El jueves 10 de marzo se cumplieron 6 años del asesinato de David Riquelme, vecino de la población Armando Alarcón del Canto, comuna de Hualpén. Mientras el Gran Concepción se encontraba bajo estado de excepción y toque de queda, luego del cataclismo del 27 de febrero de 2010, muchas personas sufrieron vejámenes de parte de […]
El jueves 10 de marzo se cumplieron 6 años del asesinato de David Riquelme, vecino de la población Armando Alarcón del Canto, comuna de Hualpén.
Mientras el Gran Concepción se encontraba bajo estado de excepción y toque de queda, luego del cataclismo del 27 de febrero de 2010, muchas personas sufrieron vejámenes de parte de los efectivos de las Fuerzas Armadas que patrullaban las ciudades, sin embargo, el abuso llegó al extremo con el crimen que ahora cumple un año más en completa impunidad.
David estaba junto a su amigo Iván Rojas cerca de la medianoche del 10 de marzo, fueron a comprar cigarros a una casa cercana y en el trayecto fueron interceptados por infantes de marina, quienes los tiraron al suelo y de inmediato los comenzaron a golpear, lo cual fue testificado por una vecina y su hijo que viven frente a ese lugar, explicó a Resumen Javier Ahumada, uno de los abogados de la familia de David, cuando se cumplía un año del asesinato.
Después de esta golpiza, los subieron a un vehículo y los llevaron al cuartel de la PDI de Talcahuano, mientras los siguieron golpeando en el trayecto. No los dejaron aquí, narró el abogado, pues el recinto estaba saturado de gente y resolvieron llevarlos a una playa, posiblemente Lenga. En este lugar, maniatados de pies y manos, continuaron sufriendo agresiones. En tal momento, David manifestó que la golpiza ya era excesiva, según recuerda su amigo Iván. Posteriormente los regresaron a la población, tirándolos en una cancha de fútbol.
Iván vio que David se desplomó y cuando hizo el ademán de volverse a ayudarlo los marinos le espetaron que si no seguía caminando lo balearían, afirma el abogado. Luego de eso, los uniformados abandonaron el lugar e Iván emprendió el camino hacia su casa a buscar auxilio. El dolor que sentía era de tal intensidad, que el trayecto de dos cuadras, lo hizo en dos horas, y cuando regresó al lugar acompañado de otras personas, David ya había muerto.
Los testimonios de los Infantes de Marina, los sargentos segundo Jorge Elgorriaga Lavín y Cristián Martínez Flores; el cabo segundo José Caamaño Sepúlveda, y los soldados primero Omer Valdebenito Navarrete y Esteban Muñoz González, se han orientado a presentar a David e Iván como transgresores de normas de convivencia, de manera de justificar su acción. En este sentido, han dicho que los encontraron saltando una pandereta. No obstante, el propietario de la casa indicada por éstos ha dicho que no vio nada. También dijeron que no portaban sus documentos, lo cual ha sido desmentido por el peritaje fotográfico solicitado por el propio Fiscal Naval, que comprueba que David sí portaba carné de identidad.
La autopsia realizada en el Servicio Médico Legal (SML), arrojó que las heridas internas y externas de David eran compatibles con fusiles, pero la defensa de los imputados ha intentado deslegitimar esta conclusión pidiendo que el médico Juan Zuchel, quien aplicó la autopsia al cuerpo de David, indicara su tendencia política. Como Zuchel es conocido hombre de izquierda, con un historial de oposición a la Dictadura desde su propia actividad en el SML, la defensa sugirió que ello podía motivar un sesgo en sus conclusiones. A pesar de los intentos, esta táctica no prosperó, pues no fue aceptada por el Fiscal Naval.
El abogado Ahumada, añadió que la defensa pagó un «metaperitaje». Es decir, contrató a una perito de Santiago, quien, en base a la autopsia de Zuchel, concluyó que ésta tiene errores, en tanto «las heridas son compatibles con un elemento contundente, como un auto».
La dilación de la cual es objeto la investigación y el juicio respecto a este crimen no representa más que la denegación de justicia ante el asesinato de un hombre trabajador. La familia de David y la sociedad chilena ha visto como las instituciones del Estado brindan protección a quienes, detentando recursos y poder devenidos de estas mismas, gozan de completa impunidad, luego de cometer delitos que van desde el fraude al fisco hasta el asesinato.
Uno de los vanos compromisos que el actual Gobierno hizo, fue el término de la tramitación en la Justicia Militar de causas que trataran sobre acciones contra civiles. De esto no ha habido ninguna señal. Ahí siguen impunes los asesinatos de jóvenes como Daniel Menco, Claudia López, Alex Lemún, Matías Catrileo, José Mendoza Collío, Rodrigo Cisternas, Manuel Gutiérrez y la desaparición de José Huenante, todos en manos de Carabineros.
Ver video sobre el tema en: Londres 38, espacio de memorias.
http://resumen.cl/2016/03/26191/