En sentencia del once (11) de diciembre de dos mil doce (2.012), el Juez 11 penal del circuito especializado de Descongestión OIT, profirió sentencia de carácter absolutorio para los funcionarios del DAS: NORBERTO SOTOMAYOR y JOSE ANTONIO RIAÑO por el delito de homicidio en persona protegida por el que habían sido acusados; el segundo de […]
En sentencia del once (11) de diciembre de dos mil doce (2.012), el Juez 11 penal del circuito especializado de Descongestión OIT, profirió sentencia de carácter absolutorio para los funcionarios del DAS: NORBERTO SOTOMAYOR y JOSE ANTONIO RIAÑO por el delito de homicidio en persona protegida por el que habían sido acusados; el segundo de los mencionados fue condenado por el punible de concierto para delinquir en la misma decisión.
En este fallo, el Juez especializado efectuó un análisis probatorio del cual concluyó que LUCIANO ROMERO MOLINA era «…un civil, con acciones de apoyo permanente a la lucha sindical y la protección de los derechos humanos, posturas estas que van en contravía de algunos actores del conflicto armado en nuestro país», descartando los testimonios a través de los cuales se pretendía vincular a nuestro compañero con las filas del Ejército de Liberación Nacional – ELN. Pese a esta conclusión, el Despacho asegura que en el proceso no quedó establecido el móvil del homicidio.
De igual manera, contrario a las pretensiones de la representación de las víctimas, el Juez no accede a la declaratoria del hecho como crimen de lesa humanidad, al considerar que «por parte del ente acusador no se trazó una línea de investigación conjunta, en la que relacionen esos delitos (se refiere a los cometidos contra miembros del Sindicato SINALTRAINAL), con el fin de establecer factores comunes, procedencia criminal, móvil, etc»
Con base en las declaraciones de un ex paramilitar hoy condenado por el homicidio de LUCIANO ROMERO MOLINA, la parte civil apelará la decisión, por considerar que al hacer un análisis de ésta con otras pruebas obrantes en el proceso, es posible establecer que los absueltos funcionarios del DAS, tuvieron conocimiento previo, de que el defensor de derechos humanos y sindicalista sería retenido por paramilitares al mando de Jorge 40 y que existían altas probabilidades de su asesinato. A la vez, encontramos suficientemente probado que esta agencia de inteligencia estuvo al servicio de los designios del paramilitarismo en la región y que desde la misma se aplicó una doctrina de aversión a los derechos humanos, a partir de la cual se consideró como enemigos a sus defensores; situación que propició este tipo de ataques criminales, de los cuales fue víctima nuestro compañero y amigo. Finalmente, porque también existen evidencias de los intereses económicos que se beneficiaron de estas estructuras criminales de poder, que se vieron afectados con la acción sindical en defensa de los trabajadores y derechos de la población en general.
Sin entrar a descalificar las argumentaciones del fallo en lo que respecta a la responsabilidad penal individual de los acusados, es pertinente señalar que aunque la justicia colombiana ha proferido sentencias condenatorias contra los autores materiales del homicidio de LUCIANO, seguiremos insistiendo en que nos encontramos ante una Justicia a medias, condición que persistirá mientras las autoridades judiciales continúen sin profundizar en los móviles del hecho lo cual mantendrá oculta la verdad y dejará intactos a los beneficiarios de los crímenes del paramilitarismo. Serán verdad y justicia a medias, hasta que se investiguen estos hechos en contexto y no de forma aislada; hasta que se reconozca la verdadera naturaleza de estos delitos y se comprenda y reconozca que el ataque sistemático y generalizado contra defensores de derechos humanos y sindicalistas afectan la conciencia de la humanidad.
Desde SINALTRAINAL y la FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS, conscientes de las grandes dificultades que nos ofrece el actual panorama regional y mundial, mantendremos nuestra determinación de luchar contra la impunidad, acudiendo para ello a todas las instancias nacionales e internacionales que permitan el esclarecimiento de estos hechos criminales y el juzgamiento de todos sus responsables.