Detenidos en una captura masiva en julio de 2007, en base a un montaje judicial para el que se emplearon a supuestos «desmovilizados», los 17 dirigentes sociales fueron presentados ante los medios como terroristas y encarcelados. Tres años después, han sido absueltos de todos los cargos por una jueza en primera instancia.
El 12 de noviembre el Juzgado Penal del Circuíto de Saravena absolvió a 17 dirigentes sociales acusados del delito de rebelión, después de 3 años encarcelados, en lo que constituye un secuestro por parte del Estado colombiano.
Los dirigentes sociales Luis Carlos Gil Guarín, Wilson Quintero, Jhon Jairo Gamboa Giraldo, Heliberth Jiménez Sánchez, Wilson James Camargo, Jesús Antonio Gómez Beltrán, Alexis Sepúlveda Tibe, Jimmer Hesnneider Uribina, Leonidas Leal Bautista, Holman Orlando Mendoza Buitrago, José Ignacio Vera, Jairo Larrota Amaya, Leiver Vega Oviedo, Robinson Roa Roa, Luis Antonio Jaimes, Luis Francisco Sierra Ortiz y José Orlando Gamboa Rico, fueron estigmatizados y señalados, no solo de pertenecer a las organizaciones rebeldes que operan en esta región FARC – EP y ELN, sino además de un sin número de hechos delictuosos.
Estos en el marco de los montajes que desde la Unidad Estructura de Apoyo de la Fiscalía General de la Nación y la «inteligencia» militar y policial, utilizando a supuestos desmovilizados se han fraguado, para con ello ordenar y realizar capturas masivas como en este caso, cuando durante los días 13 y 14 de julio del año 2007, se detuvo a estas 17 personas, se les mostro por los diferentes medios de comunicación como terroristas, llevó a la cárcel del distrito judicial de Arauca, donde permanecieron por más de tres años, recuperado su libertad por presunta pena cumplida al estar allí un equivalente a las tres quintas partes de la pena mínima consagrada para el delito de Rebelión.
Solo hasta el pasado 9 de noviembre, la Jueza Penal del Circuito de Saravena, profirió el fallo de primera instancia, dentro de la causa radicada 2008-0025, absolviendo de toda responsabilidad penal a los encausados, ordenando la cancelación de todos los pendientes.
Durante este secuestro estatal, más allá del sufrimiento de los dirigentes injustamente apresados, fueron tres años de martirio para las hijas, hijos, padres y esposas, se abandonó los proyectos de donde devengaban su sustento, además de estigmatizarse a todo su núcleo familiar.
El entramado social de la misma forma se vio afectado, puesto que las víctimas desarrollaban labores sociales en las juntas comunales, proyectos de economía solidaria y en el gremio de la construcción.
Frente a estos hechos continuamos exigiendo, en primer lugar que cese el hostigamiento y judicialización contra las personas, pero además que haya una reparación integral que contenga no solo indemnización económica, sino que se restituya asimismo la libertad, el empleo, la honra y el buen nombre; también se repare de manera simbólica y psicológica a las víctimas y toda su familia; que haya satisfacción en cuanto a la proclamación de la verdad, que el Estado pida disculpas públicas y se hagan los homenajes, el reconocimiento a estas víctimas que le permitan restablecer su dignidad.
Reiteramos las conclusiones del II foro Social Humanitario, sobre la necesidad de avanzar hacia un modelo dejusticia que sea garante de los derechos fundamentales y que no se dirija a eliminar el contradictor u opositor político, ni a acallar la protesta social.
Nuestros reconocimientos a los familiares que a pesar de la tribulación resistieron con dignidad y verraquera, manteniendo siempre la constancia por la verdad y la justicia, y nunca abandonaron su que hacer social.
http://www.colectivodeabogados.org/Juzgado-Penal-del-Circuito-de