Si este proceso no se vincula a la formalización de la propiedad, garantías de estrategias de producción y comercialización, asistencia técnica, bienes públicos, reconocimiento de derechos fundamentales y un giro en la política de drogas, es casi fracasada la estrategia de la reforma rural.
Son inmensas las preocupaciones por parte de las comunidades campesinas cocaleras sobre el devenir en el proceso de sustitución de cultivos declarados de uso ilícito contemplado en el acuerdo de paz. La acelerada ola de violencia en el campo y la erradicación forzada parecen primar sobre la concertación. A esto se suma la presión del gobierno norteamericano para disminuir las hectáreas de cultivos de coca, ya que un informe de la DEA conocido esta semana a través de medios de comunicación nacionales indica que Colombia es el principal proveedor de la cocaína que llega a los Estados Unidos y hace serios señalamientos contra el proceso de paz y su relación con el aumento de cultivos.
El mismo Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) por demás es insuficiente si se habla de desarrollo rural en los territorios, en lo local, en lugares con poca institucionalidad rural y ambiental.
Si este proceso no se vincula a procesos de formalización de la propiedad, garantías de estrategias de producción y comercialización, asistencia técnica, bienes públicos, reconocimiento de derechos fundamentales y, cómo no, un giro en la política de drogas que acabe con el prohibicionismo y proteja a quienes finalmente llevan las cargas negativas de la lucha contra el narcotráfico, el eslabón más vulnerable, el campesino, es casi fracasada la estrategia no solo de la sustitución sino de la reforma rural que, si bien es ambiciosa en un país como Colombia, no es un cambio estructural para resolver el problema agrario.
Ahora bien, el caso particular y tal como lo contempla el decreto del PNIS 897 de 2017, la situación es aun peor para los campesinos en las Áreas Protegidas (AP) del Sistema de Parques Naturales Nacionales (SPNN) para la sustitución de cultivos declarados de uso ilícito, puesto que la posibilidad para el desarrollo de proyectos productivos agropecuarios son nulas y en todas las AP las comunidades campesinas no pueden desarrollar las actividades permitidas por múltiples razones, e incluso se cierra la posibilidad del plan de atención inmediata puesto que este contempla un presupuesto precisamente para proyectos.
¿De qué más va a vivir una familia campesina, si no es de la tierra? Solo se da la posibilidad de procesos de relocalización, que a la final no se cumplen por poca oferta de tierras y el bajo presupuesto de las entidades competentes para dar cumplimiento a acuerdos suscritos con las comunidades asentadas allí, como por ejemplo compra de predios para los objetivos de conservación y la salida de campesinos de los parques naturales nacionales (PNN).
Según cifras de la dirección de PNN, hay cerca de diez mil hectáreas en proceso de erradicación [1] en parques como Tinigua, Macarena, Paramillo, Paya, Catatumbo y Nukak. Según la misma directora son las áreas con más cultivos de coca, las cuales también tienen conflictos territoriales de superposición de áreas protegidas en territorios campesinos y quienes a través de sus juntas de acción comunal y organizaciones campesinas han persistido en la concertación local para superar estos conflictos.
Sobre los puntos 1 y 4 del acuerdo de paz entre Gobierno y FARC hay una serie de propuestas para el desarrollo integral en el campo, la garantía de acceso a la tierra, la sustitución de cultivos declarados ilícitos, entre otros puntos no menos importantes, como preámbulo para la superación de los conflictos que se han generado.
Parece obvio pero es importante destacar que el acuerdo en materia de erradicación en parques nacionales genera elementos para la creación de «mecanismos de interlocución directa con las comunidades», que llevan no solo a priorizar el reasentamiento de las poblaciones asentadas en áreas de especial interés ambiental, sino que también protegen los «intangibles culturales y espirituales», la economía campesina y las formas de organización comunitaria, en este caso campesina, que como se sabe también existe en parques nacionales.
El objetivo de PNN no es sacar a la población campesina de estas áreas y mucho menos la erradicación. Incluso hay jurisprudencia de la Corte Constitucional que se refiere a ello, en sentencia T-299 de 2009 se reconoce el desplazamiento masivo de campesinos por la erradicación manual y aérea y la constante zozobra por los operativos militares antinarcóticos en estos procedimientos, hechos que se presentaron en comunidades asentadas en el PNN La Macarena. Las erradicaciones forzadas con Fuerza Pública o personal civil son operaciones que en el contexto colombiano se leen como contrainsurgentes y son perversos en la medida en que no se ofrecen medidas de reparación y de solución contra la población revictimizada.
Es así como surgen múltiples preguntas: ¿cómo se implementarán el PNIS y los Planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo en las áreas protegidas con las restricciones normativas existentes? ¿Primarán las medidas de fuerza contra la población campesina que subsiste de los cultivos declarados de uso ilícito? ¿Habrá procesos judiciales contra la población campesina que no arranque las plantas de coca, entre otras cosas porque saben que no les van a cumplir? ¿Qué acciones sancionatorias se pueden establecer hacia las entidades que incumplen acuerdos y compromisos establecidos con las comunidades campesinas y que vulneran sus derechos fundamentales y el acuerdo de paz?
Nota:
[1] Palabras de la directora de PNN Julia Miranda en RCN Radio.