A vueltas con el tipo único

Hay artículos de opinión que son mucho más que meros artículos de opinión. Quiero decir que los simples mortales si acaso expresamos lo que pensamos y nada más que a nosotros mismos comprometemos con nuestros juicios, pero hay opinantes que duermen tan a la sombra del poder que cuando opinan vaticinan tiempos venideros con muy escasa posibilidad de equivocarse. A éstos en Estados Unidos se les llama los intelectuales mandarines. No digo yo que contemos entre nuestros compatriotas con verdaderos mandarines; los nuestros son más bien diligentes encargados, pero el efecto es muy parecido.

Pondré un ejemplo muy cercano para que sepan ustedes a qué me refiero.

El sábado 3 de noviembre, Miguel Sebastián, infausto candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid en los últimos comicios municipales, publicó en El País un artículo de página completa titulado «El tipo único es más justo y eficiente». Todo el mundo sabe que Miguel Sebastián fue el director de la Oficina Económica del Gobierno de Zapatero y también todo el mundo conoce la cercanía del diario El País a un determinado sector del partido socialista.

Pues bien, el lunes 5 de noviembre, sólo dos días más tarde, un nuevo artículo a página completa, en esta ocasión en el periódico Público, vuelve a defender la aplicación del tipo único en el IRPF. Este artículo lo firma Amparo Estrada y se titula, con mayor desenfado, o más desfachatez, «Nos merecemos un tipo único», como si anunciase las rebajas de unos grandes almacenes o reclamara un osito de peluche en una caseta de feria. Tal vez Amparo Estrada sea menos conocida por el ciudadano medio que Miguel Sebastián, pero no es ni mucho menos una indocumentada. Se trata de la responsable del área económica de Público, fue redactora de Cinco Días y Expansión, y hasta el mes de julio directora de comunicación de la Agencia Tributaria. Lo que sí sabe ya mucha gente es que Público es el diario próximo al otro sector del PSOE, los del «fuego amigo» que decía Felipe González. Está claro que cuando hay que hablar de negocios en serio dejan de dispararse.

¿Verdad que no puede ser casualidad? ¿A que adivinan ustedes qué propuesta está madurando el PSOE para una futura reforma fiscal? Sí, lo han adivinado: la aplicación del tipo único en el IRPF. Y es que son como niños; se les ve venir a la legua cuando urden una trastada.

Y será el tercer o cuarto intento de vender la burra coja. Naturalmente, con los mismos argumentos de siempre, que no sabe uno si aburren por repetidos, indignan por desvergonzados o dan pena por idiotas. Yo diría que sobre todo lo primero y lo segundo, porque por idiotas nos toman a los demás.

En primer lugar, aunque no se trate propiamente de un argumento, está el romanticismo que toda innovación incomprendida por el rebaño de los insensibles atesora. Amparo Estrada, gastando sus buenas dosis de lirismo juvenil, califica nada menos que de «revolucionaria» la propuesta de tipo único que en su día lanzara Jordi Sevilla. En aquel entonces, antes incluso de que el PSOE llegara al poder, solamente el «miedo» y la pereza mental o la ira de la «vieja guardia socialista» impidieron que se siguiera adelante con ella, nos dice. Ahí tienen ustedes, pues, a un valiente Jordi Sevilla enfrentándose, cual Darwin resucitado, a los ancestrales prejuicios izquierdistas. Amparo Estrada, bien consciente de que la última reforma fiscal auspiciada por Pedro Solbes, como todas las anteriores tanto del PSOE como del PP, caminan poco a poco pero con firmeza a la destrucción de la progresividad del Impuesto de la Renta, acaba su artículo con un llamamiento a la audacia: «¿Haremos el camino a paso cansino o a zancadas?» ¡Enternecedor!

Va resultando ya irritante que ciertos sectores de la que se tiene por izquierda intenten pasar de contrabando ideológico, como si de grandes innovaciones se tratara, propuestas de la derecha de toda la vida, y últimamente provenientes por completo del neoliberalismo fundado por la Escuela de Chicago, de la que tan bien aprendió la lección Pinochet, antes que los mismísimos Ronald Reagan y Margaret Thatcher. El discurso es monótono y machacón: «bajar impuestos es de izquierdas», «privatizar servicios públicos puede ser de izquierdas», «no hay que hacer un dogma de la gestión pública», etc. Acabarán queriendo demostrarnos que la esclavitud es de izquierdas porque fomenta la «creación de riqueza» -otra expresión fetiche-, y, dado el nivel de algunos salarios, no les queda mucho. En este terreno, como en tantos otros de la vida, sucede lo que decía Antonio Machado, que «los novedosos apedrean a los originales». Mientras, los de derechas de siempre supongo que unas veces quedarán perplejos y otras se troncharán de la risa.

Hemos de reconocer que, en lo que se refiere a tono épico, Miguel Sebastián, en coherencia con su temperamento circunspecto, es bastante más discreto que Amparo Estrada. Se limita a dolerse de que algunos sectores de la izquierda se opongan al tipo único, lo que se le antoja «incomprensible». Pero tampoco ha de descorazonarse; con seguridad obtendrá el estímulo de los banqueros y los grandes capitalistas del país, y éste abriga mucho más que el de cuatro rojos desarrapados o «la vieja guardia socialista». Pero mucho más, dónde va a parar.

En el capítulo de los argumentos «serios», o por lo menos no literarios, también se vuelve a las andadas.

Se dice que un Impuesto de la Renta con un tipo único sería más sencillo para los ciudadanos, y esta noción de la sencillez constituye un misterio. Afirma Amparo Estrada que el conjunto de nuestro sistema fiscal es en exceso complejo, lo cual genera incluso un vicio de la democracia, en la medida que no sólo se dificulta a la ciudadanía el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, sino incluso la comprensión de cuál es la carga fiscal que ha de soportar. Y en esto tiene razón, sin duda. Pero es que aquí no hablamos del conjunto del sistema fiscal, sino de si es o no más sencillo el sistema de tipo único en el IRPF que el de varios tipos en una tarifa progresiva. Así que no nos vayamos por las ramas. ¿Por qué ha de ser más sencillo? Por muchos tipos que haya, a cada ciudadano con su concreto nivel de renta le corresponde sólo uno, y nada le añade o le quita de complicación que el resto de contribuyentes tributen por el mismo o por distinto tipo.

En todo caso, un sistema como el propuesto de tipo único con un mínimo exento es algo más complejo. Lo más sencillo para garantizar una determinada progresividad en lo que se paga es aplicar el tipo correspondiente a cada nivel de renta de forma directa. Sin que cada ciudadano tenga que hacer la operación de aplicar el tipo único a la parte no exenta de su renta y luego calcular qué porcentaje del total supone lo que paga para saber cuál es su grado de tributación. Aún así, como nosotros confiamos bastante más que Amparo Estrada en la inteligencia de nuestros conciudadanos, estamos absolutamente convencidos de que la inmensa mayoría sabe realizar una operación tan simple, y desde luego todos entienden una tabla de tipos impositivos distintos para cada volumen de renta: quien gana más un tipo más alto, quien menos, más bajo. Muy fácil, ¿verdad? Las complicaciones vienen usualmente por otros lados. Incluso podríamos añadir que parte de la complejidad del sistema actual reside en que es una mezcla del progresivo puro y del de tipo único, encontrándose más cerca de éste de aquél.

Aparte de esta noción vaga de la simplicidad, nos asegura Amparo Estrada que, en contra de lo que aducen los izquierdistas llenos de prejuicios, el tipo único con un mínimo exento mantendría la progresividad de la tarifa del IRPF. Y, para demostrarlo, nos reproduce una tabla en la que se realiza una simulación de los porcentajes de impuesto que habrían de pagar ciudadanos con distintos ingresos para el caso de que el tipo único se fijara en el 30 % con un mínimo exento de 12.000 euros, que fueron las cifras que en su día manejó la Oficina Económica de Moncloa. He aquí:

El efecto progresivo del tipo único

A poco que uno reflexione se dará cuenta de que aquí hay gato encerrado. Si se limitara el objetivo a que se recaudasen en cada nivel de renta los porcentajes fijados en la última columna, ¿no sería más «sencillo» aplicar directamente tales porcentajes como tipo impositivo? Es natural que Amparo Estrada, que cree que los ciudadanos somos tan zopencos que no entendemos lo que es un porcentaje, confíe en que no vayamos a fijarnos en las cantidades que escribe. Pero es ahí donde está la trampa. Quien se moleste en comparar los porcentajes con los volúmenes de pago del actual IRPF (ya muy aguada su progresividad tras sucesivas reformas fiscales, la última de las cuales redujo los tramos a cuatro, con un mínimo exento de 9.000 euros, y volvió a bajar el tipo marginal más alto), verá que el porcentaje de pago es inferior en todos los volúmenes de ingreso. Pero sobre todo muy inferior en los casos de rentas más elevadas, para las que la ley actual fija un tipo marginal máximo del 43%, y que quedaría en un porcentaje de pago sobre la renta del 27,6%. ¡Y hablamos de 150.000 euros de ingresos al año, más de dos millones de pesetas mensuales!

Amparo Estrada se apresura a aclararnos que se podría aumentar o reducir la progresividad del impuesto tanto como se quisiera jugando con variaciones del tipo único o del mínimo exento. Es una excusa bastante pobre. Si en su día la Oficina Económica del Gobierno manejó unas determinadas cifras fue porque perseguía un cierto nivel de recaudación, salvo que se crea que lo sustancial del sistema no es lo que se paga de impuestos y lo que se recauda, sino cómo se hacen las cuentas. Y el mito de la sencillez ya ha quedado descartado. Pero hagámosle caso y llevemos a cabo un par de simulaciones nosotros, que aun no alcanzando las vertiginosas cumbres intelectuales de Amparo Estrada también sabemos hacer nuestras sumas y restas.

Imaginemos que, manteniendo el tipo único del 30%, hacemos descender el mínimo exento a 5.000 euros en un caso o lo incrementamos hasta 20.000 euros en otro. Me doy cuenta de que se trata de variaciones demasiado bruscas y poco previsibles en una futura reforma fiscal real. La idea, no obstante, es que observemos con mayor nitidez las tendencias que aparecen:

Tipo único de 30% y mínimo exento de 5.000 euros

Tipo único de 30% y mínimo exento de 20.000 euros

Si ahora comparamos las tres tablas, deteniéndonos en la última columna de cada una de ellas, vamos a descubrir varios detalles de interés. Cuando aumentamos el mínimo exento, se incrementa la progresividad del impuesto, es decir, las diferencias porcentuales entre lo que pagan los distintos niveles de renta. Ahora bien, el incremento es más bien modesto y a partir de los 50.000 euros de ingresos prácticamente inexistente. Sin embargo, sí que se produce otro efecto notable, que es el lógico y muy significativo descenso de la recaudación: se paga menos en todos los niveles de renta. Aparte de que, desde luego, una reforma que eximiera del pago los ingresos hasta 20.000 euros, cantidad bajo la que se sitúan la abrumadora mayoría de salarios de nuestro país, provocaría un brutal desplome de lo recaudado. De hecho, el mínimo exento con el que en su momento se especuló de 12.000 euros ya es notablemente generoso, como también entonces se dijo. Y éste es el secreto que Amparo Estrada, que nos tiene por cándidos, pensaba que no íbamos a desvelar. No se puede alegar que cabe variar el límite exento para elevar la progresividad del impuesto cuanto se quiera, porque ya se estaba fijando en el friso a partir del cual la reforma fiscal resultaría inviable.

Si, por el contrario, bajamos el mínimo exento, el efecto es, por supuesto, el opuesto: se recorta drásticamente la progresividad. Fíjese el lector en que en el caso de un mínimo de 5.000 euros apenas hay una diferencia de 12,5 puntos porcentuales entre lo pagado por el primer y el último nivel de renta, existiendo en cambio una distancia de ingresos de ¡138.000 euros! Y en los últimos tramos apenas muda el porcentaje impositivo en décimas. Aún más, para los ingresos más bajos, que no alcanzan ni a «mileuristas», el impuesto se convierte en abiertamente confiscatorio. Es el modelo feudal (o «revolucionario», según el peculiar lenguaje de Amparo Estrada): pagan impuestos solamente los pobres.

No vamos a ir casilla por casilla; el lector puede distraerse en realizar sus comparaciones. Nosotros sí que, a diferencia de la autora, confiamos en su talento para hacerlo. Finalmente alcanzará otra conclusión importante: desciende mucho más la recaudación de lo que aumenta la progresividad del impuesto al subir el mínimo exento y, a la inversa, asciende sensiblemente menos la recaudación de lo que cae la progresividad al bajar el mínimo exento. ¿Qué quiere decir esto? Que la tendencia de un sistema de tipo único será siempre a cargar los aumentos de recaudación del Estado sobre los más pobres y a premiar con los descensos sobre todo a los más ricos, con la consecuencia previsible, en el último caso, de empeoramiento de servicios públicos por carencia de financiación. Para ser todavía más claros: que paguen más los más pobres y menos los más ricos y de paso desaparezcan recursos económicos para sostener los servicios públicos, lo que abre vía libre para más privatizaciones. ¿Será capaz de entenderlo Amparo Estrada, o habrán de explicárselo con mayor detenimiento los ciudadanos corrientes?

Demás está añadir que las tendencias descritas serán idénticas fuere cual fuese el tipo único elegido, porque en su naturaleza está ser, cabalmente, único. Ello sin perjuicio de que, desde luego, tampoco el tipo es una variable con la que jugar con total libertad. Por lo menos en una economía de verdad, o sea fuera de la original imaginación de Amparo Estrada.

Pero es que la pérdida de progresividad del IRPF con un tipo único estaba clara para todo el mundo. Quizá por ello Miguel Sebastián no intenta demostrar en su artículo lo indemostrable. Sí adujo esa supuesta progresividad hace años, al unísono con Jordi Sevilla, pero parece que ahora ha decidido no intentar atracar a los niños a la salida del colegio, como lo hace Amparo Estrada. Las razones de Miguel Sebastián son de bastante más peso, al tiempo que extraordinariamente más estremecedoras, sobre todo si uno se figura -que es mucho figurarse- que Miguel Sebastián es de izquierdas.

En primer lugar, recurre a la jeremiada que también empleó Jordi Sevilla, con un tono indecentemente populista (éste sí que es populismo del malo y no lo de Hugo Chávez), de quejarse de que el IRPF grave esencialmente las rentas del trabajo en relación de clara desventaja con las rentas del capital. Le parece al antiguo asesor del BBVA desorbitado que se considere «ricos» al diez por ciento de contribuyentes que declaran ganar más de 3.250 euros brutos al mes en el IRPF, y aberrante que se vean como muy ricos a quienes integran el uno por ciento que declaran alcanzar los 8.250 euros brutos al mes. «Conozco a muchas personas en ese tramo de renta -dice- y les puedo asegurar que ninguno de ellos tiene un yate ni un chalé de lujo». Quienes tienen yates y chalés de lujo, denuncia, no declaran ni mucho menos obtener ese volumen de ingresos. Con lo que se produce la visible injusticia de que la mayor carga fiscal del IRPF recaiga sobre la clase media asalariada (los de 8.250 euros brutos al mes, por poner un ejemplo).

Se nos ocurre que a Miguel Sebastián le podría convenir ampliar su círculo de amistades. Porque cerca de veinte millones de personas en este país no llegan a ganar 1.000 euros mensuales, y tener tantos conocidos entre los de más de un quilo al mes podría distorsionar su visión de la realidad. Pero sin duda es cierto que la tributación de las rentas del capital es mucho más ventajosa que la de las rentas del trabajo y constituye una sima por la que se cuelan miles de millones de euros al margen del fisco. Lo que no nos aclara Miguel Sebastián es por qué esto es así ni de qué manera podría eliminar esa injusticia el tipo único en el IRPF. Sin embargo, el economista Juan Francisco Martín Seco se lo recordó a Jordi Sevilla en su momento (El Mundo, 13/06/2001). El origen del mal se halla en la reforma fiscal que casualmente el PSOE puso en marcha en 1988 y también en la de 1991, concediendo un trato de favor a las plusvalías, que el PP completó en 1997 nada más llegar al poder y que el posterior gobierno de Rodríguez Zapatero no sólo no ha corregido sino que ha afianzado. La última reforma de Pedro Solbes da un paso más en el proceso de crear un Impuesto de la Renta dual, con una tarifa cada vez menos progresiva para las rentas del trabajo y un tipo proporcional mucho más bajo para las rentas del capital, las llamadas «rentas derivadas del ahorro», esto es, desde los dividendos empresariales o los beneficios accionariales hasta los planes de pensiones, la vivienda o la cuenta corriente (Juan Francisco Martín Seco, Estrella Digital, 02/02/2006). Si la injusticia es ésta, ¿por qué no suprimir los privilegios de la tributación de las rentas del capital y crear un impuesto que grave por igual todos los ingresos de forma progresiva, independientemente de su origen, o incluso beneficiando a los procedentes del trabajo? ¿No sería esto más sencillo, con lo cual lograríamos además la calurosa felicitación de Amparo Estrada, tan amante ella de lo fácil? Pues no, de esto no se habla.

Y aun tendríamos que considerar el conjunto del sistema fiscal, sin quedarnos solamente en el IRPF, para determinar al completo su justicia o injusticia. Así lo hace Miguel Sebastián en el primer párrafo de su artículo, atreviéndose a realizar una afirmación que compartimos de todo corazón: «Nuestro sistema fiscal no es progresivo -asegura gallardamente-, es decir, no es cierto que paguen una mayor proporción de su renta los que más ganan. De hecho, es proporcional o ligeramente regresivo». Más que «ligeramente», querríamos matizar. Pero bástenos con lo dicho, que ya es mucho.

Después de semejante declaración, si fuésemos tan ingenuos como nos presume Amparo Estrada, podríamos esperar que el autor se desmelenase por fin y confesara las injusticias más fragrantes del sistema: las rebajas incesantes del Impuesto de Sociedades, es decir, de la tributación de las empresas, en las que compiten el PSOE y el PP en una carrera inmoral para ver quién concede más prebendas fiscales a los capitalistas (téngase presente que la constitución de falsas sociedades para ocultar las grandes fortunas es uno de los más espectaculares agujeros de fraude fiscal de nuestro país); la profusión de impuestos indirectos, los que pagamos todos por igual, en detrimento de los directos, así como de impuestos al consumo como al tabaco o al alcohol amparados en sedicentes objetivos de cuidado de la salud pública; las reducciones constantes del Impuesto de Patrimonio, ahora en manos de las comunidades autónomas, que han iniciado, empezando por la de Madrid, la subasta a la baja, exactamente igual que con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones… En fin, tajo para empezar a acabar con las injusticias del sistema fiscal español es lo que no falta. Pues tampoco, de tales injusticias, de las que son responsables casi a partes iguales el PSOE y el PP, que en materia fiscal se parecen como dos gotas de agua, ni una palabra. Lo que a Miguel Sebastián se le aparece como apremiante necesidad es crear un tipo único para el IRPF. Ahora bien, el motivo por el que destruir los últimos rastros de progresividad del Impuesto de la Renta va a hacer que la totalidad del sistema fiscal sea más progresivo habrá de formar parte de los secretos de la Virgen de Fátima. Es como un diabético que intentase paliar una subida de azúcar devorando una bandeja de pasteles de nata.

Pero ¿realmente es objetivo de las propuestas de Miguel Sebastián que se logre un sistema fiscal progresivo, lo que por cierto es un mandato del artículo 31 de la Constitución de 1978, descaradamente incumplido como tantos otros? La intención no deja de declararla, pero cuesta creer que esa sea su fundamental preocupación, cuando su única sugerencia, la del tipo único, tiene el efecto contrario, y más aún cuando hacia la mitad del artículo inopinadamente niega que los impuestos deban tener como meta la redistribución de la riqueza. Con lo que suponemos que Keynes se habrá removido en su tumba (de Marx, después de lo llovido, mejor no hablamos).

Y aquí habíamos de acabar; ésta es la madre del cordero. Miguel Sebastián, repitiendo por lo demás una idea que ya expuso al poco de entrar a asesorar a Rodríguez Zapatero en materia económica, considera que los tributos no deben perseguir ni pueden lograr ninguna redistribución de las rentas. Es el gasto público y no los ingresos el que redistribuye la renta, dice. Aquí está el meollo. De esta forma derriba el pilar central de constitución del Estado de Bienestar social, que se basaba además en un principio esencial de la socialdemocracia.

Que la opinión de Miguel Sebastián sea «revolucionaria», en el significado delirante que Amparo Estrada da a esta palabra, no sabremos decirlo nosotros. De lo que no cabe duda es de que la originalidad no es su virtud. Si acudimos a la lectura de la obra clásica del neoliberalismo «Libertad de elegir», de Milton y Rose Friedman (RBA Editores, 2004), publicada por primera vez hace ya casi treinta años, nos sorprenderán las coincidencias. También los Friedman negaban la capacidad redistribuidora de la riqueza del Impuesto sobre la Renta y su progresividad. «La ley tiene tantas vías de evasión, tiene tantos privilegios especiales, que los tipos altos son prácticamente como simples adornos», aseguraban. Miguel Sebastián nos diría hoy que los tipos altos acaban pagándolos solamente sus amigos con salarios superiores a 8.250 euros mensuales. ¿Y qué proponen los Friedman para atajar ese mal del impuesto?, ¿acaso perseguir con mayor eficacia la evasión fiscal y suprimir los privilegios especiales? En absoluto. «Un tipo bajo único -menos de un 20%- sobre todos los ingresos por encima de las exenciones personales (léase hoy aquí mínimo exento), sin deducciones excepto para los estrictos gastos profesionales». Aquí tenemos en esencia el tipo único con un mínimo exento presentado por los padres del neoliberalismo hace treinta años. Incluso en la virtud de la simplicidad repararon ellos. «Los únicos perdedores serían los abogados, los contables, los funcionarios y los legisladores, que deberían dedicarse a actividades más productivas que la cumplimentación de los formularios de declaración», ironizaban.

Pero es que además los Friedman exponían como anexo de su libro el programa del partido socialista (¿la «vieja guardia socialista»?) al que ellos se enfrentaban por considerarlo catastrófico para la economía. ¿Cuál era la propuesta central del programa fiscal socialista? A saber: «Aumento de la presión fiscal en los niveles de rentas elevados, las rentas de las sociedades y sobre las herencias, empleándose los ingresos obtenidos en pensiones a la vejez y en otras formas de seguridad social».

¿En qué consiste, pues, la «revolución» de Amparo Estrada y Miguel Sebastián? Ni más ni menos que en abandonar la política fiscal socialdemócrata y aceptar como propia la del neoliberalismo, la política que inspiró los gobiernos de Ronald Reagan y sus sucesivas contrarreformas fiscales, así como las emprendidas por el gobierno actual de George W. Bush, y desde luego la política de «capitalismo popular» de Margaret Thatcher. Es algo que ya sabíamos de nuestros ultraliberales del PSOE, pero que en esta ocasión podemos demostrar de una forma asombrosamente concreta.

Atendiendo a este hecho se comprende el verdadero sentido del principio teórico enunciado por Miguel Sebastián de buscar la redistribución de la riqueza por el gasto público y no por los impuestos (esa «vieja pretensión de la izquierda» que ahora él sustituye por otra vieja pretensión, pero de la derecha).

Pero ¿cómo redistribuyen la renta los gastos públicos sin un sistema fiscal progresivo y a su vez redistribuidor? Miguel Sebastián hace una mención de pasada a los derechos universales de educación, sanidad, pensiones y otros, y aprovecha la ocasión para atribuir el mérito de tales logros sociales a los gobiernos de Felipe González de los años ochenta. Tales derechos, dice, «mejoran tanto la igualdad de oportunidades como la movilidad social, sin perjuicio para la eficiencia económica y el crecimiento».

Aquí, sin embargo, nos intenta hacer una trampa argumental un tanto desvergonzada. Podríamos admitir que en la primera mitad de la década de los ochenta se empezaron a sentar las bases de una trama de servicios públicos esenciales para la comunidad como la educación o la sanidad. Atribuya Miguel Sebastián si quiere el mérito de lo poco o mucho conseguido -nosotros pensamos que más bien escaso- a su partido político. Pero el asentamiento de tales servicios públicos fue posible porque simultáneamente se comenzó a crear un sistema fiscal redistribuidor, cuyo eje era un Impuesto de la Renta con una tarifa fuertemente progresiva, y se aumentó de forma sustancial la presión fiscal y con ella el volumen de ingresos públicos. Cuando, a finales de los años ochenta, sin haber alcanzado ni de lejos nuestro país el grado de bienestar social propio de un Estado moderno, el mismo PSOE se aplica a desmantelar lo poco hecho y a privatizar los servicios públicos, también inicia el proceso de sucesivas reformas fiscales que suprimen los elementos de progresividad que se habían instaurado hasta ese momento. Es decir, que la experiencia de nuestro país demuestra que un sistema fiscal fuertemente progresivo orientado a la finalidad de redistribuir la riqueza es inseparable de la existencia de unos servicios públicos universales y de calidad. Y, a la inversa, la renuncia a la redistribución de la riqueza por medio de los impuestos lleva aparejada necesariamente la destrucción de los servicios públicos. En realidad, la redistribución de la riqueza es el efecto combinado de garantizar los derechos económicos y sociales elementales a toda la ciudadanía por los poderes públicos, financiándolos con un sistema tributario que haga pagar principalmente a quienes disponen de mayores ingresos. Es el efecto combinado, pues, de ingresos y gastos públicos. Segregar ambos es una argucia reaccionaria, impropia incluso de un socialdemócrata. Miguel Sebastián no explica en ningún lado de dónde han de salir mágicamente los recursos para esos gastos que paliaran las diferencias de riqueza de la sociedad.

Más adelante averiguamos el motivo. Y aquí llega el momento estelar del artículo. Cuando Miguel Sebastián se refería a los gastos públicos, no estaba pensando en realidad en servicios públicos universales y de calidad, sino en ayudas directas, esto es, el pago de dinero en efectivo a los ciudadanos. ¡Pero si esto es el sistema de bonos propuesto por Milton y Rose Friedman hace tres décadas! ¿Llegaremos a la propuesta del Impuesto negativo sobre la Renta ofrecida como novísima panacea?

El ejemplo escogido por el autor merece premio al ingenio, o al humor. «Las ayudas directas son, de hecho -nos dice-, mucho más redistributivas que los impuestos. El cheque-bebé de 2.500 euros impulsado por el presidente del Gobierno estaría en esta categoría. Es progresivo porque 2.500 euros para una familia millonaria apenas supone nada, pero sí es mucho para una familia que gane 2.000 euros al mes». Sí, sí, yo también tuve que leerlo cinco veces para creérmelo, pero les aseguro que es esto lo escrito por el profesor Miguel Sebastián.

Es decir, que renunciamos a reducir las diferencias de riqueza existentes en nuestro país por medio de un sistema fiscal progresivo, luego pagamos la misma cantidad por nacimiento de hijo a todas las familias que lo tengan, sean ricos o pobres, y la renta quedará milagrosamente redistribuida. No porque se acorte de verdad la diferencia de riqueza, naturalmente, ya que les estamos dando la misma cantidad independientemente de sus ingresos, sino porque al millonario le parecerá una nadería y al pobre de solemnidad un Potosí. Miguel Sebastián debería reconocer que no busca la redistribución de la renta, sino la simple sensación subjetiva de salir de la miseria. Y redondearía brillantemente su exposición añadiendo aquello de que los pobres con poca cosa se conforman.

Y ya enfilados por la senda de la reforma audaz, ¿por qué no globalizamos la iniciativa? ¿Qué mejor forma de acabar con el hambre en el mundo? Démosle a todas y cada una de las personas de la Tierra un bocadillo de longaniza del mismo tamaño, igual a un niño a punto de perecer de inanición que al multimillonario George Soros. Éste último tirará el bocadillo con desdén al cubo de la basura, pero para el niño hambriento será un manjar nunca visto. El problema, claro, es que seguramente tendrá tan dañado el estómago que no podrá ni masticarlo. Y, de la misma forma, de poco le servirán los 2.500 euros a unos padres de escasos recursos si no existen guarderías públicas a las que llevar a sus hijos y tienen en cambio que trabajar los dos durante todo el día para poder llegar a fin de mes, si no pueden facilitarle a su vástago una educación de calidad debido al proceso vertiginoso de privatización de la enseñanza, si no disponen de sanidad pública o no hay un parque de vivienda pública de alquiler que les asegure un alojamiento digno. Todos aquellos servicios públicos que solamente son posibles financiados con impuestos progresivos, con un sistema fiscal basado en el principio de redistribución de la renta. Y así volvemos al principio.

En fin, bien podríamos decir que si ésta defendida por Miguel Sebastián fuera a ser la política económica de un futuro gobierno socialista tras las próximas elecciones generales, y un trabajador de izquierdas se viera forzado a elegir entre el PSOE y el PP la opción que mejor representara sus ideas y aspiraciones, tendría que jugárselo al cinquillo.

Más nos vale que llegue a organizarse, cuanto antes mejor, una verdadera alternativa de izquierdas a ambos.