A nadie debería sorprender que un pelotero acaricie el sueño de jugar y triunfar en las Grandes Ligas, al igual que cualquier futbolista puede soñar con jugar en las ligas de Inglaterra, España, Alemania o Italia. Se trata de una aspiración perfectamente natural e irreprochable.
La política del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba hace imposible que un pelotero cubano pueda intentar cumplir ese sueño de la misma manera que pudiera hacerlo un pelotero de cualquier otro país, mediante los mecanismos legales y contractuales que permitan a cada parte involucrada (deportistas y federaciones deportivas de los países implicados) proteger sus legítimos intereses. Durante décadas, esta situación ha permitido a traficantes de deportistas y a las Grandes Ligas beneficiarse de numerosos atletas cubanos, formados durante años en su país de origen, sin tener que realizar la correspondiente contraprestación, compensación o indemnización económica a la Federación Cubana de Béisbol. Ante tal robo flagrante de talento deportivo, debería esperarse que el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) esté llevando un pormenorizado inventario histórico en todas las disciplinas deportivas, con la correspondiente valoración económica actualizada de las compensaciones debidas a las federaciones deportivas cubanas, la cual podría ser muy útil el día que el gobierno de los Estados Unidos decida volver a un diálogo civilizado con su contraparte cubana.
Por otra parte, si bien el deseo de un pelotero de jugar en las Grandes Ligas es irreprochable, la decisión de un deportista de abandonar un equipo aprovechando la realización de un compromiso internacional, dejando en situación comprometida a sus compañeros y decepcionando a todo un pueblo expectante de los resultados de su equipo nacional, sí resulta totalmente censurable desde un punto de vista ético.
Sin embargo, en este comentario me interesa subrayar la dimensión económica de la cuestión. La actividad deportiva en Cuba, en última instancia, es financiada por cada uno de los ciudadanos cubanos que, de manera directa o indirecta, aportamos económicamente al Estado. Por tanto, los ciudadanos cubanos tienen todo el derecho a exigir y recibir la contraprestación correspondiente al financiamiento de la actividad deportiva en Cuba, que no es otra que el deber de los atletas de representar con dedicación, profesionalidad y dignidad a los equipos locales y las selecciones nacionales. Para su preparación en la selección nacional de béisbol y para poder llegar a Florida, César Prieto fue totalmente financiado por los ciudadanos cubanos, a fin de cubrir sus gastos de salario, alimentación, alojamiento, transporte, atención médica, trámites de visado, pasaje de avión, entre otros posibles. Ante su decisión de desertar, cabría preguntarse quién indemnizará a los ciudadanos cubanos por el daño económico causado. En la situación actual de Cuba (pandemia, bloqueo económico recrudecido, escasez generalizada y profunda crisis económica), debe tenerse muy presente que los gastos destinados a la preparación de los deportistas cubanos tienen que ser necesariamente restados a los recursos disponibles para la atención médica de los enfermos y convalecientes de la Covid-19, la alimentación de los niños cubanos y la atención a nuestros ancianos, por solo mencionar tres ejemplos.
No siento la más mínima animadversión personal contra César Prieto, ni siquiera ahora que ha decidido cargar el pesado estigma de la deserción por el resto de su vida. Desde hace mucho tiempo he admirado su extraordinario talento deportivo y, de hecho, desde hace un par de años he estado esperando que buscara la manera de enrumbarse hacia las Grandes Ligas. Solo hubiera deseado que lo hubiese hecho con dignidad y valentía, liberándose previamente de sus compromisos con la Federación Cubana de Béisbol. No obstante, comprendo que en los tiempos que corren quizás eso es mucho pedir y que, en última instancia, su deserción es solo uno de los tantos efectos sistémicos de la criminal política del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano.
La permanencia y el recrudecimiento de dicha política plantean la necesidad de que el Estado cubano, aprovechando el actual proceso de reformas jurídicas, establezca mecanismos contractuales y legales más efectivos y sofisticados para proteger los derechos económicos de los ciudadanos frente a los daños causados por las deserciones deportivas. Si multiplicamos el caso de César Prieto por todas las deserciones ocurridas históricamente en equipos nacionales en todas las disciplinas deportivas, podría constatarse el considerable daño económico causado al pueblo cubano por el robo de talentos deportivos. Aunque no soy experto en la materia, me pregunto si las propiedades de todo tipo que hubieran podido dejar en Cuba los desertores deportivos no podrían ser embargables, confiscables o utilizables de alguna forma para resarcir el daño económico causado al pueblo cubano. Por otra parte, deberían establecerse los correspondientes mecanismos administrativos y legales para que los desertores deportivos, si algún día deciden visitar o retornar al país, tengan que asumir la correspondiente responsabilidad civil e indemnizar al pueblo por los daños económicos causados.
Obviamente, la aplicación de mecanismos de esta naturaleza no tendría que limitarse a los desertores deportivos, sino que debería extenderse a todos los ámbitos profesionales.
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