Rubén Jerez, abogado de la cineasta chilena Elena Varela, vinculada por la justicia a dos robos con homicidio como integrante de un grupo insurgente, afirmó este viernes que su defendida es víctima de un «montaje del Estado», porque realizaba un documental sobre el pueblo mapuche. «Este es un montaje donde han participado todas las instancias […]
Rubén Jerez, abogado de la cineasta chilena Elena Varela, vinculada por la justicia a dos robos con homicidio como integrante de un grupo insurgente, afirmó este viernes que su defendida es víctima de un «montaje del Estado», porque realizaba un documental sobre el pueblo mapuche.
«Este es un montaje donde han participado todas las instancias del Estado: policías, el ministerio público (fiscalía), la justicia y el Ministerio del Interior», declaró a IPS Jerez, defensor de la directora que se encuentra en prisión preventiva hace casi dos meses en el Complejo Penitenciario de Rancagua, región de O’Higgins, 85 kilómetros al sur de Santiago.
«Aquí hay una impunidad, un silencio y una complicidad, que hace que haya gente que tenga miedo, al igual que en los tiempos de la dictadura militar (1973-1990). ¿Miedo de qué? De investigar, de hacer historia, de reconstruir nuestra memoria y eso es muy grave para un país donde ocurrieron tantas atrocidades», añadió el jurista.
Jerez, quien comparte la defensa de Varela junto al reconocido abogado defensor de los derechos humanos Hugo Gutiérrez, realizó estas declaraciones a IPS luego de ofrecer una conferencia de prensa junto a la dirección de la Asociación de Documentalistas de Chile (ADOC) y de la Plataforma por la Libertad de Expresión y Creación, nacida para apoyar a Varela.
La cineasta, música y gestora cultural, destaca por su trabajo con niños y jóvenes y por su opción por rescatar la lucha de los movimientos sociales, fue detenida el 7 de mayo en su domicilio de la comuna de Villarica, región de la Araucanía, 670 kilómetros al sur de la capital chilena.
Varela es acusada de planificar dos robos (perpetrados en 2004 y 2005), reclutar a los asaltantes y luego ocultarlos, como parte de una célula del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), grupo insurgente creado en 1965 y casi arrasado por la represión de la dictadura del hoy fallecido Augusto Pinochet.
Pero el fiscal a cargo del caso, Servando Pérez, aún no señala cuándo, dónde y cómo ocurrieron los hechos imputados, reclama Jerez. La única prueba, hasta el momento, sería el testimonio oculto de un testigo anónimo, apunta.
El montaje, según la defensa, habría tenido como objetivo la incautación de más de 300 cintas de dos documentales que Varela preparaba al momento de su detención.
Se trata de los títulos «Newen Mapu Che» (Fuerza de la Gente de la Tierra), que aborda en terreno las reivindicaciones del pueblo mapuche, la principal etnia indígena del país, y «Sueños del Comandante», que investiga el exterminio de miembros del MIR en la localidad de Neltume por parte de agentes represivos.
Ambos filmes recibieron financiamiento estatal y no tendrían nada que ver con los hechos imputados, según los abogados de Varela, quien se declara inocente de todos los cargos. «Elena se siente presa política por hacer dos películas que el Estado siente que son conflictivas, peligrosas», dijo Jaime Díaz, de la ADOC.
En este contexto, Mauricio Durán, productor del documental «Newen Mapu Che», aseguró que las armas de fantasía y la bandera del MIR incautadas a Varela habían sido utilizadas en una de las grabaciones del filme. En algunas entrevistas, el fiscal del caso ha comentado que las cintas están siendo analizadas por la policía de investigaciones de Santiago, sin descartar que puedan ser utilizadas para abrir nuevas causas, por ejemplo, contra mapuches prófugos de la justicia entrevistados por Varela.
«Creemos que es una extraña coincidencia que los materiales estén siendo revisados por la policía de investigaciones de Chile y que en la mañana del sábado 21 de junio, en el sector de Pidima, comuna de Ercilla, región de la Araucanía, la comunidad (mapuche) José Guiñón haya sido violentada con un allanamiento realizado por Carabineros, bajo el pretexto de buscar un caballo pura sangre robado», dice un comunicado de ADOC.
Según el documento, también firmado por la Plataforma Audiovisual y la Plataforma por la Libertad de Expresión y Creación, algunos miembros de la comunidad afectada fueron entrevistados por Varela.
Para los documentalistas, la revisión y manipulación de estas filmaciones con fines policiales y de inteligencia constituyen una violación a la libertad de expresión y al secreto profesional que ampara a las fuentes periodísticas.
Coincidentemente, la tesis del montaje fue levantada últimamente por el ex juez Juan Guzmán Tapia, quien defendió en calidad de abogado a Héctor Llaitul, un comunero mapuche que después de estar más de un año en prisión preventiva fue absuelto del delito de incendio.
Jerez denunció también una serie de otras irregularidades supuestamente cometidas en estos dos meses de proceso judicial, como interrogatorios sin presencia del abogado defensor, denegación del derecho a hablar en una audiencia y la obligación de estampar sus huellas digitales en registros «con origen y destinos desconocidos», entre otros.
En tanto, el abogado Gutiérrez interpuso una denuncia por torturas contra el fiscal Servando Pérez y dos funcionarios de la policía de investigación en el Juzgado de Garantía de Rancagua por los apremios que le habrían causado a Varela durante su detención.
Desoyendo todas estas denuncias, el jueves la Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad un recurso de protección presentado a favor de Varela para que se le concediera la libertad provisional. De esta forma, confirmó la decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
Por ello, la defensa de Varela presentará la próxima semana un recurso de reclamación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. En ese ámbito «vamos a decir que en Chile se vulneran los derechos humanos, principalmente en lo que dice relación con las garantías judiciales».
«¿Por qué es importante eso? Porque después de que desaparecen las garantías judiciales, como la presunción de inocencia, el derecho a tener un defensor, a ser oído, a conocer las pruebas y a conocer a los acusadores, desaparecen los derechos de fondo, desaparece la libertad. Y después de que desaparece la libertad, empiezan a desaparecer las personas. Este es un camino sin retorno», alertó.
Es «muy legítimo que la gente que ha trabajado con ella le manifieste su apoyo desde el punto de vista de su categoría de documentalista. Pero para el gobierno en realidad no hay mucho que podamos decir, porque está en el marco de la investigación judicial», dijo el 3 de este mes el subsecretario del Interior, Felipe Harboe.
«Me junté con los documentalistas, me manifestaron sus problemas y ellos quieren una reivindicación mayor, que es un tema más de fondo, que los documentales o los documentos filmográficos no puedan ser incautados por las policías, en el marco de procedimientos policiales y para eso se requiere de una modificación legal», planteó el funcionario.