El 1 de marzo de 2008, el ejército y la policía colombianos perpetraron un ataque militar en territorio ecuatoriano, el objetivo era asesinar al comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) Raúl Reyes. El campamento en el que se encontraba fue bombardeado en dos ocasiones; desde helicópteros artillados, los […]
El 1 de marzo de 2008, el ejército y la policía colombianos perpetraron un ataque militar en territorio ecuatoriano, el objetivo era asesinar al comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) Raúl Reyes. El campamento en el que se encontraba fue bombardeado en dos ocasiones; desde helicópteros artillados, los soldados ametrallaron la zona para después descender y rematar a los heridos. 25 personas fueron asesinadas mientras dormían, entre ellos un civil ecuatoriano y cuatro estudiantes mexicanos.
Para concretar la acción militar, el gobierno colombiano contó con el apoyo de Washington. Colombia utilizó el armamento con la más avanzada tecnología de EEUU. Además, «coincidencialmente» con la masacre y de manera excepcional, un avión militar estadounidense realizó un vuelo nocturno saliendo de la Base de Manta en Ecuador el 29 de febrero y regresando en la mañana del 1 de marzo con ruta «desconocida».
El ataque militar colombiano a Ecuador constituyó una violación al derecho internacional y al derecho humanitario y desató un conflicto regional de grandes proporciones. Ecuador, Venezuela y Nicaragua rompieron relaciones diplomáticas con Colombia. Los presidentes ecuatoriano, Rafael Correa, y venezolano, Hugo Chávez, movilizaron tropas hacia las fronteras con Colombia, dispuestos a defender su soberanía de nuevas agresiones. El ataque fue condenado por los gobiernos de la mayoría de los países del continente, con excepción de Estados Unidos y Colombia.
Los gobiernos colombiano y estadounidense, apoyados en la derecha internacional, desataron una campaña mediática y una persecución judicial para justificar la masacre, criminalizando a las víctimas y vinculando con el «terrorismo internacional» a los gobiernos progresistas de la región, así como a organizaciones e individuos solidarios con el pueblo colombiano.
En el campamento ubicado en la provincia de Sucumbíos se trabajaba por la paz. Raúl Reyes era el responsable de las FARC para las relaciones internacionales y para llevar adelante un eventual canje de prisioneros de guerra, por el que quedarían en libertad no sólo los policías, soldados y civiles retenidos por la insurgencia en la selva colombiana, sino todos los guerrilleros y guerrilleras presos en las cárceles de Colombia y también los extraditados a Estados Unidos (Simón Trinidad, Sonia e Iván Vargas) y que, sin duda, sería el primer paso para una salida política al conflicto armado colombiano.
Sólo unos días antes del ataque militar, las FARC habían liberado de manera unilateral a cuatro ex congresistas colombianos como muestra de voluntad política. Para esto fue decisivo el apoyo del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, comprometido con el canje y el fin de la guerra en Colombia. Como respuesta, el gobierno colombiano asesina al negociador de la guerrilla, pretendiendo acabar a sangre y fuego con el conflicto.
Los principales responsables de esta masacre tienen nombres y apellidos, los cargos que ocupaban entonces, su participación en la masacre y sus declaraciones los involucran. Éstos son: Álvaro Uribe, presidente de Colombia; Juan Manuel Santos, Ministro de Defensa; Freddy Padilla, comandante de las FFAA; Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional; Mario Montoya, comandante del Ejército; David René Moreno, jefe del Estado Mayor; Guillermo Barrera, comandante de la Armada Nacional. En Ecuador se sigue un proceso contra varios de ellos. Sin embargo, se ha excluido a Santos por ser el actual presidente de Colombia; entre los indiciados, tampoco figura Uribe, a pesar de haber perdido ya su investidura presidencial.
Desde los pueblos de América Latina, la exigencia sigue siendo el castigo a los culpables, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, los altos mandos militares y todas las personas que participaron en la llamada Operación Fénix deberán ser juzgados por crímenes de lesa humanidad. Con la Masacre de Sucumbíos, Colombia y Estados Unidos crearon un precedente para implantar el modelo de la guerra preventiva en nuestra región, nos toca a nosotros impedirlo.
A 5 años de su asesinato, recordamos al comandante Raúl Reyes; al ecuatoriano Franklin Aisalla; a los mexicanos Fernando Franco, Juan González, Soren Avilés y Verónica Velázquez; así como a los 19 guerrilleros y guerrilleras que fueron enterrados en Ecuador como NN. Para ellos, como para todas las víctimas del terrorismo de Estado colombiano, exigimos justicia.
Desde esta Venezuela bolivariana, le decimos a América Latina y al mundo que no olvidamos la Masacre de Sucumbíos, que hacemos votos por la paz con justicia social para nuestra hermana Colombia y que seguiremos trabajando para construir la Patria Grande con la que soñó Simón Bolívar.
CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
NI PERDÓN, NI OLVIDO. CASTIGO A LOS CULPABLES
SUCUMBÍOS, NUNCA MÁS
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