Si Chile necesita a Washington y a Beijing, pero ninguno de los dos puede ser dueño de nuestro destino, si nuestras élites necesitan del Estado mientras hablan permanentemente de reducirlo, si el Gobierno necesita mostrar fuerza porque el consenso no alcanza, si la seguridad se convierte en la principal forma de demostrar autoridad mientras persisten problemas materiales que la coerción no resuelve, si el capital se beneficia del modelo pero no constituye un bloque homogéneo, entonces lo que tenemos delante no es un tablero estable, sino una disputa abierta por su reorganización.
En marzo escribí que los cambios políticos siempre reabren preguntas de fondo sobre la dirección estratégica de un país y que, en el caso de Chilito, había tres dimensiones que debíamos mirar con especial atención: la soberanía en un sistema internacional atravesado por conflictos y rivalidades entre potencias, el comportamiento de las élites económicas y políticas locales, y el endurecimiento de un aparato estatal que progresivamente comienza a colocar la seguridad y el control en el centro de su legitimidad. En ese momento aquello era, en buena medida, una hipótesis de lectura, un intento por mirar más allá de la coyuntura electoral y preguntarnos qué relaciones de poder comenzaban a reorganizarse detrás de la llegada de una nueva derecha al gobierno. Hoy, varios meses después de la instalación de José Antonio Kast en La Moneda, aquellas preguntas adquieren otra densidad porque algunas de las contradicciones que entonces podían parecer abstractas comienzan a manifestarse de manera concreta. No significa que todo aquello que planteé haya quedado demostrado ni que podamos leer cada acontecimiento como confirmación automática de una tesis previa. Sería intelectualmente cómodo y políticamente poco serio. Lo que sí podemos afirmar es que el nuevo gobierno está comenzando a encontrarse con los límites materiales de su propio proyecto, una economía dependiente de mercados que no controla, una relación simultáneamente estratégica y contradictoria con Estados Unidos y China, una burguesía que no constituye un bloque homogéneo, una coalición política que necesita administrar sus propias diferencias y un Estado que, frente a la dificultad de producir consensos, parece encontrar en la seguridad, la autoridad y la capacidad coercitiva una fuente privilegiada de legitimidad. La pregunta, entonces, ya no es solamente qué quiere hacer Kast, sino qué puede hacer realmente un gobierno como el suyo cuando las fuerzas económicas, geopolíticas y sociales que lo sostienen empiezan a entrar en contradicción entre sí.
La primera cuestión es la soberanía. Chile suele presentarse como una democracia soberana, abierta al mundo y capaz de establecer relaciones simultáneas con diferentes potencias. Durante las últimas décadas, esa fórmula permitió sostener una arquitectura relativamente estable, una relación política, militar, financiera y estratégica muy estrecha con Estados Unidos, mientras China se convertía progresivamente en el principal socio comercial del país. El modelo parecía funcionar mientras ambas dimensiones podían coexistir sin enfrentarse abiertamente dentro de las decisiones chilenas. Pero esa posibilidad se vuelve cada vez más estrecha a medida que la competencia entre Washington y Beijing deja de ser una disputa lejana y comienza a penetrar directamente en nuestras exportaciones, inversiones, tecnologías, cadenas de suministro, infraestructura y decisiones estratégicas. Kast llegó a La Moneda con una clara voluntad de acercamiento a Estados Unidos y su canciller, Francisco Pérez Mackenna, llegó a definir a Washington como el principal socio estratégico de Chile. El problema es que el principal socio comercial sigue siendo China. Esa diferencia entre socio estratégico y socio comercial no es una sutileza diplomática, expresa una contradicción estructural.
Y entonces aparece una primera lección que la política internacional vuelve a enseñarnos con una brutal sencillez, los Estados no tienen amigos, tienen intereses. La afinidad ideológica entre gobiernos puede facilitar relaciones, abrir puertas y construir confianzas, pero no elimina la lógica material de las potencias. Estados Unidos puede considerar a Kast un aliado político, compartir con él una determinada concepción del orden internacional, coincidir en materia de seguridad o incluso encontrar en Chile un gobierno más cercano a sus intereses regionales, pero eso no significa que Washington vaya a sacrificar sus propios intereses comerciales para proteger a la burguesía chilena. La prueba llegó con el arancel de 12,5% impuesto por Estados Unidos a parte de las exportaciones chilenas. El propio Gobierno de Chile calificó la medida como inconsistente con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante la investigación y debió desplegar una estrategia diplomática específica para buscar exenciones y proteger la competitividad de los productos nacionales. El episodio es particularmente revelador porque ocurrió después de que el Gobierno hubiera puesto un énfasis explícito en profundizar la relación con Washington. La cercanía ideológica, entonces, no blindó a Chile de los intereses económicos de Estados Unidos. Y eso debería obligarnos a revisar una idea bastante extendida en ciertos sectores de la derecha: la ilusión de que alinearse políticamente con una potencia equivale automáticamente a garantizar los intereses nacionales. No. Una potencia puede ser aliada en un plano y competidora en otro. Puede respaldar políticamente a un gobierno y, al mismo tiempo, aplicar medidas que perjudican a sectores empresariales de ese mismo país. La soberanía comienza precisamente donde termina la ilusión de que otro Estado protegerá nuestros intereses porque comparte nuestra ideología.
El arancel tiene, por eso, una importancia que excede ampliamente el porcentaje aplicado. Lo relevante es que desnuda una relación de poder. Estados Unidos no necesitó preguntarle a La Moneda si podía modificar las condiciones de acceso de productos chilenos a su mercado. Lo decidió desde Washington y Chile debió responder. La escena es incómoda porque pone sobre la mesa una cuestión que el discurso nacionalista suele ocultar, la soberanía jurídica no equivale necesariamente a soberanía material. Chile puede tener bandera, Constitución, Congreso, Presidente, Fuerzas Armadas y fronteras reconocidas internacionalmente y, sin embargo, encontrarse limitado por decisiones económicas tomadas fuera de su territorio. Eso no significa que Chile sea un país sin soberanía ni que toda relación comercial constituya automáticamente dependencia colonial, entonces nuestra capacidad efectiva de decisión está condicionada por una estructura económica internacional que no controlamos. Y cuando las grandes potencias comienzan a utilizar el comercio como instrumento de poder, esa dependencia deja de ser una cuestión académica y se transforma en una experiencia concreta para exportadores, trabajadores y comunidades productivas. La soberanía, entonces, no puede reducirse a quién ocupa La Moneda. También debemos preguntarnos qué margen real posee La Moneda para decidir cuando las condiciones materiales de reproducción de la economía chilena dependen de mercados externos.
Aquí aparece China, y con ella la contradicción mayor. El Gobierno de Kast puede querer fortalecer estratégicamente la relación con Washington, pero no puede simplemente borrar a Beijing del mapa económico chileno. En junio, el propio Presidente recibió al embajador designado en China y su Gobierno destacó la importancia de fortalecer los vínculos políticos, comerciales, de inversión y cooperación con ese país, precisamente porque China continúa siendo uno de los principales socios comerciales de Chile. Esta escena contiene una paradoja fascinante, mientras la política exterior del Gobierno intenta aproximarse a Washington, la estructura económica obliga a mantener y profundizar relaciones con Beijing. Y no porque Kast haya abandonado sus preferencias ideológicas, sino porque la economía tiene una materialidad que la voluntad política no puede simplemente cancelar. Chile vende cobre, litio, alimentos y otros productos a mercados que no puede reemplazar de un día para otro, necesita inversión extranjera, depende de cadenas globales de suministro, necesita tecnología, requiere acceso a financiamiento y mercados. La política internacional, por tanto, no puede funcionar únicamente desde las afinidades ideológicas. Necesita enfrentarse con la realidad material. Y esa realidad nos dice que Chile necesita relacionarse con Estados Unidos, China, Europa, Asia y América Latina simultáneamente. El problema no es tener muchos socios. El problema aparece cuando esos socios comienzan a exigir alineamientos incompatibles entre sí.
Por eso la pregunta correcta no es si Chile debe elegir entre Estados Unidos y China. Esa es precisamente la trampa que debemos evitar. La soberanía no consiste en cambiar un centro de dependencia por otro. No consiste en reemplazar Washington por Beijing, ni Beijing por Washington. Tampoco consiste en proclamar una supuesta neutralidad mientras las decisiones estratégicas continúan siendo tomadas en función de intereses ajenos. Una política exterior soberana debería ampliar el margen de decisión del país, diversificar sus vínculos, proteger sus recursos estratégicos y subordinar las relaciones internacionales a un proyecto nacional definido democráticamente. Y aquí aparece una diferencia fundamental entre soberanía estatal y soberanía popular. Un Estado puede defender su autonomía frente a otra potencia y, al mismo tiempo, mantener una estructura económica en la cual una pequeña fracción de la sociedad concentra una enorme capacidad de decisión sobre los recursos nacionales. Entonces debemos hacer la pregunta que incomoda a cualquier nacionalismo de élites: soberanía sí, pero ¿soberanía de quién? Porque una bandera puede ser nacional, un discurso puede ser patriótico y una política exterior puede hablar permanentemente de intereses nacionales, pero si las condiciones materiales de vida de la mayoría siguen subordinadas a decisiones tomadas por grupos económicos, mercados financieros y centros de poder que el ciudadano común no puede controlar, la soberanía queda incompleta.
Y aquí llegamos a una segunda dimensión que me parece fundamental para comprender el momento actual, las élites. En marzo planteaba que el riesgo no necesariamente estaba en un quiebre inmediato del modelo económico, sino en el aumento de las tensiones dentro de las propias élites, especialmente cuando la competencia geopolítica comenzara a atravesar los mercados y las inversiones. Hoy esa hipótesis puede observarse con mayor claridad. El arancel estadounidense obligó a Cancillería a reunirse con gremios empresariales para coordinar una estrategia común frente a Washington. El Gobierno, la Cancillería y el sector privado comenzaron a trabajar conjuntamente para proteger los intereses comerciales de Chile y buscar nuevas exenciones. Lo interesante de este episodio es que el empresariado no aparece simplemente como una masa homogénea detrás del Gobierno. Aparece como un conjunto de intereses concretos que necesita que el Estado intervenga frente a una potencia extranjera cuando sus negocios son afectados. Esto demuestra algo que muchas veces olvidamos cuando hablamos de “la élite” como si fuera una entidad única, existen fracciones del capital, grupos económicos, sectores exportadores, empresarios ligados al mercado interno, inversionistas internacionalizados, sectores industriales y actores financieros que pueden coincidir en determinadas políticas y enfrentarse en otras. Pueden estar de acuerdo en reducir impuestos y, al mismo tiempo, discrepar respecto de China. Pueden defender el libre comercio y verse perjudicados por el proteccionismo estadounidense. Pueden respaldar a Kast políticamente y exigirle que negocie con Washington para proteger sus exportaciones. Pueden defender la reducción del Estado social y, simultáneamente, necesitar un Estado fuerte que proteja sus inversiones, infraestructura y mercados.
Esto nos obliga a abandonar una visión demasiado simple del vínculo entre derecha y empresariado. Decir que Kast gobierna para el capital no significa que el capital sea una comunidad política homogénea ni que todos sus sectores tengan exactamente los mismos intereses. Una cosa es que un gobierno adopte una orientación favorable a la acumulación privada y otra es que todas las fracciones empresariales estén de acuerdo respecto de la forma concreta en que esa acumulación debe organizarse. La burguesía puede coincidir en la necesidad de preservar el capitalismo y, al mismo tiempo, enfrentarse por las condiciones de su reproducción. Un exportador necesita apertura comercial, un productor protegido puede necesitar barreras, un empresario vinculado a China (cerezas por ejemplo) puede mirar con preocupación una política exterior excesivamente alineada con Washington, otro puede considerar que esa misma alianza abre oportunidades estratégicas. La unidad de clase no elimina la competencia interna. Y cuando esas diferencias llegan al Estado, las decisiones gubernamentales comienzan a funcionar como mecanismos de arbitraje entre intereses que no son idénticos. El Estado no desaparece detrás del mercado. Al contrario: se vuelve el espacio donde las fracciones del capital intentan influir sobre la orientación general del país.
Por eso tampoco deberíamos interpretar las tensiones dentro del oficialismo únicamente como peleas personales, problemas de carácter o diferencias comunicacionales. El Gobierno ha tenido que convocar a los presidentes de los partidos oficialistas para coordinar prioridades legislativas y fortalecer la articulación política de la coalición. Eso no demuestra por sí solo una crisis terminal ni mucho menos el fracaso del Gobierno. Pero sí muestra que la derecha que llegó al poder no constituye un bloque perfectamente homogéneo. Hay republicanos, sectores de la derecha tradicional, liberales, conservadores, tecnócratas, nacionalistas y actores provenientes de distintas trayectorias políticas. Cada uno posee su propia historia, sus propias redes y, en determinados casos, sus propios intereses. La construcción de una nueva derecha gobernante implica, por tanto, mucho más que ganar una elección, implica producir una nueva articulación entre esas fracciones y convertirlas en una coalición capaz de administrar el Estado. Esa tarea es más compleja de lo que parece. Una cosa es construir una identidad política desde la oposición, utilizando la crítica al adversario como cemento, otra muy diferente es gobernar cuando cada decisión redistribuye recursos, poder, expectativas y oportunidades entre quienes forman parte de la propia coalición.
Y aquí aparece la tercera dimensión, el Estado. Cuando el consenso se debilita, cuando la capacidad de producir acuerdo social disminuye y cuando las contradicciones económicas y políticas se hacen más visibles, el Estado adquiere una función creciente como administrador del conflicto. En el caso del Gobierno de Kast, esa administración ha encontrado en la seguridad uno de sus principales lenguajes. La llamada Operación Cancerbero, que trasladó a 295 reclusos de alta peligrosidad desde Santiago a la cárcel de La Laguna, no fue solamente una operación penitenciaria: fue también un acontecimiento político y comunicacional. El despliegue, las imágenes de los presos trasladados y la estética utilizada por el Gobierno fueron comparados con el estilo de comunicación de Nayib Bukele en El Salvador. No se trata aquí de negar la necesidad de enfrentar al crimen organizado ni de convertir la crítica a la política penitenciaria en una defensa de quienes cometen delitos. El punto es otro, debemos observar qué ocurre cuando la capacidad coercitiva del Estado empieza a convertirse en uno de los principales mecanismos mediante los cuales el Gobierno demuestra que gobierna. El mensaje es extremadamente sencillo, el Estado vuelve a controlar, el Estado vuelve a mandar, el Estado recupera el territorio, el Estado encierra, vigila, castiga y muestra su fuerza.
El problema comienza cuando confundimos fuerza estatal con soberanía. Un Estado puede ser más fuerte y, sin embargo, no ser más soberano. Puede tener más policías, más cárceles, más tecnología, más vigilancia, más capacidad de control fronterizo y mayor capacidad de coerción y continuar siendo profundamente dependiente en materia económica, tecnológica y financiera. La fortaleza interna no elimina la dependencia externa. Por el contrario, incluso puede coexistir perfectamente con ella. Y aquí aparece una paradoja que considero central para comprender la nueva fase política: un Estado puede retirarse de determinadas funciones sociales y, simultáneamente, fortalecerse extraordinariamente en sus funciones coercitivas. Menos Estado para garantizar derechos sociales, más Estado para garantizar orden. Menos Estado para proteger al trabajador frente a la precariedad, más Estado para proteger la propiedad frente al conflicto. Menos Estado como productor de bienestar y más Estado como productor de seguridad. Esta combinación no es necesariamente contradictoria dentro de una determinada concepción neoliberal del poder.
Es aquí donde vuelve a aparecer la idea de la “israelización” que mencionaba en mi columna anterior, pero creo que ahora debemos formularla con mayor precisión para no convertirla en una simple consigna. No estoy diciendo que Chile se esté convirtiendo en Israel ni que nuestra realidad sea equivalente a la realidad palestina. Sería una analogía pobre y conceptualmente equivocada. La cuestión es otra, observar cómo determinadas formas contemporáneas de gobierno del conflicto se convierten en modelos exportables. La securitización permanente, la construcción de amenazas, la militarización del territorio, la vigilancia, la expansión de tecnologías de control, la producción de enemigos internos y la normalización de medidas excepcionales son elementos que pueden aparecer en sociedades muy distintas. Palestina constituye, en ese sentido, una experiencia extrema y brutal de una forma de gobierno donde seguridad y control territorial adquieren una centralidad absoluta. La pregunta políticamente relevante es qué ocurre cuando algunas de esas lógicas comienzan a presentarse como soluciones deseables para conflictos sociales internos. No porque Chile sea Palestina, sino porque determinadas tecnologías y discursos de control circulan globalmente. La “israelización” puede ser pensada entonces como una categoría para estudiar la transformación de lo político en problema de seguridad, y no como una comparación literal entre sociedades.
Esto conecta directamente con una transformación más amplia de las derechas contemporáneas. Ya no estamos necesariamente frente a la vieja derecha liberal que prometía simplemente crecimiento, eficiencia y modernización económica. Las nuevas derechas latinoamericanas combinan mercado, nacionalismo, seguridad, frontera, autoridad, identidad y una comunicación política profundamente emocional. Kast forma parte de ese nuevo escenario regional junto a “gente” como Bukele y Milei, aunque cada experiencia tenga sus particularidades. La seguridad se transforma en una gramática política capaz de condensar frustraciones sociales muy diversas. Una persona que está desempleada, otra que teme por el narcotráfico en su barrio y otra que siente que el Estado ha perdido autoridad pueden terminar encontrando una respuesta común en una palabra, orden. El problema es que el orden puede convertirse en una solución aparentemente universal para problemas que tienen causas completamente diferentes. El crimen organizado requiere inteligencia, investigación financiera y control territorial; la precariedad laboral requiere políticas económicas; la desigualdad requiere redistribución; la crisis habitacional requiere vivienda; la pérdida de confianza institucional requiere democracia y participación. Si todos esos problemas son reducidos a seguridad, el Estado puede aumentar su capacidad coercitiva sin resolver las causas materiales del conflicto.
Y aquí aparece otra paradoja: un gobierno puede ser profundamente favorable al capital y, sin embargo, no conseguir gobernar desde la confianza del capital. Porque el capital tampoco es una abstracción. Necesita estabilidad, reglas, mercados, trabajadores, infraestructura, seguridad jurídica y perspectivas de rentabilidad. La agenda económica puede favorecer a determinados sectores y, al mismo tiempo, generar incertidumbres en otros. La reducción tributaria, la flexibilización o la desregulación pueden ser celebradas por algunos actores y cuestionadas por otros, dependiendo de cómo modifiquen las condiciones de inversión. Incluso el mejor discurso promercado puede encontrarse con un mercado que no responde como esperaba. En agosto, la discusión pública ya comenzaba a mostrar precisamente esa tensión entre la narrativa de reactivación y una situación laboral todavía compleja, con desempleo elevado y señales de debilidad en la confianza empresarial. La cuestión es fundamental porque muestra que gobernar para el capital no significa controlar la dinámica del capital. El Gobierno puede modificar impuestos, regulaciones y políticas públicas, pero no puede ordenar por decreto que las empresas inviertan, contraten trabajadores o encuentren mercados favorables. El capital conserva su propia lógica.
Por eso la crisis que puede venir no necesariamente será una crisis del modelo neoliberal en el sentido clásico. Puede ser algo más complejo: una crisis de su forma política de reproducción. El modelo puede continuar funcionando y, al mismo tiempo, requerir nuevas formas de autoridad para administrar sus consecuencias sociales. Puede combinar apertura internacional con proteccionismo selectivo; mercado con nacionalismo; reducción del gasto social con expansión del gasto securitario; globalización económica con endurecimiento de fronteras; libertad empresarial con vigilancia creciente de las poblaciones. Esta combinación es precisamente la que debemos mirar con atención. El Estado que se retira de determinadas obligaciones sociales puede reaparecer con enorme fuerza en funciones policiales, penitenciarias y fronterizas. Y esto plantea una pregunta que la izquierda debería tomarse mucho más en serio: ¿qué pasa cuando la derecha consigue apropiarse de conceptos que históricamente también deberían pertenecer a las fuerzas populares? Soberanía, seguridad, territorio, protección, Estado, comunidad y autoridad no pueden quedar abandonados a la derecha.
Porque una política popular no puede responder simplemente que la seguridad es una construcción ideológica. Para quien vive en un barrio donde el narcotráfico disputa territorio, la inseguridad es real. Para quien tiene miedo de que su hijo vuelva tarde a casa, es real. Para una comunidad que vive bajo violencia, es real. El error consiste en aceptar que la única respuesta posible es la expansión de la coerción estatal. La izquierda debería ser capaz de disputar el significado mismo de la seguridad. Seguridad frente al crimen, sí, pero también frente al desempleo, la precariedad, el endeudamiento, la enfermedad, la falta de vivienda, la contaminación, la violencia económica y la pérdida de control sobre el propio territorio. Un trabajador necesita seguridad frente al delincuente, pero también frente al despido arbitrario. Una comunidad necesita seguridad frente al narcotráfico, pero también frente a la contaminación de una empresa. Una familia necesita seguridad en su barrio, pero también frente a la deuda que le impide llegar a fin de mes. Un país necesita seguridad frente a amenazas externas, pero también frente a la dependencia económica que limita sus decisiones. La seguridad entendida desde abajo es mucho más amplia que la policía y la cárcel.
Aquí llegamos nuevamente a la soberanía. Si la discusión geopolítica demuestra que Chile no controla completamente las condiciones de su inserción internacional, y si la discusión económica demuestra que las élites tampoco constituyen un bloque homogéneo, entonces la pregunta central debe ser quién tiene la capacidad efectiva de decidir sobre el rumbo del país. La soberanía popular no puede reducirse a votar cada cuatro años. Tampoco puede consistir en entregar un cheque en blanco al ganador de una elección. Significa construir capacidades sociales, económicas e institucionales para que las mayorías tengan influencia real sobre aquello que determina sus condiciones de existencia. Significa discutir qué hacemos con el cobre y el litio, qué modelo energético queremos, qué papel tendrá el Estado en las industrias estratégicas, cómo se distribuyen las ganancias de la economía, qué tipo de relaciones comerciales construimos y bajo qué condiciones aceptamos inversión extranjera. Significa, en definitiva, transformar la soberanía en algo material y no solamente jurídico.
Por eso considero insuficiente la lectura que reduce todo lo que está ocurriendo a “Kast contra el progresismo”. Esa lectura es demasiado pequeña para el momento histórico que estamos viviendo. El verdadero conflicto atraviesa múltiples niveles simultáneamente. Washington y Beijing disputan influencia, las grandes empresas buscan proteger sus intereses, los partidos de derecha intentan construir una coalición estable, el Gobierno intenta producir resultados, el Estado fortalece sus mecanismos de control, la sociedad enfrenta inseguridad y precariedad, y el progresismo todavía busca reconstruir una capacidad política capaz de ofrecer algo más que (suba la voz para decir) resistencia. Todo eso ocurre al mismo tiempo. La política no es una línea recta. Es una condensación de contradicciones. Y cuando esas contradicciones se acumulan, el Estado se convierte en el espacio donde intentan ser administradas.
Kast, en ese sentido, no controla completamente el tablero. Controla una parte importante del aparato gubernamental, posee una legitimidad electoral, que necesita ser repensada y tiene capacidad para impulsar una agenda, pero no controla Washington, no controla Beijing, no controla los mercados internacionales, no controla completamente al empresariado, no controla completamente a sus aliados políticos, no controla las condiciones de la economía mundial y tampoco controla las dinámicas sociales que pueden emerger desde abajo. Esto no significa que el Gobierno sea débil. Significa que el poder presidencial tiene límites. Y justamente esos límites son los que comienzan a hacerse visibles. El arancel estadounidense es uno de ellos. La necesidad de mantener relaciones con China es otro. Las reuniones destinadas a ordenar al oficialismo son otro. La necesidad de demostrar autoridad mediante grandes operaciones de seguridad es otro. La dificultad de convertir reformas económicas en resultados sociales inmediatos es otro. El poder existe, pero está obligado a negociar permanentemente con fuerzas que lo exceden.
Por eso tampoco diría que estamos frente al fin del modelo. Sería demasiado sencillo y probablemente equivocado. Estamos frente a una transformación de su forma política. El neoliberalismo chileno puede sobrevivir bajo nuevas condiciones, con una relación distinta entre mercado y Estado, entre apertura internacional y nacionalismo, entre la falacia de la libertad económica y seguridad, entre globalización y control territorial. La pregunta no es si el Estado desaparecerá. La pregunta es qué Estado se está construyendo. Y allí la diferencia es fundamental. Podemos tener un Estado socialmente débil y coercitivamente fuerte, un Estado que proteja con enorme intensidad la propiedad y con mucha menor intensidad la vida cotidiana de quienes trabajan, un Estado que reivindique la soberanía nacional mientras mantiene una estructura económica altamente dependiente, un Estado que hable de libertad mientras amplía sus mecanismos de vigilancia. Nada de esto es necesariamente una contradicción desde la perspectiva del poder. Puede ser, precisamente, una nueva forma de organizarlo.
Entonces regreso a “Chilito”, porque quizás la expresión siga siendo más útil de lo que parece. Chilito es ese pequeño país que quiere jugar en las grandes ligas mientras vende materias primas estratégicas y depende de mercados que no controla, ese país que quiere ser aliado privilegiado de Washington mientras China continúa siendo fundamental para su economía, ese país cuya burguesía necesita simultáneamente autonomía política y subordinación económica, ese país donde una parte de la población exige seguridad mientras otra vive bajo condiciones de precariedad que también son una forma de inseguridad, ese país que puede tener un Estado cada vez más poderoso en la calle y continuar siendo profundamente vulnerable frente a decisiones tomadas fuera de sus fronteras. Chilito es, en definitiva, una ironía sobre nuestra propia condición periférica: queremos ser soberanos en un sistema internacional que constantemente nos recuerda cuánto dependemos de fuerzas que están más allá de nuestra capacidad inmediata de decisión.
Y aquí la discusión deja de ser solamente sobre Kast. Porque incluso si Kast desapareciera mañana del escenario político, las contradicciones permanecerían. Estados Unidos seguiría siendo una potencia central. China seguiría siendo nuestro principal socio comercial. El cobre y el litio seguirían siendo estratégicos. Las élites seguirían disputando intereses. La desigualdad seguiría existiendo. El crimen organizado seguiría planteando desafíos. El Estado seguiría teniendo que decidir entre seguridad, derechos y bienestar. Por eso reducir este momento histórico a una persona sería cometer el mismo error que reducirlo a una elección. Kast es una expresión de determinadas transformaciones, no su causa única. Es una forma política que emerge de un terreno social, económico y geopolítico que lo antecede y probablemente lo sobrevivirá.
La tarea de la izquierda, entonces, tampoco puede limitarse a esperar que las contradicciones del Gobierno lo hagan caer. Esa es una estrategia profundamente pasiva. Si la derecha está construyendo un nuevo sentido común alrededor del orden, la autoridad, la seguridad, la soberanía y la protección, la izquierda necesita disputar esos conceptos desde otro lugar. No puede abandonar la soberanía a los nacionalistas, ni la seguridad a los conservadores, ni el Estado a los autoritarios, ni el territorio a las fuerzas militares, ni la protección a quienes reducen proteger a castigar. Necesita construir una concepción popular de soberanía donde la capacidad de decidir sobre los recursos nacionales, la economía, el territorio y la vida cotidiana pertenezca efectivamente a las mayorías. Necesita una concepción de seguridad que no niegue la existencia del crimen, pero que tampoco convierta toda conflictividad social en una amenaza. Y necesita recuperar una idea de futuro, porque una política que solamente denuncia el presente termina dejando el futuro disponible para quien sí esté dispuesto a imaginarlo.
Quizá aquí podamos volver a una distinción que me parece fundamental: fallar no es necesariamente fracasar. Un Gobierno puede aprobar leyes, imponer reformas, controlar instituciones y demostrar fuerza y, sin embargo, fracasar históricamente si no consigue resolver las contradicciones que explican su llegada al poder. Del mismo modo, una izquierda puede perder una elección y no haber fracasado históricamente si consigue comprender las transformaciones de la sociedad y construir una alternativa capaz de disputar el sentido del futuro. La política no se mide solamente por victorias electorales. Se mide también por la capacidad de producir sentido, organizar fuerzas y modificar las condiciones dentro de las cuales una sociedad imagina lo posible. La pregunta decisiva, por tanto, no es solamente quién gana hoy. Es quién consigue construir el relato, la organización y el proyecto que determinarán qué será considerado posible mañana.
En marzo escribí que Chile estaba entrando en un nuevo tablero. Hoy creo que podemos avanzar un paso más: el tablero no solamente está cambiando, las piezas comienzan a chocar entre sí. La relación con Washington muestra los límites de la afinidad ideológica, la dependencia comercial de China muestra los límites de una política exterior excesivamente alineada; los aranceles muestran que las potencias defienden sus propios intereses, la reacción empresarial muestra que las élites no son homogéneas, las tensiones dentro del oficialismo muestran que una coalición electoral no equivale automáticamente a una coalición de gobierno, la centralidad de la seguridad muestra que el Estado está buscando nuevas fuentes de legitimidad, y la precariedad social muestra que ninguna demostración de fuerza puede reemplazar indefinidamente la necesidad de producir condiciones materiales de vida digna.
La verdadera disputa que viene, entonces, no será solamente entre progresistas y las derechas. Será también por definir qué significa soberanía, qué significa seguridad, qué significa libertad y, sobre todo, para quién existe el Estado. Kast está intentando responder esas preguntas desde el orden, la autoridad, el mercado, la frontera y una determinada concepción de Occidente. Los progresismos todavía tiene pendiente responderlas desde una nueva idea de soberanía popular. No desde la nostalgia de un pasado que ya no existe, no desde la administración progresista del mismo modelo y tampoco desde la resistencia permanente como horizonte político, sino desde la capacidad de imaginar otra relación entre economía, Estado, territorio y sociedad.
Porque al final la cuestión es mucho más sencilla y mucho más radical de lo que parece. Si Chile necesita a Washington y a Beijing, pero ninguno de los dos puede ser dueño de nuestro destino, si nuestras élites necesitan del Estado mientras hablan permanentemente de reducirlo, si el Gobierno necesita mostrar fuerza porque el consenso no alcanza, si la seguridad se convierte en la principal forma de demostrar autoridad mientras persisten problemas materiales que la coerción no resuelve, si el capital se beneficia del modelo pero no constituye un bloque homogéneo, entonces lo que tenemos delante no es un tablero estable, sino una disputa abierta por su reorganización.
Entonces ¿quién tiene realmente el poder para decidir qué Chile puede ser?
Porque si la soberanía consiste solamente en escoger entre distintas formas de subordinación, no estamos hablando todavía de soberanía.
Y si la democracia consiste solamente en escoger quién administra las contradicciones de otros, tampoco estamos hablando todavía de poder popular.
Me gustaría en este momento dejar de preguntarnos quién será el próximo administrador de Chilito y comenzar a preguntarnos qué condiciones necesitamos construir para que, alguna vez, Chilito pueda decidir por sí mismo.
Soñar no cuesta nada.