San José de Apartadó se declaró comunidad de paz el 23 de marzo de 1997. Aproximadamente 500 campesinos, pertenecientes a 17 veredas, decidieron organizarse para sacar la guerra de su territorio, para no colaborar con ningún actor armado, para llevar adelante un proceso de neutralidad respecto del conflicto. La muerte lenta sigue siendo el mayor […]
San José de Apartadó se declaró comunidad de paz el 23 de marzo de 1997. Aproximadamente 500 campesinos, pertenecientes a 17 veredas, decidieron organizarse para sacar la guerra de su territorio, para no colaborar con ningún actor armado, para llevar adelante un proceso de neutralidad respecto del conflicto.
La muerte lenta sigue siendo el mayor incentivo de terror para someter a la población, pues cada rincón de la zona está cubierto por paramilitares que controlan las salidas y las entradas. El caso del corregimiento de San José es preocupante pues desde allí los paramilitares controlan todas sus veredas y lo hacen ante la mirada de un puesto de la policía y de una base del ejército que hacen presencia permanente en el caserío, allí mismo donde los jefes paramilitares se coordinan con sus tropas y organizan festejos sin ser molestados por nadie.
Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes:
En el mes de mayo de 2019, en la vereda La Unión del corregimiento de San José el reconocido paramilitar alias «Ramiro», quien llegó allí haces unos meses a controlar y someter a la población civil al paramilitarismo, amenazó de muerte a su padrastro el señor Emilio el cual tuvo de que desplazarse a otros lugares por seguridad.
El martes 25 de junio de 2019, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz recibió información sobre la ocurrencia de un posible asesinato en el sitio conocido como Caño Seco, en límites con la vereda La Unión- Carepa. Según dichas informaciones, ninguna persona podía denunciar el hecho y mucho menos venir a informar sobre el caso a nuestra Comunidad de Paz. Ese mismo día el programa Familias en su Tierra se reunía en la vereda Mulatos-Cabecera con las juntas de acción comunal de las veredas Mulatos, Resbalosa, La Esperanza, La Hoz, entre otras, en un evento que ocultó el asesinato mencionado, del cual no se tuvo más información.
El sábado 29 de junio de 2019 llegaron informaciones a nuestra Comunidad según las cuales en el caserío de San José de Apartadó el reconocido comandante paramilitar alias René, quien ha sido el encargado de controlar y someter a la población civil a sus proyectos de muerte, realizó una fiesta en la cual participaron muchos paramilitares; allí lanzó serias amenazas de muerte contra pobladores de la zona, algunos de los cuales se encontraban allí mismo. La policía y el ejército que hacen presencia permanente en ese centro urbano conocen muy bien el accionar de los paramilitares y son totalmente permisivos frente a este fenómeno, el cual sigue evidenciando la complicidad de la fuerza pública con el paramilitarismo, innegable durante varias décadas. El mismo día 29 de junio de 2019, según algunos pobladores, los paramilitares habían planeado asesinar a una familia de la región, razón por la cual esa familia tuvo que desplazarse a otros lugares.
El martes 2 de julio de 2019, en horas de la mañana, el señor Elkin Ortiz y su hijo Wilson Ortiz conocido como «Morochito» quien está integrado al paramilitarismo y quienes desde hace casi dos años viven en el centro urbano de San José, dañaron una de las plantaciones de cacao certificado y productos de pan coger que se ha cultivado en grupos de trabajo de nuestra Comunidad de Paz en la finca la Roncona, allí cortaron y dañaron los alambrados y de esta manera lo han venido haciendo desde hace más de 6 meses. Nuestra comunidad se desplazó al lugar y tomó evidencias, las cuales el joven paramilitar Wilson Ortiz rechazó y trató de impedir. La finca la Roncona es una propiedad que nuestra Comunidad de Paz ocupa en posesión legal desde hace más de 22 años y donde tenemos nuestras plantaciones de cacao certificado y cultivos de pan coger. El 11 de septiembre del 2018 sufrimos una invasión allí en La Roncona por parte de más de 100 personas, entre las cuales se encontraban el señor Elkin Ortiz y sus hijos paramilitares; en esa ocasión dañaron muchas plantaciones de cacao y pan coger. Ahora el Señor Elkin Ortiz, quien ha buscado apropiarse de un espacio de La Roncona, supuestamente por órdenes de los antiguos dueños y además utiliza a sus hijos paramilitares para amenazar a nuestra Comunidad de Paz. Este caso lo ha puesto la Comunidad en conocimiento de la Defensoría del Pueblo desde hace 6 meses pero no se ha generado ninguna solución para que el señor Elkin Ortiz deje de perjudicar a nuestra Comunidad de Paz.
El sábado 6 de julio de 2019, en horas de la tarde, el paramilitar Wilson Ortiz, junto a su padre Elkin Ortiz, interceptó en la salida de San José a Sirly Cerpa, integrante del Consejo Interno de nuestra Comunidad y feligrés de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para enviar amenazas a nuestra Comunidad, manifestando: «no me gustó ni poquito que me tomaran fotos y videos allá abajo en La Roncona y no voy a permitir que eso vuelva a pasar porque la próxima vez voy a reventarles esas cámaras».
El domingo 7 de julio de 2019, en horas de la tarde, fue asesinado por varios impactos de arma de fuego, en la vereda La Balsa, del corregimiento de San José de Apartadó, el joven Yéminson Borja Jaramillo, en hechos atribuidos a los paramilitares que controlan la zona, pues la carretera que conduce del corregimiento de San José hasta el área urbana de Apartadó está totalmente controlada por paramilitares que se movilizan permanentemente en motocicletas. Las razones o justificaciones que dan para matar es que «son ladrones o marihuaneros». La verdadera razón de estas muertes es el sometimiento forzado de la población al paramilitarismo; quien no se someta, simplemente es asesinado y así el terror les sirve de instrumento de sumisión. Ya hemos dejado muchas constancias públicas sobre el avanzado reclutamiento de jóvenes que son entrenados por paramilitares para matar; sobre el expendio de drogas; sobre los hurtos y el cobro de vacunas a los campesinos. La nula respuesta del Estado y sus instituciones las hace responsables de que los paramilitares terminen con la vida de personas inocentes, pues los verdaderos ladrones son los integrantes de toda esta estructura paramilitar que recluta y roba los sueños a nuestros jóvenes y los somete al imperio de las drogas y demás formas de degradación de la vida. Nos solidarizamos con la familia de Yeminson y pedimos a Dios que lo tenga disfrutando de la vida en plenitud.
El lunes 8 de julio de 2019, nuestra Comunidad partió hacia la vereda La Unión donde se realizó la conmemoración de los 19 años de la masacre de 6 líderes de nuestra Comunidad de Paz, perpetrada por paramilitares y militares el 8 de julio de 2000. Al regresar de allí en horas de la tarde, al pasar por el caserío de San José, el paramilitar Wilson Ortiz alias «Morochito» amenazó de muerte a dos miembros de nuestra Comunidad, manifestando: «Ahí vienen esos hp para llenarles la cabeza de plomo; me los quiero encontrar solitos». El lugar donde este paramilitar profirió estas amenazas fue desde una casa de balcón propiedad del señor Darío Tuberquia, en la entrada al casco urbano de San José. Desde hace ya más de un año reconocidos paramilitares han tenido concentraciones allí junto a esta vivienda, a plena vista de la fuerza pública -ejército y policía- quienes patrullan día y noche el minúsculo caserío y donde muchas veces han amenazado a miembros de nuestra Comunidad de Paz.
El gobierno nacional sigue negando la existencia del paramilitarismo mientras su copamiento territorial sigue avanzando intensamente en todo el país. Nadie ignora que el partido político del Presidente actual tiene vínculos históricos y estrechos con las formas más atrevidas de paramilitarismo, incluyendo las «Convivir», de las cuales ha sido intenso defensor y usuario el ex presidente Uribe, cerebro, ídolo y guía del partido y de la política gobernante. Las formas de relación entre el Estado y el ParaEstado se han ido remodelando y hoy predomina la combinación entre el anonimato progresivo de los pistoleros y la tolerancia pasiva de las instituciones, fórmula exitosa que le permite al país posar de «democracia» ante la comunidad internacional mientras el asesinato de líderes sociales y de excombatientes desmovilizados supera los estándares mundiales de criminalidad política. El Senador Petro acaba de destapar los vínculos entre las «Águilas Negras», calificadas por muchos años por el establecimiento como «bandas criminales», y la inteligencia militar. Al mismo tiempo el Presidente Duque, al regular el porte de armas mediante el decreto 2362 del 24 de diciembre de 2018, volvió a legalizar el boquete que siempre ha permitido el paso de las armas oficiales a los criminales privados (art. 1, parágrafo) y al mismo tiempo volvió a canonizar el principio eje del paramilitarismo, o sea la vinculación de los civiles a la guerra, al anunciar en Tolemaida, el 6 de febrero de 2019, que ya llegaba a un millón el número de civiles preparados para asumir tareas militares. Todo esto se camufla como «política de seguridad nacional» y se implementa a través de las estrategias de «vista gorda» y de «brazos caídos» de la fuerza pública y de las demás instituciones, gracias a las cuales nuestras veredas caen todas bajo el dominio paramilitar sin que nadie pueda defender a las víctimas y ni siquiera reconocer la invasión paramilitar.
Una vez más nuestra Comunidad de Paz agradece a la multitud de personas en el país y en el mundo que se solidarizan con nuestra resistencia y que condenan con plena convicción ética y moral la criminalidad del Estado colombiano. A todas ellas nuestra sincera gratitud.
Fuente original: https://prensarural.org/spip/spip.php?article24537