A pesar de que 70 por ciento de la población apoya la despenalización del aborto, las presiones políticas de la poderosa Iglesia Católica y sus versiones evangélicas dejaron coja a una ya modesta ley de interrupción del embarazo. El pastor Javier Soto, de una de las tantas iglesias evangélicas que en Chile reúnen al 14 […]
A pesar de que 70 por ciento de la población apoya la despenalización del aborto, las presiones políticas de la poderosa Iglesia Católica y sus versiones evangélicas dejaron coja a una ya modesta ley de interrupción del embarazo.
El pastor Javier Soto, de una de las tantas iglesias evangélicas que en Chile reúnen al 14 por ciento de los creyentes cristianos, se ha hecho conocido por su homofobia y por utilizar la religión para promover el odio hacia todos aquellos que no se ajustan a las normas sobre la vida sexual que él extrapola de La Biblia. «Fuera de Chile sodomitas y aborteros» fue la consigna, escrita en una gran pancarta, con la que Soto llegó a las audiencias del Tribunal Constitucional (TC) realizadas a mediados de este mes para considerar una demanda de los partidos de la derecha para invalidar la ley de interrupción del embarazo aprobada por el parlamento. Según esos partidos, la ley es inconstitucional porque el artículo 19 de la Carta Magna (promulgada en 1980 por la dictadura de Augusto Pinochet), establece que «la ley protege la vida del que está por nacer».
El pastor homofóbico fue una de las casi 140 personas recibidas por el organismo durante dos días, en una verdadera corte de los milagros que reunió a juristas de prestigio reconocido, representantes del gobierno y de universidades, junto con personeros de una panoplia de grupos religiosos y sectores radicales opuestos y favorables al aborto. Frente a la sede del tribunal hubo escenas dignas de la Edad Media, con cadenas de rezos y velas encendidas, en tanto que los defensores de la ley también hicieron lo suyo, en especial las feministas radicales, quienes agredieron a uno de los ministros, al suponer que iba a aprobar la demanda. El 21 de agosto, el TC rechazó la solicitud de los parlamentarios derechistas y el pastor Soto se superó a sí mismo, al tratar a la presidenta Michelle Bachelet de «perra criminal» y declararla «la peor violadora de los derechos humanos de los seres humanos sin voz».
Promesa electoral
Tales exabruptos han sido sólo las manifestaciones más pedestres de una lucha de influencias que comenzó hace dos años, cuando la presidenta envió al parlamento el proyecto que fue una de sus promesas de la campaña electoral. La ley de interrupción del embarazo por tres causas: inviabilidad del feto, riesgo para la vida de la madre o violación pasó por un largo y complicado proceso de discusión en el seno de la coalición gobernante, con la Democracia Cristiana (DC) haciendo de quinta columna de los intereses de la Iglesia Católica. Las jerarquías de la Iglesia no dudaron en cobrar las cuentas morales de la defensa de los derechos humanos durante la dictadura, como lo puso bien claro una declaración de la Conferencia Episcopal: «A quienes ayer promovían junto a la Iglesia la defensa de la vida y dignidad de los perseguidos políticos, les invitamos hoy a ser consecuentes pues el respeto a la vida debe mantenerse en toda circunstancia».
En la oposición, el partido de origen pinochetista Unión Demócrata Independiente (Udi) encabezó la resistencia, apoyada mediáticamente por el diario El Mercurio. Fueron los legisladores de la alianza parlamentaria opositora Chile Vamos, compuesta por la Udi y Renovación Nacional -el partido del ex presidente y otra vez candidato Sebastián Piñera-, los que presentaron la demanda ante el TC, cuando perdieron la votación en el Congreso Nacional.
La Democracia Cristiana presentó en el parlamento varias modificaciones al proyecto de ley. Soledad Alvear, ex ministra y una de las principales figuras de los sectores conservadores del partido, afirmaba que el proyecto sólo tenía por fin «autorizar a eliminar directamente a un ser humano inocente». Uniéndose con la derecha en el Senado, su partido consiguió levantar la exigencia de neutralidad técnica para el asesoramiento a las solicitantes de abortos. Por lo tanto, en esta actividad podrán participar organizaciones confesionales.
En Chile se permitió el aborto por causas médicas desde 1931 hasta 1989, pero entre las últimas medidas que la dictadura adoptó para prevenir un «destape» a la española se impuso la prohibición total. Fue un triunfo de los sectores reaccionarios de la Iglesia Católica; Jaime Guzmán, integrante del Opus Dei y el principal ideólogo del régimen, sostenía: «La madre debe tener el hijo aunque éste salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o aunque de tenerlo, derive su muerte». Debido a este legado, no se podía siquiera discutir la posibilidad de despenalizar el aborto hasta hace pocos años, y hubo casos de mujeres obligadas a soportar nueve meses con fetos que iban a morir en el momento mismo de ser sacados del útero, porque no tenían cerebro. Por otra parte, se libraba una verdadera caza de brujas contra los médicos que practicaban abortos o expresaban en voz alta sus ideas al respecto.
Siempre la Iglesia
En 1925, cuando se consagró constitucionalmente la separación entre el Estado y la Iglesia Católica, el arzobispo de Santiago afirmó que «el Estado se separa de la Iglesia, pero la Iglesia no se separará del Estado». Tales palabras fueron proféticas, porque Chile es un estado laico sólo en teoría; entre los primeros actos administrativos de los presidentes, de cualquier signo político, está la designación del capellán del palacio de gobierno, donde existe una capilla católica y hace algunos años se agregó una capellanía evangélica; el Ejército tiene por «patrona» a la virgen del Carmen y un obispado castrense, además de su iglesia catedral, en cuyo frente hay una placa de mármol con una oración dedicada a «los niños asesinados antes de nacer»; y el parlamento abre sus sesiones «en el nombre de Dios». A la interferencia católica se ha agregado la de las iglesias evangélicas, con mucha presencia en las clases populares. En las fechas patrias los mandatarios deben ir a un Te Deum católico y a otro evangélico, y a los feriados no laborables netamente católicos se sumó hace algunos años el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.
En ese contexto, las presiones religiosas invariablemente logran alguna modificación de cualquier proyecto de ley sobre lo que la Iglesia llama «temas valóricos». La Iglesia Católica chilena ha sido una influencia decisiva, por ejemplo, en el boicot a toda campaña que tenga que ver con asuntos sexuales. El ministro de Salud del primer gobierno democrático hizo alarde público de su catolicismo declarándose muy «beato» y además de cuestionar las campañas antisida en los medios de comunicación, afirmó que «a los homosexuales y a las prostitutas no se les engancha por la televisión». Un par de años más tarde, los canales con propietarios católicos se negaron a emitir avisos de esas campañas y el arzobispo de Santiago acusó a las autoridades de hacer el juego al libertinaje sexual. Igual suerte corrieron, y siguen corriendo, todos los programas oficiales de educación sexual; el primero de ellos recién comenzó en 1996 y naufragó por una ofensiva de El Mercurio, los parlamentarios de la derecha y un obispo partidario de la dictadura. Aunque ahora existe una ley que hace obligatoria la educación sexual en el sistema público, el Ministerio de Salud reconoce que su implementación está a cargo de la «comunidad educativa» de cada colegio. Si se tiene en cuenta que hay más alumnos en la educación privada -donde los establecimientos confesionales predominan-, es posible suponer que los adolescentes y jóvenes reciben nociones escasas de cuidado y comportamiento sexual, o la versión diluida de la Iglesia, llamada «educación para la afectividad». Según el informe 2017 de la Onusida, Chile es el país en que más aumentó el número de casos nuevos de Vih en Latinoamérica. La presidenta del Colegio Médico de Chile, Ischia Siches, no tuvo dudas sobre por qué los contagios aumentaron 34 por ciento entre 2010 y 2016: «Los sectores políticos conservadores no nos permiten tomar mayores medidas». La Iglesia Católica fue rápida en llevar agua para su molino y un representante de la Conferencia Episcopal afirmó que la cifra indicaba el resultado de «las campañas del condón».
Objetores
En el fallo sobre la ley de interrupción del embarazo el TC intentó navegar entre dos aguas; si bien aceptó las tres causas para un aborto y la libertad de las mujeres para solicitarlo, amplió la objeción de conciencia de los médicos a todos los miembros del equipo necesario para la intervención. Además, estableció que las clínicas y hospitales, como instituciones, pueden ser «objetores de conciencia». Es probable que esto sea una concesión a las presiones del rector de la Pontificia Universidad Católica (Puc), la cual posee una de las clínicas más importantes del país. Desde el comienzo del tratamiento de la ley en el parlamento, esa autoridad universitaria dijo que en el establecimiento de salud de la Puc jamás se iban a realizar abortos. Tal como en la actualidad no se prescribe allí ningún tipo de anticonceptivos y están prohibidos los tratamientos de fertilización asistida. Teniendo en cuenta que en la salud, al igual que en la educación, son numerosas las instituciones que tienen vínculos con la Iglesia, la aplicación de la ley del aborto bien podría enredarse en una amplia red de obstáculos.
En noviembre hay elecciones presidenciales; el nuevo mandatario asumirá en marzo de 2018, tres meses después de la entrada en vigencia de la ley de interrupción del embarazo. Anticipándose al resultado electoral, varios diputados derechistas entregaron a su candidato y ex presidente Sebastián Piñera una carta en la cual solicitan que el próximo gobierno revise la ley, porque ella «ha sido prioridad por la sobreideologización de la izquierda».