Un nuevo proyecto de ley impulsado por congresistas de todas las corrientes políticas propone abolir la práctica mediante la penalización de la gestación subrogada, creando un tipo de delito específico que persiga a las clínicas, agencias e intermediarios.
«¿Te gustaría ser portadora gestante? Tu decisión puede ayudar a cumplir el sueño de una familia». Este es uno de los cientos de anuncios que se pueden encontrar en Facebook, con decenas de comentarios. Alquilar el vientre está a un clic de distancia para miles de mujeres colombianas. Una investigación de La Marea reveló el entramado de actores implicados en el funcionamiento del negocio de la gestación subrogada en Colombia: clínicas de reproducción asistida, agencias internacionales, bufetes de abogados, fundaciones, sistemas médicos públicos y privados, reclutadoras, entidades estatales y mujeres gestantes. Un mercado que opera amparado por la falta de regulación en el país, un pretendido altruismo y las desigualdades socioeconómicas entre las partes involucradas.
En agosto, después de más de una quincena de proyectos de ley fallidos –y con más de dos décadas de procesos de gestación por subrogación– el Congreso de la República recibió un nuevo texto para reglamentar este multimillonario negocio que ha convertido a Colombia en uno de los principales destinos para el llamado «turismo reproductivo». Congresistas de todo el espectro político, desde la ultraderecha gobernante hasta la izquierda y el centro, se han unido con un objetivo común: prohibir y convertir en delito la «explotación reproductiva mediante maternidad subrogada».
La justificación central del proyecto es que la gestación subrogada puede producir explotación reproductiva de las mujeres, mercantilización de los niños, conflictos de filiación e identidad, riesgos de apatridia y posibles formas de trata o venta de niños. Los firmantes sostienen que estos riesgos no se solucionarían mediante una regulación limitada, sino únicamente mediante una prohibición total.
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Muchos de los congresistas promotores de la norma provienen de los sectores conservadores más radicales, contrarios a otros derechos como la interrupción voluntaria del embarazo o el matrimonio de personas LGBTIQ+. La senadora y feminista Jennifer Pedraza, cuya carrera política viene de los movimientos estudiantiles y las protestas sociales, dice que esa convergencia solo demuestra que la práctica es «tan degradante» que pese a las discrepancias políticas en otros temas «podemos ponernos de acuerdo en la protección de los derechos humanos de las mujeres».
Castigar la intermediación y la promoción
La iniciativa propone prohibir toda forma de gestación subrogada, sin distinción entre la comercial y la altruista; declarar ineficaces los acuerdos celebrados con ese objeto y crear un nuevo delito penal para sancionar a quienes promuevan, faciliten, intermedien o financien la práctica. Uno de sus promotores, el representante a la Cámara por el Partido Conservador, Luis Miguel López, afirma que la prohibición es necesaria porque «los niños no están a la venta ni las mujeres son objeto de contratos y objeto de comercio».
El proyecto de ley plantea la creación de un nuevo delito penal. No busca penalizar a las mujeres que acceden a esta práctica, a quiénes protege como víctimas, sino a los actores más fuertes de este mercado y los intermediarios que la promueven; con penas de entre 9 y 16 años de prisión y multas de hasta 1.500 salarios mínimos, unos 725.000 euros. También se castigaría la publicidad de servicios médicos, jurídicos o turísticos relacionados con la práctica, incluso –apuntan– cuando el procedimiento se realice en otro país; algo similar a lo que sucede en España. «Busca proteger a las mujeres para que no sean engañadas con contratos y con promesas de dinero importantes, cuando realmente no se les habla de los riesgos, de la libertad que se pierde, de no conocer hacia dónde va el niño y de los problemas físicos y psicológicos que puede acarrear el embarazo, no solo para la mujer, sino para el niño», apunta López.
La abogada y académica de la Universidad del Rosario, Natalia Rueda, quien lleva años investigando los contratos de subrogación, aclara que la norma se prevé como irretroactiva, por lo que no afectaría a los niños que ya nacieron por este proceso ni a las mujeres que estén llevando a cabo un embarazo subrogado. «En la medida en que la prohíbe, la ley tutela los derechos de la persona que nace, porque evita que se la trate como un producto o como un objeto de intercambio», explica sobre la protección de los derechos menores nacidos por subrogación, que muchas veces han quedado en riesgo de apatridia debido a los problemas de filiación.
Atacar la intermediación es el objetivo principal del nuevo texto, que está más alineado con las posturas abolicionistas –en debate dentro de los feminismos– de la gestación subrogada y con la Declaración de Casablanca, el principal documento internacional que promueve la abolición de los vientres de alquiler. «La apuesta penalizante está orientada a los intermediarios y a quienes rentan del negocio. No se trata solamente de una relación entre ricos y pobres, sino entre países ricos que buscan países empobrecidos», dice Pedraza. Antes de concluir la legislatura pasada, con Pedraza como una de las principales impulsoras, se sancionó la Ley 2608, una modificación a la ley contra la trata de personas, incluyendo la modalidad de «explotación reproductiva» asociada al delito; pero sin prohibir por sí sola los vientres de alquiler.
Contratos amparados bajo un «falso altruismo»
«Esto es un negocio. Nosotras somos utilizadas, somos una incubadora. Nos utilizan, tienen su recompensa, que es su bebé, y ya», denunciaba una gestante colombiana que brindó su testimonio para la investigación de La Marea «El negocio de alquilar vientres». Un relato que se repite entre las decenas de mujeres gestantes por subrogación entrevistadas por este medio.
Ninguna mujer reconoció haber accedido al procedimiento de forma altruista, pese a que ese es uno de los diez lineamientos que marcó la Corte Constitucional con la sentencia T-968 de 2009, y que, ante el vacío legal, es el manto bajo el que operan tanto las clínicas como sus abogados.
El proyecto declara ineficaces todos los contratos de maternidad subrogada, independientemente de que sean verbales o escritos, gratuitos u onerosos. Establece además que la gestante no tendrá que devolver el dinero, bienes, cuidados o beneficios que haya recibido. Para el representante López, «esta práctica la quieren vender como altruista, pero realmente no tiene nada de altruismo», y las altas sumas de dinero que se mueven lo demuestran.
Los restrictivos contratos firmados por las mujeres y los padres comitentes a los que este medio ha tenido acceso también demuestran que existe una serie de compensaciones no solo por los gastos médicos derivados del embarazo, sino que estas mujeres reciben bonos «por buen comportamiento» o un gran pago final a modo de «regalo» cuando entregan a los bebés a los padres de intención, una vez firmados todos los documentos para la renuncia de la maternidad.
En total, las mujeres pueden llegar a ganar hasta 60 millones de pesos colombianos, unos 16.000 euros; un pequeño porcentaje de lo que cuesta adquirir este servicio para las familias, mínimo 70.000 euros, dependiendo de la clínica y el paquete contratado. Este es otro de los argumentos redactados en el nuevo texto, partiendo de la base, como señala Pedraza, de que en Colombia la pobreza, el desempleo y la informalidad laboral está altamente feminizada, y existe una gran brecha de género tanto en las cargas de cuidados como en el sistema laboral.
Para los detractores del proyecto, como Simón Hernández, presidente de la Asociación Colombiana de Clínicas de Gestación por Sustitución y abogado de Babynova by Novafem, el camino es la regulación, ya que la prohibición «no equivale eliminar» la práctica. «Estamos en un país donde la subrogación es altruista, pero cobija el bienestar de las gestantes, teniendo en cuenta que es una decisión libre y autónoma», apunta. Según el abogado, las clínicas que prestan estos servicios cumplen con los estándares de calidad en todas las fases del proceso, pero reconoce que, si la ley termina siendo aprobada, «no continuarán operando».
Esto lo saben bien las reclutadoras, mujeres que fueron gestantes y que ahora trabajan para las clínicas y agencias reclutando a otras mujeres, en sus barrios o por Internet, para que realicen los procesos de gestación subrogada. Una reclutadora que prefiere no dar su nombre por seguridad se quejaba de que ningún congresista contó con las opiniones de las principales implicadas, las mujeres que, de prohibirse, perderían sus trabajos. «Las clínicas seguirán realizando otros procesos de fertilidad. Solo cortan todo nexo laboral con nosotras. No pierden nada, en realidad: las únicas damnificadas somos nosotras, el eslabón más débil».
Natalia Ramírez, abogada y académica de la Universidad de Los Andes, cuestiona también el prohibicionismo como una «pésima» alternativa regulatoria. «El proyecto parte de la base de que las gestantes sustitutas no pueden ofrecer un consentimiento libre frente a un acuerdo de gestación por sustitución porque necesitan el dinero para sobrevivir», explica. Para Ramírez, esto no reduce las desigualdades. «Mi propuesta es que la gestación por sustitución se reconozca como una modalidad especial de trabajo con el cuerpo y que las gestantes obtengan garantías laborales desde el momento en que empiezan los tratamientos de reproducción asistida con los padres intencionales», dice.
En Colombia, no existen cifras oficiales –ya que las clínicas de fertilidad son reticentes a mostrar sus datos y no hay un organismo estatal que controle el mercado– sobre cuántos bebés nacen por subrogación ni cuáles son los países de procedencia de los padres de intención o comitentes que adquieren estos servicios. La Marea encontró más de 45 clínicas donde se practican procedimientos de subrogación y, según el representante ultracatólico López, al menos 8.000 menores habrían nacido de vientres de alquiler en 2025, teniendo en cuenta que ese fue el número aproximado de impugnaciones a la maternidad que recibieron los juzgados. En los últimos años, debido a la guerra en Ucrania y las prohibiciones en países como Italia, India o Argentina, la industria se movió masivamente hacia el sur global: Colombia, México, África o el Este de Europa, donde los procedimientos además tienen costos más bajos para clínicas, agencias y padres de intención.
Con el proyecto de ley radicado en el Congreso, y pese al largo camino por delante en el legislativo, mientras la práctica se sigue desarrollando en una zona gris, la discusión parece ser más necesaria que nunca. Los críticos del proyecto apuntan a que la prohibición impulsará un mercado negro y clandestino de vientres de alquiler. La académica Rueda niega esto, puesto que el objeto y fin último del contrato es una persona que nace viva, «que tendrá que atravesar fronteras y que tarde o temprano tendrá que relacionarse con un Estado». Para ella, «es paradójico que se diga que habrá un mercado negro en una industria que se presenta como legal y cuyos actores sostienen que actúan dentro de la legalidad».
Fuente: https://www.lamarea.com/2026/08/31/colombia-vientres-de-alquiler-2/