Las administraciones competentes siguen desatendiendo sanitaria y socialmente a los afectados
Los enfermos mentales se siguen hacinando en los centros penitenciarios donde malviven con la doble condena de estar enfermos e indefensos en un lugar que no les corresponde y que no está preparado para albergarlos.
De los 15.500 internos andaluces, alrededor de 1.250 presos padecen enfermedades mentales graves y unos 6.200 trastornos mentales y de la personalidad. La mayoría de ellos se encuentran en prisión porque no existe ningún otro recurso comunitario para ellos, y su paso por tan duro ambiente agrava en prácticamente todos los casos sus patologías. La prisión, por tanto, se convierte en un sustitutivo inapropiado para estos enfermos ante la inexistencia de recursos asistenciales, mostrando el gran fracaso que como sociedad tenemos en esta materia.
La Junta de Andalucía no está actuando para prestarles la adecuada atención sanitaria, social, y menos aún facilitando su integración en la sociedad. La escasez de recursos no justifica dejar que los enfermos mentales se pudran en prisión. Los recursos se distribuyen según las necesidades, y a los políticos parece importarle muy poco estos enfermos. La Junta se comprometió a elaborar un estudio y a estudiar una intervención eficaz y global, no como hasta ahora que se realiza con unos pocos afortunados y de forma puntual.
La administración penitenciaria, Ministerio del Interior, por su parte reduce su presupuesto de gastos sanitarios y medicamentos en prisiones en el 7,83 %.
La media de población reclusa a la que atienden es de 1.500 a 1.800 presos en cada prisión, por lo que resulta obvio que lo más que llega la asistencia es a la prescripción farmacológica, que además se ha visto mermada.
La coordinación existente entre ambas administraciones, servicios médicos de las prisiones y salud mental del Servicio Andaluz de Salud (aparte de la voluntariedad de algún profesional) sigue siendo muy escasa, y con los servicios sociales, nula, por lo que al salir de prisión quedan abandonados a su suerte. Si no disponen de acogida y medios estos enfermos pueden encontrarse, literalmente, tirados en la calle.
Los recursos socio-sanitarios específicos en Andalucía, como la rehabilitación para recuperación de habilidades sociales y de inserción social y laboral en régimen ambulatorio, programas residenciales, programas ocupacional-laborales, programa de ocio tiempo libre, no se dispensan a las personas enfermas de las prisiones ordinarias (excepto en el módulo terapéutico de Albolote).
Se incumple así el convenio del año 2.006 que obliga a la Junta de Andalucía a trabajar en la excarcelación los mismos y a la derivación a recursos comunitarios adecuados. Hoy en día el convenio, tras cinco años, sigue sin aplicarse y los recursos comunitarios adecuados sin crearse ni reflejarse en las previsiones presupuestarias. Lo más vergonzoso es que todas las Administraciones implicadas, y a pesar de estar obligadas normativamente a asistir a estos enfermos andaluces, cuando son preguntados en el Parlamento por los motivos por los que no ejecutan dicho Convenio, manifiestan sin ningún pudor que los presos andaluces que padecen enfermedades mentales no son su competencia: es del Ministerio del Interior. Y para terminar de cerrar este círculo de evasión de responsabilidades, Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior responde que la atención especializada y hospitalaria de los internos no es competencia suya sino de los servicios de salud de cada una de las Comunidades Autónomas.
A pesar de todo ello, hoy, día Internacional de la Salud Mental, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, intentará vender la idea de lo mucho que se desvive por este colectivo y lo prioritario que es para su administración.
Asociación ProDerechos Humanos de Andalucía (APDHA)