Desde el 31 de mayo de 2026, los caudales electorales de la primera vuelta que favorecieron a Abelardo de la Espriella permanecieron en situación de inminente riesgo de consolidarse —mediante el espectro del fraude, la trampa o la coacción— en lo que podría constituir el mayor sablazo electoral de la historia republicana en Colombia. Esta amenaza no proviene exclusivamente del clamor popular, sino de un poderoso ecosistema electoral sustentado en un mecanismo tecnológico que realiza el preconteo y la transmisión inicial de la información consignada en las mesas de votación —específicamente en los formularios E-14—, a cargo de la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026. Dicha unión se halla encabezada por la firma Thomas Greg & Sons, propiedad de los hermanos Felipe, Camilo y Fernando Bautista, quienes fueron condenados y encarcelados en los Estados Unidos por haber cometido fraude contra más de quince instituciones bancarias de ese país. Proceso al que coadyuvó en su difusión, la multinacional española Indra Group, líder en el sector de la defensa aeroespacial y las tecnologías avanzadas.
En lo que respecta a Thomas Greg & Sons, resulta jurídicamente inadmisible que una empresa con semejante historial criminal en los Estados Unidos pudiera haber sido habilitada como contratista del Estado colombiano.
El software operado por este consorcio resulta determinante en la percepción del triunfo de un candidato presidencial. Sin embargo, el fraude parece inocultable durante dicho proceso electoral, por las siguientes razones, enunciadas por los periodistas investigativos Fabio Martínez y Gonzalo Guillén, éste último director de La Nueva Prensa, en julio de 2026:
«Hay tres fraudes capitales que invalidan estas elecciones: primero, el Consejo de Estado ordenó a la Registraduría Nacional contar con un software propio para los procesos electorales, orden que ha sido sistemáticamente incumplida. Segundo, la Registraduría aceptó la inscripción de Abelardo de la Espriella con un presunto respaldo de tres millones de cédulas falsas, hecho encubierto por la Registraduría, la Fiscalía y la Procuraduría. Tercero, miles de formularios E-14 circulan en redes sociales evidenciando innumerables falsificaciones a favor de De la Espriella[i].»
I. El proyecto político: una agenda extremista y antidemocrática
La eventual ocupación del Palacio de Nariño por parte de este candidato —cuya personalidad repelente evoca la imagen de un felino acechante— presagia la implementación de una agenda de marcado corte extremista. Su autoproclamación como enemigo radical de la izquierda, a la que promete «destripar» durante su gobierno[ii], y su anuncio de gobernar por decreto responden a la lógica de una derecha neoliberal salvaje, de corte proisraelí y proimperialista, refractaria al reconocimiento de derechos ajenos a la concepción filosófica de la ética política y jurídica. A ello se suma una doctrina de control territorial basada en el bombardeo sistemático de zonas en conflicto y de presencia de grupos subversivos, estrategia que amenaza con aniquilar a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, desmantelando las garantías democráticas y el Estado Social de Derecho, en flagrante elusión del Derecho Internacional Humanitario.
Su condición de ciudadano estadounidense y su adscripción al Partido Republicano —el más conservador de los Estados Unidos, país donde ha transcurrido el núcleo de su biografía durante los últimos doce años— revelan una desconexión ontológica con las realidades del territorio nacional. Al ignorar las luchas de las organizaciones populares, obreras y étnicas de la nación, su propuesta carece de un diagnóstico técnico que aborde las heridas estructurales de la sociedad colombiana: la pobreza multidimensional, el acceso universal a la salud, la equidad educativa y la seguridad comunitaria. Su programa de gobierno se deshace, en consecuencia, en un colosal oxímoron, colmado de contradicciones irreconciliables.
II. El desmantelamiento institucional y el aislamiento internacional
Su retórica divisiva y desafiante fractura el tejido social, polarizando un país históricamente ensangrentado y clausurando los senderos hacia la reconciliación y la paz interna.
Incluso el ecosistema mediático y las propias redes de desinformación digital advierten sobre un desmantelamiento institucional sin precedentes. Bajo el pretexto de la austeridad fiscal, se proyecta la supresión de entidades nacidas al amparo de los acuerdos de paz, vitales para la memoria colectiva y la justicia transicional: el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad para las Víctimas y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este repliegue institucional podría complementarse con el aislamiento internacional de Colombia mediante su retiro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
III. El inventario de opacidad: litigios, lavado de activos y vínculos oscuros
En el ámbito de la probidad, investigaciones periodísticas de la Revista Cambio y plataformas de control social exponen un oscuro historial de litigios y transacciones cuestionables. Se le vincula con el presunto lavado de activos por un valor de 370.000 dólares asociados a las empresas de Alex Saab, artífice de redes de corrupción y desvío de fondos públicos venezolanos. Asimismo, se documenta la adquisición de un predio colindante a antiguos centros de entrenamiento paramilitar —trágicamente evocados como el «Auschwitz colombiano»— de propiedad de su socio, el condenado Hugues Rodríguez Fuentes, a través de operaciones familiares. A este inventario de opacidad se suma la presunta defraudación a SaludVida EPS en 2018, en la que su firma jurídica habría facilitado la transferencia irregular de inmuebles valorados en más de 146.000 millones de pesos, con el propósito de ocultar el patrimonio de esta entidad prestadora de servicios de salud, actualmente bajo intervención estatal.
Su absoluta carencia de trayectoria en la administración pública o en cargos de elección popular menoscaba gravemente su idoneidad como gobernante. El ejercicio de la alta política exige virtudes de concertación que trascienden ampliamente la práctica litigiosa y corporativa, máxime cuando su experiencia profesional se ha cimentado en la defensa de estructuras del hampa, el narcotráfico y la captación ilegal de dinero —como en el caso de las pirámides de David Murcia Guzmán, que devastaron los escasos ahorros de los sectores más vulnerables de la población—. Sus propuestas, de un populismo manifiestamente falaz, ofrecen respuestas simplistas a problemáticas de alta complejidad, presagiando una gestión estéril y la ulterior desilusión de su base electoral.
IV. La subordinación geopolítica y la metáfora del tigre de papel
Tampoco resultan desconocidos los vínculos de De la Espriella con figuras como Benjamín Netanyahu, principal arquitecto del sionismo gubernamental israelí[iii], y con Donald Trump, así como sus conexiones con el gobernante ucraniano Volodymyr Zelenski, copartícipe de Trump en la expoliación de recursos naturales de Kiev[iv].
Su discurso, impregnado de fervor ideológico y subordinación geopolítica, proyecta la imagen de una nación dispuesta a renunciar a parcelas significativas de su soberanía histórica para congraciarse con intereses foráneos. En esa representación, Colombia deja de ser concebida como una comunidad política autónoma y se transforma en una ofrenda servil, entregada con diligencia ceremonial a centros de poder cuya influencia trasciende sus fronteras.
Con una arrogancia revestida de republicanismo, Abelardo de la Espriella cabalga sobre un tigre de papel, símbolo de una fortaleza más aparente que real. A su paso arrastra un programa de gobierno estéril y degradado, mientras alimenta el propósito de depositar, en bandeja de plata, la inmensa riqueza material, estratégica y simbólica de Colombia a los pies del mandatario de la nación que parece reconocer como su verdadera patria: los Estados Unidos de América.
No obstante, el 17 de junio de 2026, once congresistas demócratas y doce organizaciones de la sociedad civil estadounidense dirigieron sendas cartas a Marco Rubio, secretario de Estado; Todd Blanche, fiscal general; y Scott Bessent, secretario del Tesoro, suscritas entre otros por Jesús G. «Chuy» García, Greg Casar, Rashida Tlaib, Pramila Jayapal, Nydia M. Velázquez y Delia C. Ramírez. En dichas misivas se denunció la injerencia del presidente Trump en las elecciones presidenciales colombianas del 21 de junio, y se exigió a las autoridades estadounidenses investigar los vínculos de De la Espriella con el paramilitarismo, el lavado de activos y sus relaciones con Alex Saab. Los firmantes advirtieron, además, sobre turbios negocios inmobiliarios del candidato en el estado de Florida.
La metáfora del «tigre de papel» no solo revela la fragilidad de las promesas que sustenta su candidatura, sino también la inconsistencia de una visión política que confunde la cooperación internacional con la dependencia estructural, y la dignidad nacional con la obediencia servil.
V. Arqueología política de un proyecto autocrático en clave neodictatorial
La candidatura de Abelardo de la Espriella irrumpe en el espectro político colombiano como fenómeno sincrónico de las necropolíticas globales. Su propuesta de gobierno constituye un palimpsesto autoritario en el que convergen estratos históricos de dominación: desde la tiranía clásica de Pisístrato —cuya demagogia armada subvirtió la isonomía ateniense— hasta los regímenes de terror que marcaron el siglo de hierro latinoamericano.
En su retórica se actualizan los espectros del gomecismo laureanista, con su dogmatismo ultramontano, y las prácticas represivas de las dictaduras cívico-militares —Argentina, 1976-1983; Chile, 1973-1990—. Su programa contiene resonancias del ethos trujillista en el culto a la fuerza bruta, la lógica somocista de patrimonialización estatal y el delirio genocida de los Jemeres Rojos en Camboya. Esta polifonía autocrática alcanza su punto culminante en su admiración por Benjamin Netanyahu, arquitecto de una democracia liberal sustentada en la ocupación permanente y la excepcionalidad jurídica.
Lejos de constituir una mera analogía histórica, esta constelación de referentes configura una poética del poder que trasciende lo estrictamente político: es la negación dialéctica de la polis como espacio de deliberación colectiva. Su proyecto encarna lo que Hannah Arendt denominó «la banalidad del mal» institucionalizado —la normalización burocrática de la violencia—, combinado con el decisionismo schmittiano que reduce la política a la relación binaria amigo-enemigo.
La paradoja fundante de su movimiento reside en su pretensión de instaurar un «autoritarismo cívico»: oxímoron que revela su aspiración a deconstruir el contrato social desde dentro, utilizando las formas republicanas como coartada para vaciar su contenido democrático. Como advirtiera Foucault en su análisis de los dispositivos biopolíticos, este neodictadorialismo suave opera mediante la captura de los imaginarios colectivos, transformando el miedo en combustible político y la desmemoria histórica en estrategia de dominación.
VI. Las contradicciones programáticas: un gobierno en oxímoron permanente
El programa de gobierno de De la Espriella, Salvando la patria milagro, presenta inconsistencias que merecen examen detallado:
Sobre el patriotismo constitucional: De la Espriella proclama lealtad a la Constitución mientras anuncia su voluntad de refundar la patria «por la razón o por la fuerza», modificando hasta la última letra de la Carta Magna para satisfacer sus intereses personales. La periodista María Jimena Duzán confirma que pretende reducir el tamaño del Estado y eliminar instituciones, contraviniendo así el propio texto constitucional.
Sobre la constituyente: Antes de perfilarse como candidato presidencial, De la Espriella defendía activamente la figura de una Asamblea Constituyente, postura que contrasta ostensiblemente con su posición en las elecciones de 2026. Si no respeta las disposiciones judiciales que le prohíben usar símbolos patrios y la camiseta de la Selección Colombia con fines electorales, resulta inverosímil que vaya a respetar el orden constitucional.
Sobre la independencia judicial y la prensa: Al anunciar que los Estados Unidos intervendrán en Colombia «cuando sea necesario», desconoce la autoridad de los jueces de la república, la libertad de prensa y la autonomía de las instituciones nacionales. Anuncia, además, recortes por setenta billones de pesos al presupuesto nacional, lo que implicaría la eliminación o fusión de entidades vitales para la estabilidad y el bienestar general.
Sobre la dolarización: Propone dolarizar la economía como mecanismo de protección frente a la inflación, lo que supondría anular la función del Banco de la República y entregar la política monetaria colombiana al imperialismo financiero norteamericano. La dolarización constituye una entrega de la soberanía al narcotráfico global, convirtiendo el territorio nacional en el mayor escenario del mercado de estupefacientes en el continente.
Sobre la seguridad: Plantea crear un bloque de búsqueda contra la extorsión y una «primera línea de seguridad» integrada por veteranos y reservistas. Esta propuesta contradice, sin embargo, su programa de gobierno, que proclama la prohibición de todas las formas de lucha. El crimen organizado es presentado como el principal enemigo de la libertad y la paz, pero su propuesta de fumigación de cultivos ilícitos contraviene las prohibiciones establecidas por la ley y la jurisprudencia de las altas cortes colombianas.
VII. Epílogo crítico: entre la hegemonía cultural y la estupidez como problema moral
Frente a este proyecto que hibrida el cesarismo posmoderno con el fascismo líquido, la ciudadanía colombiana enfrenta un desafío ético-existencial de primera magnitud. Como escribiera Gabriel García Márquez en su discurso Por un país al alcance de los niños, se trata de elegir entre «la vida, esa cosa magnífica» y la sombra larga de los autoritarismos que creíamos sepultados en el desván de la historia.
Desde la antropología crítica, emerge una pregunta perturbadora: ¿por qué los pobres votan por los ricos, quienes carecen de tierra votan por terratenientes y los trabajadores precarizados idolatran a millonarios? ¿Es eso masoquismo colectivo o enajenación política?
El filósofo y sociólogo marxista italiano Antonio Gramsci ofreció a esta pregunta una respuesta de calado estructural, al acuñar el concepto de hegemonía cultural: el poder más eficaz es aquel que convence al dominado de que la visión del mundo que tienen el dominante es la única posible; el que vende aspiración en lugar de redistribución, meritocracia en lugar de igualdad de oportunidades, y logra que el sujeto crea que esas ideas le pertenecen[v].
La antropóloga malaya Aihwa Ong, en su trabajo de campo etnográfico en Malasia durante la década de 1980, analizó el impacto de las fábricas multinacionales en las mujeres rurales explotadas que defendían a sus patrones sin coacción aparente, asimilando el éxito del jefe como sinónimo de progreso colectivo. Ong documentó cómo la modernidad, el género y el capitalismo global chocan en el cuerpo y la cultura de las trabajadoras, y halló en las posesiones espirituales de estas mujeres una forma culturalmente codificada de resistencia inconsciente frente a la disciplina fabril y el control patriarcal de las corporaciones multinacionales[vi].
El sociólogo francés Pierre Bourdieu, por su parte, introdujo conceptos capitales como los de habitus, campo, capital cultural y violencia simbólica: esta última, como forma de dominación que opera sin recurrir a la fuerza bruta[vii], resulta particularmente pertinente para comprender por qué amplios sectores populares interiorizan como naturales las condiciones de su propia subordinación.
El teólogo y pastor luterano alemán Dietrich Bonhoeffer, activo opositor al nazismo y condenado a muerte, reflexionó desde prisión sobre un fenómeno que denominó estupidez moral —no intelectual—: las personas pueden ser perfectamente inteligentes y, no obstante, volverse «estúpidas» al renunciar a pensar por sí mismas y adoptar ciegamente consignas o eslóganes, porque la aprobación del grupo vale, a sus ojos, más que el propio criterio. Bonhoeffer escribió para que la humanidad comprendiera que lo ocurrido no fue que un monstruo tomara el poder, sino que millones de personas decidieron que pensar por sí mismas era demasiado incómodo[viii].
Finalmente, el sociólogo brasileño Jesse José Freire de Souza, en su obra El pobre de derecha: una venganza de los bastardos, analiza con rigor el fenómeno de los sectores populares que votan sistemáticamente contra sus propios intereses económicos, dilucidando los mecanismos simbólicos y culturales que hacen posible tal paradoja.
En definitiva, la gente no vota al más preparado: vota a quien mejor administra sus miedos a través del relato fantástico y el discurso temerario. No gana la mejor propuesta; gana quien controla la historia imaginada.
La historia, sin embargo, no absolverá a quienes, pudiendo elegir, optaron por la servidumbre voluntaria.
Nelson Ortiz
Osorio, filosofo, Especialista en Gerencia Educativa, Representante Legal de
ACIDE, Agencia de desarrollo de Cooperación Internacional. Del Norte del Valle
del Cauca, Colombia.
[i] Gonzalo Guillén, periodista investigador, director de La Nueva Prensa, en julio de 2026.
[ii] https://www.youtube.com/shorts/uyvhIJwQScY
[iii] El sionismo de Netanyahu y Trump asedia a Colombia. Gabriel Ángel, seudónimo de Germán Gómez Camacho. Jun 3, 2026.
[iv] Gabriel Ángel, Periodista investigativo de la Revista Raya, Julio de 2026: https://www.youtube.com/shorts/LPn-CMTjkds.
[v] Gramsci, Antonio. Cuadernos de la cárcel, (1929).
[vi] Ong,Aihwa. Spirits of Resistance and Capitalist Discipline: Factory Women in Malaysia, (1987).
[vii] Curso de Sociología General (1º. y 2.º). El capital. Siglo XXI: Buenos Aires.
(2019, 2021).
[viii] Dietrich Bonhoeffer. Resistencia y sumisión, (1944).