Durante los primeros años de la transición pactada entre la derecha, los militantes y la Concertación, las historias sobre las torturas, los detenidos desaparecidos, los ejecutados, corrían de boca en boca. La censura, el control de los medios de comunicación, primero, y los acuerdos luego para lograr una rápida reconciliación y para evitar la «división […]
Durante los primeros años de la transición pactada entre la derecha, los militantes y la Concertación, las historias sobre las torturas, los detenidos desaparecidos, los ejecutados, corrían de boca en boca. La censura, el control de los medios de comunicación, primero, y los acuerdos luego para lograr una rápida reconciliación y para evitar la «división nacional», como la llaman los partidos patronales, impedían conocer la verdadera dimensión de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno del dictador Pinochet y sus secuaces.
Poco a poco, la verdad comenzó a emerger. A mediados del año 90, cuando se constituye la comisión Rettig, la CUT da cuenta de que «el 76% del total de muertos y detenidos desaparecidos cobrados por la dictadura a partir del 11 de septiembre de 1973 corresponde a trabajadores» (Fortín Mapocho, viernes 20 de julio de 1990). Y que hubo 308 dirigentes sindicales que fueron directamente fusilados o desaparecidos. El informe Valech, que informó sobre la tortura en dictadura, precisa que más de la mitad de ellos corresponde a trabajadores. Y casi un 80% pertenecía o estaba ligado a organizaciones sindicales o de trabajadores.
Esto nos lleva a la pregunta de cuáles fueron las causas del golpe de Estado y contra quién estaba dirigido.
Desde los años sesenta, se puede observar en nuestro país un proceso de ascenso de las luchas de los trabajadores y el pueblo. Proceso que intentó ser frenado desde los propios partidos del régimen de la democracia de los ricos con la política de la Revolución en Libertad de Frei y la Unidad Popular. Pero esto no iba a ser suficiente.
El triunfo de Salvador Allende y su política de la vía chilena al socialismo, expresa el último intento de frenar la posibilidad de la revolución chilena, mediante la política reformista de la conciliación de clases y la teoría de la revolución por etapas del PC. Su programa, la nacionalización de importantes sectores de la economía, el aumento de salarios, mejora de las conquistas de la clase obrera, etc., van a ser importantes. Pero siempre dentro de la política de conciliar con los enemigos de clase de los trabajadores, con los empresarios y sus partidos. De ahí los constantes intentos por frenar procesos de movilización como los que pedían aumentar las empresas que estaban en el área de propiedad social del Estado, la búsqueda permanente de acuerdos con la DC, o la política de confianza irrestricta en las fuerzas armadas aparentemente constitucionalistas, que incluso integraron los gabinetes de Allende.
Pero los trabajadores iban haciendo su experiencia. Con Allende y la UP. Con la política de la conciliación de clases. Como dice «El Cordonazo», que era el de los trabajadores del Cordón Industrial Vicuña Mackenna, publicado unos días antes del golpe de Pinochet: «Los cordones industriales voceros del sentir de las bases proletarias organismos nacidos en el calor de la lucha contra la burguesía y el reformismo, defienden sus puntos de vista que de acuerdo al proceso que vive nuestro país para llegar al socialismo, es necesario en primer lugar derrotar al Capitalismo explotador. Teniendo pleno dominio de los medios de producción y distribución bajo el control obrero. Por lo tanto las empresas tomadas e intervenidas jamás serán entregadas, ni transaremos con los vacilantes reformistas que traicionan a sus hermanos de clase por defender sus propios intereses de privilegiados. Porque aquí se trata de una lucha de clase entre explotados y explotadores; ellos o nosotros; se está con los trabajadores o contra los trabajadores. Sin control obrero de los medios de producción ni distribución no habrá proceso revolucionario ni socialismo.» Los trabajadores comenzaban a cuestionar en la práctica al gobierno de Allende. Comenzaban a intentar avanzar en la creación de organismos propios de autoorganización obrera, como eran los cordones industriales. Comenzaban a ver los límites de la política del reformismo, y a proponerse, tendencialmente, las banderas de la independencia de clases, identificando correctamente a los enemigos de clase en los patrones nacionales y extranjeros. Y es contra esto que se desata el golpe de Estado de septiembre del 73: contra la posibilidad de que fueran los trabajadores quiénes, superando la política reformista de la Unidad Popular, pudieran organizar los destinos del país bajo la dirección de la clase obrera, construyendo un gobierno de los trabajadores, sin patrones. La intervención directa de EEUU, con apoyo financiero, material, de hombres de la CIA, etc., junto con el trabajo interno de los partidos de derecha, la Democracia Cristiana, las FFAA, la Iglesia, la justicia, los medios de comunicación, organizaron el golpe de Estado para defender los intereses de los patrones y de sus instituciones.
Por eso su particular saña con los trabajadores. A quiénes se persiguió y reprimió con especial crueldad. Pero la represión fue sólo una parte de la política anti-obrera de la dictadura. La otra consistió en el desmantelamiento de las conquistas y derechos de los trabajadores. De la privatización de la salud pública, la educación, las pensiones. De la liquidación de las organizaciones sindicales, del derecho a negociación colectiva, del derecho a huelga. De la precarización del empleo, de la flexibilización laboral y los bajos sueldos. De la prepotencia patronal.
Este es el verdadero contenido del golpe de Pinochet y los empresarios. Un golpe de Estado anti-obrero y anti-popular. Y de la implementación de una serie de políticas al servicio de los intereses de los empresarios. Pero la herencia de la dictadura se mantiene en pie hasta la actualidad gracias a las políticas de la Concertación y la derecha, que mediante los mecanismos de la democracia para ricos, sostienen en lo esencial las políticas de Pinochet.
A 33 años del golpe, los trabajadores y el pueblo pobre comienzan lentamente a recuperar sus fuerzas. A ponerse de pie. A cuestionar la herencia de la dictadura. Las lecciones del pasado son útiles para las luchas del futuro. Para terminar con la democracia para ricos de la Concertación y la derecha, que mantiene las políticas de la dictadura, hace falta que los trabajadores se organicen bajo las banderas de la independencia de clase. Construyendo sus organizaciones de clase a su servicio, recuperando por ejemplo la CUT como una herramienta al servicio de las luchas de los trabajadores y sus intereses y derechos. Hace falta retomar las enseñanzas de la experiencia de los cordones industriales, como organismos de autoorganización obrera. Y construir un partido de trabajadores revolucionario, que se proponga la lucha por terminar con la explotación, construyendo una república de los trabajadores.