El conflicto afecta más a las mujeres, al menos medio millón han sido violadas. Hay entre 12 mil y 52 mil personas desaparecidas forzadas. Cinco millones de seres humanos fueron obligados a huir de sus hogares, 28 pueblos indígenas están al borde de la extinción. La peculiar democracia colombiana que abolió la pena de muerte hace un siglo, investiga el asesinato de 2.400 ciudadanos civiles ejecutados a mansalva para mostrar éxitos en la lucha contra las guerrillas. La mayoría de estos crímenes se cometieron siendo ministro de Defensa el actual Presidente, quien reafirmó -como si hiciera falta- su «compromiso indeclinable» con los derechos humanos.
Con motivo del día internacional de los derechos humanos me detengo en lo que sigue pasando en Colombia, país en el que la crisis de los derechos humanos continúa al son de una guerra no declarada en la que muere la población civil.
Una semana después de que el Presidente Juan Manuel Santos afirmara que durante el primer año de su gobierno los derechos humanos habían dejado de ser un problema, salía ileso de un atentado en Medellín el sindicalista Dubán Antonio Vélez Mejía, quien estuvo refugiado en Gijón protegido por el gobierno asturiano en el 2004. Lo salvó la reacción de uno de sus escoltas que resultó herido, pero 23 sindicalistas más no tuvieron la misma suerte este año.
Héctor Orozco y Gildardo García, dirigentes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima, cayeron asesinados a balazos el 30 de marzo de este año a 400 metros de un retén del ejército sobre la trocha de lodo que va de Chaparral al corregimiento de La Marina. La tropa, ciega y sordomuda como en la canción de Shakira, no vio, ni oyó nada. Veinte días antes la Séptima Delegación Asturiana verificaba en ese lugar graves violaciones de los derechos humanos.
En la costa Atlántica han sido asesinadas medio centenar de personas víctimas del despojo violento de sus tierras. No les perdonaron que insistieran en su devolución. En otras regiones sobre las que ¡oh coincidencia¡ hay proyectos mineros de empresas multinacionales, se arrecian las amenazas y las masacres. Los nativos estorban al progreso. Deben irse o morir ahí mismo.
El buen rollo del Presidente colombiano no ha sido suficiente para detener la mano impune de quienes siguen matando sindicalistas. Van cerca de tres mil, pero todavía les quedan muchos. Los grupos paramilitares -que oficialmente no existen- ya pusieron a trescientos más en sus listas mediante amenazas de muerte este año.
La ONU acaba de pedirle al gobierno colombiano que proteja de manera efectiva a las víctimas. Lo siguen estudiando a fondo.
A pesar de la propaganda en los medios, la cosa en la realidad no va bien. Eso le preocupa a mi ex compañero en la dirección de la CUT y actual Vicepresidente Angelino Garzón, quien afirmó en mayo «Si no cesan las amenazas y asesinatos contra los defensores de Derechos Humanos y líderes sociales, la política de Derechos Humanos del gobierno puede terminar siendo una farsa.»
Otra importante misión internacional acaba de salir de Colombia. Para variar encontró graves y masivas violaciones de los derechos humanos. Y las cosas pueden ir a peor, dijeron. No sólo por la gigantesca brecha entre ricos y pobres que crece a diario y es parte del paisaje colombiano. El conflicto afecta más a las mujeres, al menos medio millón han sido violadas. Hay entre 12 mil y 52 mil personas desaparecidas forzadas. Cinco millones de seres humanos fueron obligados a huir de sus hogares, 28 pueblos indígenas están al borde de la extinción. La peculiar democracia colombiana que abolió la pena de muerte hace un siglo, investiga el asesinato de 2.400 ciudadanos civiles ejecutados a mansalva para mostrar éxitos en la lucha contra las guerrillas. La mayoría de estos crímenes se cometieron siendo ministro de Defensa el actual Presidente, quien reafirmó -como si hiciera falta- su «compromiso indeclinable» con los derechos humanos.
Colombia continúa por la sangrienta y costosa senda de la pacificación a sangre y fuego iniciada hace medio siglo. Las marchas ciudadanas convocadas estos días respaldarían esa política. Lo curioso es que no se invita con igual fervor a movilizarse por la opción de la paz con justicia social, camino desechado de antemano por las élites criollas y foráneas que no mandarán a sus hijos al campo de batalla en las selvas del sur, pero se forran con esta guerra interminable.
La navidad está cerca, se nota. Nos llueven los regalos a pesar de la crisis europea. La «noche de paz, noche de amor» parece haber inspirado a la Fundación Manuel Broseta que acaba de adjudicar -en Valencia- el XX Premio de Convivencia al Presidente colombiano por su lucha en favor de la paz, la justicia, la convivencia.
Hace dos años, extasiada, doña Teófila Martínez entregaba al expresidente Uribe Vélez el Premio Cortes de Cádiz a la Libertad.
Para no quedarse atrás la Unión Europea firmó hace poco el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Las armas, municiones y aparatos de tortura «para la paz» las seguirán vendiendo al contado, o a crédito si fuese necesario, sobre todo sin necesidad de requisitos inútiles, como el de respetar los derechos humanos. ¡Para eso están los amigos¡ Y el acuerdo comercial es para que los colombianos tengamos más y mejor empleo, aclaran. ¡Menos mal, porque los maliciosos indígenas y campesinos colombianos siguen viendo en el acuerdo el vuelo rasante de los buitres listos al saqueo de sus tierras¡
Con la lista de los sindicalistas asesinados enfrente y abrumado por tantos avances en derechos humanos y por tanto premio y generosidad, me pregunto por mera cortesía Y aquí en España ¿a quién se le dan las gracias?
(*) Javier Orozco Peñaranda es ex-dirigente sindical colombiano, refugiado en España. Coordina el Programa Asturiano de Acogida Temporal de Sindicalistas Colombianos en situación de riesgo.
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