domingo, Ardila Lülle y Gilinski) concentran más del 80% del flujo informativo del país, controlando los principales periódicos, canales privados, cadenas radiales y plataformas digitales. No se trata de una coincidencia inocua: son las mismas estructuras de poder económico identificadas en el primer perfil del trilema las que, a través de sus medios, fijan en buena medida la agenda pública que millones de colombianos consumen a diario. Es exactamente lo que Antonio Gramsci describió como hegemonía cultural: el poder que no se ejerce por la coerción sino por el consentimiento “manufacturado” que las clases populares otorgan, a través de los medios, la educación y el sentido común, a la dirección que impone la clase dominante. En Colombia, esa hegemonía tiene una infraestructura mediática concreta y verificable detrás.
A estas tres categorías heredadas del aforismo italiano conviene sumarle una cuarta, que la propia coyuntura colombiana de 2026 hace difícil ignorar: el voto del “arribista”, aspiracional más que ideológico. La literatura latinoamericana sobre el ascenso electoral de la derecha en la región (los estudios sobre la representación política de las clases medias chilenas, o sobre los sectores medios argentinos que respaldaron a Mauricio Macri en 2015) ha documentado con cierta consistencia un perfil de votante de clase media o media alta que no es propiamente rico, pero aspira a serlo, y que percibe en los proyectos de izquierda una amenaza no tanto a su patrimonio actual como a su movilidad social futura. La ciencia política ha empezado incluso a modelar empíricamente este patrón: un estudio reciente sobre el votante de la derecha radical distingue una “ruta de clase media” hacia ese voto, movida por la envidia de estatus social y un sentido de merecimiento (*entitlement*), frente a una “ruta de clase baja” movida por la ansiedad y la amenaza. Es un voto que no defiende lo que tiene, como el de la élite, sino lo que cree que algún día podría llegar a tener si el orden social actual se mantiene intacto.
Este perfil no se agota en un solo escenario urbano ni en una sola ciudad. En Bogotá, por ejemplo, fue especialmente visible en sectores de clase media de estratos 3 y 4, donde la disputa electoral con el petrismo fue particularmente reñida, pero funciona como ilustración de un patrón, no como su único territorio: fenómenos análogos pueden rastrearse en clases medias de Medellín, Cali o Barranquilla, y en general en cualquier sector urbano que perciba estar a un paso de consolidar un estatus social todavía inestable. Dentro de esta misma categoría cabe también un subgrupo distinto pero emparentado: personas y familias que han logrado, en una sola generación, una movilidad educativa o profesional significativa respecto de sus padres o abuelos, y que ven en ese ascenso reciente algo que defender frente a cualquier proyecto redistributivo. Y cabe, finalmente, un tercer subgrupo que la diáspora colombiana y latinoamericana conoce bien: quienes han migrado hacia países del norte global y, una vez alcanzado cierto bienestar material allí, tienden a votar o simpatizar con proyectos de derecha tanto en sus países de origen como en los de acogida. El dato de estas elecciones lo confirma de forma elocuente: en el exterior, y en particular en Estados Unidos, De la Espriella arrasó, obteniendo en territorio estadounidense cerca del 72% de los votos en primera vuelta, una diferencia que el politólogo Yann Basset atribuyó a la presencia de empresarios y profesionales con mayor afinidad hacia el programa del candidato. Conviene ser cuidadoso aquí: no todos los integrantes de ninguno de estos tres subgrupos votan o han votado por la derecha radical, y generalizar lo contrario sería tan impreciso como el propio error que este artículo busca señalar en otras categorías. Lo que existe es una tendencia documentada, no una regla sin excepciones.
Vale además una aclaración metodológica sobre las cuatro categorías en su conjunto: no son compartimentos estancos. El arribista puede, perfectamente, ser también indolente frente al sufrimiento de otros, o estar desinformado por circunstancia o por elección propia; las categorías se superponen y una misma persona puede encarnar más de una a la vez. La única que sí mantiene un límite relativamente claro es la de la élite propiamente dicha, porque esa élite es, por definición, excluyente: el poder económico es su condición de entrada, aunque no la única que la sostiene una vez dentro.
Conviene, sin embargo, matizar con cuidado todo lo anterior, porque generalizar sobre los sectores populares sin datos sería repetir exactamente el error que este artículo busca evitar. No es cierto que los sectores populares colombianos hayan votado masivamente por De la Espriella. Los resultados muestran lo contrario en buena parte del territorio: Cepeda arrasó en departamentos como Chocó (75,67%), Nariño (68,54%) y Cauca (68,33%), además de imponerse en el Valle del Cauca y en buena parte de la región Caribe, algunos de los territorios más golpeados por la pobreza y el conflicto armado del país. No se trata de un respaldo coyuntural ni atribuible únicamente a la presión de grupos armados, como han sugerido algunos sectores de derecha para restarle legitimidad: son regiones que vienen votando de forma consistente por el progresismo, que respaldaron el Acuerdo de Paz en el plebiscito de 2016 y la candidatura de Petro en 2022, y cuya inclinación responde a una experiencia histórica concreta del abandono estatal y de la guerra.
El verdadero campo de batalla electoral no estuvo tanto entre ricos y pobres como entre la izquierda y la derecha dentro de la clase media urbana descrita arriba, según reportó La Silla Vacía para el caso bogotano. Lo que sí resultó decisivo, y merece tanta atención como el voto efectivamente emitido, fue la abstención: en varias de las llamadas “zonas rojas” del país, la participación electoral apenas alcanzó cifras como el 19,8%, zonas históricamente abandonadas por el Estado y afectadas por la presencia de grupos armados. Esa abstención no es indiferencia política gratuita: responde a una desconexión real con un Estado que históricamente no ha llegado a esos territorios, a la desilusión de quienes no confían en que el voto cambie su situación material, y a dificultades muy concretas (la distancia hasta los puestos de votación, la imposibilidad de tomar tiempo libre de trabajos informales y precarios) que afectan de manera desproporcionada a quienes menos tienen. Tratar a los sectores populares colombianos como un bloque homogéneo que “eligió” a la derecha radical no sólo es empíricamente inexacto: invisibiliza tanto el respaldo real que esos sectores le dieron a Cepeda como las barreras estructurales que les impidieron votar.
El límite del trilema: comprender sin simplificar
Hasta aquí, el trilema no es sólo una herramienta pedagógica: nombra mecanismos reales (interés de clase, indolencia política, alienación cultural mediada por una prensa concentrada en pocas manos) que efectivamente operan, con datos verificables, en la coalición que llevó a De la Espriella al poder. Reconocer esto no es caer en el sectarismo: es describir Colombia con la evidencia disponible, y un proyecto de izquierda serio no puede darse el lujo de mirar hacia otro lado frente a esa evidencia.
Pero hay una distancia importante entre identificar estos mecanismos y reducir casi trece millones de votos a uno solo de ellos, como si toda Colombia que respaldó a De la Espriella actuara exactamente por la misma razón. Esa distancia no es una concesión al centro ni una llamada a la moderación ideológica: es, por el contrario, una cuestión de eficacia estratégica para la propia izquierda. Si el objetivo es ganar las próximas elecciones, tanto en Colombia como en el resto de América Latina, entender con precisión a quién se enfrenta y por qué importa más que la satisfacción momentánea de nombrar correctamente la indignación.
La ciencia política contemporánea ofrece aquí elementos útiles, aunque también discutidos. El periodista estadounidense Thomas Frank, en su influyente What’s the Matter with Kansas? (2004), documentó cómo sectores populares votan en contra de lo que parecerían ser sus intereses económicos inmediatos, seducidos por una agenda cultural que la izquierda suele descartar sin más como simple manipulación. Su tesis no quedó exenta de críticas: el politólogo Larry Bartels, entonces en Princeton, cuestionó con datos electorales si la clase trabajadora estadounidense vota efectivamente en contra de sus intereses materiales con la frecuencia que Frank sugiere, y advirtió contra generalizar a partir de casos locales como Kansas. Frank respondió esa crítica, y el debate sigue abierto en la disciplina, pero la discusión misma es útil: muestra que la pregunta de por qué los sectores populares respaldan proyectos que los perjudican no tiene una respuesta única ni sencilla, ni en Estados Unidos ni en Colombia.
Algo similar ocurre con la socióloga Arlie Russell Hochschild, quien llevó esa pregunta al terreno empírico en Strangers in Their Own Land (2016): viajó durante años a comunidades empobrecidas de Luisiana para entender, sin condescendencia, el “relato profundo” (la estructura emocional, no sólo económica) que explica por qué esas comunidades respaldan proyectos políticos que objetivamente las perjudican. También aquí hubo objeciones serias: una reseña académica publicada en el International Journal of Politics, Culture, and Society cuestionó si el propio ejercicio de empatía de Hochschild no termina reproduciendo la distancia de clase que pretende superar, al observar a sus interlocutores desde la posición de una socióloga de Berkeley que documenta a una otredad. Otros académicos cuestionaron si su categoría del “relato profundo” no termina, paradójicamente, generalizando de forma demasiado esquemática la experiencia de personas concretas, el mismo defecto que originalmente buscaba evitar.
Estas críticas no invalidan la lección de fondo, sino que la vuelven más útil para un proyecto de izquierda que quiera ganar y no sólo tener razón: tratar al electorado adversario en bloque como una masa de ignorantes o de malvados no es, por sí solo, un diagnóstico completo, y limitarse a esa lectura dificulta construir la disputa política necesaria para recuperar a ese electorado. No se trata de dejar de señalar la indolencia o el interés de clase donde efectivamente existen, sino de no agotar ahí todo el análisis, porque ese electorado disputable (sobre todo el de las clases populares alienadas) es, precisamente, el que cualquier proyecto de izquierda necesita convencer para gobernar.
Hay, además, un matiz importante que la ciencia cognitiva contemporánea permite hacer sin caer en la condescendencia: no toda resistencia a cambiar de opinión frente a la evidencia es ignorancia en el sentido coloquial del término. El jurista y psicólogo Dan Kahan, de Yale, ha documentado extensamente lo que llama “cognición protectora de la identidad”: la tendencia, presente en personas de cualquier nivel educativo y en todo el espectro ideológico, a aceptar o descartar información según si esa información amenaza o refuerza la pertenencia a un grupo social con el que la persona se identifica. Según esta investigación, exponer a alguien a más datos correctos no necesariamente cambia su posición, porque lo que está en juego para esa persona no es primariamente la verdad del dato, sino el costo social de romper con su comunidad de pertenencia. Esto no convierte a nadie en tonto: convierte la política, también la de izquierda, en una disputa por la pertenencia y el sentido, no únicamente por la información disponible. Explica, sin necesidad de apelar a la estupidez de nadie, por qué algunas personas, incluso las que el cambio de gobierno perjudicaría materialmente, prefieren sostener convicciones que ya tenían antes de cualquier dato nuevo: no por incapacidad de razonar, sino porque razonan, como todos, en función de a quién quieren parecerse y de qué grupo no quieren traicionar.
Esa lección aplica directamente a Colombia, aunque exige matices que el lector merece conocer. Es cierto que el país proyecta un déficit fiscal que podría alcanzar el 7% del PIB en 2026 y una deuda pública cercana al 65% del PIB, cifras que presionan severamente el gasto social. Pero atribuir esa fragilidad fiscal al actual gobierno, sin más, sería injusto e inexacto: se trata de problemas estructurales heredados de administraciones anteriores, que el gobierno de Gustavo Petro, el primero de izquierda en la historia republicana de Colombia, intentó enfrentar precisamente a través de reformas sociales (en salud, en pensiones, en el mercado laboral) que tropezaron, una y otra vez, con el bloqueo de un Congreso y unas élites económicas hostiles a cualquier redistribución, las mismas élites cuyas ganancias, como se vio, siguieron creciendo durante este gobierno. La paradoja, entonces, es doble: el mismo poder económico que contribuyó a generar el malestar fiscal y social es el que después capitaliza electoralmente la frustración que ese malestar produce.
Esa frustración por la “paz total” estancada, por la inseguridad cotidiana y por un Estado que aún no resuelve el día a día económico del ciudadano de a pie, no se disuelve llamando ignorantes a quienes la sienten. Tampoco es un fenómeno exclusivamente colombiano: la misma lógica explica el ascenso de proyectos de derecha radical en otras partes de América Latina, desde el Salvador de Bukele hasta la Argentina de Milei, en un continente que Estados Unidos vuelve a tratar, bajo una suerte de Doctrina Monroe renovada, como su patio trasero natural en esta fase de reafirmación de su poder imperial en la región. El abrazo inmediato de Milei a De la Espriella, y el respaldo previo de Trump, no son anécdotas: son la confirmación de que la elección colombiana se inscribe en una contienda continental, e incluso global, entre un proyecto autoritario en expansión y las democracias que aún intentan contenerlo.
Un balance necesario: el peligro de la simplificación
Usar el trilema antifascista en el debate colombiano tiene, como se ha visto, un valor analítico real: ayuda a nombrar con datos concretos la concentración de riqueza, el clasismo, la indolencia política y la alienación mediática que efectivamente atraviesan parte del electorado de derecha radical. Conviene decirlo desde una posición sin ambigüedades: este es un análisis hecho desde la izquierda y para la izquierda, no una receta de moderación ni una invitación a la equidistancia. Pero precisamente por eso, el rigor exige también una advertencia estratégica: reducir la totalidad del voto de casi trece millones de personas a la mera “estupidez” o “maldad”, sin matices, dificulta la tarea de disputarle ese electorado a la derecha.
El auge del discurso de derecha en Colombia no se nutre únicamente de ignorancia ni de cinismo. Se alimenta también de un terreno fértil construido por décadas de élites que se beneficiaron de la desigualdad y de cuatro familias que deciden buena parte de lo que millones de personas leen, escuchan y ven cada día, en un país que, no lo olvidemos, es el tercero más desigual del planeta. Ese terreno no lo construyó el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia: lo heredó, intentó enfrentarlo con reformas que fueron bloqueadas, y ahora paga también el costo político de no haber podido resolverlo en un solo mandato. Que ese gobierno haya estado a menos de un punto porcentual de retener el poder, pese a todo lo anterior, dice tanto sobre la fragilidad del nuevo mandato como sobre la magnitud de lo que la izquierda colombiana construyó en tan poco tiempo.
A quien hoy celebra el triunfo del candidato de la derecha radical, este artículo le plantea una pregunta honesta: ¿se reconoce en alguna de las cuatro categorías del trilema ampliado y, si es así, está dispuesto a vivir con las consecuencias de esa respuesta? A quien milita o simpatiza con la izquierda colombiana y latinoamericana, le pide algo distinto: no una autoflagelación ni una concesión ideológica, sino la determinación de construir un proyecto capaz de disputar, con hechos y no sólo con razón moral, a esas clases populares que hoy votan en contra de sus propios intereses. Y a quien observó esta segunda vuelta desde la comodidad de una pretendida neutralidad, conviene recordarle que la equidistancia frente a un proyecto autoritario no es objetividad: es, en los términos ya citados, una forma de complicidad. El trilema italiano de los años 40 sigue siendo válido. Pero su lección más profunda, ochenta años después, no es darle la espalda al adversario electoral: es que el fascismo y el autoritarismo se combaten y se derrotan en la batalla política y cultural que haga posible un cambio de mentalidad en los pueblos que toman las riendas de su propio destino, y que les permita entender tanto las fuerzas internas como las influencias externas que moldean sus propias sociedades, para construir un futuro más justo y equitativo para las próximas generaciones.
*Juan Zahir Naranjo Cáceres es abogado colombo-australiano de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios en Antropología y Sociología y especialización en Derecho Constitucional, todos en la misma institución. Es candidato a doctor en Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Derecho Constitucional en la Universidad de la Sunshine Coast (Australia).
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