Colombia se encuentra ad portas de tomar una decisión que posibilitará cambiar el rumbo de la historia de un país que por décadas a estado sumido en la violencia, la desigualdad y el abandono estatal, principalmente en regiones apartadas de los cascos urbanos, donde el conflicto armado ha tenido «caldo de cultivo» y sus habitantes […]
Colombia se encuentra ad portas de tomar una decisión que posibilitará cambiar el rumbo de la historia de un país que por décadas a estado sumido en la violencia, la desigualdad y el abandono estatal, principalmente en regiones apartadas de los cascos urbanos, donde el conflicto armado ha tenido «caldo de cultivo» y sus habitantes han sido los más afectados por la guerra. No obstante, el acuerdo final entre las guerrillas de las Farc y el Gobierno, ¿es el primer paso para dar fin a una guerra de más de medio siglo? o ¿es un blindaje para beneficiarse mutuamente?.
Según el Registro Nacional de Víctimas, el número de víctimas (directas e indirectas) alcanza alrededor de 6,8 millones de personas, el 8% de la población total del país. Lo que nos convierte en el segundo país del mundo (después de Siria) con mayor número de desplazados internos (1); 37.000 casos de secuestro según el Registro Único de Víctimas (RUV), 4.490 menores de edad desmovilizados entre 1958 y 2013 (2), en este mismo periodo las muertes por causa del conflicto armado alcanzan a 218.094, de los cuales el 19% (40.787 personas) han sido combatientes y el 81% (177.307) civiles (3). Por su parte Daniel Pécaut (Integrante de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (Chcv)) dice que «una de las paradojas del conflicto armado es que la base de reclutamiento de todos los grupos armados (guerrillas, paramilitares e, incluso, el ejército regular) en su inmensa mayoría son de los sectores más deprimidos de la población campesina».
Las cifras hablan por sí solas. La pregunta entonces es si vale la pena continuar con este modelo de confrontación armada (donde las poblaciones más vulnerables es la más afectada) o lo mejor es asumir un cambio en perspectiva de consolidar la paz.
¿Impunidad?
En la relatoría que hace Eduardo Pizarro Leongómez (4) de la Chcv, señala que «la cuestión agraria es reconocida […] como una variable fundamental para explicar el conflicto social en nuestro país «. Y que si bien hay una divergencia (de los comisionados) respecto al origen del conflicto, hay un consenso de los factores que han permitido la prolongación de este (5), frente a los cuales han estado implicados a lo largo del tiempo (con diversos nombres y protagonistas) múltiples actores, entre los cuales están dirigentes políticos, narcotraficantes, grupos armados al margen de la ley, funcionarios públicos, elites económicas locales, empresas multinacionales y el mismo Estado.
Si bien la justicia es uno de los temas más sensibles de los acuerdos, y por ende el que mayor controversia, temores y dolores despierta tanto en los victimarios, víctimas y sociedad en general, es fundamental para la construcción de una paz «estable y duradera». En los acuerdos la justicia es abordada desde el esclarecimiento de la verdad y aplicación de la ley, pasando por el reconocimiento y reparación de las víctimas. Ahora bien, entendiendo el conflicto como una amalgama de diferentes actores que han mutado a lo largo del tiempo, lo mismo que las causas que lo han prolongado, es indispensable aclarar que el fenómeno del conflicto no se limita a un solo actor, como lo quieren hacer ver parte de la oposición al acuerdo. El Estado y las Farc, son responsables ambos, en mayor o menor medida, de la violación a los derechos humanos y por lo tanto, ambos deben responder ante la justicia para garantizar la no impunidad y sobre todo dar garantías de no repetición. Respecto a esto, en los acuerdos se crea un tribunal especialmente para investigar y juzgar los casos más graves cometidos en el conflicto a través de la Jurisdicción Especial para la Paz (6), acogiéndose al Derecho Internacional Humanitario. Por su parte, «los guerrilleros y agentes del Estado que cometieron delitos atroces como el desplazamiento, el secuestro, la desaparición forzada y el reclutamiento de niños serán juzgados por el Tribunal de Paz y condenados a una pena. El que confiese lo que hizo y repare a las víctimas puede obtener una pena diferente a la cárcel de entre 5 y 8 años, como hacer una carretera, desminar o hacer trabajo social, por ejemplo enseñarle a leer a alguien. El que solo confiese justo cuando lo van a condenar, pagaría entre 5 y 8 años de cárcel en una prisión tipo La Picota. El que no confiese y sea condenado, pagará hasta 20 años en una cárcel». (Léase más en Ley de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales. p. 258. Acuerdo final). En cuanto a las víctimas el acuerdo crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, «que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros» (Léase más en el punto 5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. p. 112. Acuerdo final).
En base a lo anterior, sí están establecidos en los acuerdos mecanismos para combatir la impunidad, contrario a lo que manifiestan los opositores al acuerdo de paz (quienes son los menos indicados para hablar de impunidad, más adelante se tratará esto).
Bien se mencionó anteriormente que la impunidad es uno de los temas más sensibles, sobretodo para las víctimas que han vivido en carne propia el conflicto armado. Sin verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición nunca se alcanzará la paz. Además según afirma el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, es «evidentemente que si no hay un fin del conflicto, no habrá quienes se paren y respondan por lo que hicieron y expliquen cuál es esa verdad (7)». Por su parte, algunos representantes de la alianza Colombia sin Heridas y Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice) que estuvieron en la Habana, dicen apoyar los 10 puntos acordados sobre víctimas (8), de igual manera lo afirma Paula Gaviria, directora de la Unidad para las Víctimas.
De otro lado, existen también declaraciones públicas de personas que han sido víctimas de la guerrilla y han dado el primer paso en el terreno de la reconciliación y el perdón, tal es el caso del exgobernador del Meta, Allan Jara (9), quien fue secuestrado por 8 años, según él «prefiere encontrarse a sus secuestradores desarmados en los corredores del Congreso que rondando armados cerca de las poblaciones». Está el caso de Marta Inés Pérez (su esposo fue secuestrado) dice: «Yo tomé el camino del perdón, a pesar del dolor inmenso que me causaron y que todavía siento en el corazón […] y ese perdón es el aporte a la paz del país». Finalmente Porfidio Vélez, víctima de los paramilitares, señaló que «una víctima correctamente reparada es una segura protagonista de la paz».
Expresidente con rabo de paja
No se puede hablar de impunidad y mucho menos exigirla, cuando se ha obrado impunemente, sobre todo al violar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y reparación integral, en el caso concreto de la desmovilización de las estructuras paramilitares, liderada por el expresidente en su mandato (cuyo acuerdo nunca salió a la luz pública). Según un informe del Colectivo de Abogados(Cajar): «Entre el año 2003 y 2009 se desmovilizaron (de manera colectiva e individual) 35.353 paramilitares. De estos el 89.72%, es decir 31.454 paramilitares fueron beneficiados con una amnistía, bajo el argumento de que no tenían investigaciones o condenas en su contra por delitos graves y por tanto no se les exigió revelar la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. Lo que demuestra el alto nivel de impunidad ante el ocultamiento de la verdad, y la vulneración de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y reparación integral. El restante 3.899 paramilitares que fueron postulados a Justicia y Paz, solamente 434 están siendo procesados por el trámite de justicia y paz, que equivale a solo el 11.1 % del total de postulados y apenas el 1.92% del total de miembros de las estructuras paramilitares desmovilizadas». Hasta el 2015, después de diez años solo se ha proferido 60 sentencias contra postulados en Justicia y Paz (11) (casi todos miembros rasos).
Según el informe Basta ya!, Colombia Memorias de Guerra y Dignidad, los grupos paramilitares han sido los principales responsables de las masacres perpetradas entre 1980 y 2012 (12) en el país (Ver gráfico Nº 1) y que además en su periodo presidencial ocurrió «una de las máximas expresiones de la degradación del conflicto, los mal llamados «falsos positivos» (13)». Así mismo, hay que recordar las declaraciones de los siete jefes paramilitares extraditados que fueron testigos principales y colaboraron con el descubrimiento de los nexos, acuerdos y alianzas realizados con congresistas de la coalición del Gobierno del expresidente.
(Grafico Nº 1) Evolución de casos de masacre por conflicto armado en Colombia según presunto responsable, 1980-2012.
Otro tema que hay que aclarar es la critica que hace el expresidente a los dineros que les otorgarán a los guerrilleros reintegrados. En su campaña por el No, desde el Centro Democrático aluden reiterativamente ante la sociedad que: los guerrilleros, además de pasar por impunidad, van a ser premiados. Según declaraciones de Frank Pearl, quien fue el funcionario que manejó las finanzas del programa de desmovilización del gobierno anterior y que hoy maneja los dineros del actual acuerdo, asegura que durante el proceso de desmovilización de guerrilleros de las Farc, se le dio a cada desmovilizado la suma de $636.000 (teniendo en cuenta que el salario mínimo para esa fecha era de $332.000), lo que equivale hoy en día casi al doble (1 millón 55 mil) de la suma que se dará a los mismos en el reciente acuerdo (14), a saber $620.000.
¿El fantasma del «castrochavismo» o miedo al cambio?
El hecho de que las Farc ingresen como partido político a la esfera nacional no significa la conversión del país al mal llamado «socialismo del siglo XXI», significa que un sector de la población (una minoría) tenga participación política dentro de un país que se autoproclama democrático (15). Por su parte, según lo acordado en la Habana, de los 268 curules (166 Cámara, 102 Senado) que hay en el congreso colombiano, 10 serán entregados a las Farc por dos periodos legislativos (cifra nada ventajosa si comparamos otras experiencias de negociación de paz en el mundo (16)).
Lejos de la demagogia, al parecer lo que queda en evidencia por parte de la oposición es la incapacidad (o temor) de reconocer al «enemigo» como posible actor político, y negar la existencia de un problemática social que ha padecido el país por décadas. En el acuerdo no se esta entregando el país a las Farc, ni tampoco se esta firmando propiamente la paz, se esta posibilitando la construcción de esta. Paz que no va a ser posible si no se combate la corrupción, la pobreza extrema, si sigue habiendo abandono estatal en las regiones, si no hay garantías de participación real de los ciudadanos, si no se trabaja por una mejor salud, educación, vivienda, si no hay oportunidades de trabajo y si no se dignifica la vida de las personas.
¿Desconfianza a la paz?
La paz tiene tantos intereses políticos como la misma guerra. Quizá esto es uno de los mayores riesgos: cuando la paz deja de ser una función social (mejorar los derechos del conjunto de la sociedad) y pasa a ser un mero instrumento para alcanzar intereses propios (de espaldas a la sociedad) que beneficien a los grupos políticos. Para nadie es un secreto que el acuerdo se hizo con la participación «simbólica» de la sociedad. ¿Acaso el acuerdo es un blindaje para beneficiarse mutuamente, Estado y Farc, dejando por fuera a la sociedad? o ¿hay realmente una intención de paz en los acuerdos?
El fortalecimiento de la democracia cobra valor, así como el de los movimientos sociales, el derecho a la movilización ciudadana, a la protesta y la crítica. Contrario a lo acordado, el Estado parece no dar cuenta de esto, tal es el caso, por ejemplo, de la implementación del nuevo Código de Policía, o bien la permanencia del Esmad en vísperas del posconflicto, los cuales a grandes rasgos, atentan directamente los derechos de la ciudadanía a la protesta social.
Otra de las razones que amenazan la paz, es que ésta tiene enemigos reales. Desde la implementación al cese al fuego bilateral definitivo, han habido varios asesinatos y atentados selectivos contra varios dirigentes sociales (17) (12 asesinatos y 5 atentados). ¿Existe la posibilidad de que el paramilitarismo perpetre otro genocidio social como el de la Unión Patriótica? ¿puede el Estado garantizar la no repetición?
Estos y otros temas habrán que preguntarse continuamente. Colombia necesita una sociedad activa y crítica ante lo que se avecina, si realmente se quiere consolidar una paz «estable y duradera» y con justicia social.
Bien podría ser este un paso en falso para la paz, o bien, como creo que anhelamos la mayoría de los colombianos, el comienzo de una mejor Colombia. La respuesta la tiene la sociedad, estamos a orillas de la paz.
Notas
(1) Reporte Global sobre Desplazamiento Interno 2016. Informe de la ACNUR (ONU). http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/Publicaciones/2016/10449
(2) Informe de Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Colombia). Grupo de Memoria Histórica. Basta Ya: el 60% provenían de las FARC, el 20% de las AUC y el 15 % del ELN.
(3) Colombia: memorias de guerra y dignidad. Centro Nacional de Memoria Histórica. Estadísticas del conflicto armado en Colombia: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html
(4) Una lectura múltiple y pluralista de la historia, Eduardo Pizarro Leongómez. Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Ediciones Desde Abajo
(5) (1) El narcotráfico y la «economía de guerra», (2) El secuestro y la extorsión, (3) La precariedad institucional, (4) el fenómeno paramilitar, (5) Armas y urnas, (6) Inequidad, derechos de propiedad y cuestión agraria, (7) Clientelismo, (8) El circulo vicioso de la violencia.
(6) La Jurisdicción Especial para la Paz, estará compuesto por magistrados que serán elegidos por un comité integrado por un delegado de la Onu, uno del Instituto para la Justicia Transicional, uno de la Corte Suprema, uno de un comité integrado por todas las universidades públicas y uno del Presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos.
(7) Artículo la revista de Semana: «Las víctimas estamos dispuestas a perdonar» ( http://www.semana.com/nacion/articulo/victimas-estan-dispuestas-perdonar-segun-carmen-palencia/391025-3 )
(8) 10 mecanismos acordados: (1) El reconocimiento de las víctimas, (2) El reconocimiento de responsabilidad, (3) Satisfacción de los derechos de las víctimas, (4) La participación de las víctimas, (5) El esclarecimiento de la verdad (6) La reparación de las víctimas, (7) Las garantías de protección y seguridad, (8) La garantía de no repetición, (9) Principio de reconciliación, (10) Enfoque de derechos
(9) Actual director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(10) La verdad sobre el proceso de desmovilización paramilitar y su aporte a la paz ( http://www.colectivodeabogados.org/La-verdad-sobre-el-proceso-de )
(11) Paramilitares que saldrán cobijados por la ley de Justicia y Paz http://www.semana.com/nacion/articulo/paramilitares-que-saldran-cobijados-por-la-ley-de-justicia-paz/371920-3
(12) La distribución ya mencionada de la participación de los actores armados
en las 1.982 masacres cometidas entre 1980 y 2012, (58,9%, grupos
paramilitares; 17,3%, guerrillas; 7,9%, Fuerza Pública; 14,8%, grupos
armados no identificados; 0,6%, paramilitares y Fuerza Pública en acciones
conjuntas; y 0,4%, otros grupos) revela que de cada diez masacres
seis fueron perpetradas por los grupos paramilitares, dos por las
guerrillas y una por miembros de la Fuerza Pública. ( http://www.elpais.com.co/elpais/archivos/bastaya.pdf )
(13) Francisco Gutiérrez. Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.
(14) Desmovilizados recibieron más dinero en gobierno de Uribe, explicó comisionado de paz: http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/proceso-paz/noticias/desmovilizados-recibieron-dinero-gobierno-uribe-explican-comisionados
(15) Según el articulo 107 de la Constitución: «Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse»
(16) En otros países donde ha habido proceso de paz las cifras son las siguientes. Angola: de 220 curules, 70 fueron para el grupo desmovilizado. Además se le dieron cuatro ministerios, siete viceministerios y siete embajadas. Nepal: de 330 curules, 83 fueron para la insurgencia, más cinco ministerios. Sudán: de 450 curules, 126, más la vicepresidencia y ocho ministerios. Nigeria: de 76 curules, 24. Sierra Leona: la vicepresidencia, cuatro ministerios y cuatro viceministerios. (http://www.semana.com/confidenciales/articulo/el-acuerdo-de-paz-en-la-habana-garantiza-cinco-senadores-y-cinco-representantes-para-las-farc/492428)
(17) La Andada que ya empezó. Periódico Desde Abajo, Nº 228.
Fuente original: http://www.desdeabajo.info/colombia/item/29877-a-orillas-de-la-paz.html