La reciente coyuntura electoral funciona como punto de referencia para repasar los avances y tendencias del movimiento social en Colombia, en la medida que el gobierno progresista incluyó parte de las exigencias que históricamente componen sus reclamos. Ese hecho indica un cambio importante ya que los gobiernos antecedentes prefirieron desconocer y/o reprimir la voluntad organizada en el movimiento social. En ese sentido, surgen preguntas sobre qué tanto se pudo avanzar, para desde allí identificar posibles aprendizajes de cara al futuro inmediato.
Para buscar respuesta, se empieza por una breve ubicación de la dinámica y los cambios antes de 2022, luego se consideran los últimos cuatro años y se finaliza con unos comentarios sobre posibles comportamientos y acciones frente a la coyuntura venidera.
- La dinámica precedente
El lapso entre 2019 a 2026 marca un momento de condiciones favorables al desarrollo del movimiento social en el país, en particular si se le compara con el difícil periodo del recambio de siglo (1990-2010), que se acompañó de la consolidación de un régimen altamente autoritario que generalizó la represión en sus diversas formas.
Estos cambios se pueden ver con facilidad a través de las estadísticas históricas de la protesta social que elabora el CINEP. Ellas describen una drástica caída desde mediados de los ochenta hasta fines de siglo, debido al espejismo constitucionalista de 1991 y a la brutal arremetida para-estatal. Luego se presenta una recuperación suave, pero sistemática de 2000 a 2007, punto en el que el cansancio le ganó al miedo. Y desde allí se identifica una década donde las protestas volvieron a ser parte de la vida nacional, con un promedio cercano a las ochocientas acciones por año hasta 2019.
Después se presenta el punto crucial de 2019 y 2021, donde las protestas no sólo se elevan en cantidad, sino que generaron hitos que rompieron con todos los antecedentes históricos, como fueron los paros de 1977 o 1982. Las protestas se tornaron en largas jornadas durante las cuales se fue consolidando una serie de demandas que, vistas en su conjunto, pueden ser entendidas como la base de un programa por transformaciones sociales para salir de la crisis.
A partir de 2021 las protestas descendieron, pero se mantuvieron en un promedio cercano a las 1.300 por año, número que por sí solo habla del sostenimiento de la nueva dinámica del movimiento social.
A diferencia de las décadas de los ochenta y noventa, donde predominaron luchas más urbanas por servicios públicos o de contenido laboral, la recuperación de las protestas, a partir de 2003, estuvieron asociadas a la dinámica de sectores de las áreas rurales. La irrupción de la Minga Indígena, luego ampliada a Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular, como los paros nacionales campesinos (2013, 2014 y 2016) dan cuenta de esa característica. Allí conceptos como territorio, las diferencias o la identidad -más apáticos a la perspectiva proletaria- jugaron un papel importante en la orientación de las reclamaciones y las agendas reivindicativas, todo en un marco donde el gran capital se abalanzó con fuerza sobre los habitantes de las áreas rurales y las potencias de la naturaleza.
- Protesta social y progresismo
Los hitos de 2019 y 2021 no sólo implicaron un tremendo ascenso en el número de protestas, sino también un giro hacia las ciudades como epicentro de las luchas, las que en todo caso estuvieron acompañadas por los habitantes rurales. De ese modo, las demandas pasaron de descansar en el territorio, lo ambiental y los derechos humanos, para concentrarse en disputar otros negocios del capital que generan impacto a nivel nacional tales como empleo, salud, pensiones, vivienda, o educación. En esa dinámica las Centrales obreras recuperaron parte de su capacidad de dirigencia nacional al funcionar como convocantes iniciales, punto desde el cual se consolidaron pliegos de exigencia más amplios que redundaron en el sostenimiento de las protestas durante dos largos meses, contenidas sólo cuando el gobierno de Duque, con pleno apoyo de la derecha, usó en forma descarada la fuerza militar para reprimir las reclamaciones.
Aquel quiebre momentáneo fue encauzado hacia las urnas y convertido en una de las bases sobre la cual se erigió el gobierno del progresismo. El nuevo vuelco radicó en tramitar las exigencias del movimiento a través de proyectos de ley: pensiones, salud, tierras, trabajo, esperando que por ese medio se superara la dinámica mercantilista impuesta en las tres décadas anteriores. La novedad implicó que las luchas debían también liberarse al interior de las viejas instituciones burguesas, diseñadas para sostener y justificar el poder de los terratenientes y capitalistas, y donde se estaba en franca desventaja numérica. En consecuencia, era evidente que el avance de los proyectos de ley sólo era posible si se mantenía una fuerte presión en las calles.
Bajo tales condiciones, tanto la dirigencia del movimiento social, como la del progresismo, asumieron el reto de producir un movimiento social más fuerte. Es decir, se tenía que crecer en cantidad de población movilizada, pero también en capacidad organizativa, lo que debía manifestarse en mayor número de organizaciones, fortalecimiento de redes orgánicas conjuntas, y por sobre todo en la profundidad programática entre las masas, forma concreta en que se va consolidando una mirada alternativa al capitalismo. Todo ello debería redundar en mayor participación social y por tanto en una ampliación práctica de la democracia burguesa, tal que se tendiera a superar los limitados marcos representativos, tal que los movimientos sociales se convirtiesen en sujetos con iniciativa propia y capacidad decisoria real sobre las tendencias por las cuales discurre la vida social. Esa capacidad debía manifestarse en una incidencia real sobre la promulgación de leyes, la distribución del presupuesto nacional, y por sobre todo, en una distribución del ingreso nacional en favor de las clases y sectores proletario-populares.
- El claro-oscuro de los resultados
El reto de fortalecer al movimiento recibió alguna respuesta inicial , sin embargo, a medida que pasó el tiempo fue primando la defensa del gobierno y a ese objetivo se tendió a limitar la acción del acumulado social.
Se pueden identificar algunos eventos de índole nacional impulsados por el gobierno en sus primeros años en dirección a fortalecer el movimiento social. La Convención Nacional Campesina (12/ 2022) con más de 2000 delegados, en la que se discutió la urgencia de la reforma agraria[1]; la Cumbre Nacional Minera (03/23) en referencia al futuro de la pequeña minería, la Asamblea Nacional de Economía Solidaria, Popular y Comunitaria (08/23), que reunió al sector solidario y cooperativo[2]. Estas formas de impulso presentaron una especie de tope con el llamado a la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad (Sept 2024), acto en el que las formas burocráticas evidenciaron que el movimiento social estaba siendo reducido a una fuerza apenas suplementaria que paliaba las dificultades coyunturales que atravesaba el gobierno.
Al respecto, en los dos primeros años las movilizaciones de talante nacional fueron en realidad convocadas por el presidente, y siempre como una carta de presión esgrimida frente a las burocracias de la ultraderecha. Así mismo, parte de la dirigencia del movimiento social paso a ser parte de la burocracia estatal, o en su defecto empezó a moverse por acceder a proyectos y recursos en favor de la parcialidad social que representaban. Por eso las protestas mantuvieron su dinámica en números de movilizaciones, pero al costo de ir perdiendo su contenido nacional y social, generando un fuerte retroceso de la lucha política-reivindicativa a la lucha gremial-inmediatista, muchas veces con fuerte olor oportunista.
En resumen, la estabilización del gobierno progresista se acompañó con el acomodamiento y una creciente relación de tipo burocrática con el movimiento social. Con lo cual, en la práctica, la estrategia de lucha terminó centrada en lograr avances en el Congreso, un cretinismo parlamentario cada vez más caro para el movimiento social, que pasó a movilizarse en forma espasmódica y bajo tutelaje de Petro. Ejemplo claro de esa tendencia fue el saboteo del paro nacional a finales de mayo de 2025, convocado en respuesta al descarado hundimiento de la reforma laboral, marco en el que se volvió a activar la Cumbre Social y Política, evento que dejó transparentar que estaba siendo reducida a un escaparate del gobierno. De esa manera se dio otro paso más a contracorriente de la exigencia de fortalecer la organización y movilización popular, en cuanto condición absolutamente necesaria para avanzar en la dirección de transformaciones sociales creíbles y sustentables en el tiempo.
- Desgaste de la protesta y nuevos giros
La Defensoría publicó una serie estadística de conflictos sociales manifiestos[3] entre 2022 y 2025, identificando una tendencia creciente, en cada uno de los años (1.427; 2.046; 3.832 y 4.039). De los 4.039 hechos que reporta para 2025, 18% fueron laborales, 13% servicios públicos, 12% reclamos por inversión al Estado, 11% educación, 11% seguridad y 8% salud. Y del total 41% acudió a cortes de ruta, 39% a concentraciones y 5% a marchas.
Los datos en parte coinciden con la tendencia antes descrita sobre los datos del CINEP, sin embargo, aparecen nuevos elementos. Uno de ellos es que parte de las protestas fueron producto de fracciones partidistas de la derecha, en especial las referentes a las demandas particulares de los gremios[4], las de salud y seguridad, vía por la cual fueron instalando la imagen de una crisis social producto del mal gobierno. Se sumó la acción dirigida desde algunos sectores y sus empresas de comunicación para alentar la sensación de cansancio social frente a las protestas. Su resultado fue una fuerte incidencia entre parte de la población que pasó a ponerse en su contra, en especial porque los cortes de ruta afectan a los pequeños transportistas y comerciantes, quienes viven casi del día a día, base sobre la cual también construyó su conexión con la agenda de ultraderecha.
Estos otros elementos ayudan a señalar que el movimiento social no sólo retrocedió desde la lucha política-reivindicativa a la lucha gremial-inmediatista y oportunista -, como antes se ha mencionado-, sino que además los sectores populares fueron perdiendo la iniciativa para orientar las protestas frente a los crecientes problemas del país, de modo que las reclamaciones fueron quedando en manos de gremios y sectores sociales instrumentalizados por la derecha, cambios que también redundaron en el rebrote ultraderechista.
En ese contexto de recambio se produjo la jornada de protestas que tuvo como protagonista a sectores sociales cercanos al Congreso de los Pueblos, en octubre de 2025. El evento duró aproximadamente una semana, con bloqueos en más de doce puntos del país y plantones ante oficinas estatales en Bogotá, realizados para exigir el desmonte del paramilitarismo, cuidado real a las comunidades, programas de vivienda y el cumplimiento de acuerdos de la agenda social. Si bien se trató de una movilización genuinamente popular tendiente a recuperar la dinámica nacional alcanzada hasta 2022, su impacto prontamente fue opacado por la entrada en la campaña electoral, de modo que las fuerzas sociales del país se enfilaron por el pleno cauce de aceptación institucional y burocratismo que fortaleció el partido progresista.
- Los retos
De cara a la acción venidera es necesario comprender que las dificultades del país se originan en una crisis capitalista de larga trayectoria, de allí que su adecuada superación sólo es posible mediante la constitución de fuerzas que permitan una salida proletario-popular, es decir que su eje y senda principal descansen en la solución de los problemas que sufren las mayorías del país.
Por lo anterior, también es comprensible que la construcción de la salida proletario-popular no puede soportarse en la acción limitada que puede ejercer un gobierno, en tanto éste apenas es una parte del entramado del poder, el que descansa realmente en la dominación que ejerce el capital desde las empresas, desde las cuales se sostienen y desprenden las instituciones formales y no formales como los gremios, sus partidos, instancias gubernamentales, medios de comunicación, iglesias, y centros de pensamiento, red que permite reproducir la naturalización de la explotación y dominación, todo lo cual trasciende al mismo Estado capitalista.
Bajo ese contexto, uno de los objetivos fundamentales que puede cumplir el movimiento social es el de ampliar y trascender los limitados horizontes de la democracia representativa, constituyendo las bases de una nueva democracia asamblearia, permanente, popular y constituyente. Como se sabe, los mecanismos de la democracia representativa están constituidos para que el capital imponga sus oficiantes de turno, tal como acaba de ocurrir, los que son producto de un proceso político que descansa en la corrupción, debido a las grandes sumas que se deben invertir para ser elegidos, las que provienen de los grupos capitalistas de las regiones y que tienen presencia en todo el país. Por eso, es necesario desarrollar los mecanismos de la democracia asamblearia y popular para desde allí tomar la iniciativa de nuevas leyes y contar con un poder lo suficientemente fuerte y activo que regule y controle las actuaciones de las instancias representativas, de modo que los planes y decisiones no terminen por negar o burlar la voluntad popular e impongan los intereses mezquinos de los grandes capitalistas y de sus clanes políticos.
En esa dirección y propósito es importante reconocer los grandes avances que ha dado en las dos últimas décadas el movimiento social. De hecho, la capacidad de movilización y protesta permanece activa, existiendo además un acumulado de exigencias que funcionan como base programática común de lo que deben ser las transformaciones sociales. De igual forma se han desarrollado espacios de encuentro, coordinación y dirección de nivel nacional que merecen ser retomados, mejorados y fortalecidos.
A pesar del recambio en el gobierno hay que destacar que la perspectiva de fondo del movimiento social goza de buena salud, afirmación que es más significativa si se comprende que las causas y consecuencias de la crisis social no han hecho más que profundizarse en los últimos años, tal como lo evidencia un análisis incluso somero de cualquier sector o área social.
Y más aún, porque el gobierno entrante no cuenta en realidad con una propuesta política siquiera ligeramente coherente para enfrentarla. De ello da cuenta los balbuceos programáticos que expresó De la Espriella durante la campaña y que muestran un serio vacío sólo encubierto por el lema propagandístico de la “Patria Milagro”, el que sea dicho de paso fue pisoteado en su discurso de victoria el día 21 de junio, al afirmar que “no recibió un país fácil… (y por eso) No voy a prometer milagros”. Tal acto de negación ayuda a clarificar que la perspectiva neoliberal cuando mucho fue un pañito de agua tibia frente a los problemas estructurales del capitalismo colombiano, siendo totalmente un fracasó para sacar al país de la crisis. Y en cuanto a las declaraciones de política hasta ahora despuntadas, que sólo repiten esas formulas incoherentes, disfuncionales y fracasadas, es esperable que pronto se revele la gran estafa que representa el nuevo gobierno, de allí que en perspectiva sólo le quede el uso desmedido de la amenaza y la fuerza, lo que en seguida lo deslegitimará aún más, incluso entre una parte de sus votantes.
Es aquí que se torna urgente contener y superar cierta tendencia que propaga el cansancio, el pesimismo y la decepción ante las dificultades presentadas en los últimos dos años. La mejor actitud frente al derrotismo es la revisión crítica de lo avanzado siempre en la dirección de corregir y retomar el paso y el rumbo que caracterizó el momento 2019-2021. Es necesario entender y asimilar que el camino de la emancipación proletario-popular está lleno de dificultades, tropiezos y desvíos, los que necesariamente deben ser superados, porque ante la humillante realidad que impone el capital sólo queda la opción de avanzar por un futuro diferente.
Es importante apropiar los aprendizajes de la última década para ir superando las lecturas parciales, y en consecuencia fraccionadoras, que suelen recorrer y reproducirse dentro del movimiento social. Tal avance se facilita cuando se comprende que el capital afecta y golpea tanto al sector proletario-popular tanto en lo urbano, como en lo rural. De allí que sea preciso que los sectores proletario-populares del campo y la ciudad aprendan a caminar con sus propios pies, a dirigirse con cabeza propia, para así apersonarse de sus problemas y en consecuencia darles una salida, sabiendo que a grandes problemas, grandes soluciones.
Es necesario generar un ambiente que anime la necesidad de ampliar y profundizar las luchas. Para ello suele venir muy bien el desarrollo de espacios del tipo foros de encuentro, que permitan realizar balances, elevar críticas, proponer mejoras, procurando que en forma colectiva se identifiquen rutas por las cuales seguir caminando, espacios que son vitales para retomar y fortalecer la voluntad de lucha en el próximo semestre.
Así mismo hay que retomar la dinámica de lucha político-reivindicativa cuando menos sobre las bases programáticas de 2022, para desde allí avanzar hacia la salida proletario popular a la crisis.
Al respecto, hay que tener en cuenta que la agenda de transformaciones identificada por el movimiento social, y en parte retomada como proyectos de reformas legales, fue decididamente negada por el capital a través de sus fuerzas políticas de derecha y ultraderecha. De allí que los avances en democratización de la propiedad de la tierra, pensiones y derechos laborales fueron limitados, mientras que los resultados en educación, salud, vivienda y generación de empleo fueron nulos o negativos. Aún con esto, es necesario entrar a defender parte de los alcances, como por ejemplo los incrementos en salario mínimo, para desde allí procurar el alcance de mayores logros.
Es allí donde los espacios de coordinación amplia como la Cumbre Social y Política vuelven a jugar un papel muy importante. En esa dirección, es primordial identificar los acumulados que dentro del progresismo se han mantenido o que se muestran consecuentes con las necesidades y demandas del movimiento social y los sectores proletario populares. Es fundamental comprender que la nueva situación demanda construir fuerzas populares de gran envergadura, ya que los retos por superar también son de gran tamaño.
Al respecto, el Pacto Histórico ha emitido un llamado en el que manifiesta su compromiso por desarrollar asambleas y encuentros territoriales de cara a una gran Convención Nacional del Frente Amplio. A la vez Iván Cepeda ha llamado a la desobediencia civil frente al peligro evidente de someter aún más la soberanía del país a la tutela de los Estados Unidos. Tal perspectiva es pertinente para construir una gran fuerza social y política capaz de contener al gobierno venidero, el que se ha levantado mediante la amenaza de destripar a la izquierda, incluyendo allí al movimiento social y sus mecanismos de protesta.
En tal propósito es importante ayudar a que los acumulados electorales del progresismo se po0ngan efectivamente del lado proletario-popular, avancen y se transformen en organización social y política permanente. Hay que aportar para que esa “gran conciencia colectiva que comprende y sabe que el país merece otras posibilidades y alternativas para salir de su crisis[5]” avance, en términos programáticos y organizativos, hacia una postura transformadora de fondo tendiente a superar el capitalismo. Y, al respecto, hay que tener bien presente que las directivas burocráticas de ese partido en otras ocasiones se han manifestado en esa dirección, mientras en la práctica no hacen nada para concretar esos propósitos; y también que los eventos nacionales, como antes se mencionó, tienden a ser manipulados, imponiéndose muchas veces el estilo caudillesco, o los intereses parciales de grupos liberales de izquierda de las regiones. Por eso, en el marco de la coordinación, la convergencia y las alianzas, es fundamental evitar que la dinámica partidista y electoral reduzca y opaque la propia trayectoria y papel que debe jugar el movimiento social.
En términos incluso más pragmáticos, la situación inmediata es apremiante por cuanto entre septiembre y octubre de este año se debería mostrar gran capacidad de movilización y ser un sujeto político con incidencia en la orientación que deba tener el próximo Plan Nacional de Desarrollo, marco en el que se definirá quienes van a cargar con los costos del ajuste fiscal y el pago de la deuda, debiéndose recordar que las jornadas de 2021 fueron detonadas justamente cuando el gobierno ultraderechista de Duque quiso recargar todo el peso sobre los hombros de los sectores proletario populares.
De igual forma, es probable que algunas medidas prometidas por el gobierno entrante pasen a funcionar como detonante de nuevas jornadas de protesta, como las de 2021. Es difícil saber cuál medida en específico funcionará como detonante, como “florero de Llorente”, pudiendo estar en los despidos masivos y el recorte de los programas sociales; en la potencial imposición de una reforma tributaria con cargo a los ingresos de los y las trabajadoras de sectores medios; o en la amenaza directa de persecución “judicial” contra la dirigencia del Pacto Histórico y del movimiento social. Por eso, las organizaciones sociales y sus dirigencias deben estar muy atentas y preparadas para acompañar a las grandes masas cuando ellas se decidan a tomar nuevamente las calles del país.
En formas sintética, todo el movimiento social debe disponerse y prepararse desde ahora para contener las nocivas políticas venideras mediante grandes movilizaciones de carácter nacional. En ese sentido hay que activar espacios que eleven el ánimo y la voluntad que demandan las largas jornadas de protesta social y a la vez es urgente la activación de los mecanismos de autocuidado y protección ante las potenciales embestidas. También es apremiante fortalecer y consolidar mecanismos y sistemas de agitación y propaganda que dispongan a las mayorías proletario-populares en las jornadas de luchas venideras.
En la medida que las
contradicciones y causas que generan la crisis se sostuvieron -y aún más se profundizaron, como no
puede ser de otra forma dentro de un capitalismo en decadencia- es también evidente que
las razones que motivan las justas luchas proletario-populares se multiplican, por
tanto ellas mismas empujan para que el conjunto del movimiento social avance
decididamente hacia las transformaciones del país y dirigirlas en dirección a
superar el capitalismo. Es por eso que todos los acumulados sociales no sólo
debemos estar atentos a los acontecimientos, sino sobre todo prestos a retomar
las jornadas de lucha que ya se vislumbran.
[1] aspecto que luego apenas dio lugar al reconocimiento del campesino como sujeto de derechos, sin que se tramitase una nueva ley, limitándose la acción a promover la formalización de los TECAM y la compra de unas 200 mil hectáreas, dejando en pie totalmente su altísima concentración de la propiedad de la tierra.
[2] El avance real sólo se limita al acceso a microcréditos
[3] “Balance anual de conflictividad social en Colombia: enero-diciembre de 2025”. Las estadísticas difieren bastante con las del Cinep porque para esta institución una sola «lucha social» puede prolongarse por semanas, mientras la Defensoría podría tomarla como varios hechos.
[4] En ese sentido se puede resaltar las protestas de los moteros (agosto 23), taxistas (sept 23), transportadores de carga y pasajeros para presionar el precio del combustible (spt/24), distribuidores de combustible (feb/25), la del gremio de los arroceros (jul/25), logrando cada uno impacto mediático y beneficios e favor de su gremio.
[5] https://trochandosinfronteras.info/el-tunel-del-nuevo-gobierno/
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