Hace pocos días el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señaló que Colombia tiene un alto desarrollo humano, y resaltó que el país ocupa el puesto 91 entre 186, en un informe que evalúa los logros de las naciones en educación y salud, y la disponibilidad de recursos para ofrecerles a sus habitantes […]
Hace pocos días el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señaló que Colombia tiene un alto desarrollo humano, y resaltó que el país ocupa el puesto 91 entre 186, en un informe que evalúa los logros de las naciones en educación y salud, y la disponibilidad de recursos para ofrecerles a sus habitantes un nivel de vida digno.
Al respecto, fundamental es indicar que en las mediciones de Índice de Desarrollo Humano (IDH) en América Latina, Colombia se ubica en la casilla número 12, muy por debajo de Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay y Cuba. Sólo supera a naciones empobrecidas como El Salvador, Guatemala o Bolivia. Y resaltamos estos detalles para insistir en que en nuestro país se requieren profundas transformaciones económicas, políticas y sociales que apunten sobre todo a superar la profunda desigualdad reinante, causa esencial de la confrontación que nos desangra.
Un ejemplo expresivo de la tragedia social colombiana lo indica el hecho de que en nuestro país el porcentaje de desnutrición es el doble que el de la media continental (12 %), situación que le genera la muerte al menos a cinco mil niños cada año. Agreguemos que dentro de la población infantil, el promedio de años de estudio es de 7,3, mientras el «período esperado de escolaridad» es de 13,6 años; es decir, casi el doble.
Es evidente que si miramos esos índices de desarrollo por regiones, las desigualdades se verán más profundas, sobre todo en los lugares más apartados del centro donde el acceso a los pocos programas de salud y educación es deplorable o inexistente. Son los casos del Chocó, La Guajira, Cesar y Nariño, donde los niveles de desigualdad y miseria asemejan a países del sudeste asiático y de África.
Importantes capas poblacionales en Colombia siguen siendo excluidas de los beneficios del desarrollo económico, y no alcanzan por desidia gubernamental a sobreponerse de la miseria que las consume. De hecho, el Banco Mundial ha diagnosticado que nuestro país es el séptimo más desigual del planeta, con niveles comparables a los de Haití y Angola.
El informe que presentó el PNUD aclara que, pese a la buena nueva de que el ritmo de progreso en países en vías de desarrollo ha sido más rápido de lo que se pensaba, «no es deseable ni sostenible que el crecimiento del Índice de Desarrollo Humano esté acompañado por una creciente desigualdad», y agrega que «nadie debería estar condenado a vivir una vida breve o miserable por ser de una clase social o país ‘equivocado’, pertenecer a una raza o a un grupo étnico ‘equivocado’, o ser del sexo ‘equivocado’. La desigualdad reduce el progreso en desarrollo humano y, en algunos casos, podría impedirlo por completo». Opinión que debiera ser tenida muy en cuenta por el gobierno nacional al momento de afrontar las justas exigencias de los diversos sectores sociales que hoy se alzan contra las políticas neoliberales que los victimiza e impide la construcción de La Paz.
En el marco del desenvolvimiento de los diálogos de la Habana, el gobierno no debiera olvidar que la paz no se reduce a cesar la confrontación militar o a desmovilizar a la insurgencia. La Paz es el fruto de la Justicia.