El derecho penal no debe aplicarse a la libertad de expresión y ser un instrumento para silenciar las radios comunitarias en Chile, plantean organizaciones dedicadas a la comunicación ante el cierre de emisoras de este tipo en este país austral. En 2009, siete radios comunitarias fueron cerradas por transmitir sin licencia, acusadas de interceptación de […]
El derecho penal no debe aplicarse a la libertad de expresión y ser un instrumento para silenciar las radios comunitarias en Chile, plantean organizaciones dedicadas a la comunicación ante el cierre de emisoras de este tipo en este país austral. En 2009, siete radios comunitarias fueron cerradas por transmitir sin licencia, acusadas de interceptación de telecomunicaciones, lo que según la Ley General de Telecomunicaciones supone sanciones que van de multas e incautación de equipos hasta penas de prisión.
«Hay que impedir que más radios comunitarias sean silenciadas con la aplicación del derecho penal a la libertad de expresión», dijo a IPS Juan Enrique Ortega, de la no gubernamental Educación y Comunicaciones (ECO).
Radio Sin Tierra es una de las radios silenciadas. Se trata de una iniciativa de vecinos y estudiantes que trabajan voluntariamente en la emisora de Peñalolén, un sector popular del sureste de Santiago.
«Estoy en calidad de imputado por simplemente estar comunicando, por nuestra libertad de poder comunicarnos con el resto de la comunidad», dijo a IPS Fidel Galaz, uno de los radiodifusores de la emisora clausurada.
«Todos tienen derecho a comunicarse, más allá de si cuenta o no con los recursos para pagarle a la Subtel», enfatizó en referencia a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que se ocupa del otorgamiento de las licencias para operar el espectro radioeléctrico, un requisito que exige una inversión de la que esta radio comunitaria no dispone, al igual que otras muchas.
ECO estima que en Chile se debe invertir el equivalente de 2.000 dólares para postular a una licencia, sin que en contrapartida exista un sistema de subsidios destinado a promover la comunicación comunitaria y la igualdad de acceso.
Galaz rechazó el ofrecimiento del tribunal de una salida alternativa que suponía acoger la denuncia en su contra y terminar sus transmisiones, para liberarlo de posibles condenas.
Para este comunicador eso significaba el abandonar un proyecto colectivo y aceptar que los silenciaran. De ser condenado, se arriesga a tener que pagar una alta suma en multas y a una pena de hasta tres años de prisión.
La exigencia de terminar con lo que denominan la criminalización del ejercicio de la radiodifusión, es uno de los motores de la plataforma social conformada por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), la local Red de Medios de los Pueblos (RMP), la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, ECO y la Corporación La Morada.
La presidenta para América Latina de Amarc, María Pía Matta, dijo a IPS que «la coerción por parte de los estados y aplicar el derecho penal en esa materia nos parece que es atrasado».
Matta subrayó que al criminalizar la radiodifusión comunitaria, Chile » no está cumpliendo con los estándares internacionales a la que todos los gobiernos de América Latina se han suscrito a través del Pacto de San José de Costa Rica», como se conoce la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente desde 1978.
En su visita a Chile en septiembre, la Relatora por la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, sostuvo que «el derecho penal no está hecho para perseguir» a quienes ponen emisoras comunitarias. «El derecho penal está hecho para perseguir asesinos, ladrones, estafadores» y no a comunicadores, aseguró.
En América Latina, solo Chile y Brasil mantienen la transmisión sin licencia como un delito penal.
Las organizaciones de comunicación y las radios comunitarias exigen que se derogue el artículo 36b de la Ley General de Telecomunicaciones, que califica de delito penal emitir sin licencia y es una herencia de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
La norma nació en 1982 como un Decreto Supremo de Pinochet, con el fin de perseguir y acallar a los medios opositores.
Pasados 20 años de la recuperación de la democracia, solo ahora el ya saliente gobierno de Michelle Bachelet se ha mostrado dispuesto a enviar al bicameral Congreso legislativo un proyecto de ley que elimine la criminalización de la radiodifusión comunitaria sin licencia.
«El Gobierno se comprometió a estudiar y enviar un proyecto de un solo artículo que modifique la ley vigente, de manera de evitar las penas corporales para estos delitos», sostuvo la ministra de la Secretaría General del Gobierno, Pilar Armanet.
La iniciativa se enviaría al comenzar marzo, en las vísperas de que el día 11 la socialista Bachelet entregue la presidencia a Sebastián Piñera, el multimillonario empresario de derecha que ganó las elecciones del 17 de enero.
Así que sólo si el Ejecutivo establece un trámite de urgencia la derogación de la medida no quedaría atrapada entre las prioridades legislativas que establezca el nuevo gobierno.
Para la presidenta regional de Amarc, además no hay certeza sobre cuál sería la posición en la materia del gobierno de Piñera.
Y en cualquier caso, aunque se elimine la pena de prisión para la radiodifusión sin licencia, se mantendría la incautación de bienes y la imposición de multas.
El informe sobre Radiodifusión en Chile, producido por RMP y ECO y difundido en diciembre, revela que casi la totalidad de las acciones judiciales fueron interpuestas por miembros de la Asociación Nacional de Radiodifusores de Chile, que agrupa a las emisoras comerciales.
Para la RMP se trata de una persecución con tintes ideológicos y de imposición de las reglas del mercado, donde las comunicaciones son vistas solo como un negocio, y que se traduce en el hostigamiento a los comunicadores comunitarios y su criminalización por la justicia.
Esa persecución «implica que se hace un rastreo, un seguimiento de quienes son las personas que están tras los medios comunitarios con el fin de denunciarlos a la Secretaría de Telecomunicaciones o directamente al Ministerio Público», dijo a IPS Paulina Acevedo, integrante de RMP.
Los radiodifusores comunitarios recibieron en enero una noticia que les tiene satisfechos a medias. En enero, el parlamento aprobó una ley que crea los servicios de radiodifusión comunitaria, lo que beneficiaría a las cerca de 400 radios comunitarias con licencia en el país, que actualmente funcionan bajo la figura de radios de mínima cobertura.
La nueva ley, que está a la espera de su promulgación por Bachelet, reconoce legalmente su carácter social y comunitario, ofrece algunas mejoras técnicas, como el aumento de su potencia a 25 vatios, y amplia las concesiones hasta 15 años.
RMP, que agrupa a más de 50 medios comunitarios de distinto tipo, considera un avance la nueva norma, pero también alerta que supondrá una restricción para la proliferación de estos medios, ya que las relega a un segmento que limitará la posibilidad de concesiones.
También cuestiona que las emisoras tengan que ser certificadas como «comunitarias» por la División de Organizaciones Sociales de la Secretaría General del Gobierno, porque condiciona el permiso a la voluntad de turno de un gobierno, lo que facilitará abusos y arbitrariedades.
Para Ortega, de ECO, el problema es que no se entiende que el derecho a la comunicación es parte esencial de los derechos humanos. «Para avanzar en el reconocimiento y garantizar la libertad de expresión hay que democratizar las comunicaciones, y eso no se logra con esta ley», agregó.
Según la ley, las radios comunitarias no podrán ocupar más de cinco por ciento del espectro radioeléctrico chileno.
Las organizaciones sociales y los radiodifusores comunitarios han planteado al gobierno saliente que este mes se realice una mesa de trabajo especial, con amplia participación de la sociedad civil, para discutir los criterios para la redacción del reglamento que determinará la aplicación de la ley de Radios Comunitarias.
En esa instancia, podría adecuarse mejor las normas de cumplimiento a la realidad de estos medios populares, y al mismo tiempo impulsar que quede derogado antes del 11 de marzo el artículo que faculta que a los comunicadores comunitarios se les aplique el Código Penal.