«Las luchas por verdad y justicia hermanan a Chile y Perú, y deben mostrar que más allá de las diferencias, somos capaces de unirnos para exigir la sanción de quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Fujimori ahora está en Chile y esperamos la solidaridad de la sociedad civil chilena y también su apoyo […]
«Las luchas por verdad y justicia hermanan a Chile y Perú, y deben mostrar que más allá de las diferencias, somos capaces de unirnos para exigir la sanción de quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Fujimori ahora está en Chile y esperamos la solidaridad de la sociedad civil chilena y también su apoyo frente a las decisiones que se tomen al respecto. Para mí, es un error del gobierno chileno no querer pronunciarse frente a la figura de Fujimori, y remitir todo al dictamen de la justicia. Esperamos que el fruto del trabajo conjunto entre organizaciones de ddhh de Perú y Chile logre la extradición y su juicio en Perú». La afirmación es de Andrea Ortiz Perea, representante de los familiares de víctimas de la dictadura de Alberto Fujimori, quien junto a Francisco Soberón, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de DDHH de Perú, formó parte de la delegación que visitó Chile recientemente.
Ellos asistieron a la entrega oficial de los doce cuadernos de extradición del ex dictador a la Corte Suprema. El alto tribunal resolverá próximamente si acepta que los familiares se hagan parte del proceso, representados por el abogado Hugo Gutiérrez (Asamblea por los ddhh) por los vecinos sobrevivientes de la masacre de Barrios Altos (noviembre de 1991), y a Héctor Salazar (abogado de FASIC), por los familiares de los caídos en el campus universitario La Cantuta (julio de 1992).
Los requisitos
Son 93 kilos de documentos que acreditan los delitos imputados al ex dictador. Los requisitos a cumplir son que los hechos imputados deben ser delitos penados con un año o más de prisión en el país requerido; no deben ser considerados delitos políticos ni haber prescrito. Los documentos recogen las investigaciones del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Verdad, y organizaciones de ddhh de Perú, así como los fallos de la Corte Interamericana de DDHH en relación al caso de Barrios Altos.
La Corte Suprema deberá analizar entre otros, el cuaderno Nº 15-05, que se refiere a los casos «Barrios Altos-La Cantuta», masacres ejecutadas por el grupo «Colina», un escuadrón de la muerte del Servicio de Inteligencia del Ejército, órgano controlada por Fujimori, en una relación comparable a la de Pinochet con la DINA. Las ejecuciones de vecinos y estudiantes, desaparición forzosa, incineración de restos y entierros en fosas clandestinas., en la legislación peruana constituyen homicidio calificado, lesiones graves y Desaparición Forzada. En la chilena, serían homicidio calificado, lesiones corporales y secuestro agravado. El proceso de extradición puede demorarse, según las normas de la antigua legislación (según la Ley 20.074 del 14 de nov de 2004 ). «Es más lento y burocrático y con cierto grado de secretismo, la transparencia también se ve afectada», sostienen miembros de la delegación.
El modelo pinochetista
Explica Francisco Soubirón, de la Coordinadora Nacional de DD HH del Perú: «Comparando nuestras historias, es posible asimilar la figura de Fujimori a Pinochet, la de Vladimiro Montesinos, asesor del dictador, al ex general Manuel Contreras. El servicio de Inteligencia Nacional de Perú es como la DINA chilena, y la Operación Colombo y Caravana de la muerte son episodios represivos a nuestro juicio asimilables a La Cantuta, y Barrios Altos. El asesinato de Tucapel Jiménez es comparable al de Pedro Huillca Secretario General de la Confederación General de Trabajadores, asesinado en diciembre de 1992».
La primera visita a Chile de estas organizaciones de DDHH se produjo el 8 de noviembre pasado, un día después de la intempestiva llegada de Fujimori a Chile. «Nosotros exigimos la extradición del prófugo para que rinda cuentas por estos crímenes de lesa humanidad. Como jefe de Estado, fue cúspide de la cadena de mando de una estructura de operaciones encubiertas; condujo violaciones graves y sistemáticas a los ddhh en los años de régimen autoritario y dictatorial que ejerció en el Perú junto con Vladimiro Montesinos.», explica Sobirón..
¿Cómo califican ustedes la actitud del gobierno peruano frente a estos hechos?
Pensamos que desde la transición democrática ha habido una voluntad política de querer hacer progresos y avances. Nosotros hicimos las primeras denuncias penales en 1992. Fuimos los impulsores de la creación de la Comisión de Verdad cuando se produjo el colapso del régimen de Fujimori y logramos el acuerdo con el gobierno de transición; contribuimos al mandato de la Comisión y su trabajo en los años siguientes. Nos sentimos promotores y ahora herederos de su trabajo para continuar exigiendo verdad, justicia y reparación para las víctimas de los 20 años de violencia.»
Amnistía no válida en Perú
¿Y la Ley de Amnistía de 1995?
Esa ley fue desestimada por la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos, y en septiembre del 2001, reafirmó que carecía de efectos jurídicos. Por eso el 2005, la Fiscalía de la Nación instruyó a todos los fiscales que abran todas las investigaciones que fueron cerradas en su momento por la aplicación de la ley de amnistía. La Defensoría del Pueblo por su parte, emitió documentos emitidos en 1997 y 1998, señalando la inconstitucionalidad de la ley de amnistía y su colisión con el Pacto de San José de Costa Rica.»
Masacre del Pedagógico limeño
Andrea Ortiz es sobreviviente de esa operación represiva, ya que también ella estudiaba en la Universidad Enrique Guzmán Valle, «La Cantuta», un pedagógico con alrededor de 3000 estudiantes, ubicado en las afueras de Lima. «Los hechos ocurrieron el 18 julio 1992, con la universidad intervenida, quemas de libros, y. control militar total, incluidos los ingresos. Estaban prohibidos los eventos culturales, y organizaciones de estudiantes. Esa madrugada el grupo Colina secuestró a 7 estudiantes varones, a dos mujeres y un profesor, En julio de 1993 se encontraron unas fosas en Cieneguilla, fuera de Lima. Los desaparecidos fueron quemados en los hornos del Servicio de Inteligencia del Ejército y luego enterrados.»
¿Cómo fue posible ubicar esos sitios?
«Dos recicladores de basura vieron ingresar personas con cajas de cartón a la quebrada de Cienaguillas y lo denunciaron a un medio de comunicación. Se hicieron los exámenes de ADN y también se hallaron en las fosas dos juegos de llaves de los estudiantes. Se encontró allí el cadáver de mi hermano, Enrique Ortiz Perea, estudiante de Cultura Física y Deporte. Esta evidencia derrumbó tesis como el autosecuestro o la adscripción a Sendero Lumino, y mostró la forma cruel en que actuaba este escuadrón de la muerte».
Andrea tiene confianza en el futuro. «Preferimos ver el tema con esperanza y optimismo, como una nueva oportunidad en esta lucha por justicia y verdad. Chile presenta condiciones diferentes a las que había en Japón con Fujimori escondido y protegido por ese gobierno. Chile ha vivido la experiencia de dictadura. No estamos ante una sociedad ajena a este tema. Tenemos también la ventaja del idioma. Esperamos que la Corte Suprema chilena entregue la justicia que como familiares venimos exigiendo desde hace muchos años.»
Un general diferente
¿Ha sido inculpado Fujimori anteriormente?
En ese sentido se han pronunciado también otros seis comandantes generales del ejército.
Por los crímenes citados, hay 57 procesados. Entre ellos Vladimiro Montesinos, asesor presidencial, Nicolás de Valle Hermoso, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y otros generales y oficiales.
¿Qué rol juega en el proceso el derecho internacional de derechos humanos?
Chile y Perú reconocen la Convención Americana de DDHH y la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de ddhh . Perú invoca el Tratado de 1932 suscrito por Chile en 1936, además invoca el derecho internacional de ddhh porque las acciones son externamente torturas y desaparición forzada.
¿Qué reacción hubo en Perú por el ingreso de Fujimori a Chile?
Es positiva la respuesta de la ciudadanía frente a la provocación de Fujimori de venir a Chile intentando evadir la justicia. Se movilizaron familiares, estudiantes, y miembros de sindicatos, en noviembre hubo plantones frente a la embajada de Chile exigiendo su expulsión. Vemos en las organizaciones de estudiantes una capacidad de reacción que tal vez no sea masiva como se espera, pero que se va forjando, porque el trabajo que realizó Fujimori tenía como objetivo inducir el miedo y la apatía y eso todavía hay que vencerlo. En la prensa ha habido gran difusión del caso, del trabajo realizado como familiares y de las reacciones de la sociedad civil. Hemos conocido recientemente de algunas interferencias y presiones del Ministerio de Defensa para impedir la difusión de las conclusiones y recomendaciones del informe final de la Comisión de Verdad.»
En la conversación, interviene Francisco Sobirón, para precisar:
«Lo que ha ayudado a mantener el tema en la opinión pública fue el proceso de los dos años de la Comisión de Verdad, con más de 28 audiencias públicas donde sobrevivientes y familiares de las víctimas daban su testimonio. ‘Para oír la voz’ era el emblema de las audiencias en el ámbito local, regional y nacional. Cuando había nombres de perpetradores, se denunciaban, pero en otros casos no se sabían. El Ministerio de Defensa se resiste a dar los nombres de los criminales al poder judicial, porque ellos actuaban con alias. No se logra acceso a la información y hay poca transparencia de parte del Estado para los pedidos de los jueces. El sentido de las audiencias públicas fue distinto a lo que ocurrió en Sudáfrica, donde los violadores eran denunciados en las audiencias, comparecían y luego eran amnistiados. Nosotros ya habíamos logrado las sentencias de la Comisión Interamericana de DDHH por los casos del vecindario de Barrios Alto en Costa Rica, por lo tanto no se podía amnistiar.
La delegación peruana manifestó su agradecimiento por el apoyo de organizaciones como la Afdd, Amnistía, Fundación Ideas, Corporación de los Derechos Ciudadanos, CEAL, Movimiento Aquí la Gente, CODEPU, y organizaciones feministas, y destacó los diálogos sostenidos con sectores académico de la U de Chile y U Diego Portales para caracterizar el régimen de Fujimori. En el Festival Teatro a Mil y en actuaciones callejeras, el grupo limeño de teatro Yuyachkani (estamos recordando, en quechua), muy comprometido con las causas de ddhh, también harán campaña por la extradición de Fujimori, actualmente recluido en Santiago en la Escuela de Gendarmería.