Dos energías rigen en el Chile actual: la transformación y la conservación. La inercia de este última es siempre importante en nuestra historia (anclada en la institucionalidad y los poderes fácticos), pero el despliegue de los movimientos sociales de 2011 y 2012 ha demostrado tener una potencia significativa, generando un excedente de energía que altera […]
Dos energías rigen en el Chile actual: la transformación y la conservación. La inercia de este última es siempre importante en nuestra historia (anclada en la institucionalidad y los poderes fácticos), pero el despliegue de los movimientos sociales de 2011 y 2012 ha demostrado tener una potencia significativa, generando un excedente de energía que altera las condiciones sociales y políticas incluso en los períodos donde no hay movimientos activos.
En un año (el 2012) que se avizoraba más bien conservador, tanto por el normal (y pasajero) reflujo del espíritu utópico y como resultado de una campaña del terror para evitar los cambios; el efecto ha sido diferente, siendo cada vez más evidente que se avecinan las resistidas transformaciones. El gobierno se desgasta remando y produciendo turbulencias, mientras no se mueve un centímetro. Los movimientos sociales se toman un respiro y aun así no pierden terreno.
Los movimientos sociales han sido despliegues de energía en una sociedad que deslegitimó a los grandes poderes económicos y políticos. Y en el camino obtuvieron validación de sus postulados, capacidad de generar agenda e interpretaron sentimientos de época. Hoy presenciamos cómo algunos actores institucionales y políticos escudriñan en el espacio generado por los movimientos sociales algo de legitimidad para poder respirar y/o adquirir poder. Vemos a la vez cómo el gobierno golpea con dureza a cualquiera que se aproxime a esos bolsones de legitimidad que para él están fuera de alcance. El gobierno sólo puede (o sólo sabe) disparar a los que corren a la dulce orilla de la legitimidad, para que no lleguen o al menos lleguen malheridos.
Los movimientos sociales han tenido cierto respaldo por parte del poder judicial. Está el caso del juez de garantía en Aysén que tramitó hasta el ridículo a Hinzpeter para aplicar la Ley de Seguridad del Estado; o el caso de la central Castilla, rechazada con una votación 5-0 de los supremos. Son esos dos ejemplos muy claros. El Ministerio Público, en cambio, ha sido más voluble. Primero fue el brazo armado del gobierno por el caso bombas y del paquistaní, pero luego abandonó al Ejecutivo y se transformó en una piedra en el zapato. El momento más amenazante fue cuando Chahuán declaró que estaban evaluando presentar cargos por el lucro en las universidades privadas, momento en el cual el poder legislativo también aparecía anudando la denuncia estudiantil con su comisión de la Cámara de Diputados sobre el lucro. Los diputados fueron desactivados con quirúrgica precisión (aunque todavía desconocemos el bisturí). Y la fiscalía modificó su conducta luego de una reunión en La Moneda, de la que no sabemos más que su realización y efectos, la que terminó con el Ministerio Público asumiendo responsabilidades y haciendo algo parecido a disculparse. El caso bombas volvió a ser, desde entonces, un asunto prioritario para los hombres de Chahuán, quienes crecientemente aceptan que el gobierno, El Mercurio y La Tercera los traten de incompetentes. La reunión se torna más misteriosa viendo el panorama.
El gobierno lleva un buen rato denunciando a los jueces. En los últimos días esto ha llegado al paroxismo. La razón es simple: es un gobierno ilegítimo que viene luchando porque nadie tenga legitimidad en la sociedad (si la obtienen los estudiantes, hay que desacreditarlos, si la obtienen los jueces, también). Si todos son injustos, los chilenos tendrán que adaptarse. Es un llamado a la mediocridad, a la ausencia de utopía. Es en la sumisión el escenario donde existe la derecha.
Pero los jueces no parecen estar dispuestos a dejar pasar lo poco de legitimidad que anda disponible en esta sociedad. Y parecen estar informando a los movimientos sociales que los tribunales son un espacio para ‘dialogar’ adecuadamente con el Ejecutivo. Los jueces saben que en Chile los poderosos no cumplen la ley. Es cosa de denunciarlos entonces para que de pronto pasen de poderosos a imputados. Ellos saben qué pasaría si los poderosos, empresarios y políticos, comienzan a aparecer como delincuentes. La transformación estaría a las puertas. Hasta el momento, los movimientos sociales no han estado interesados en entrar en esta arena, pero los jueces parecen estar diciendo que hay un camino abierto por su lado.
El gobierno no esperaba la irrupción de otro actor: apareció la Iglesia Católica y luego de un Tedeum donde intentó dar alguna señal sobre la crisis institucional del Chile actual, que no fue leída por la elite política como tal, decidió aclarar los puntos con una carta pastoral que acusa al modelo económico de inhumano y a quienes lo gestionan de ortodoxos. Para dar una señal más clara ha rechazado una donación de Barrick Gold.
El gesto de la Iglesia Católica es claro, reconociendo dos cosas: los movimientos sociales son la legitimidad del Chile actual y la tendencia de este proceso, en el mediano plazo, va contra la ortodoxia neoliberal. La Iglesia no está ganando tiempo a seis meses plazo, no es ese su negocio. Está leyendo el sentido de los tiempos, asumiendo que no puede librar su batalla por la subsistencia luego de los casos de pedofilia dando la espalda a la historia. Está diciendo quiénes serán los ganadores del proceso y marca en los movimientos sociales y sus temáticas el futuro de Chile. Quienes creen en la transformación de Chile, deben estar satisfechos. Y no es porque la Iglesia se haya convencido, sino porque su concurrencia significa que, ejecutado el diagnóstico, uno de los Estados que a nivel mundial más sabe de manejar los tiempos históricos, ha diagnosticado que los contenidos de los movimientos sociales en Chile son la agenda del futuro. He aquí el dolor de la derecha frente a la carta pastoral: la Iglesia le ha dado al modelo económico la unción de los enfermos.
Quienes estamos en la vereda de la transformación desconfiamos de la Iglesia, conservadora por excelencia. Sin embargo, el poder político se construye siempre incluyendo posibles traidores. El punto está en saber gestionarlos. A los movimientos sociales no les resulta indispensable la dimensión judicial, pero sin duda le puede ser útil. A los movimientos sociales no les resulta indispensable la capacidad política y administrativa de la Iglesia, pero puede ayudar. Los romanos pactaron con sus enemigos cientos de veces y enseñaron que el pacto es también una señal de beligerancia controlada, una amenaza constante, un recurso por utilizar.
Los movimientos sociales en Chile adquirieron mucho poder basado en la legitimidad y muy poco de ello logró ser institucionalizado. Las tres formas de institucionalizar el poder en la modernidad son las dimensiones ejecutiva, legislativa y judicial. Se requiere para ello administración, presupuesto, organización, gente dedicada varias horas al día a los asuntos más relevantes o urgentes. El poder es un asunto caro y difícil. El poder supone levantar temas en la agenda y profundizar en ella según la propia posición. He ahí el juego. El movimiento estudiantil (lo usaré de ejemplo por ser, con distancia, el caso más intenso) logró un enorme poder sobre la agenda política e instaló (al menos en parte) un poder legislativo paralelo. Fue además un referente en la idea de justicia, por tanto, usurpó el trozo de legitimidad que culturalmente corresponde a los tribunales. Y aniquiló políticamente a ministros y al Presidente. Aunque su anudación como poder no terminó. No podía terminar, pues se trata de un movimiento y no de una institucionalidad. Los primeros dinamizan procesos, la segunda los estabiliza.
El poder de los movimientos sociales ha estado en su legitimidad. Pero hay que dar forma a instituciones, ojalá nuevas. Y hay que saber aprovechar los recursos que otras instituciones puedan proveer.
Puede ser hora de aceptar a los jueces, con una aclaración: en la ciudadanía residirá la justicia y ellos (los tribunales) sólo serán encargados de administrarla. Puede ser hora de aceptar a la Iglesia, con una aclaración: son los movimientos sociales los que bautizan en el Chile actual, no la Iglesia. Son estas decisiones las que están por tomar. De momento una cosa es clara: hay quienes quieren sumarse. Y quienes lo hacen provienen de dos instituciones que miran más allá del día a día, que diagnostican más allá del corto plazo. El significado de esto es simple: la transformación es irreversible.
* Alberto Mayol, sociólogo y académico Universidad de Chile