La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular Antioquia es un proceso social y político que articula diferentes organizaciones sociales y populares. Desde 2014 estableció una mesa de concertación y diálogo con la gobernación de Sergio Fajardo Valderrama para atender las problemáticas de desarrollo rural, educación, vivienda e infraestructura en Antioquia. Por esta razón con el […]
La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular Antioquia es un proceso social y político que articula diferentes organizaciones sociales y populares. Desde 2014 estableció una mesa de concertación y diálogo con la gobernación de Sergio Fajardo Valderrama para atender las problemáticas de desarrollo rural, educación, vivienda e infraestructura en Antioquia.
Por esta razón con el nuevo gobernador y según su plan de gobierno, desde comienzos de 2016, se ha buscado dar continuidad a la mesa. Pero lo que se ha encontrado es una respuesta reacia a la interlocución con las organizaciones sociales. Esto se evidenció una vez más el pasado 3 de noviembre cuando el Gobernador Luis Pérez dejó plantados a más de 70 delegados de la Cumbre de comunidades campesinas, pescadoras y barequeras. Esta fecha fue propuesta por la misma gobernación que había propuesto reactivar formalmente el espacio de interlocución y negociación entre la Cumbre Agraria y la gobernación de Antioquia.
La inasistencia del gobernador de Antioquia y del viceministro del Interior es un irrespeto a los procesos sociales que dan prioridad al diálogo para la construcción de la paz en la ruralidad; además de incumplir los acuerdos fijados, reitera la falta de voluntad de la administración departamental por atender las propuestas de las organizaciones sociales. Se agudizan mientras tanto la desigualdad social y los conflictos sociales en el departamento.
Esta situación contrasta con los discursos de la administración departamental que se ufana diciendo que es un gobierno por el campo. Además las propuestas de la gobernación están dirigidas hacia el desarrollo agroindustrial, lo cual dista de las propuestas de las organizaciones campesinas y la vocación de la ruralidad antioqueña, dejando al descubierto que esta administración desarrolla una estrategia de dilación ante la exigencia de diálogo por parte de las organizaciones sociales y populares, lo cual se suma a los incumplimientos en el orden nacional.
Dicha estrategia se hace aún más evidente al hacer un recuento de algunas situaciones que se presentaron durante el 2016:
- Al inicio del año, sin sostener una reunión previa, la secretaria de gobierno Victoria Eugenia Ramírez manifestó ante medios de comunicación locales que miembros del Ejército de Liberación Nacional estaban acudiendo a mesas de trabajo en algunos municipios para ser partícipes de discusiones sobre planes de desarrollo local. Este señalamiento fue hecho presumiendo, sin ningún tipo de pruebas, que líderes de diferentes organizaciones sociales son parte de esta insurgencia, y ello implica a organizaciones que hacen parte de la Cumbre Agraria Antioquia. Este tipo de señalamientos son la continuidad de la histórica estrategia estatal de estigmatización para evadir la responsabilidad de dar soluciones a las exigencias de comunidades rurales excluidas de la participación en el departamento. Aunque la Cumbre exigió inmediatamente una retractación pública de la secretaria de gobierno, ella nunca se dispuso a hacerlo dejando como verdad ante la opinión pública un mensaje cargado de mentiras y sin ningún sustento.
- Durante todo el año se han presentado hostigamientos y amenazas contra diversas comunidades del departamento, ante lo cual la administración departamental ha sido negligente, desconociendo los acontecimientos y con ello su deber y obligación constitucional de brindar garantías para la vida y el ejercicio de los derechos de la población. A esto se suma que la gobernación se ha ausentado e incumplido los compromisos de instalar la Mesa de Garantías en Antioquia, tal como lo han manifestado distintas organizaciones de derechos humanos que hacen presencia en el departamento.
- Durante mayo y junio se desarrolló la Minga Nacional, ejercicio de movilización y protesta impulsado por la Cumbre Agraria ante los incumplimientos del Gobierno Nacional. Frente esto el gobernador reaccionó emitiendo una circular hacia las alcaldías en la cual llamaba a que impidieran las legítimas acciones de protesta de las comunidades, dándole un tratamiento de guerra a las movilizaciones; que en algunos casos terminaron en enfrentamientos entre la población movilizada y las fuerzas militares. Vale la pena mencionar que en distintos puntos no sólo hizo presencia el Esmad y la Policía, sino también el Ejército, quienes obviamente no tiene como parte de su competencia afrontar este tipo de situaciones.
- Durante las últimas semanas Luis Pérez ha planteado que su propuesta para el escenario de post-acuerdos es la creación de vice-alcaldías militares, es decir que miembros de las Fuerzas Militares se desempeñen en cargos que deben estar en manos de civiles; un total absurdo ante las necesidades de construir garantías reales para una paz estable y duradera. Este tipo de propuestas reafirman que esta administración tiene una postura totalmente contraria a la de transitar hacia nuevas realidades para nuestro país y departamento que tanto sufrimiento ha padecido y aún padece.
Frente a los incumplimientos y la estrategia de dilación de la gobernación de Antioquia, la Cumbre Agraria Antioquia reafirma su voluntad de seguir impulsando la construcción unitaria entre organizaciones campesinas, étnicas y populares, articulando iniciativas que apunten a la búsqueda de cambios y transformaciones en beneficio de las mayorías de nuestro país, movilizándonos, exigiendo y confrontando las políticas extractivas de despojo y miseria para los territorios y las comunidades.
Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular
Regional Antioquia
Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article20553