El municipio de Toribio (http://bit.ly/1tQVfY2), localizado en el departamento del Cauca (http://bit.ly/1190uJx), por estos días ha sido escenario de lamentables hechos de violencia con gran impacto nacional y en el proceso de diálogos de paz que se adelantan en La Habana/Cuba. Dos personas, integrantes de la Guardia indígena, Daniel Coicue Julicue y Manuel Antonio Tumiña, […]
El municipio de Toribio (http://bit.ly/1tQVfY2), localizado en el departamento del Cauca (http://bit.ly/1190uJx), por estos días ha sido escenario de lamentables hechos de violencia con gran impacto nacional y en el proceso de diálogos de paz que se adelantan en La Habana/Cuba. Dos personas, integrantes de la Guardia indígena, Daniel Coicue Julicue y Manuel Antonio Tumiña, murieron en una absurda reyerta por intolerancia política en la vereda El Sesteadero (http://bit.ly/1skaTr4).
Toribio es un antiguo pueblo del Cauca, fundado en el año 1600, con una población indígena mayoritaria. De sus 27 mil habitantes, 25 mil son integrantes de la etnia Nasa, jóvenes en su gran mayoría. Los Nasa son uno de los grupos indígenas de mayor peso en la sociedad colombiana. Son casi 200 mil personas distribuidas en distintas regiones del Estado. Su epicentro es el valle del Río Cauca (http://bit.ly/141nFXl) y diversas investigaciones históricas indican que en la última fase de la civilización Calima (http://bit.ly/1uSK1WA), los Nasa (http://bit.ly/1w6f4ZW) fueron sus principales protagonistas, caracterizados por actividades orfebres, alfareras y agrícolas. Desde ese tiempo debieron abandonar el rico y fértil Valle geográfico, como ha ocurrido en años recientes, refugiándose en las cordilleras para resistir la violenta y voraz conquista de la corona feudal española. La cultura y memoria Nasa se sienten hoy en la región con nombres como Cali (kaly ‘tejido trenzado sin agujas’), Chipichape (‘choclo cocido’), Yumbo (‘inundación, orilla del río, río grande’), Buga (‘olla grande’), Tuluá (‘huertos’ o ‘rancho del huerto’), Yotoco (‘avivar la llama con fuelle’), Chango (‘escoplo’), Anchicayá (‘se gorgojea mucho’), Dagua (‘árbol específico’), Quilichao (verter lo fundido), Jamundí (camino a la izquierda), Petecui (guacamayo, viejo) y laguna de Sonso (zonz=rana).
La violencia social y política contra los Nasa ha sido una constante durante varios siglos, protagonizada por grupos oligárquicos minoritarios, extranjeros y nacionales, para despojarlos de sus territorios y economía. La sangrienta coacción conquistadora hispana se adelantó haciendo práctica una norma de la monarquía española de 1512, en la cual se ordenaba reducir a los indios en pueblos con el propósito de facilitar el cobro de tributos, darles la evangelización católica e impedir su mestizaje, para conservarlos como fuerza de trabajo destinadas a las minas y haciendas. Es una violencia de «larga duración» que pocas veces ha visto treguas para facilitar la vida tranquila de los indígenas.
Para el año 1562, el Encomendero del Fuerte de San Bonifacio, el conquistador Domingo Lozano inicia desde Ibagué/Tolima, la pacificación de los Pijao de «Turibio de los Paeces» con la colaboración de Diego de Bocanegra, un depravado ex presidiario peninsular. Su campaña de exterminio fue retribuida con la Encomienda de los paeces que fueron despojados de sus territorios. A comienzos del siglo XVIII, la Monarquía española pactó con los líderes Nasa, como Juan Tama, quien obtuvo el reconocimiento como Resguardos Indígenas de los territorios que la resistencia había permitido defender, así como la autonomía, a cambio de que los Nasa aceptaran las leyes coloniales y el envío de misioneros católicos que barrieron su cultura con el oscurantista y medioeval catecismo católico. Aún entonces los Nasa mantenían la explotación de minas de cobre y una orfebrería de este metal, que fue desplazada luego por objetos importados de Inglaterra y Europa.
En el siglo XIX, el Libertador Simón Bolívar dictó decretos reconociendo las tierras de los Resguardos indígenas y propició la devolución de las tierras usurpadas. Dicho programa jamás se cumplió y los poderosos terratenientes caucanos, que aún perviven como clase política y burocrática, estuvieron y están siempre acosando a los Nasa por la tierra, reduciendo la extensión de los Resguardos, mediante decenas de fraudes, trampas, engaños, masacres, asesinatos, torturas y desplazamientos.
Los Nasa no cesaron su lucha y heroica resistencia. Quintín Lame dirigió desde comienzos del siglo XX la acción por la recuperación de los Resguardos indígenas en el Cauca. Exiliado en el Tolima y perseguido, siguió en su bravía lucha; la conducción del movimiento indígena del Cauca fue sostenida por su seguidor, José Gonzalo Sánchez, totoreño, fundador del Partido Comunista Colombiano, militante marxistaleninista y presidente de la Confederación Campesina e Indígena, envenenado por grupos reaccionarios fascista en 1949, dando pie a otra violenta campaña contra los Nasa, que así volvieron a perder buena parte de las tierras de los Resguardos y vieron destruidas sus organizaciones en manos de los nacientes grupos paramilitares «chulavitas» de Laureano Gómez y el Partido Conservador.
La valiente lucha Nasa, atacada violentamente por las bandas oligárquicas con asesinatos de los líderes y las masacres, ha permitido que 600 mil hectáreas hoy sean reconocidas como territorio indígena en el Cauca. Junto con los otros pueblos aborígenes del país lograron que en la Constitución de 1991 se reconocieran los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, como la autonomía y la inalienabilidad de los Resguardos. Sin embargo, apenas cuatro meses después en la hacienda El Nilo fueron masacrados por miembros de la Policía Nacional coludidos con grupos paramilitares, veintiséis Nasa, incluidos niños y mujeres. Masacre orquestada por la clase política latifundista del Cauca que aún hoy permanece en la impunidad, pues algunos oficiales capturados gozan de privilegios penitenciarios en sus lujosas mansiones.
En el siglo XXI, la violencia sigue acosando a los Nasa. Hoy es orquestada por la burguesía oligopólica del Norte del Cauca y Cali. Entre sus patrocinadores están el banquero Sarmiento Angulo, Ardila Lule, dueño de extensos latifundios forestales y los cañeros de la Sultana del Valle, agrupados en Asocaña.
Estas camarillas oligárquicas avanzan raudas en el despojo sangriento y la concentración de las tierras de mejor calidad de Colombia localizadas en el fértil Valle del Río Cauca, que ya están en manos de un reducido número de familias de dicha región, vástago de antiguos terratenientes esclavistas españoles. Todo en el marco de una estrategia de subsunción capitalista real que partió desde la década del cuarenta del pasado siglo con la expropiación arbitraria de las comunidades afrodescendientes que según Dorado (http://bit.ly/1ynfc9J) se habían apropiado del territorio antes y después de haberse declarado la libertad de los esclavos en el siglo XIX, y construyeron a lo largo de décadas una fuerte, rica y sorprendente economía campesina libre (una de las pocas que ha existido en América Latina).
En ese contexto, agrega, hay también una ofensiva de potentes capitales internacionales en toda la región caucana que están detrás del oro que quedó de la explotación española. Éste oro por su condición de dispersión – se encuentra diseminado – requiere la aplicación de técnicas de minería a cielo abierto, lo que obliga al desalojo, desplazamiento y despojo de las tierras, en manos de campesinos pobres y el control sobre las fuentes de agua de la región. Igualmente están los intereses capitalistas detrás del carbón, la exploración de petróleo en el Valle del Patía, la construcción de una represa e hidroeléctrica en esa misma región y el desarrollo de una economía de enclave alrededor de los agrocombustibles.
Ese el escenario de la coyuntura en que han ocurrido los desafortunados hechos que recientemente se han dado en el municipio de Toribio.
Pero más temprano que tarde, la paz debe llegar a dicha localidad de la mano de los diálogos que se adelantan en La Mesa de La Habana entre el gobierno y las Farc. El territorio como relación socio-ambiental y geográfica que permite a sujetos individuales y colectivos vivir en conformidad con sus valores, saberes, creencias y conocimientos, es el escenario natural de la convivencia pacífica que se busca.
Toribio es un municipio eminentemente indígena. Cuenta con tres resguardos indígenas de origen colonial que datan de 1701 y años siguientes –Resguardo Indígena de Tacueyó, Resguardo Indígena de Toribio y Resguardo Indígena de San Francisco– que conforman igualmente al municipio en la totalidad del territorio (http://bit.ly/1zd9VTh).
El sector rural -que concentra el 93.81% de la población– está conformado por esos tres resguardos con sus respectivos Cabildos, reconocidos como entidades públicas de carácter especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa; igualmente la mayoría de la población del casco urbano se reconoce como miembro de la etnia Nasa y son gobernados por el Cabildo de Toribio. Al interior de los resguardos operan 66 Juntas de Acción Comunal JAC de las veredas que fueron incorporadas en el sistema de gobierno indígena, así como los Bloques de veredas o Capitanías, una figura organizativa diseñada para mejorar los mecanismos participativos. Los tres cabildos están asociados en el Proyecto Nasa, la asociación de autoridades indígenas del municipio.
Su Alcaldía, dirigida en la actualidad por Ezequiel Vitonás Talaga (http://bit.ly/1zd9VTh), está conformada en primera instancia por el Despacho del Burgomaestre, que según el organigrama actual coordina de manera inmediata con la Oficina de Control Interno y la Oficina Jurídica. Tiene cuatro secretarías de despacho: Secretaría de Gobierno, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Salud y Secretaría General. La Secretaría de Gobierno, tiene bajo su responsabilidad la Unidad de Participación Comunitaria, la Comisaría de Familia y la sección de Archivo. De esta dependencia también es parte el inspector de policía, el inspector de policía rural y la coordinadora del cabildo de la familia. Esta última en un ejercicio de coordinación directa con el Proyecto Nasa, así como con la Unidad de Etnoeducación y la coordinadora de la misma.
Tiene tres unidades especializadas: la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA, la Unidad de Deporte y Cultura y la Unidad de Etnoeducación. La UMATA cuenta con doce técnicos y un coordinador del Plan Ambiental Agropecuario. La Unidad de etnoeducación tiene tres personas para su funcionamiento. Para la organización del presupuesto, el funcionamiento financiero y la elaboración de informes contables de la Alcaldía se encuentra la Tesorería General, que tiene a su cargo dos subsecciones: Contabilidad y Almacén e Inventario.
Según el reciente informe (2014) del Departamento de Planeación Nacional/DNP (http://bit.ly/1rAOMSy), con Indicadores de Desarrollo Integral de los 1113 municipios del Estado colombiano, la Alcaldía de Toribio presenta las siguientes calificaciones. En eficacia, 92,83; en eficiencia, 53,18; en cumplimiento de requisitos legales, 81,78; en materia fiscal, 67,45; en capacidad administrativa, 79,16; en gestión administrativa, 73,30; en el indicador global de desempeño integral, 75,3. Su rango es satisfactorio. Su desarrollo institucional intermedio.
El Manual Estándar de Control Interno/MECI tiene una calificación para el año 2013 de 62,3, requiriendo mejoras para garantizar su función en el mejoramiento de la calidad de las instituciones públicas locales.
Conveniente señalar que el municipio ha tenido en los últimos 36 meses un presupuesto cercano a los 100 mil millones de pesos (http://toribio-cauca.gov.co/index.shtml#4).
No obstante estos importantes desarrollos institucionales el problema de la pobreza es bastante agudo afectando a la población más débil. El cierre de opciones económicas agrícolas ha visibilizado una nueva categoría de personas en el municipio: los desempleados. Según la encuesta veredal aplicada para la formulación del Plan de Desarrollo vigente, el 33,74% de los mayores de 18 años se encuentran sin trabajo estable. Los factores de disminución de tierras aptas y el desempleo, asociados a fenómenos sociales y culturales como el cambio de una economía de subsistencia a una economía de transformación y de servicios, hacen que los ingresos per cápita de los indígenas agricultores estén en un promedio de dos dólares (http://bit.ly/1ozIWAr).
Como resultado de estos dos elementos, los esfuerzos de la población para mejorar sus condiciones de vida no han logrado superar la situación de malnutrición. La falta de tierras, concentrada en grandes latifundios, o el deterioro de las mismas por el uso de agroquímicos, que deriva en la disminución de su capacidad productiva, han generado la pérdida de una producción alimentaria diversa y culturalmente apropiada. De otro lado, al no contar con suficientes tierras por familia para ser destinadas a la producción para el autoconsumo, las familias acuden al mercado de víveres e incluyen dentro de su dieta alimentos enlatados y grandes cantidades de carbohidratos (los más baratos en el mercado), y disminuyen el consumo de frutas y verduras; se produce así una alimentación desbalanceada y pobre en nutrientes. Este problema tiene consecuencias acumulativas si se tiene en cuenta que la mayoría de la población se encuentra en el ciclo vital joven, y cada vez tiene mayor tendencia a una mala alimentación y en consecuencia a problemas de salud derivados de la misma. Según datos oficiales (2013), en la primera infancia (menores de 7 años) la desnutrición crónica alcanza el 28%, la desnutrición global es del 12% de la población total y la desnutrición aguda del 3%. Es la peor forma de violencia generada por el neoliberalismo imperante (http://bit.ly/1ozIWAr).
A esta situación se agrega la insuficiencia de recursos que la Nación transfiere a los municipios para cubrir las Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, que en el caso de Toribio alcanzan el 61,81%.
Esta es la realidad que las grandes redes mediáticas oligárquicas ocultan sobre el municipio de Toribio, y el fenómeno de la violencia que allí se presenta como en todo el Norte del departamento del Cauca, controlado desde la Gobernación de Popayán por las camarillas del clientelismo oligárquico tradicional que acumula riqueza mediante el despojo de los patrimonios públicos.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.