A.F.P. : ¿Reformar o perfeccionar el robo?

Apenas iniciada la gestión política del gobierno de Michelle Bachelet, irrumpió con bastante fuerza y expectativa social y por iniciativa del propio ejecutivo, el tema previsional. Los medios de comunicación pusieron toda la atención debida, ya que se trataba de uno de los temas más importante del programa de gobierno, y cuya puesta en la agenda evidenciaba la necesidad de realizar una profunda reforma al Sistema Previsional chileno. Para tal efecto, el gobierno conformó una comisión de técnicos y especialistas que tendrían la tarea de diseñar una propuesta que servirá de base a la definitiva reforma. En cuanto a la conformación de la comisión que preside Mario Marcel, anterior Encargado de Presupuesto en el gobierno de Lagos, diremos que no nos llama la atención, pero vale la pena decirlo; que el conjunto de personeros que la constituyen se aviene ideológicamente, por decirlo de algún modo, en tanto la mayoría de ellos se han vinculado todos estos años, de un modo u otro, a gestiones, investigaciones, asesorías y representaciones privadas y públicas en perfecta complacencia con el actual modelo económico. En esta comisión los trabajadores, los intelectuales y profesionales que les representan y la izquierda son los grandes ausentes. Por la importancia de tal política, nos parece necesario manifestar nuestra opinión y con ello establecer nuestras diferencias no sólo con las posturas oficiales, sino, también con las propuestas y estudios que la izquierda reformista ha desarrollado, proyectando con esta política una vez más, la justificación de un sistema mixto que en definitiva no cuestiona ni condena categóricamente, la injusticia que se ha operado durante todos los años que se ha mantenido el actual sistema de capitalización individual en el terreno de la seguridad social de los trabajadores.

UN RECUENTO HISTORICO UTIL

Es posible que la nueva generación de trabajadores, no haya sabido que el anterior sistema de seguridad social en nuestro país, funcionó por largos años bajo la inspiración de políticas claramente redistributivas. Que en el marco de una economía de escasos recursos y que eran las limitaciones propias de nuestros niveles de desarrollo, se tendía con voluntad técnica y política desde el Estado a asegurar un grado mínimo de subsistencia a todo trabajador que se acogía a retiro (jubilación). En cuanto a lo que se refería al sistema de pensiones, sin desconocer los problemas de ineficiencia administrativa y los negativos grados de burocratismos que estaban presentes, en cuanto a los objetivos globales que se planteaba el sistema, afirmamos que estos se cumplían satisfactoriamente. Tales cumplimientos en los mencionados objetivos, no podrían haberse dado de no sostenerse el sistema claramente en el principio de la solidaridad, el cual consistía en que la generación de trabajadores activos contribuye a mantener a la generación anterior, y que había alcanzado ya la edad para jubilarse.

Cuando la dictadura, de manera encubierta, comienza a fraguar la contrarreforma previsional, con el pretexto de que en el marco de la nueva economía del país, cada chileno debía gozar de «libertad individual», estaba buscando que en la instauración del nuevo sistema de seguridad social, el principio rector que rija, sea el individualismo y no la solidaridad y por lo tanto el modelo de pensiones debía estar basado en la «capitalización individual».

En ese entonces, los sectores revolucionarios no nos dejamos engañar y sabíamos que dada la enorme concentración de poder económico, los trabajadores jamás serían favorecidos o lograrían un grado de ventaja social mínima, adoptando el sistema de «capitalización individual» que la dictadura propuso. Para nosotros era evidente que el nuevo esquema de pensiones, significaría un grave riesgo de mayor opresión y debilitamiento para la masa laboral. Sabíamos que lo que la clase dominante buscaba, era convertir a los sectores asalariados en una gran franja social funcional al nuevo patrón de acumulación. De todos modos, la dictadura había creado condiciones políticas y sociales, favorables en mucho a los sectores dominantes, que cuando se plantea la implementación de esta contrarreforma, los trabajadores y el pueblo poco o nada podían hacer para oponerse a estos planes, era claro nacional e internacionalmente que, en Chile, la represión sistemática por parte del Estado, era el factor dominante y recurrente que la dictadura desplegaba frente a cualquier forma de resistencia u oposición a las políticas que buscaba imponer la nueva fracción burguesa monopólico-financiera.

Explicitando aún más las intenciones de la mencionada fracción burguesa, diremos que, el entonces equipo económico de la dictadura se proyectó lo siguiente: Implementar una «reforma previsional» que contemple dos niveles. En un primer momento, fijarse el objetivo de racionalizar los beneficios de reparto (asignación familiar, subsidios de cesantía, subsidios de incapacidad laboral, etc.). Y para ello se plantearon redefinir esos beneficios y rediseñar además los mecanismos con que operaban dichos fondos de reparto. En segundo término, el equipo de la dictadura quiso realizar una «reforma radical y profunda» del sistema de pensiones, que transforme a éste de un fondo de reparto idéntico a los anteriormente señalados, en un esquema distinto, asentado en la capitalización individual.

En función de este proyecto el equipo económico al margen de toda consagración legal (estamos hablando de la legalidad dictatorial) fue aplicando anticipadamente medidas de esta «reforma» a los fondos de reparto, como el igualar las asignaciones familiares de obreros y empleados; el ampliar el campo de acción de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (CCAF); Instrucciones que apuntaban a liquidar el activo fijo que poseían las Cajas de Previsión, etc. En cuanto al sistema de pensiones, se fijaron la eliminación de las pensiones de antigüedad y establecer una avanzada edad como requisito mínimo para jubilar. Aplicadas estas medidas, el equipo económico de la dictadura comienza a idear la forma de imponer las AFP, cuidando de no producir reacciones políticas y sociales que impidieran la contrarreforma global, en tanto el gobierno consideró que la «reforma» al sistema de pensiones era «lejos la más importante, difícil y trascendental», y para justificarla públicamente dio las siguientes razones:

Argumentaron que el sistema de pensiones, cargaba con una enorme deuda acumulada, y por lo mismo, se encontraba al filo de la quiebra.
La solvencia del sistema era aparente, en tanto debía equilibrar su presupuesto anual con «subsidio» estatal.
El nivel real de las pensiones pagadas, se había deteriorado, porque el sistema funcionaba mal y desde su origen estaba mal concebido.
Como consecuencia de lo anterior, se dedujo que el sistema por lo tanto no otorgaba una efectiva seguridad social a sus afiliados.
La crítica oficial consideraba que el sistema de pensiones tenía tasas de cotización previsional muy altas, y por ello se veía perjudicado el empleo y se incentivaba la evasión de los pagos sociales.
Que los políticos, manipulaban el otorgamiento de pensiones preferenciales, satisfaciendo a pequeños pero poderosos grupos de interés. Por tanto, el sistema favorecía a los que tenían más y perjudicaba a los que tenían menos.
Que el sistema estaba constituido por demasiadas entidades. Que existían múltiples regímenes de pensiones diferentes y que esta situación lo tornó confuso e ineficiente en la administración.
Que no había una exacta correspondencia entre, los recursos que aportaba cada cual al sistema y, los beneficios que cada cual recibía del mismo al terminar su vida activa como trabajador, cuestión que se consideraba injusta.
Que todo los defectos o errores anteriores, según el entonces ministro Piñera, se sintetizaban en un sólo error capital: la concepción colectivista subyacente en el sistema de pensiones. Esta concepción -planteo José Piñera- es contraria a la libertad individual que para la dictadura y el equipo económico constituía él más alto de los valores humanos.

Todos los argumentos anteriores y que sirvieron de falsos pretextos a la dictadura para imponer la contrarreforma a la seguridad social, tienen su gran desmentido histórico tomando en cuenta además, el hecho de que el antiguo sistema previsional chileno surge y se desarrolla en el marco del propio capitalismo. En el mismo orden se rebatirá la argumentación que sirvió a los monopolios nacionales para levantar el descarado robo legal de la llamada «capitalización individual»:

El sistema no estaba en quiebra y fue diseñado para funcionar bajo el mismo principio financiero en que se apoya la acción de un banco comercial y que supone decir, que un banco no esta «quebrado» porque «debe» más dinero que el que guarda en su caja fuerte. Esta forma de operar es la que clásicamente desenvuelve el sistema bancario como aporte al funcionamiento de la economía de un país.

Lo que ocurría con el antiguo sistema de pensiones es algo similar. La suma total de los pagos por pensiones que había que hacer anualmente, estaba cubierta con la suma total de las cotizaciones previsionales que el sistema percibía en el mismo año. Este mecanismo permitió siempre dar cumplimientos a las cancelaciones y no producir alteraciones que paralizaran el ciclo regular del sistema.

El sistema previsional efectivamente cubría sus gastos anuales con sus ingresos anuales. Pero la dictadura mañosamente quería hacer ver como subsidio estatal, las cotizaciones que por deber y obligación le correspondían al Estado en su calidad de empleador de los trabajadores públicos, incluyendo a los uniformados. Para nadie era un secreto que los empleados del Estado incluyendo como dijimos las fuerzas armadas y la policía, sumaban en ese momento, varias decenas de miles. Por otro lado, investigando las cifras que en ese periodo el Estado entregaba al sistema de pensiones por concepto de cotizaciones, éste cotizaba a nombre de sus empleados con una tasa inferior a la que obligatoriamente regía para los empleados particulares. Es decir, el Estado otorgaba al sistema de pensiones un suplemento, como consecuencia del menor porcentaje por cotizaciones que debía entregar y por lo tanto, aquello que el equipo económico de la dictadura llamó el «subsidio estatal» no era otra cosa que aquel suplemento que en justicia debía entregar al sistema de pensiones.

Pero ocurrió un hecho paradojal. Aún cuando el Estado había fijado para las Fuerzas Armadas y Carabineros, pensiones de retiro que se hicieron extraordinariamente privilegiadas, en comparación con las que tenían los otros sectores de trabajadores. Bueno, ocurrió que este sector de nuestra sociedad no fue estimulado ni convencido de cambiar su sistema de seguridad social, por el nuevo que contenía la contrarreforma y por supuesto, permanecieron hasta el día de hoy en el sistema antiguo.

Y del antiguo sistema previsional, hay otra cosita más que decir y no menor. Un porcentaje significativo del aporte que hacía el Estado al sistema de pensiones, se utilizaba en aquel periodo para financiar el Servicio Nacional de Salud. Por algo es bueno recordar, la ley en ese entonces le exigía al Servicio de Seguro Social, que era la entidad más importante del sistema de pensiones, que contribuyera a financiar el Servicio Nacional de Salud (SNS). Y pensándolo bien, ¿no debía ser el Estado el que financiase directamente el sistema de salud pública y social de Chile? Esta pregunta no deja de tener sentido, toda vez que es el Estado quien debe cautelar y velar por que se respete el derecho de salud de la población y preferentemente el de los sectores más pobres de la sociedad. Esta información indica que, en realidad eran los propios trabajadores afiliados al Servicio de Seguro Social los que financiaban -solidariamente- una vez más a los otros sectores populares. Por lo tanto, si el Estado en ese momento hacía un aporte al Servicio de Seguro Social para que con él se pudiese financiar el Servicio Nacional de Salud, otra vez nos encontrábamos frente a un deber del Estado y no a un «subsidio» del Estado.

El nivel de las pensiones no se deterioró debido a que el sistema de reparto funcionaba mal. La razón del deterioro en el nivel de las pensiones se explica porque, con la política económica que impuso la dictadura, bajaron el nivel de los sueldos imponibles y junto con ello redujeron en forma persistente la tasa de la cotización que correspondía hacer a los empleadores. Una vez más nos encontramos ante un argumento que atribuyó cínicamente al sistema de pensiones de reparto, la disminución del monto real de los beneficios que éste otorgaba, cuando en realidad los responsables eran otros.

Respecto del tema de la incertidumbre que la gente vivía en cuanto al sistema de pensiones, también diremos que todas las informaciones no constatan precisamente esa inseguridad. Lo que sí podemos afirmar, es que fue el propio gobierno de la época el que fijo las políticas salariales y con ello fueron afectando el funcionamiento y el respaldo con el cual se respondía al nivel de Estado en el sistema de reparto. En este sentido, una de las medidas de clase que implementa la dictadura es bajar la tasa de cotización correspondiente a los empresarios (empleadores). Ellos como en muchos actos de «transparencia» con la población advirtieron que el sistema de pensiones tendría problemas y obviamente, los propios tecnócratas de la dictadura se encargaron de crear esos problemas.

Cuando afirmaban que las tasas de cotización eran demasiado altas, y que el mantener esa política desestimulaba a los patrones para generar más empleo; se parecía mucho al argumento que hace poco escuchábamos cuando se pretendió votar en el parlamento una ley de royalty. En aquella ocasión, el equipo económico de la dictadura planteaba el cambio de política porque consideraba que las tasas de cotización de los empleadores, que ya el propio gobierno había reducido drásticamente, constituía un «impuesto a la contratación de mano de obra». Sin duda, que toda la burguesía, y aún la que no apoyaba del todo a la dictadura, compartía la visión de que la previsión no es un derecho esencial de los trabajadores, y que esta conquista de las generaciones obreras anteriores, no será aceptada por ningún patrón como un acto de justicia que deben a los trabajadores, los cuales gastan irreversiblemente su capacidad de trabajo en beneficio del capital. La dictadura, en definitiva impuso su contrarreforma, el sistema antiguo de fondo de pensiones quedó reducido a un mínimo irrisorio y los patrones no invirtieron ni crearon en ese entonces nuevos empleos, por el contrario, los niveles de cesantía aumentaron críticamente y el cambio previsional regresivo sirvió para abaratar el costo de la fuerza de trabajo y aumentar la rentabilidad del capital.

Otro aspecto que molestaba a la dictadura y su equipo, era que, según ellos, algunos sectores de trabajadores obtenían ciertos beneficios del sistema, que eran mayores que los que recibían otros sectores más débiles, también afiliados al sistema de pensiones. Así y todo, jamás ocurrió que los trabajadores más pobres hayan financiado los beneficios de los sectores que recibían más. Los datos oficiales señalan que en el antiguo sistema, cerca del 80% de las familias que participaban de éste, y que correspondía precisamente a las familias de menores ingresos, recibían del sistema de pensiones más de lo que contribuían a él. Es decir, el anterior sistema previsional redistribuía riquezas desde el 20% más rico de los chilenos, favoreciendo al 80% más pobre de la población.

Sin duda, aquel anterior sistema era susceptible de perfeccionarse en términos de los beneficios que otorgaba, y podría haber sido mucho más igualitario. Pero, la dictadura de los monopolios decidió su muerte. Ellos en función de la ganancia, determinaron «igualar hacia abajo», generando un tremendo e histórico daño social.

La acusación de ineficiencia que la dictadura atribuyó al antiguo sistema, nunca expresó una voluntad política de perfeccionamiento, cuestión que hubiese resultado posible y menos costosa que el crear todo un sistema nuevo. Estudios de la época demostraron que la eficiencia administrativa de las anteriores cajas de previsión, a pesar de problemas de gestión, era bastante mejor que la de muchas entidades financieras y de seguros del sector privado, y eran estas entidades privadas, las que se preparaban para recibir el traspaso de los fondos a sus arcas, y esto era lo que perseguían Jaime Guzmán, Sergio de Castro, Jorge Cauas y toda la cofradía de «opus dei» y «chicagos boys» que ansiaban la «libertad individual» a costa de encarcelar en la pobreza y miseria a las mayorías.

Efectivamente, como acusaba la dictadura, el sistema de pensiones antiguo, no exhibía una correspondencia entre lo que cada cual aportaba al sistema y lo que cada cual recibía de aquel, pero ello era así, de manera tal que la inmensa mayoría de los pensionados recibían del sistema mucho más de lo que aportaron, y esto, evidentemente, favorecía y no perjudicaba a los pensionados.

Por qué se daba esta situación? El mecanismo era simple. El mecanismo consistía en que el fondo de ese sistema no acumulaba reservas. Es decir, las cotizaciones que el sistema recibía en un año dado, de parte y a nombre de los trabajadores activos, servían para pagar ese mismo año las pensiones de quienes estaban jubilados. De esta forma se practicaba la solidaridad entre dos distintas generaciones de trabajadores. Por lo tanto, ocurría que el monto de las pensiones que se pagaban, estaba determinado por el monto de las cotizaciones que se percibían.

Pero además sucedía, que el monto total de las cotizaciones iba aumentando constantemente a lo largo de los años y a un ritmo acelerado (este proceso lo frena la dictadura). Y ello se da de esta manera, debido a que con el tiempo se iban sumando cada vez más trabajadores que se afiliaban al sistema, con el elemento adicional de que los sueldos imponibles iban en aumento (situación que también la dictadura congeló). Entonces se daba el hecho que, como aumentaba el monto total de las cotizaciones, también aumentaba el monto total de las pensiones. Así funcionaba el anterior fondo de reparto en torno al cual giraba el antiguo sistema de pensiones.

EL ENGAÑO Y LAS PROMESAS DICTATORIALES

Esa vez no tuvieron que asesinar a nadie para imponer su contrarreforma provisional, los crímenes que necesitaban para robar los fondos de pensiones a los trabajadores, los habían cometido en los primeros años de dictadura, pero si necesitaban algunos más, como sucede después con Tucapel Jiménez, con seguridad no tendrían temblor de manos ni remordimientos de conciencia al hacerlo. En aquella oportunidad más bien realizaron un esfuerzo publicitario, pero que de todos modos integraba el chantaje y la amenaza encubierta, para obligar a los trabajadores a cambiarse de sistema.

La oferta era que cada trabajador financia su propia pensión de retiro durante su tiempo laboral activo. Para esa «capitalización individual», se abriría una especie de «cuenta de ahorro provisional». Pero, pero, el trabajador sólo la podrá ver pero no tocar, será así, porque el trabajador no podrá hacer retiros de «su» cuenta de ahorros previsionales hasta el día que jubile. Y la dictadura también dijo que, bajo el nuevo sistema, los trabajadores podrían administrar sus propias cajas de pensiones.

Pero, lo que nunca se dijo, es que el promedio de los obreros o empleados que entraban a participar en el sistema de capitalización individual, recibiría al final de su vida como trabajador activo, una pensión menor que la que recibía participando con el mismo dinero, en el sistema de reparto antiguo. Y era este precisamente el punto clave de diferencia, porque el sistema anterior tenía como fin principal otorgar la mayor pensión que posibilitara el sistema al jubilado. Ese objetivo, ya a estas alturas esta empíricamente comprobado, sólo era posible de lograr con el sistema de reparto anterior y no con la capitalización individual que la dictadura impuso mediante la presión y el chantaje a los millones de trabajadores chilenos.

Con las cifras oficiales de ese entonces se pudo demostrar, por ejemplo, que el Servicio de Seguro Social, al cual se encontraban afiliados más de la mitad de los trabajadores cubierto por el sistema previsional antiguo, otorgó durante muchos años pensiones que eran entre un 50% y un 100% mayores que las del sistema actual de capitalización individual, y obtenidas sobre la base de las mismas cotizaciones. Y ya es un hecho, que las pensiones basadas en el actual sistema tiene muy baja cobertura y las empresas que administran los fondos obtienen altas comisiones.

LA CONTRADICCION SOLIDARIDAD /INDIVIDUALISMO

Los defensores de la política económica de la dictadura, condenaron el antiguo sistema de pensiones por estar inspirado en una concepción solidaria e igualitaria de sociedad. Y sostuvieron que tal concepción atentó contra la «libertad individual» de las personas y ese mismo argumento lo utilizaron al poco tiempo después para imponer el famoso Plan Laboral.

El argumento de la «libertad individual» que es tan añejo como su padre John Locke, (1632), buscaba sin duda, legitimar dos objetivos: Uno, desmantelar una institución que servía a pesar de sus insuficiencias los intereses de los trabajadores, en el marco de una estructura que a ellos les era odiosa y molesta y que derivaba de las visiones estatistas afines con el anterior patrón de acumulación. Y dos, apropiarse de aquella importante veta de capitales que significaban los fondos de pensiones. Con esa contrarreforma y poco después con el Plan Laboral, la fracción Monopólico-Financiera de la burguesía, logra mediante la coerción legal, la división y atomización de la clase trabajadora. En 5 años, que fue el plazo otorgado a los trabajadores para optar o no por el nuevo sistema, la dictadura logró echar por tierra, años de lucha y esfuerzo de la clase obrera y el pueblo por ganar un sistema de seguridad social que les posibilitara una vejez tranquila y digna.

En el afán histórico por enaltecer los valores de la igualdad, la solidaridad y la justicia social, los trabajadores fueron capaces de instalar en nuestro país, una extensa red de organizaciones firmes y fuertes con la capacidad de sustentar todo un sistema de cobertura social progresista y ejemplar para muchos países del tercer mundo. Pero ese afán, fue derrotado por el individualismo y el espíritu mezquino de la clase dominante. Y hoy, cuando nos enfrentamos al fracaso objetivo del actual sistema de pensiones, cuando todos esos miles de afiliados que fueron obligados mediante el engaño, la presión y el chantaje de la dictadura a incorporarse a este sistema, sabiendo que sus cotizaciones no les servirán para obtener siquiera una pensión decente y digna, pero que si les ha servido a las AFP para sacar grandes utilidades y enorme rentabilidad para sus negocios. Cuando decimos, que nos enfrentamos a la cruda aunque consabida realidad, de que el capitalismo sólo ofrece frustraciones, dolor, hambre, miseria y destruye permanentemente los anhelos y aspiraciones de felicidad de los pueblos, cuando esto sucede, vuelven a levantarse voces que se preguntan hipócritamente si el robo esta bien hecho o hay que mejorarlo.

Lamentamos decirlo, en Chile desde hace ya 33 años, campea como por territorio propio el individualismo y la competencia y todo se mide con el rasero del mercado. Las políticas privatizadoras desde el gobierno dictatorial hasta los gobiernos de la Concertación, han alterado radicalmente los vínculos sociales e instalado las bases de un descalabro cultural, que hoy nos han puesto en el terreno de la decadencia valórica del sistema. En un marco como éste, de retroceso del conocimiento y la inteligencia, sin lugar a dudas, los trabajadores actuales y menos aún los sectores acogidos al retiro laboral, no tendrán de parte de esta sociedad, una valoración justa y un lugar digno y decoroso para vivir la vida como sujetos y protagonistas de la historia. Esa tal «libertad individual» de la que hacen gárgaras los burgueses y la intelectualidad pequeño-burguesa oportunista, no ha servido para otra cosa, que para llenar de plata el bolsillo de los patrones.

LA PLATA DE LOS TRABAJADORES ESTA EN EL BOLSILLO DE LOS PATRONES.

En noviembre de 1980 se publicó el D.L. Nª 3500 que cambió, pero de manera regresiva el sistema previsional existente hasta ese año en el país. Como ya lo dijimos esta contrarreforma estableció un nuevo sistema de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia que se derivaría de la capitalización individual. En la introducción de las bases del sistema del D.L. se plantea que el Sistema de Pensiones «tiene por objetivo fundamental, asegurar un ingreso estable a los trabajadores que han concluido su vida laboral, procurando que dicho ingreso guarde una relación próxima con aquél percibido durante su vida activa.» (subrayado nuestro).

El D.L.3500 contempla en sus bases la Capitalización Individual; la Administración Privada de los Fondos; la Libre Elección de la Administradora, es decir , el trabajador elige la entidad a la cual se afilia; el Rol del Estado y las garantías que este otorga al trabajador. En cuanto a su financiamiento se establece que: «Las pensiones de vejez se financian con una cotización individual correspondiente al 10% de las remuneraciones y rentas imponibles con un tope de 60 Unidades de Fomento, más la rentabilidad ganada por este ahorro personal. En caso de invalidez o fallecimiento del afiliado durante su vida activa, el ahorro individual se complementa con un seguro de invalidez y sobrevivencia que las AFP contratan para sus afiliados con las Compañías de Seguros de Vida. Este seguro y los gastos de administración del sistema, se financian con una cotización adicional al 10% antes mencionado. Esta cotización también se expresa como un porcentaje de la renta imponible.»

No hay duda que, tal como se concibió el nuevo sistema, la concepción redistributiva y solidaria desaparece absolutamente. Con el D.L. 3500 se inicia el camino aislado e individual de los trabajadores con su sistema previsional, se instala de esta manera otra versión moderna del egoísmo y de las ambiciones personales, es más, por sus efectos y resultados nos queda claro que ambos sistemas son contradictorios e incompatibles. En definitiva este decreto inconsulto, como las muchas leyes que impuso la dictadura, tenía como objetivo, cumplir las expectativas de capitalización que requería en ese preciso momento la emergente burguesía monopólico-financiera para desarrollar sus grandes negociados que incluían además el apetito por las empresas del Estado.

Pensamos que no debemos insistir respecto de como el sistema previsional actual, legitimó un robo a los trabajadores, esto ya lo tenemos más que claro y esperamos que a estas alturas los trabajadores como afectados directos, lo tengan más claro aún. Lo que sí nos parece, es que veamos como lucran actualmente a costa de los trabajadores estas famosas AFP. Informaciones recientes dan cuenta que las inversiones de las AFP en el exterior llegó el primer trimestre a US$ 24.839 millones, anotando con esta cifra un incremento de US$ 5.500 millones en los últimos 12 meses. Al 31 de marzo de este año los fondos de pensiones tenían acumulado activos por US$ 78.011 millones y esto corresponde a un 12,42% mayor al valor alcanzado en marzo del 2005, cuando ascendía a US$ 69.392 millones. La suba en las inversiones es un 28,08% o US$ 5.445 millones superior a los US$ 19.394 millones anotados a marzo de 2005, esta cifra representa el 31,83% del valor total de los activos del sistema de fondos de pensiones, lo cual quiere decir que, las inversiones fuera del país son la primera preferencia de las AFP. En un segundo lugar, con US$ 22.399 millones, lo ocupa el sector financiero local y enseguida el sector empresas y el área estatal con US$ 18.714 millones y US$ 11.983 millones respectivamente. Como se puede ver las inversiones de este sector, en cifras son las mayores de toda su historia, lo cual significa que en esta industria de la previsión social, los grupos económicos propietarios de estas empresas, manejan gracias a los trabajadores un extraordinario volumen de capitales. Con justificadas razones, desde la perspectiva de sus intereses, los bancos desde hace tiempo han manifestado el deseo de entrar en el negocio de la previsión.

El atrayente negocio previsional, esta desde hace rato generando contradicciones inter-burguesas. El sector industrial en varias ocasiones a planteado a través de sus dirigentes, que no les parece el ingreso de la banca al negocio previsional, ellos están por que se mantengan las cuentas de ahorro individual y la administración de las mismas por sociedades de giro exclusivo. A los industriales no les parece que los bancos tomen control de otra área financiera, que juega un papel importante en el llamado mercado de capitales. Sin embargo, este giro exclusivo de las AFP, no corre para la banca extranjera o aseguradoras internacionales, que sí se encuentran participando del negocio de la previsión social, como efectivamente ocurre con el BBVA en Próvida, Santander en Bansander, y Citibank asociado con la Cámara Chilena de la Construcción en Habitat. ING, banco holandés que en Chile cuenta con una Isapre, compañía de seguros y la AFP ING Santa María. Penta sería el único grupo nacional que es dueño de un banco (Penta) y que posee la AFP Cuprum. El argumento de la fracción industrial, es que el sector empresarial productivo es esencialmente demandante de crédito y por lo mismo le interesa que el mercado financiero guarde los espacios necesarios de competencia y al mismo tiempo respete la compartimentación de sus ámbitos.

NUESTRA PROPUESTA DEMOCRATICO-POPULAR

Si fuésemos invitado por la Comisión Marcel a exponer nuestra posición respecto del tema previsional, no nos cabe duda, que nuestro planteamiento sería considerado, a lo menos anacrónico y conceptualmente desfasado de los discursos tan «tolerantes» y «condescendientes» con la llamada modernidad de las altas finanzas. En todo caso, como no iremos ante ninguna comisión, expondremos en esta página lo que pensamos y nuestros argumentos los dirigimos preferencialmente a los trabajadores, a los sectores populares y a los compañeros de historia y de camino con los que nos hermanamos para pensar, imaginar y construir un mañana socialista.

En primer lugar, no tenemos respecto de cualquier tema social una visión unilateral, las distintas problemáticas que cruzan y afectan la vida de los trabajadores y el pueblo, son problemáticas encadenadas dialécticamente a los avatares de la lucha de clases, expresan por lo tanto las contradicciones lógicas de los intereses de las clases que históricamente se encuentran en pugna de manera abierta o velada. El tema previsional es en este caso, una problemática que refleja como cuestión social, un momento de la dominación capitalista que tiene como eje de desarrollo la hegemonía del gran capital financiero internacional y la dinámica de la especulación financiera a gran escala, asumiendo incluso los llamados capitales golondrinas o volátiles. En esta fase se encuentra comprometida toda una red de transacciones que se vincula con lo que se llamó la Tecnología de la Información, estos negocios de la «nueva economía» se integran en los flujos de capitales como parte del nuevo patrón de acumulación. Chile entonces, no se queda al margen de la nueva fase de la dominación imperialista; la fase monopólico-financiera. Y en términos de este grado de desarrollo del capitalismo, los temas de la seguridad social, no pueden ser entendidos sólo como temas y problemas de orden social, son al mismo tiempo cuestiones de carácter político y económico a la vez. La clase dominante lo entiende así y procede en coherencia, implementando a través del Estado capitalista las políticas que posibiliten a algunos sectores empresariales la realización del negocio previsional. Pero, es este negocio previsional el que precisamente se nos muestra ineficiente e incompetente en sus funciones. Al respecto, ya quedó demostrado que el 40% de los imponentes del actual sistema previsional, no reunían los requisitos para acceder a la pensión mínima, pensión que a su vez se hace insuficiente para satisfacer las necesidades básicas del ser humano. Nos encontramos por lo tanto, ante un negocio que significa para los trabajadores una protección social en directa proporción con las pensiones mínimas o asistenciales que se fijen. De otra parte, la sola garantía estatal a la pensión mínima significará un mayor gasto que doblará de $ 46,8 miles de millones en el 2005, a $ 84,9 miles de millones el 2010, estas cifras resultaron de un seminario que estudió el tema previsional chileno.

RESTITUIR LOS CAPITALES A SUS DUEÑOS: LOS TRABAJADORES

Nunca hemos estado ni estaremos comprometidos con los intereses de la burguesía. Nunca hemos establecido acuerdos de ninguna índole con el capital privado. Por lo tanto nada nos amarra, como para definir políticas ambiguas u oportunistas con ningún sector, en un afán por congraciarnos con el poder de los patrones. En razón de una postura ética, de compromiso con la igualdad y la justicia social, es que no queremos para los trabajadores y nuestro pueblo soluciones aparentes, que ofreciendo libertades individuales, terminan haciendo de los trabajadores no sólo una clase explotada, sino también neutralizada por el individualismo en sus afanes de solidaridad y justicia.

No nos asiste deber alguno, que nos haga justificar, legitimar y reclamar vigencia histórica, para ninguna institución que se sostenga en el lucro de la ganancia, el robo legal y la especulación financiera como mecanismo regular de capitalización, muy por el contrario, porque por principio postulamos la abolición de toda empresa que se realice en sus objetivos basada en la explotación, la opresión económica y el engaño a los trabajadores. Sin embargo, se requiere precisar en el actual contexto, la forma de intervenir tácticamente, para dar cuenta de una correlación de fuerzas, que de ninguna manera favorece plantear políticas radicales; que apunten al desmantelamiento de las formas privadas de acumulación capitalista. Lo anterior no quiere decir ni sostener, que a falta de esta fuerza, los revolucionarios validemos en función de un falso realismo político y social, las actuales empresas que se lucran con el negocio previsional, en cuanto a estas, nosotros planteamos su desaparición legal y real como entidades económicas al servicio exclusivo del gran capital monopólico- financiero. Ni Chile como país, ni los trabajadores como chilenos; necesitamos de empresas como las Afp, en tanto no contribuyen de modo alguno con el desarrollo económico y social que nuestro país necesita.

La burguesía constituye socialmente una clase parasitaria, que gran parte de la izquierda lo haya olvidado no significa que los revolucionarios estemos aquejados de la misma amnesia conveniente. Esta misma convicción nos lleva a plantear dos cuestiones políticamente importantes y necesarias:

1. Es sano para el país y sus trabajadores, que el Estado como una forma de reparación a la soberanía y dignidad populares, promueva y promulgue una ley que establezca la abolición inmediata de las Afp como entidades administradoras de los fondos previsionales (dineros) que pertenecen a los trabajadores; en tanto nunca se tomo en cuenta el parecer y la opinión para fundar, poner en ejercicio y obligar a afiliarse a los que hoy son sus usuarios.

2. Que se constituya también por ley del Estado el Instituto Fiscal General de Ahorro y Administración Previsional (INFIGAAP). Que tenga como función restituir a manos de los trabajadores los ahorros previsionales que se han acumulado desde que se inició el actual sistema. Definir una modalidad de ahorro y restituir el antiguo criterio de cotización para recuperar una de las formas justa de redistribución de los ingresos. Cautelar que el sistema de reparto recupere su carácter solidario entre el sector activo y el sector pasivo de trabajadores. Toda esta estructura bajo la forma de una entidad de carácter tripartita que integre en su directorio y gerencia a representantes de los trabajadores (65%) representantes del Estado (25%) representantes de los empresarios (10%).

Insistimos una vez más, que no nos asiste compromiso alguno con ninguna institución de poder, nunca nos ha convencido el manoseado discurso de la diversidad, que a nuestro juicio siempre ha escondido el oportunismo político e ideológico de dar legitimidad a lo que no lo tiene, en aras de un falso pluralismo y de una impertinente tolerancia. No nos sentimos parte de un arco iris de múltiples colores, somos parte del mundo de los explotados y oprimidos por el capitalismo, somos parte de la clase trabajadora y del pueblo y en cuanto tales, no nos damos la mano ni nos confundimos con los explotadores y opresores burgueses. No queremos, ni nos interesa ser postmodernistas y andar haciendo desaparecer teóricamente las clases sociales para acomodarnos en los espacios del enemigo y dar por superada mediante un ejercicio mental arbitrario y unilateral la lucha de clases y sus antagonismos objetivos. Por esta razón, no nos parece que tengamos que darle a las actuales Afp, la posibilidad de seguir existiendo aunque sea como una opción válida más, dentro de un sistema de ahorro previsional mixto. Nosotros planteamos derecha y francamente su abolición, y su posterior vigencia o permanencia mañana, dependerá -pensamos- principalmente del desarrollo de la conciencia y organización de los trabajadores como clase.

¡¡ NADIE NOS TRANCARÁ EL PASO!!

MOVIMIENTO POR LA CONVERGENCIA REVOLUCIONARIA

(MCR)