Marco Rubio secretario de Estado americano afirmó hace unos dias que está convencido de que Cuba estará, antes de que termine el actual gobierno de Donald Trump, en una “senda irreversible hacia un futuro muy diferente” que deberá producirse mediante una transición que magnitud no ocurrirá de la noche a la mañana.
La política estadounidense hacia Cuba constituye uno de los ejemplos más prolongados de coerción económica, financiera y diplomática ejercida por una gran potencia contra un país de menor capacidad material. El embargo —denominado “bloqueo” por el Gobierno cubano— no es una medida aislada, sino un entramado de restricciones comerciales, financieras, tecnológicas y energéticas que condiciona las posibilidades de Cuba para importar combustible, alimentos, medicamentos, equipamiento médico, piezas de recambio y bienes de consumo esenciales.
En 2026, esta política ha entrado en una fase particularmente agresiva. La presión ya no se limita a impedir transacciones directas entre Estados Unidos y Cuba: también busca disuadir a terceros países, bancos, aseguradoras, navieras y empresas extranjeras de comerciar con la isla. La consecuencia es una especie de bloqueo indirecto de la economía cubana, en el que incluso productos formalmente exentos —como determinados medicamentos o materiales sanitarios— pueden quedar inaccesibles por el temor de las empresas a sufrir sanciones estadounidenses, contribuyendo de manera decisiva al deterioro de las condiciones de vida en Cuba, especialmente al provocar una crisis energética que afecta en cadena al transporte, la alimentación, el abastecimiento de agua, la refrigeración, la producción industrial y el sistema sanitario. Sin embargo, no debemos olvidar que la crisis también está vinculada a problemas internos: la centralización económica, la baja productividad, la falta de transparencia, la dependencia de aliados externos, la insuficiente inversión, la emigración de profesionales y decisiones de asignación de recursos que han debilitado la agricultura, la industria y los servicios públicos.
La cuestión fundamental, por tanto, no es escoger entre “culpa estadounidense” o “culpa del Gobierno cubano”. Es comprender cómo ambas dimensiones interactúan. Las sanciones agravan vulnerabilidades estructurales ya existentes, mientras que las políticas internas reducen la capacidad de la sociedad cubana para resistirlas. El resultado no es simplemente una crisis económica: es una crisis social, sanitaria y humanitaria que se descarga sobre la población civil.
Desde el triunfo de la Revolución cubana en 1959, Washington ha tratado de limitar la capacidad del Gobierno cubano para consolidarse política y económicamente. La política estadounidense ha combinado varios instrumentos:
• Restricciones comerciales y financieras.
• Prohibición o limitación de exportaciones hacia Cuba.
• Obstáculos a las transacciones bancarias internacionales.
• Restricciones al turismo y a los viajes.
• Sanciones contra empresas extranjeras que comercien con la isla.
• Persecución de operaciones relacionadas con el petróleo.
• Limitaciones para adquirir tecnología con componentes estadounidenses.
• Designaciones políticas que aumentan el aislamiento financiero.
Durante la presidencia de Barack Obama se produjo una política de apertura relativa, con la reanudación de relaciones diplomáticas y una flexibilización parcial de viajes y remesas. Sin embargo, desde 2017 Donald Trump revirtió buena parte de esas medidas y restableció restricciones sobre el flujo de dinero, mercancías y personas utilizando las sanciones como instrumento central para debilitar el sostén económico del Estado cubano.
Trump ha llevado en 2026 esa estrategia a una dimensión energética, con la declaración de una emergencia nacional relacionada con Cub, presentando el suministro de petróleo como una cuestión de seguridad nacional estadounidense y amenazando con imponer aranceles adicionales a los países que vendan combustible a la isla. El objetivo no es únicamente sancionar a Cuba, sino presionar a los posibles proveedores para que abandonen sus relaciones energéticas con La Habana.
La política estadounidense se presenta oficialmente como una defensa de los derechos humanos, la democracia y la libertad política. No obstante, sus efectos y declaraciones oficiales revelan una finalidad más amplia: debilitar la estructura económica del Estado cubano hasta provocar cambios políticos.
Marco Rubio ha afirmado que Estados Unidos desearía ver un cambio de régimen, aunque ha añadido que eso no significa que Washington vaya a provocarlo directamente. Esta formulación es políticamente significativa: niega una intervención directa, pero mantiene la idea de utilizar la presión económica para crear las condiciones de una transformación política.
En términos de política exterior, se trata de una estrategia de coerción indirecta. No se invade formalmente el territorio ni se anuncia una operación militar contra el Gobierno cubano, pero se intenta reducir su margen de maniobra mediante:
1. La reducción de sus ingresos en divisas.
2. La interrupción de sus importaciones energéticas.
3. El aislamiento del sistema financiero.
4. La presión sobre sus aliados comerciales.
5. El aumento del coste cotidiano de la administración estatal.
6. La generación de descontento social y crisis de gobernabilidad.
El problema ético y político es que esta estrategia no distingue de manera efectiva entre las élites dirigentes y la población. Aunque el discurso estadounidense sostiene que las sanciones están dirigidas contra el Gobierno, los efectos recaen sobre trabajadores, enfermos crónicos, personas mayores, niños, mujeres embarazadas y familias con escasos ingresos.
Cuba produce aproximadamente 40.000 barriles de petróleo diarios, pero necesita alrededor de 110.000. Su dependencia externa es, por tanto, estructural: necesita importar cerca de dos tercios del combustible que requiere para sostener el transporte, la generación eléctrica, la agricultura, la industria y los servicios públicos.
Durante los primeros años del siglo XXI, Venezuela llegó a suministrar a Cuba alrededor de 100.000 barriles diarios. Ese apoyo energético permitió mantener una parte sustancial de la economía cubana a pesar del embargo estadounidense. Sin embargo, la crisis venezolana redujo progresivamente esos envíos y, tras la interrupción de las relaciones energéticas en 2026, Cuba perdió su principal fuente de combustible externo.
México se había convertido en el proveedor alternativo más importante. En 2025 habría enviado aproximadamente 12.000 barriles diarios a Cuba. Sin embargo, la amenaza de sanciones y aranceles estadounidenses colocó a México ante el dilema de continuar con sus envíos humanitarios o protegerse de represalias comerciales.
La política estadounidense, de este modo, transforma la dependencia energética cubana en un instrumento de presión geopolítica. El combustible deja de ser tratado como un bien esencial para la vida social y pasa a ser utilizado como una palanca para forzar cambios políticos.
La falta de petróleo no afecta únicamente a las gasolineras. Su impacto se transmite por toda la infraestructura social:
• Las centrales eléctricas disponen de menos combustible.
• Los apagones se prolongan durante horas.
• Las ambulancias reducen sus servicios.
• Los trabajadores sanitarios no pueden desplazarse.
• Los alimentos se deterioran por la falta de refrigeración.
• Se interrumpe la distribución de medicamentos.
• Se paralizan equipos médicos.
• Se reducen los servicios de agua potable.
• El transporte colectivo queda gravemente limitado.
• Se acumulan residuos en las calles.
• Se restringe la fumigación contra mosquitos y roedores.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha advertido que más del 80% de los sistemas de bombeo de agua dependen de la electricidad. Por ello, los apagones no son únicamente una molestia doméstica: afectan a la potabilización, el saneamiento, la higiene y la prevención de enfermedades.
También estima que más de 32.000 mujeres embarazadas se enfrentan a riesgos adicionales debido a la reducción del acceso a ecografías obstétricas y a las dificultades de transporte para las emergencias, e identifica riesgos para personas con enfermedades crónicas, pacientes sometidos a radioterapia y quimioterapia, y quienes dependen de equipos médicos eléctricos.
Expertos de Naciones Unidas han descrito la política energética estadounidense como una forma de “inanición energética”. Esta expresión no significa que la población esté siendo privada únicamente de petróleo, sino que la falta deliberada o inducida de energía compromete las condiciones materiales mínimas para vivir.
La energía sostiene:
• La producción y distribución de alimentos.
• La refrigeración de vacunas y medicamentos.
• El funcionamiento de quirófanos y unidades de cuidados intensivos.
• La diálisis.
• La ventilación neonatal.
• La potabilización del agua.
• La recogida de basura.
• El transporte de pacientes.
• La fabricación de productos farmacéuticos.
• La conservación de sangre y hemoderivados.
Cuando se bloquea el combustible, se bloquean simultáneamente todas esas funciones. Por eso, la sanción energética tiene un efecto multiplicador: una cantidad relativamente limitada de combustible puede ser decisiva para sostener miles de servicios interdependientes.
Cuba construyó tras 1959 un sistema sanitario basado formalmente en la universalidad, la gratuidad y la atención primaria. El país alcanzó durante décadas indicadores sanitarios comparables a los de países con mayores ingresos, particularmente en vacunación, atención primaria, prevención y formación médica.
La existencia de médicos y centros sanitarios, sin embargo, no garantiza por sí sola una atención efectiva. Un sistema sanitario requiere también:
• Medicamentos.
• Material fungible.
• Reactivos de laboratorio.
• Equipos diagnósticos.
• Piezas de recambio.
• Electricidad estable.
• Agua segura.
• Transporte.
• Personal suficiente.
• Salarios dignos.
• Sistemas fiables de información.
• Continuidad asistencial.
La crisis actual demuestra la diferencia entre cobertura formal y capacidad real de atención. Un hospital puede seguir abierto y, al mismo tiempo, carecer de anestésicos, antibióticos, jeringas, gasas, reactivos, combustible o electricidad suficiente para tratar adecuadamente a sus pacientes.
La OPS señala que en septiembre de 2025 el 69% de los 651 medicamentos esenciales se encontraba en situación de escasez y el 51% estaba directamente agotado. En marzo de 2026, el 80% de los 401 medicamentos esenciales producidos nacionalmente estaba por debajo de los niveles requeridos.
Naciones Unidas también informó en junio de 2026 de que los medicamentos esenciales disponibles representaban aproximadamente el 30% de los niveles normales de suministro. Esta diferencia entre disponibilidad oficial, niveles de inventario y acceso real puede variar según el método de medición, pero ambas fuentes coinciden en señalar un deterioro extremo.
Una de las características más importantes del embargo estadounidense es su dimensión extraterritorial. Cuba puede intentar adquirir un medicamento en Europa, Asia o América Latina, pero el proveedor puede negarse si:
• El producto contiene componentes estadounidenses.
• La empresa utiliza bancos con presencia en Estados Unidos.
• La naviera teme quedar sancionada.
• La aseguradora se niega a cubrir el transporte.
• El proveedor teme perder el acceso al mercado estadounidense.
• La transacción puede interpretarse como una violación de las sanciones.
La denominada regla del 10% de contenido estadounidense puede impedir la compra de equipos extranjeros que incorporen componentes fabricados en Estados Unidos, junto al hechode que algunas empresas bloquean operaciones que podrían ser legalmente permitidas, porque prefieren asumir el coste de rechazar una venta antes que exponerse a sanciones.
En teoría, los medicamentos y ciertos materiales médicos pueden beneficiarse de excepciones humanitarias. En la práctica, una excepción legal no resuelve los problemas de financiación, transporte, seguros, proveedores, componentes, mantenimiento y repuestos.
La salud materna y neonatal es uno de los ámbitos más vulnerables porque depende de una cadena de atención continua. Una mujer embarazada necesita controles, pruebas diagnósticas, transporte, personal especializado y capacidad hospitalaria para responder ante complicaciones.
La crisis energética afecta a esa cadena mediante:
• Retrasos o suspensión de ecografías.
• Dificultades para movilizar equipos obstétricos.
• Reducción del transporte de urgencias.
• Imposibilidad de desplazar a especialistas.
• Interrupción de campañas de vacunación.
• Fallos de incubadoras y respiradores.
• Ausencia de piezas para equipos de soporte vital.
La OPS identifica riesgos específicos para más de 32.000 mujeres embarazadas y advierte que la electricidad inestable puede comprometer incubadoras, ventiladores y otros dispositivos esenciales para recién nacidos.
La mortalidad infantil, según los datos citados por Naciones Unidas, habría ascendido a 9,9 por cada 1.000 nacidos vivos, frente a niveles anteriores considerablemente inferiores. Conviene señalar que la OPS presenta series estadísticas con diferencias de año y metodología, por lo que estas cifras deben ser verificadas en futuras publicaciones oficiales
La escasez de combustible, electricidad, anestésicos, material quirúrgico y transporte ha obligado a priorizar las intervenciones de urgencia y a reducir las cirugías no inmediatas.
A comienzos de marzo de 2026, la lista nacional de espera quirúrgica habría alcanzado 96.387 personas, incluidos 11.193 niños. Una lista de espera de ese tamaño implica que la enfermedad no tratada se acumula. En numerosos casos, el retraso convierte una intervención relativamente sencilla en una operación más compleja, costosa y arriesgada.
Las consecuencias previsibles incluyen:
• Progresión de tumores.
• Empeoramiento de enfermedades cardiovasculares.
• Mayor discapacidad.
• Dolor crónico.
• Aumento de complicaciones.
• Saturación futura de los hospitales.
• Incremento de la mortalidad evitable.
El sistema sanitario se ve así atrapado en un círculo vicioso: la falta de energía reduce la capacidad quirúrgica; la acumulación de pacientes aumenta la demanda futura; el deterioro de los pacientes hace más difíciles las intervenciones; y cada operación requiere más tiempo, material y recursos.
Las enfermedades cardiovasculares requieren diagnóstico rápido y acceso constante a medicamentos, pruebas de imagen, cateterismos y cirugía especializada. La interrupción de estos servicios puede convertir una enfermedad controlable en una emergencia mortal.
De los 78 equipos de tomografía computarizada existentes en Cuba, 37 estarían averiados y 9 parcialmente deteriorados. De los 21 equipos de resonancia magnética, 10 estarían fuera de servicio y 7 con funcionamiento limitado.
La escasez de marcapasos y de dispositivos cardiovasculares agrava el problema. y aproximadamente 400 pacientes del Instituto de Cardiología de La Habana no recibieron en 2025 los marcapasos que necesitaban, debido a que algunos dispositivos fabricados por empresas estadounidenses no podían adquirirse directamente.
La privación tecnológica tiene consecuencias desiguales. Las personas de La Habana pueden tener más posibilidades de acceder a un centro de referencia, mientras que quienes viven en provincias sufren mayores dificultades de transporte, apagones más prolongados y menor disponibilidad de especialistas. La geografía se convierte así en una variable sanitaria: vivir fuera de la capital aumenta el riesgo de recibir un diagnóstico tardío o un tratamiento incompleto.
La oncología es especialmente sensible a las interrupciones de suministro. Los tratamientos contra el cáncer requieren medicamentos citostáticos, radioterapia, cirugía, anestesia, pruebas diagnósticas y controles periódicos.
La OPS afirma que:
• Más de 4.000 pacientes esperaban radioterapia.
• Más de 3.000 aguardaban quimioterapia.
• 3.541 pacientes esperaban cirugía oncológica.
• Solo uno de los seis aceleradores lineales estaba operativo.
• Ninguna de las seis unidades de braquiterapia estaba en uso.
• El trasplante de médula ósea se había detenido por falta de medicamentos esenciales.
• Las proyecciones contemplaban interrupciones de quimioterapia para 12.000 pacientes y de radioterapia para 16.000 si persistía la escasez de combustible.
Por otra parte la ONU ha señalado que la supervivencia infantil frente al cáncer habría caído del 85% al 65%. Aunque la atribución exacta de una variación sanitaria a una sola medida política requiere análisis epidemiológico específico, el mecanismo causal general es claro: sin diagnóstico, medicación, radioterapia, transfusiones y seguimiento, las probabilidades de supervivencia disminuyen.
La crisis oncológica también tiene una dimensión social. Las familias deben buscar medicamentos en mercados informales, recurrir a remesas, pedir ayuda en redes sociales o desplazarse largas distancias. Quienes no disponen de familiares en el exterior quedan en una posición especialmente vulnerable.
La hemodiálisis exige tres sesiones semanales de aproximadamente cuatro horas, electricidad estable, agua purificada, personal especializado, consumibles y transporte.
Se cifrna en 2.888 los pacientes dependientes de hemodiálisis afectados por la inestabilidad energética en marzo de 2026. Estos pacientes se distribuyen en 57 unidades y enfrentan problemas para desplazarse, obtener materiales y mantener la regularidad del tratamiento.
Faltar a una sesión de diálisis no equivale a retrasar una consulta rutinaria. La acumulación de potasio y líquidos puede provocar alteraciones cardíacas, edema pulmonar y muerte en pocos días. La interrupción del transporte obliga a algunos pacientes a pagar vehículos privados, ingresar anticipadamente en hospitales o asumir el riesgo de perder la sesión.
Este caso ilustra con particular claridad la relación entre energía y salud. Una persona puede tener un médico disponible y una máquina en funcionamiento, pero morir si no puede llegar al centro sanitario o si faltan los consumibles necesarios.
Los bancos de sangre y transfusiones son imprescindibles, pero los 46 bancos de sangre operan con capacidad reducida debido a la falta de reactivos y medicamentos. La escasez afecta a:
• Mujeres con hemorragias obstétricas.
• Pacientes quirúrgicos.
• Personas con leucemia.
• Pacientes sometidos a quimioterapia.
• Personas con traumatismos.
• Pacientes que requieren transfusiones urgentes.
La falta de reactivos no solo reduce la capacidad de transfusión, sino que puede comprometer la seguridad de las pruebas de sangre. Esto plantea un doble riesgo: la imposibilidad de atender una hemorragia y la eventual transmisión de infecciones si los controles no se realizan adecuadamente.
La salud no depende solamente de hospitales y medicamentos. También depende del acceso a agua potable, nutrición, vivienda, saneamiento, transporte, electricidad y seguridad económica.
La crisis energética ha afectado más del 80% de los sistemas de bombeo de agua, según la OPS. La distribución mediante camiones cisterna se ha convertido en una solución de emergencia, pero el propio transporte de agua necesita combustible.
El encadenamiento es directo:
1. Falta combustible.
2. Se genera menos electricidad.
3. Se paralizan bombas de agua.
4. Se deteriora el saneamiento.
5. Aumenta la dependencia de camiones cisterna.
6. Los camiones no pueden operar con regularidad.
7. Se almacenan agua en condiciones deficientes.
8. Aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por agua y alimentos.
La OPS clasifica como muy alto el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos en el contexto de interrupciones energéticas y daños producidos por el huracán Melissa.No podemos olvidar que la interrupción de fumigaciones , la acumulación de residuos, el almacenamiento doméstico de agua y la falta de transporte favorecen la reproducción de mosquitos, y la prevalencia de enfermedades, en este aspecto la OPS registró más de 51.000 casos sospechosos de chikungunya desde julio de 2025, con 1.959 casos confirmados y 46 muertes. También registró más de 30.000 casos sospechosos de dengue en 2025, incluidos 19 fallecimientos, además de la circulación del virus Oropouche.
La relación con las sanciones no debe formularse de manera simplista. Las enfermedades transmitidas por mosquitos tienen múltiples determinantes: clima, lluvias, urbanización, movilidad, control vectorial, condiciones de vivienda y disponibilidad de recursos. Sin embargo, la política de sanciones contribuye a debilitar precisamente los sistemas que permiten controlar esos factores:
• Menos combustible para fumigar.
• Menos transporte para realizar campañas.
• Menos reactivos para confirmar diagnósticos.
• Menos medicamentos para tratar complicaciones.
• Menos electricidad para conservar suministros.
• Menos agua segura y mayor proliferación de criaderos.
Un punto muy importante es la alimentación y malnutrición, yaque la falta de combustible también reduce la producción agrícola y encarece la distribución de alimentos. La producción alimentaria habría descendido notablemente y los precios básicos se han elevado. La OPS destaca además la dependencia cubana de las importaciones alimentarias y la vulnerabilidad de la producción agrícola tras el huracán Melissa.
La malnutrición debilita el sistema inmunitario, empeora la respuesta frente a infecciones y reduce la capacidad de recuperación de pacientes con cáncer, enfermedades renales o trastornos cardiovasculares. En niños, una alimentación insuficiente puede afectar al desarrollo físico y cognitivo.
El deterioro alimentario también genera una carga específica sobre las mujeres. En muchos hogares son ellas quienes deben hacer colas, buscar medicamentos, conseguir agua y garantizar la comida familiar. Esta responsabilidad incrementa el estrés, reduce el tiempo disponible para el empleo y puede aumentar la exposición a violencia y agotamiento psicológico.
Finalmente debemos plantear que la crisis económica y sanitaria produce efectos psicológicos que rara vez aparecen en las estadísticas inmediatas. La incertidumbre cotidiana —no saber cuándo habrá electricidad, agua, transporte, alimentos o medicinas— genera una forma de estrés crónico.
La OPS identifica como riesgo elevado el empeoramiento de la salud mental y señala que las dificultades económicas, la inseguridad alimentaria, los desplazamientos y la interrupción de servicios pueden aumentar la ansiedad, la depresión y los trastornos relacionados con el trauma.
La salud mental se deteriora por varios mecanismos:
• Miedo a no poder atender a un familiar enfermo.
• Angustia ante la falta de medicamentos.
• Duelo por la emigración de familiares.
• Sobrecarga de cuidados.
• Incertidumbre laboral.
• Pérdida de ingresos.
• Aislamiento durante los apagones.
• Deterioro de las condiciones de vivienda.
• Exposición reiterada a desastres naturales.
• Sensación de abandono institucional.
Los pacientes crónicos y las personas mayores están especialmente expuestos. Una persona que depende de un ascensor, de un respirador, de una nevera para conservar insulina o de una visita médica regular puede experimentar la crisis energética como una amenaza permanente a su autonomía y supervivencia.
La responsabilidad del Gobierno cubano
Criticar las sanciones estadounidenses no implica exonerar al Gobierno cubano. Una evaluación rigurosa debe reconocer las responsabilidades internas que agravan el impacto de la coerción externa.
La economía cubana arrastra problemas de productividad, burocracia, falta de incentivos, baja inversión y escasez de divisas. La agricultura no ha conseguido producir de manera suficiente para reducir la dependencia alimentaria. La industria opera con maquinaria envejecida y dificultades para acceder a componentes.
La propia estructura centralizada puede ralentizar la respuesta ante emergencias, concentrar la toma de decisiones y reducir la transparencia sobre la distribución de recursos.
Entre 2020 y 2024, la inversión destinada a hoteles y restaurantes aumentó del 2% al 12%, mientras que la destinada a salud pública y asistencia social solo pasó del 0,9% al 2,1%; la agricultura, por su parte, descendió del 5,9% al 3,1%.
Si estos datos oficiales son correctos, reflejan una contradicción política relevante: un país con graves carencias alimentarias, sanitarias y energéticas habría continuado priorizando el turismo y la infraestructura hotelera. El turismo proporciona divisas, pero no puede sustituir indefinidamente la inversión en agricultura, redes eléctricas, hospitales, medicamentos y transporte público.
El sistema político cubano restringe la pluralidad, la libertad de prensa y la fiscalización independiente. Esto dificulta conocer con precisión:
• El nivel real de las reservas médicas.
• La distribución territorial de medicamentos.
• La situación de los hospitales.
• La mortalidad evitable.
• El impacto de la emigración sanitaria.
• La asignación de recursos.
• Las condiciones laborales del personal sanitario.
La opacidad no solo es un problema político: también es un problema sanitario. Sin información independiente, resulta más difícil identificar fallos, corregir políticas y exigir responsabilidades.
Cuba ha enviado médicos a otros países mediante misiones sanitarias que generan divisas y prestigio diplomático. El Gobierno presenta estas misiones como cooperación internacional, mientras que organizaciones críticas denuncian bajos salarios, retención de parte de las remuneraciones y condiciones laborales coercitivas.
El resultado interno puede ser una reducción de profesionales disponibles en la isla, especialmente cuando los salarios nacionales no compensan la carga de trabajo. La emigración de médicos, enfermeros, técnicos e ingenieros debilita la capacidad de mantener equipos, producir medicamentos y prestar servicios especializados.
La crisis económica puede utilizarse también para reforzar el control político. La escasez dificulta la organización social autónoma y obliga a muchas personas a depender del Estado para acceder a alimentos, trabajo, permisos o asistencia. Al mismo tiempo, las autoridades pueden atribuir todos los problemas al embargo y evitar una discusión profunda sobre las políticas internas.
Este mecanismo no debe conducir a aceptar la narrativa estadounidense de que las sanciones “liberan” a la población. Una política que deteriora las condiciones de vida no fortalece automáticamente la democracia: puede generar desesperación, emigración, fragmentación social y mayor autoritarismo.
La crisis cubana puede comprenderse mediante un modelo de causalidad acumulativa:
Primer nivel: vulnerabilidades internas
• Dependencia de importaciones.
• Infraestructura envejecida.
• Baja productividad.
• Falta de inversión.
• Centralización administrativa.
• Déficit de divisas.
• Emigración de profesionales.
• Escasa transparencia.
Segundo nivel: shocks externos y naturales
• Pandemia de COVID-19.
• Caída del turismo.
• Reducción de remesas.
• Crisis venezolana.
• Huracán Melissa.
• Inflación internacional.
• Aumento de precios energéticos.
Tercer nivel: coerción estadounidense
• Restricciones financieras.
• Sanciones extraterritoriales.
• Obstáculos a las navieras.
• Presión sobre proveedores petroleros.
• Limitaciones tecnológicas.
• Riesgo para bancos y aseguradoras.
• Bloqueo de operaciones comerciales.
Cuarto nivel: efectos sociales
• Apagones.
• Desabastecimiento.
• Transporte paralizado.
• Agua insegura.
• Escasez de medicamentos.
• Cancelación de cirugías.
• Enfermedades infecciosas.
• Malnutrición.
• Emigración.
• Deterioro de la salud mental.
A través de este modelo de niveles podemos evitar dos errores frecuentes. El primero es afirmar que la crisis es exclusivamente consecuencia del embargo. El segundo es afirmar que el embargo no tiene un efecto relevante y que todo se explica por la ineficiencia del Gobierno cubano.
La realidad es más incómoda: las sanciones estadounidenses golpean una estructura ya debilitada, y la estructura política y económica cubana administra una sociedad ya golpeada. En medio quedan los ciudadanos, que carecen de capacidad real para modificar cualquiera de los dos factores.
Las sanciones amplias que afectan a sectores completos de una economía plantean graves problemas desde la perspectiva del derecho internacional y los derechos humanos. El derecho a la salud no exige únicamente que un Estado mantenga hospitales abiertos; exige que los medicamentos, servicios, instalaciones y bienes sanitarios sean accesibles, disponibles y de calidad.
Cuando una política exterior:
• Impide la llegada de combustible.
• Bloquea transferencias bancarias.
• Amenaza a proveedores extranjeros.
• Dificulta el acceso a equipos médicos.
• Reduce la capacidad de transportar ayuda.
• Aumenta el precio de alimentos y medicinas.
está afectando indirectamente derechos fundamentales de la población civil.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, sostuvo que las restricciones de combustible y el endurecimiento de las sanciones extraterritoriales estaban dañando directamente a los cubanos, especialmente a las personas vulnerables. También calificó de incompatibles con los principios básicos de los derechos humanos los paquetes de sanciones amplios, indiscriminados y severos que producen efectos generalizados sobre la población.
La existencia de excepciones humanitarias no resuelve por sí misma el problema. Una excepción que no puede utilizarse efectivamente debido a restricciones bancarias, temor empresarial, falta de seguros o imposibilidad de transporte es una excepción puramente formal.
Desde una perspectiva ética, es inaceptable utilizar la enfermedad, el hambre o el colapso energético como instrumentos para provocar una transformación política. Si Estados Unidos desea promover cambios democráticos, debería apoyar el acceso de la población cubana a alimentos, medicamentos, energía, información y cooperación internacional, no deteriorar las condiciones que permiten ejercer derechos.
Estados Unidos ha anunciado ayudas humanitarias destinadas a la población cubana, canalizadas mediante organizaciones religiosas y entidades no gubernamentales, mediante una ayuda adicional de 6 millones de dólares, sumada a una primera partida de 3 millones, con el objetivo declarado de entregar los suministros directamente a la población y evitar que fueran desviados por el Gobierno cubano.
Estas ayudas pueden aliviar necesidades concretas, pero resultan insuficientes frente a una política que simultáneamente:
• Restringe el combustible.
• Bloquea operaciones financieras.
• Presiona a terceros países.
• Dificulta el transporte de mercancías.
• Aumenta el coste de importación.
• Debilita el sistema productivo.
La contradicción es evidente: se causa o agrava una crisis y después se ofrece una ayuda limitada para mitigar algunos de sus efectos. Desde el punto de vista humanitario, la prioridad debería ser eliminar las barreras que impiden la llegada normal de alimentos, medicamentos, combustible y equipos médicos.
La ayuda también debe estar sometida a mecanismos transparentes, pero la exigencia de transparencia no puede utilizarse como pretexto para mantener un castigo colectivo. La supervisión internacional, la distribución a través de agencias de Naciones Unidas, la OPS, la Cruz Roja, organizaciones y redes comunitarias podrían garantizar que los recursos lleguen a la población sin quedar subordinados a la lógica de cambio de régimen.
Concluyo indicando que la política estadounidense hacia Cuba deteriora de forma sustancial al de las condiciones de vida de la población. En 2026, la presión ha adquirido una dimensión energética que afecta al conjunto de la reproducción social: electricidad, transporte, agua, alimentación, agricultura, industria y sanidad.
El daño sanitario se expresa en múltiples ámbitos:
• Falta de medicamentos esenciales.
• Interrupción de cirugías.
• Deterioro de la atención oncológica.
• Problemas para mantener la diálisis.
• Riesgos para embarazadas y recién nacidos.
• Averías en equipos de diagnóstico.
• Reducción de bancos de sangre.
• Dificultades para controlar dengue y chikungunya.
• Amenazas para la vacunación y la cadena de frío.
• Aumento del sufrimiento psicológico.
• Mayor mortalidad evitable.
La política de sanciones no afecta exclusivamente al Gobierno cubano. Afecta al conjunto de la sociedad y golpea con mayor fuerza a quienes menos posibilidades tienen de protegerse: niños, personas mayores, enfermos crónicos, mujeres embarazadas, pacientes con cáncer, personas con discapacidad y familias sin acceso a remesas.
Al mismo tiempo, el Gobierno cubano tiene responsabilidades innegables. La centralización, la falta de transparencia, la baja productividad, la emigración profesional, la gestión deficiente, la priorización de inversiones turísticas y la represión política han debilitado la capacidad nacional para afrontar la crisis. El embargo no puede funcionar como explicación total de todos los problemas internos ni como mecanismo para ocultar decisiones equivocadas.
Una posición crítica coherente debe sostener simultáneamente cuatro afirmaciones:
1. El embargo estadounidense es una política injusta y humanamente destructiva.
2. Las sanciones extraterritoriales agravan de manera directa la crisis sanitaria.
3. El Gobierno cubano mantiene responsabilidades propias por sus políticas económicas y políticas.
4. La población cubana no debe ser utilizada como instrumento de presión para lograr un cambio de régimen.
La salida humanitaria exige el levantamiento de las restricciones energéticas y financieras, la garantía de corredores comerciales para alimentos y medicamentos, la cooperación internacional sin instrumentalización política, la transparencia en la distribución de recursos y una reforma profunda del sistema cubano que permita mayor participación social, control democrático, autonomía profesional y eficiencia económica.
La salud no puede ser convertida en un campo de batalla geopolítico. Cuando se interrumpe el combustible de un hospital, no se sanciona a una abstracción llamada “régimen”: se pone en riesgo a una mujer que necesita una cesárea, a un niño conectado a un respirador, a un paciente renal que precisa diálisis y a una persona con cáncer que espera tratamiento. Ese es el núcleo humano y político de la crisis cubana.
J.Luis Carpintero (medico jubilado y exprofesor de la UMA)
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