Sin que casi nadie se diera cuenta se inició el Proceso Constituyente. La primera constatación es la escasa y confusa información que ha precedido a este momento. Y no es porque no se hayan dispuesto recursos y campañas para instalar el itinerario. Simplemente el mensaje del «Constitucionario» y otros mecanismos similares no se ha entendido, […]
Sin que casi nadie se diera cuenta se inició el Proceso Constituyente. La primera constatación es la escasa y confusa información que ha precedido a este momento. Y no es porque no se hayan dispuesto recursos y campañas para instalar el itinerario. Simplemente el mensaje del «Constitucionario» y otros mecanismos similares no se ha entendido, porque se han dicho muchas cosas pero no las más importantes. ¿Cómo, por qué y de qué manera participar?
Por un lado el Consejo de Observadores, en el que hay una clara mayoría de integrantes de la derecha, ha conducido el debate desde la paranoia y la desconfianza absoluta, amenazando continuamente con boicotear el proceso y generando todo tipo de trabas burocráticas a la participación masiva. Por ejemplo, afirmando que los funcionarios públicos, sin distinción ni nivel de responsabilidad, no podrían participar, retardando las definiciones de procedimiento, acortando los tiempos de consulta, etc.
Pero en rigor, el temor y el recelo a la participación no ha sido patrimonio del Consejo de Observadores. Parece que los organizadores del proceso no quisieran animar a la participación, por el diseño mismo que han implementado. Partiendo del hecho de no clarificar el sentido y el efecto político que esperan generar. En rigor, más que un Proceso Constituyente, los cabildos locales, provinciales y regionales se deben entender como procesos prelegislativos. Estos encuentros lo que hacen es preparar el proyecto de ley que la presidenta enviará al Parlamento a fines de año, que contendrá los elementos centrales de un nuevo proyecto de Constitución. Pero el momento constituyente mismo se ha desplazado para el gobierno y el Congreso que entrarán en funciones en marzo de 2018.
El método elegido por los técnicos de La Moneda ha desechado diversas experiencias internacionales presentadas por otros servicios al interior del gobierno y desde la sociedad civil. Estas propuestas alternativas no buscaban cambiar el carácter consultivo del proceso «prelegislativo». Pero eran mucho más sustanciosas y abiertas en materia participativa. Al respecto Naciones Unidas ha logrado implementar durante los últimos veinte años una serie de consultas a escala global que han logrado garantizar a los participantes que su voz y sus demandas se vean reflejadas si logran una movilización consistente y persistente. Ello permitió arribar a la declaración y al programa de Durban (2001) contra el racismo. También se aplicó en el proceso de la asociación de Busan para una eficacia de la cooperación para el desarrollo (2012). Incluso en temas de alta conflictividad, y con enormes intereses geopolíticos cruzados, como es el caso del cambio climático, la ciudadanía ha logrado utilizar espacios de participación que no son despreciables. Los acuerdos de la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, celebrada en París en 2015, no hubieran sido los mismos sin que hubiera existido una ventana de participación ciudadana que presionara y monitoreara las negociaciones.
Todos esos procesos tienen en común reconocer que en la sociedad hay organizaciones vivas, sociales y políticas, que poseen propuestas y criterios propios, y esas posiciones están en conflicto y en discrepancia entre sí. La clave de la participación radica en que esas ideas se expresen, choquen, se debatan de forma abierta y sistemática. No aspira a acuerdos forzados, sino a expresar y plasmar la diversidad de posturas entre organizaciones reales, no sólo entre individuos. Y les garantiza un marco procedimental para reconocer las ideas que logran mayor receptividad y aceptación colectiva.
En cambio, en el proceso chileno han quedado en evidencia lo arraigada que está la mentalidad anti-participacionista. Este enfoque ha impregnado este proceso gubernamental de la mano de Rodrigo Araya, uno de los nueve socios de la Consultora Tironi y Asociados, y al que cabe la autoría intelectual del Proceso Constituyente. Bajo un marco teórico llamado Gestión de Controversias ha diseñado una política de contención del desborde social. Literalmente Tironi afirma: «La experiencia de consultoría de Tironi Asociados nos confirma que hemos arribado a un estadio donde lo usual es la ocurrencia de desbordes que siembran la alarma entre la población. Frente a estos los expertos se dividen y carecen de respuestas indubitables»(1). Si un proceso de participación social parte desde el temor al «desborde», la respuesta no será crear cauces y puentes. Será crear diques y compuertas que protejan lo instituido. Esta es la mentalidad que ha capturado el proceso y que impide, desde dentro, que despliegue su potencialidad. La respuesta por lo tanto está clara: es urgente y necesario desbordar este proceso. ¿Cómo y de qué manera? Es tarea de los movimientos sociales definir e implementar esta tarea
(1) Tironi, Eugenio (2011), Abierta: Gestión de controversias y justificaciones, Uqbar editores, Santiago. P. 7.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 850, 29 de abril 2016.