Después de permanecer por un año y once meses privados injustamente de la libertad, diez campesinos de Sabana de Torres víctimas de captura masiva volvieron nuevamente a sus labores cotidianas. El 2 de septiembre de 2010, un juez penal de la ciudad de Bucaramanga, al momento de leer el sentido del fallo, absolvió a todos […]
Después de permanecer por un año y once meses privados injustamente de la libertad, diez campesinos de Sabana de Torres víctimas de captura masiva volvieron nuevamente a sus labores cotidianas. El 2 de septiembre de 2010, un juez penal de la ciudad de Bucaramanga, al momento de leer el sentido del fallo, absolvió a todos los procesado por el delito de rebelión.
Estos campesinos habían sido capturados el 29 de octubre de 2008, en el municipio de Sabana de Torres (magdalena Medio colombiano) señalados de pertenecer al frente 20 de las Farc; las labores de policía judicial las efectuó la SIJIN de la Policía Nacional bajo el mando del coronel OMAR GONZALEZ AGUILAR y la coordinación concreta del investigador JUAN CARLOS CELIS TORRES, quienes realizaron los operativos de captura de forma simultánea entre las 3 y 4 de la mañana, para ser trasladados ese mismo día a la ciudad de Bucaramanga, presentados ante los medios masivos de información, llevados a un juez de garantías y posteriormente enviados a la cárcel Modelo de Bucaramanga.
En el operativo fueron capturados GONZALO CORREA RIVERA de 70 años edad, campesino, padre de cinco hijos menores de edad, habitante de la vereda Chuspas; JOSE SOTICO MORALES de 47 años de edad, campesino de la vereda Miraflores, padre de tres hijos menores de edad; LUIS GUAUQUE ARAQUE de 54 años de edad, campesino de la vereda La Robada, padre de tres hijos, capturado junto con su esposa ILCER CASTRO GUARIN de 46 años de edad; ALVARO HERNANDEZ de 51 años de edad, campesino de la vereda Payoa Corazones, padre de seis hijos; ENRIQUE GUAUQUE de 44 años de edad, campesino de la vereda Puerto santos, esta persona le falta la pierna derecha producto de un accidente en la vía férrea, junto con él fue capturada su hija DIANA PATRICIA GUAQUE; MAURICIO TAMARA FIGUEROA, campesino habitante del casco urbano del Municipio de Sabana de Torres debido al desplazamiento de que fue víctima de la Vereda los Canelos de ese mismo municipio; DAYERSOSN BUITRAGO RIOS de 26 años de edad, campesino de la vereda La Robada; ELIECER MARQUEZ de 55 años de edad, campesino de la vereda La Robada; estas dos últimas personas son miembros de la Asociación Agraria de Santander «ASOGRAS».
La investigación fue realizada por la policía judicial de la Sijín, quienes han sido los responsables de efectuar la mayoría de capturas masivas ocurridas en el Departamento de Santander; como ha sido habitual, acudieron a supuestos reinsertados, quienes sin el menor asomo de vergüenza, manifestaron en el juicio oral que por cada persona que capturaban recibían una suma dinero; además que por cada entrevista suministrada a una autoridad judicial recibían otra suma de dinero, en el caso concreto, uno de los reinsertado admitió haber recibido dinero proveniente de la Policía Judicial.
En este proceso utilizaron nuevamente a los reinsertado HECTOR SAMUEL GUTIERREZ SALGADO quien se hizo llamar con el supuesto alias de Palomo y ANGEL PINZON alias Jeison; personas que han declarado en otros procesos de captura masiva culminadas con sentencias absolutorias; de igual manera, los investigadores de la Sijín allegaron al juicio oral un informe de inteligencia denominada «orden de Batalla» proveniente de la Regional de Inteligencia 2 de la V Brigada del Ejército Nacional con sede en Bucaramanga, cuya fuente de información son entrevistas realizadas a los dos mismos desmovilizados, detectándose un «círculo vicioso» cuya pretensión es dar supuesta contundencia a la investigación, observándose realmente una práctica perversa por parte de los investigadores.
Después de un año de juico oral, los diez campesinos debieron soportar un tortuoso proceso penal, caracterizado por aplazamientos solicitados por la fiscalía bajo el argumento que no era posible ubicar a los testigos desmovilizados; al final, ante la inverosimilitud de sus dichos, tanto la Fiscalía como el Ministerio Público, debieron solicitar al Juez de Conocimiento fallo absolutorio; lamentablemente el daño ya se ha producido; la vida de cada uno de estos campesinos y sus familias han sido gravemente afectada por esta práctica sistemática propia del Terrorismo de Estado.
En los últimos cuatro años, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, ha registrado siete capturas masivas, todas culminadas con sentencias absolutorias o preclusiones; lo que permite concluir que existe una política sistemática que busca desalojar a la población campesina de territorios, como los de Sabana de Torres, donde se están desarrollando actualmente grandes proyectos de capital privado, tal como se demostró en este juicio oral, varias de las fincas de los procesado se encuentran en zona de impacto de la construcción de Hidroeléctrica de Sogamoso y en otros casos, las fincas de estos campesinos fueron obligados a vender por debajo del valor comercial y otros debieron abandonar sus predios; incluso varias de estas propiedades se encuentran actualmente sembradas con el monocultivo extensivo de palma aceitera.
Es urgente que el Estado colombiano suspenda las capturas masivas e indiscriminadas contra campesinos; se requiere que los funcionarios de la fiscalía que conocieron inicialmente las indagaciones y los funcionarios de la Sijín, en particular el patrullero JUAN CARLOS CELIS TORRES sean investigados penal y disciplinariamente por esta práctica que desborda claramente la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos; al igual, que en los procedimientos de judicialización dejen de emplearse el testimonio de reinsertados que a simple vista, se observa que su intención es obtener beneficios jurídicos y económicos.
FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS