En una entrevista del 20 de enero en El Tiempo [i], el director de la Agencia de sustitución de cultivos ilícitos, Eduardo Díaz Uribe manifestó «una gran preocupación» en el gobierno por el debut de una organización nacional que agrupa las familias campesinas hasta hoy dedicadas a los cultivos declarados ilícitos. Esto por el anuncio […]
En una entrevista del 20 de enero en El Tiempo [i], el director de la Agencia de sustitución de cultivos ilícitos, Eduardo Díaz Uribe manifestó «una gran preocupación» en el gobierno por el debut de una organización nacional que agrupa las familias campesinas hasta hoy dedicadas a los cultivos declarados ilícitos. Esto por el anuncio que la Coordinadora de Organizaciones de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana COCCAM, realizará su lanzamiento público el 27 y 28 en Popayán.
Error craso esto que el gobierno, se niegue a ver la posibilidad que brinda un campesinado organizado, cuando el Acuerdo Final de Paz reivindica la participación en la solución de las comunidades involucradas, para planear conjuntamente con ellas la sustitución en todos los territorios, y define que de la sumatoria de estos planes comunales, será el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito PNIS.
Génesis de la COCCAM
Antes de referirnos al «susto» que esta aparición le provoca a quien solo parece sentirse bien en el rol de erradicador en jefe, hablemos un poco de la génesis de esta organización, remontémonos al 2013. Concretamente entre septiembre y octubre de ese año, se sucedieron en Bogotá y el Guaviare, las dos fases del «Foro Nacional Solución al Problema de las Drogas Ilícitas», que gestionadas por la Universidad Nacional y las Naciones Unidas, crearon un marco de participación ciudadana para aportar a la negociación de ese punto, que apenas se iniciaba en La Habana.
Entonces fue claro que en toda la geografía colombiana, se repetían las causas y características de estos cultivos, y existían incipientes organizaciones de resistencia contra la aspersión aérea de glifosato y la erradicación forzada, pero 1° a estas les faltaba una coordinación nacional, y; 2° ante la eventualidad del Acuerdo de Paz, les faltaba reinventarse para pasar de la resistencia a la solución del problema.
Un primer intento de superación de estas dos falencias se dio en diciembre del 2013 en la plaza de los artesanos de Bogotá, donde con una representación parcial se realizó un Encuentro nacional de cultivadores, que concluyó en la necesidad de gestar una organización nacional, a la que ya nombramos COCCAM, sin embargo está era entonces una intención con más sigla que raíces. De la hipótesis COCCAM se siguió hablando, por ejemplo en la Constituyente de Cultivadores de Plantas Declaradas Ilícitas, realizada en Mocoa en julio del 2015, donde -entre otras cosas- las delegaciones de 15 regiones productoras, conocieron las experiencias similares de organización nacional de los cocaleros en Bolivia y Perú [ii] respectivamente.
Podríamos resumir que mientras avanzaban las negociaciones de La Habana, la hipótesis COCCAM se mantuvo en el congelador. Cuando se vislumbraba la firma del Acuerdo Final, una reunión de líderes -en la última semana de abril del 2016- trazó el cronograma para llevar la hipótesis a la realidad que será lanzada este fin de semana en el Cauca.
Expectativas erradas del gobierno
Vale la pena confrontar algunas de sus afirmaciones de Eduardo Díaz con el texto del Acuerdo Final:
A l inicio de la entrevista Díaz plantea textualmente que «la asociación tendrá que desaparecer», es probable que esto sea cierto a futuros, en una realidad en la cual el gobierno haya cumplido con el Acuerdo, es decir cuando haya fluido el financiamiento para todos los proyectos de sustitución y estos se encuentren operando. Pero precisamente para garantizar que la implementación del PNIS sea realmente participativa y gestada desde abajo hacia arriba, es decir con las organizaciones comunales como punto de partida -tal como se acordó- es necesaria e imprescindible una organización como la COCCAM, la cual no surge para resistir en el uso ilícito -como lo entiende Díaz- sino para conseguir la sustitución digna de los ingresos de las familias campesinas, es decir para garantizar que los proyectos lícitos de sustitución generen como mínimo, niveles de vida similares a los actuales.
En la entrevista Díaz repite algo que le ha generado rechazo en los territorios cocaleros desde el 2015, para él cualquier tiempo de tránsito, lo considera demora campesina a la sustitución que beneficiara a «las redes de narcotraficantes» (en terreno ha hablado explícitamente del Clan Úsuga). En contraste uno de los componentes del Acuerdo -el 4.1.3.6. f.- se titula «Cronogramas, metas e indicadores» [iii], lo que necesariamente implica se está considerando un proceso que se desarrolla en el tiempo, la única forma realmente posible de realizar la sustitución. Subrayando que los cronogramas serían para planear tiempos de cumplimiento para ambos lados: gobierno y comunidades, por lo cual a las demoras en la financiación gubernamental de la sustitución se le podría aplicar el mismo rasero.
Pareciera que el funcionario busca que del cielo le caiga un interruptor, con el que pueda apagar el mismo día y en todo el territorio nacional, todos los cultivos de uso ilícito. Considero que este «error» es resultado de la combinación de otros dos: 1° la mitomanía al creer la mentira original de Lewis Tambs: FARC=Droga, entonces al momento de bajar el letrero de la guerrilla, automáticamente -cual interruptor celestial- desaparecerían los cultivos para él ilícitos; y 2° el pavor del gobierno respecto a la publicación de estadísticas de área sembrada, con la que Washington y la ONUDC periódicamente los alinean con sus intereses en la guerra antidrogas, que solo busca reducir la oferta para mantener alto el precio, sin importar la suerte de los campesinos.
Con la estigmatización citada de los tiempos como demoras campesinas que benefician al narcotráfico, resulta peligroso la individualización que hace Díaz al final de la entrevista de la comunidad de Caño Indio en el Catatumbo, porque aquella ha reclamado asistencia alimentaria de 36 meses, mientras el acuerdo la prevé «hasta por 1 año«, lo que aparece en el ítem a del numeral 4.1.3.6. Componentes de los planes integrales de sustitución [iv], es esto lo que explica la diferencia entre los firmantes que se mantuvo hasta el Acuerdo definitivo y que ahora Díaz repite en la entrevista: «el Estado no renuncia a la erradicación forzosa«, mientras es claro que las FARC-EP se opone a esto.
Sin embargo antes en el numeral 4.1.3.2. Acuerdos con las comunidades [v], se argumenta que «Un fundamento indiscutible de la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito se encuentra en el carácter voluntario y concertado y, por tanto, en la manifiesta voluntad de las comunidades -hombres y mujeres- de transitar caminos alternativos a los cultivos de uso ilícito, y el compromiso del Gobierno de generar y garantizar condiciones dignas de vida y de trabajo para el bienestar y buen vivir«. La contradicción entre ambos numerales evidencia la intención gubernamental de sacarla barata, pero ahora con el peligro de una celeridad que puede estar emparentada con la improvisación.
En otro aparte de la entrevista Díaz contradice al Acuerdo cuando afirma que que «el cultivo de coca es una actividad ilícita» , también lo hace el título de su oficina que retoma el calificativo de «cultivos ilícitos». Pareciera que olímpicamente no ha leído ni el índice del Acuerdo, porque ahí su oficio se llama «sustitución de cultivos de uso ilícito» [vi], porque en lo acordado es claro que lo ilícito es el uso que se le da a los cultivos, y por ende existen usos lícitos (por ejemplo los medicinales). Mantener el discurso de los cultivos ilícitos, equivale a judicializar a la naturaleza, o sea a repetir aquello de «la mata que mata» que AUV tuvo que retirar de las emisoras, por la demanda que le ganó CocaNasa. En ambos casos se busca mantener latente la herramienta de criminalización de los campesinos, aunque -arrogante y magnánimo- el funcionario les conceda » tratamiento de ciudadanos».
Además detrás del calificativo de ilícitos para los cultivos, siempre ha estado la intención de ocultar las causas reales que generaron en Colombia el problema [vii]: 1° el latifundio que expulsa campesinos de los valles fértiles de la frontera agrícola; 2° la falta de vías e infraestructura pública en las áreas de colonización; 3° la baja calidad o la vocación agrícola diversa de las tierras de bosque húmedo donde se colonizó, y; 4° la competencia desleal de cultivos lícitos subsidiados y foráneos, que el libre comercio le impone al país. Dado que reconocer estas causas, implicaría que para solucionar el asunto drogas se necesita revertir aquellas, el establecimiento mejor opta otra vez por algo más barato: la criminalización.
Conclusiones
Con la decisión campesina que el Acuerdo nombra como caminos alternativos, y el citado compromiso del Gobierno, pueden aparecer proyectos coherentes que realmente logren el objetivo. Pero esto solo se dará si la situación es de gana-gana para las dos partes. Si el gobierno prioriza solo los dictados de Washington y la ONUDC, y se olvida del bienestar de estos ciudadanos campesinos, todo estará condenado al fracaso. Para que el PNIS y sus componentes comunales y municipales sean exitosos, el gobierno tiene que partir por reconocer las causas citadas, y además también reconocer que estos cultivos son eficientes si se les evalúa con un rasero netamente capitalista.
Las características económicas de eficiencia de estos cultivos se pueden resumir en [viii]: 1° por la cercanía al Ecuador geográfico, Colombia es el país con mayor rotación de los cultivos, 6 cosechas anuales se logran en muchas zonas; 2° en el campo se queda parte del valor agregado de la economía ilegal, por ejemplo el procesamiento rural de la pasta básica de cocaína, corresponde a lo que Marx llamaba «trabajos agrícolas accesorios« [ix]; 3° en este inicio de proceso industrial la reducción de peso y volumen es muy alta, por ejemplo una arroba de hoja de coca se transforma en promedio a 22 gramos de pasta, por lo que el producto sale por donde no hay vías; 4° aunque al productor no le salpica el exorbitante precio de la cocaína en los mercados terminales, el precio del PBC si ha sido estable, y en el último cuarto de siglo en los 3 países productores ha oscilado en torno a los 700 dólares. Al igual que las causas estas características deben considerarse a la hora de diseñar e implementar proyectos sustitutos, solo si los caminos alternativos son competitivos el programa tendrá éxito.
Cuando en la entrevista a Díaz le preguntan, si ¿Hay grupos ilegales detrás de estas asociaciones?, el funcionario responde «La presencia de cultivos ilícitos pone en riesgo el proceso de paz en la medida en que los grupos ilegales traten de copar estos territorios«. En un corregimiento del suroccidente -de cuyo nombre no quiero acordarme- a finales del 2016 me narraron una historia que evidencia el desconocimiento de entrevistador y entrevistado. Cuando por el cese bilateral de fuegos, las FARC-EP se replegó, llegó a aquel territorio cocalero un grupo ilegal (no el Clan Úsuga) afirmando que ellos «eran los que ahora cobrarían el impuesto«, la comunidad se organizó y 3 días después 2,000 campesinos «visitaron» el campamento de los «nuevos», y armados solo con la palabra les notificaron que no les interesaban sus servicios, evidencia de su decisión en pro de los caminos alternativos . A diferencias de las sospechas y prejuicios del gobierno y de Díaz, estas son las cosas que pueden hacer las comunidades organizadas en COCCAM.
Ironías de la sangre esto que el hijo de uno de los integrantes de la Junta Revolucionaria de Gobierno de Barrancabermeja de 1948 [x], hoy se asuste con la organización popular. Ojala llegue el día en que más que tolerar, respete la ciudadanía de quienes las desigualdades han convertido en productores de cultivos declarados ilícitos, solo el día que esto ocurra, y el funcionario de sustitución los trate como interlocutores iguales, tendrá éxito en la tarea. Quisiera equivocarme, pero por ahora la evidencia indica que va por el camino errado.
Notas
[i] El Tiempo (2017): » Asociaciones de cultivadores ilícitos deben desaparecer: Eduardo Díaz «, disponible en http://www.eltiempo.com/politi
[ii] Por Bolivia: Segundina Orellana y Dionicio Núñez, y por Perú: Serafín Luján y Hugo Cabieses.
[iii] «Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera«, 12/11/2016, pág. 115 de 310.
[iv] Ibíd. pág. 111 de 310.
[v] Ibíd. pág. 107 de 310.
[vi] Ibíd. pág. 102 de 310.
[vii] Tascón, Felipe (2016): » Al sustituir la eficiencia cocalera «, disponible en http://www.rebelion.org/notic
[viii] Ibíd.
[ix] Marx, Karl (1973): «El Capital«, Tomo III, pág. 644, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.
[x] Díaz Callejas, Apolinar (1988): » Diez días de poder popular «, Bogotá, Editorial El Labrador
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