El final de la revista «Rocinante» constituye una nueva y severa pérdida para la muy limitada libertad de expresión que disfruta nuestro país. A dicha pérdida hay agregar este año la de «Plan B» y «El Portal del Pluralismo». A su vez, ellas se suman a la virtual autodestrucción por parte del liderazgo de la […]
El final de la revista «Rocinante» constituye una nueva y severa pérdida para la muy limitada libertad de expresión que disfruta nuestro país. A dicha pérdida hay agregar este año la de «Plan B» y «El Portal del Pluralismo». A su vez, ellas se suman a la virtual autodestrucción por parte del liderazgo de la Concertación -durante la década pasada- del conjunto de los medios escritos que había logrado desarrollar en plena dictadura. Esto es, de «La Época», «Fortín Mapocho», «Análisis», «Apsi», «Cauce» y «Hoy». Esta autodestrucción se ha llevado a cabo a través de dos vías fundamentales: El bloqueo, a comienzos de los ’90, de la continuación de apoyos financieros externos, y la discriminación de que han sido objeto respecto del avisaje fiscal.
En relación a la primera vía, tenemos el testimonio del Premio Nacional de Periodismo 2005 y ex director de la revista «Análisis», Juan Pablo Cárdenas, quien ha señalado que el Gobierno de Aylwin «nos bloqueó una ayuda internacional importante que estuvo a punto de materializarse. Era del Gobierno holandés que destinó una ayuda millonaria para las tres revistas que se mantenían vigentes (‘Apsi’, ‘Análisis’ y ‘Hoy’) junto con el diario ‘La Época’ y ‘Fortín Mapocho’. La ayuda no se concretó porque el Gobierno de Aylwin le hizo ver al Gobierno holandés que cualquier asistencia a la prensa chilena sería vista como una injerencia en los asuntos internos de nuestro país» («El Mercurio», 11/09/2005).
Respecto del avisaje fiscal, el mismo Cárdenas ha indicado que «el Gobierno (de Aylwin) no nos hizo compartir la publicidad gubernamental. La podría haber distribuido equitativamente entre los medios» (op. cit.) A su vez, el comité editorial de «Rocinante» denunció como «particularmente grave» que «el Estado chileno, a través de sus empresas, concentra una cantidad de recursos en materia de inversión publicitaria que refuerza este déficit de pluralismo (en la propiedad de los medios) al invertir casi exclusivamente dichos recursos en los grandes consorcios y monopolios de la comunicación» (Rocinante; N° 84 y final). En el mismo número su directora, Faride Zerán, informó que las empresas del Estado destinan 62,7% de su publicidad en prensa escrita a «El Mercurio».
A todo lo anterior hay que agregar la insólita negativa del Estado a indemnizar al legítimo propietario de «Clarín», Víctor Pey, lo que ha impedido hasta hoy la única alternativa cierta de publicación de un diario de centroizquierda en Chile durante esta década (ver «Clarín y el sagrado derecho de propiedad,» de Patricia Verdugo, en «Rocinante» N° 47) ¿A qué puede deberse ese pertinaz esfuerzo de beneficiar al ajeno y perjudicar al propio?
La explicación la da con toda crudeza Edgardo Boeninger en su libro «Democracia en Chile» (Edit. Andrés Bello, 1997) en que señala que a fines de los 80 se produjo una «convergencia» de los postulados económicos del liderazgo de la Concertación con los del régimen de Pinochet, «convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer» (pág. 369)
Obviamente, en tal contexto, pasaban a ser molestos los medios de comunicación, que por las fuertes convicciones y coraje demostrados por directores y periodistas, muy probablemente se encargarían de desnudar las profundas contradicciones entre teoría y práctica que se impondrían en el futuro.