El Dr. Ramiro Orjuela, abogado defensor de derechos humanos y de presos(as) políticos(as) en Colombia, denuncia agudización de violaciones del derecho a la vida de niños y niñas en los departamentos de los Llanos Orientales, detenciones arbitrarias y toda clase de vejámenes contra líderes campesinos que organizaron la audiencia pública sobre fosas comunes realizada el […]
El Dr. Ramiro Orjuela, abogado defensor de derechos humanos y de presos(as) políticos(as) en Colombia, denuncia agudización de violaciones del derecho a la vida de niños y niñas en los departamentos de los Llanos Orientales, detenciones arbitrarias y toda clase de vejámenes contra líderes campesinos que organizaron la audiencia pública sobre fosas comunes realizada el 22 de julio 2010 en el municipio de la Macarena, Meta.
A raíz de las graves denuncias y la situación terrible del asesinato de niños en Arauca por parte de miembros del Ejército, según las acusaciones y las evidencias que hasta el momento se tienen, queremos decir que no es el único caso. En el Llano de Vistahermosa, Meta, por ejemplo, tenemos el caso de dos niños de 15 años, Yeiler Andrés Cubides y José David Vaquero, que el 22 de junio de 2006 fueron desaparecidos por el Ejército y asesinados. Después fueron enterrados como N.N. en el cementerio de Granada, Meta y reportados como guerrilleros dados de baja en combate. Estos niños eran campesinos que se dirigían por la vereda y el Ejército los detuvo y los asesinó. Para ese caso, en este momento, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía ya dictó medida de aseguramiento contra un capitán, un sargento y varios soldados que participaron en este horroroso crimen. Es de anotar que dentro de las tropas del Ejército andaba con ellos un encapuchado que resultó ser un miembro de los grupos paramilitares de la región, que está plenamente identificado.
Hace apenas dos meses, en Vistahermosa también, un niño de quince años fue muerto por el Ejército cuando circulaba también por la vereda. Tenemos impunidad total en más de 50 casos de falsos positivos sólo en la región del Bajo Ariari y San José del Guaviare, pero tenemos también casos de desaparición, desplazamiento, y denunciamos que se ha agudizado la represión contra defensores de derechos humanos a raíz de las gravísimas denuncias que se hicieron en la audiencia pública de La Macarena que se realizó el 22 de julio, donde ya dos de los principales dirigentes de los campesinos están presos, fueron judicializados, otro de los denunciantes sufrió desplazamiento y varios de los dirigentes campesinos están bajo amenaza.
En cuanto a los asesinatos de niños por parte del Ejército, así el Gobierno quiera presentarlos como casos aislados, tenemos que decir que es reiterativo. De no ser por la denuncia de los defensores de derechos humanos el caso de Arauca hubiera quedado en la impunidad, encubierto por el manto que protege a los miembros del Ejército, que entre ellos se tapan todos los crímenes, a través de investigaciones parcializadas, o «investigaciones» que hace la Justicia penal militar, que es una forma de garantizar la impunidad contra crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército.
En cuanto a los más de siete mil presos políticos en Colombia, se sigue con la práctica nefasta de las capturas masivas y reiteramos nuestra denuncia, en el sentido de que dos de nuestros compañeros campesinos fueron capturados, y tenemos información de que hay once órdenes de captura más contra los dirigentes campesinos defensores de derechos humanos de la región de La Macarena. Esta práctica se sigue incrementando también en otras regiones del país a través de montajes a los que desgraciadamente, algunos fiscales otorgan plena credibilidad a las versiones de testigos que son pagados en muchas ocasiones, y que prácticamente se convierten en testigos de oficio, o sea, testigos profesionales para declarar en contra de los dirigentes populares y de los dirigentes campesinos. En este momento calculamos que en Colombia hay cerca de siete mil detenidos políticos, entre los cuales se encuentran reconocidos defensores de derechos humanos. Es el caso de David Ravelo, el compañero defensor de Barrancabermeja, que está injustamente acusado por medio del montaje de un paramilitar, que lo acusa de ser miembro de los paramilitares, cuando David Ravelo ha sido precisamente un hombre perseguido por el paramilitarismo. Lo mismo el caso del compañero de Sucre, Carmelo Agámez, y esta práctica también se llevó a cabo en Urabá, donde muchas veces nuestros compañeros dirigentes populares duraron hasta once años detenidos con falsas acusaciones. Lo mismo ocurrió en Arauca, donde recientemente las sentencias han sido absolutorias, pero el gobierno a través de las fuerzas represivas, ha logrado desarticular sindicatos, desarticular juntas de acción comunal, desarticular el movimiento social, finalmente para terminar absolviendo a los campesinos injustamente detenidos.
Todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos alrededor del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y de otras organizaciones, estamos llamando a la población colombiana y al movimiento popular internacional para que se vinculen a la jornada del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos y desenmascarar la situación que se vive en Colombia, porque el régimen como tal no ha cambiado. Sólo ha cambiado la cara y creemos que este Gobierno está aplicando la teoría del Gatopardo, que es cambiar para que todo siga igual. Sólo se ha cambiado el discurso, pero los campesinos siguen sufriendo la represión en exactamente las mismas condiciones que en el Gobierno anterior.
Quisiéramos que los pronunciamientos que a nivel internacional expresan preocupación sobre la situación de los derechos humanos en Colombia también se llevaran a la práctica. Porque los Estados Unidos y Europa hablan de derechos humanos, pero creemos que de una forma farisea y demagógica, porque siguen apoyando a estos gobiernos, les siguen aprobando tratados de libre comercio, siguen vinculados a la explotación económica aquí en Colombia, con grandes inversiones económicas en millones y millones de dólares para la explotación minera, pero a costa de la sangre y el sudor y el sacrificio de nuestro pueblo. Los gobiernos hacen pronunciamientos egoístas, pero en realidad les interesa la parte económica y hacen la vista gorda en relación a la violación de derechos humanos en Colombia.
http://www.youtube.com/watch?v=km-u_vh6-Io
(Transcripción realizada por Rebelion.org)